- En
- 1 -
Sr. Presidente (Domínguez).- Continúa la sesión.
En cuanto al
procedimiento para el tratamiento de las leyes previstas en el día de hoy,
continuando con el espíritu de lo acordado en el día de ayer en la reunión de
Labor Parlamentaria,
Se tratarán en
forma conjunta los proyectos contenidos en los Órdenes del Día N° 7 y N° 8,
referentes a la modificación del Código Penal en lo atinente al lavado de
dinero. Los bloques mayoritarios y/o interbloques utilizarán veinte minutos,
los bloques conformados por tres integrantes o menos dispondrán de diez
minutos; para los cierres, el bloque del Frente para
Para el
tratamiento del orden del día N° 6, sobre Régimen Penal Tributario, se
eliminarán los cierres y los bloques mayoritarios y/o interbloques utilizarán
veinte minutos; los bloques conformados por dos o tres integrantes utilizarán
diez minutos y los bloques unipersonales, siete minutos. Los bloques pueden
administrar el tiempo que les corresponde según lo crean conveniente.
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 10
Sr.
Presidente (Domínguez).- En
consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Comercio y
otras, recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de interés público
la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa y de papel
de diarios. Orden del Día número 10. I. Dictamen de mayoría; II. Dictamen de
minoría; III. Dictamen de minoría; IV. Dictamen de minoría; V. Dictamen de
minoría; VI. Dictamen de minoría.
Tiene la palabra
la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Di
Tullio.- Señor presidente: venimos a tratar un dictamen de mayoría que a
todas luces contempla un proyecto para resguardar la libertad de expresión en
nuestro país, que es un derecho amparado por
En la
distribución del papel para diarios ha existido, y continúa en este momento,
una inequidad absoluta, y por ello el dictamen de mayoría busca conseguir dos
grandes objetivos: en primer lugar, el acceso igualitario a ese preciado bien,
al continente que necesitan los diarios para poder existir, y también el precio
único, que es absolutamente necesario para que no exista inequidad entre los
grandes diarios y los pequeños periódicos que existen a lo largo y ancho de
nuestro país.
El día martes se llevó a cabo el plenario de
las cinco comisiones intervinientes en este tema ‑es decir, las
comisiones de Comercio, de Peticiones, Poderes y Reglamento, de Asuntos
Constitucionales, de Libertad de Expresión y de Comunicaciones e Informática‑,
que contó con la presencia de más de 120 diputados y diputadas de
Al comenzar ese
debate mencioné que nos cansamos de escuchar durante tres décadas –y los
diputados y diputadas que pertenecemos al área metropolitana nos acordamos muy
bien- a Julio Ramos, de Ámbito Financiero,
a Jorge Fontevecchia, de Editorial Perfil, y a Jorge Lanata ‑primero
cuando comenzó con el diario Página 12
y luego con Crítica de
También los
diputados y diputadas de
También hemos
asistido a la presentación de denuncias sobre deslealtad comercial en lo que
respecta a la entrega de papel, precio del papel y por las faltas de insumo
para las tiradas de los diarios.
Es por ello que
en agosto del año pasado la señora presidenta de
En ese mismo mensaje, la señora
presidenta de
Antes de explicar
las disposiciones del proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, me
gustaría hacer un poco de historia acerca de la discusión que generó en esta
Cámara de Diputados de
Por otra parte,
cuando quise asumir el cargo de presidenta de
Luego, cuando
aquella mayoría conocida como grupo A me permitió generosamente asumir como
presidenta de la comisión, aprobamos la realización de cinco audiencias
públicas. Seguimos el procedimiento correcto –es decir notificamos debidamente
a
Concurrieron más
de ciento veinte expositores; entre ellos, dueños de importantes diarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otras
provincias de nuestro país. También contamos con la presencia de medios de
pueblos pequeños y de los municipios, de las universidades públicas nacionales,
de varios constitucionalistas y de representantes de gremios que forman parte
de los sectores que intervienen en la producción, comercialización y
distribución de la pasta celulosa para papel de diarios.
Todas esas voces
fueron escuchadas en soledad por el bloque oficialista. Ningún miembro de la
oposición ‑salvo alguna honrosa excepción de algún diputado que estuvo
presente durante cinco minutos- asistió a esos debates organizados por
He aclarado que
estas audiencias fueron notificadas por esta Cámara, pero además la invitación
la hice yo, en forma particular a todos los medios. Estaban convocados
absolutamente todos los dueños de los diarios del país. Quienes no vinieron fue
porque no lo quisieron hacer. Estoy hablando específicamente de Clarín y
Paralelamente a
esas audiencias, y por orden de la señora presidenta de
Antes de
referirme al proyecto específico, quiero contar que el año pasado, al término
de las audiencias públicas y del envío del proyecto con el marco normativo
correspondiente, en un plenario de estas cinco comisiones se emitió un dictamen
de mayoría en relación con un proyecto que también declaraba de interés público
la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para
papel para diarios.
Una diputada que
cumplió su mandato –la ex diputada Cecilia Merchán, que pertenecía al bloque
Proyecto Sur-, presentó un proyecto y el bloque oficialista entendía que en su
enorme mayoría –en un 90 por ciento-, expresaba el espíritu de los dos
proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Por eso, en un dictamen de mayoría
lo acompañamos.
Me voy a referir
específicamente al proyecto al que nos hemos abocado.
Se declara de
interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta de
celulosa de papel para diarios. Además, se crea una comisión bicameral, formada
por ocho senadores y ocho diputados. Esto lo digo para tranquilidad de quienes
nos acusan de tener poco control.
En su marco
regulatorio se define el objeto. Lo voy a leer, porque quiero ser muy precisa.
Se establece la implementación progresiva de las mejores técnicas disponibles,
considerando el factor de empleo y aplicando aquellas prácticas ambientales que
aseguren la preservación y protección del ambiente.
Hay una
diferencia con el dictamen anterior, porque se incorpora la idea del impacto
ambiental.
También define el
ámbito de aplicación, que es para todas las personas físicas o jurídicas con
domicilio en
También define quiénes
son los fabricantes, distribuidores y comercializadores de papel, qué es la
fabricación del papel para diario, quiénes son los compradores, quiénes son los
sujetos.
Y en los
principios generales dice lo que voy a leer: “Las actividades comprendidas en
la presente ley serán ejercidas libremente, conforme su carácter de interés
público, con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las
normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán
propender a la producción nacional, la competencia, la no discriminación, el
libre acceso, la asignación eficiente de recursos y la preservación del medio
ambiente.”
Como les decía,
en el artículo 8º se incorpora el concepto del impacto ambiental, previendo que
si existe tal impacto debe llegar al alcance mínimo o nulo.
Otra de las
diferencias con el proyecto anterior es que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Permítanme leer
nuevamente las atribuciones de la autoridad de aplicación: “a) Incentivar la
eficiencia del sector y garantizar la producción nacional en la totalidad de
las etapas de la actividad partiendo de la madera como insumo básico; b)
propender a una mejor operación de la industria de la pasta de celulosa de
papel para diarios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin
discriminaciones al abastecimiento de papel; c) hacer cumplir la presente ley,
su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de competencia;
d) dictar las normas a las que deberán ajustarse los sujetos de esta ley en
materia de normas y procedimientos técnicos; e) requerir a los actores del
presente régimen, la documentación respaldatoria e información que sea
necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su
reglamentación. Asimismo, deberá realizar las inspecciones que sean necesarias
a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes; f) promover ante
los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el
cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación...”
El inciso h)
dice: “Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
i) ejercer las acciones de fiscalización que correspondan; j) promover y
controlar la producción y uso sustentable de pasta celulosa y de papel para
diarios; k) establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse la
producción de pasta celulosa y de papel para diarios; l) establecer los
requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de
producción de pasta celulosa y de papel para diarios...”
Por su parte, el
inciso m) dice: “Establecer los requisitos y criterios de selección para la
presentación de los proyectos que tengan por objeto acogerse a los beneficios
establecidos por la presente ley...”. El inciso n) dice: “Realizar auditorías e
inspecciones a las plantas habilitadas...”. El inciso o) dice: “Realizar
auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción...”
Hay cuatro puntos
más, pero necesito abreviar. Crea una Comisión Federal Asesora de integración
civil, que también constituye una gran diferencia con el dictamen de mayoría
obtenido el año pasado. Estará compuesta por un representante de cada diario de
las provincias y de
Estoy salteando
algunos artículos y destacando los más importantes. El artículo 20 es el que se
refiere al precio único de contado. Los fabricantes, distribuidores y
comercializadores de pasta celulosa para papel para diarios tendrán que
publicar con conocimiento de las empresas compradoras -a través de este
registro y de
En cuanto al
precio único de contado, hay una fórmula que lo determina y que acompaña este
proyecto de ley. El stock mínimo es una tonelada de este producto y es para los
que compran al contado. Los fabricantes podrán tener un precio diferenciado
para quienes tengan plazos de pago.
Existe un régimen
de venta y un régimen de inversiones. En este sentido, los fabricantes van a
tener que establecer una proyección cada tres años y además podrán ser beneficiarios
–a los efectos de esta financiación, de las inversiones previstas y exigidas en
este proyecto de ley- para poder abastecer al mercado interno. Podrán acceder y
contar con los beneficios promocionales que podrá ofrecer el Estado nacional en
algún momento. Así que si no tienen dinero para invertir, saben que pueden
acudir al gobierno, aunque no creo que les falte.
Como no me queda
tiempo quiero referirme a dos aspectos del proyecto que estamos tratando.
Por un lado se
crea un fondo fiduciario, y por otro, en las Cláusulas Transitorias se prevé
que a la única planta que hoy existe que produce pasta de celulosa para papel
para diario, que es Papel Prensa Sociedad Anónima, se le va a exigir que opere
como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna siempre y
cuando ésta no supere la capacidad mínima de la empresa. Las Cláusulas
Transitorias, que son dos artículos, tienen corto plazo, porque rigen hasta que
se alcance el objetivo.
Señor presidente:
le pido un minuto más. Observo que me está mirando y va a hacer cortar el
audio...
Sr.
Presidente (Domínguez).- Le va
a restar tiempo a los demás oradores.
Sra. Di
Tullio.- Sí, señor presidente.
Esta empresa va a
tener que hacer un plan de inversión a tres años tendiente a satisfacer la
totalidad de la demanda interna.
Para poder lograr
el acceso igualitario al papel este proyecto de ley prevé una fórmula, que es
la diferencia entre la demanda interna ‑a través del registro de los
compradores de papel para diarios‑ y la capacidad de producción que tiene
hoy la única fábrica de papel para diarios que existe, lo que da como
resultante una fórmula que es la necesidad de la importación.
A partir de una
resolución de
Cuando los fondos
necesarios para las inversiones previstas sean provistos en forma más que
proporcional por el Estado nacional respecto de otros socios, los derechos
políticos adicionales emergentes de dichos aportes de capital serán ejercidos
por
¿Usted sabe,
señor presidente, lo que significa para un diario tener que comprar papel a su
máximo competidor? Quise encontrar un ejemplo de esto, pero no pude. ¿Usted
sabe lo que significa para los diarios tener que ir a comprar el papel al
diario que es su mayor competidor porque fabrica el papel? Es una situación de
una inequidad absoluta y este Congreso tiene que saldarla. Hay que proteger a
los diarios de
Nuestro país es
un caso único en el mundo. No existe país en el mundo donde el dueño de la
planta que produce papel sea el dueño del diario.
Aquí todos hemos
jurado, al ingresar a esta Cámara, por
Los que hacemos política –y todos acá
la hacemos‑ siempre sentimos la necesidad de desandar situaciones de
injusticia en nuestro país, y la verdad que este es un buen momento para hacer
eso.
Todos los que estamos acá conocemos
por lo menos un diario que ha sido víctima de esta situación; absolutamente
todos, ya sea de nuestro pueblo, de nuestro municipio o de nuestra provincia.
No creo que ningún partido político que tenga un origen democrático y popular
puede dejar de acompañar este proyecto. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).-
Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. di Tullio.- Señor
presidente: me olvidé de solicitar que se inserten en el Diario de Sesiones –yo
sé que es difícil lo que estoy pidiendo‑ la versión taquigráfica de las
120 exposiciones que se han efectuado en comisión sobre este tema. Además hay
un video sobre el diario Crónica que
también solicito que quede en el archivo.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Al final de la sesión se pondrán en consideración las inserciones
solicitadas.
Tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Buryaile.- Perdón,
señor presidente, quiero hacer un comentario. Había solicitado en
Sr. Presidente (Domínguez).- Está previsto, señor diputado. Les recuerdo cómo están diagramados los tiempos para
los legisladores de
Tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Tunessi.- Señor presidente:
desde
Lo hacemos convencidos de la
importancia de tener una posición propia, clara, concreta, sin dejarnos
arrastrar en esta lógica de la confrontación permanente, de la obligación de
tener que tomar partido de situaciones que no hemos generado, de batallas y de
guerras de las que no nos sentimos parte, que empiezan un día sin saber por qué
y con la misma lógica pueden terminar otro día también sin saber por qué.
La primera pregunta entonces es por qué
ahora, cuál es la premura y cuál es la necesidad que tenemos de tener este
marco regulatorio para el problema de la prensa.
La idea que nosotros tenemos es que
eso es parte de un proceso conflictivo, de una actitud confrontativa que no
tiene nada que ver con el debate democrático de ideas.
Hemos dicho en la discusión de este tema en comisión, de la que hemos
participado ‑porque siempre mi bloque ha participado‑, que no hay
necesidad de enrolarnos en bandos. Podemos decir con absoluta certeza que no somos
nosotros los que reescribimos la historia en nuestro favor, porque debe ser muy
fácil, muy atractivo y sobre todo muy cómodo hablar desde un lugar que es la
historia reconstruida de acuerdo con la versión oficial.
Esta idea campea permanentemente en el
maniqueísmo reinante y no nos deja ni siquiera la posibilidad de estar de
acuerdo cuando podemos estarlo. Pareciera
que está prohibido estar de acuerdo. Pareciera que hay que construir una lógica
de confrontación, con adversarios y enemigos, y de acuerdo con la descripción
de ese relato histórico, construir la nueva épica que marca el modelo y el
sendero a seguir. De esta manera, todos los que no homologan esa idea pasan
directamente a la vereda de los enemigos, a los que hay que anatematizar, poner
del otro lado, descalificar o considerarlos como los peores enemigos de la
patria.
Esta lógica es muy cómoda para quienes
describen y relatan la historia desde su lugar. Nosotros nunca hemos negado que
desde la época de la dictadura los grandes medios masivos de comunicación de
En efecto, en este relato de la
historia pareciera que se ha olvidado que la propia sociedad argentina toleraba
determinadas situaciones y excesos, que muchas entidades e instituciones que
hoy caminan al lado del nuevo relato del gobierno formaban parte de quienes
toleraban y aceptaban los excesos y los desbordes que se vivían.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo -como primera descripción-
con esta idea de la historia con bisturí: saco y tomo de la historia lo que me
conviene, a partir de allí construyo el relato y finalmente determino quiénes
son los excluidos del nuevo proceso dialéctico de esa historia.
Esta lógica perversa no tiene nada que
ver con el debate democrático. Nosotros queremos ser parte de una discusión
democrática, y así como muchas veces hemos criticado al gobierno, también hemos
intentado coincidir en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero ni
siquiera eso ha sido posible, puesto que este gobierno plantea el maniqueísmo
de que hay que confrontar y excluir.
Nosotros no hemos negado la existencia
de excesos monopólicos en el manejo del papel en la historia argentina. Todos
conocemos por qué se crea Papel Prensa, así como el proceso que vino después,
de considerarlo como un bien estratégico, puesto que en su momento era
imposible importar papel del exterior. Entonces fue necesario, como valor
estratégico, impulsar la creación de una fábrica de papel de diario en
Reitero que conocemos todos esos
excesos y no los negamos. Sin embargo, no creemos que haya que violentar
Debo señalar que no fue
Sr. Presidente (Domínguez).-
Ha vencido su tiempo, señor diputado, por lo que está consumiendo el tiempo de
que disponen sus compañeros de bancada.
Sr. Tunessi.- Ya termino, señor presidente.
Luego vino el proceso de licuación de
los pasivos, del que nosotros no fuimos parte. Nos hacemos cargo de haber
votado la ley de bienes culturales, porque no queríamos que el proceso de cramdown
se aplicara a los capitales extranjeros, con el riesgo de que se quedaran
con bienes y empresas de capital nacional, sobre todo las empresas
informáticas, al margen de que fueran o no monopólicas. Pero fue un gobierno del mismo
signo político que el actual el que licuó los pasivos de los monopolios y
pesificó de manera favorable a esas empresas para salvarlas. Esto no lo hizo
Sr.
Presidente (Domínguez).-
Sr.
Tunessi.- Señor presidente: fue el actual gobierno el que llevó adelante
ese proceso de concentración inaceptable, que permitió generar el monopolio más
grande que se recuerda en la historia en el área de las comunicaciones en el
interior del país. Reitero que esto ocurrió bajo el gobierno de la actual
administración. Sin duda, las verdades a medias son verdaderas mentiras.
Por estas
razones, vamos a impulsar nuestro proyecto sobre la lógica de no decir que
vamos a confiscar Papel Prensa S.A. Esto lo tienen que asumir: ¡quieren
estatizar Papel Prensa, pero no lo dicen! Con este proyecto va a crecer la
injerencia del Estado en una empresa privada, con el objetivo de quedarse con
el control monopólico del Estado sobre la producción de papel y, desde allí,
cercenar la difusión de las ideas, pero no sólo de Clarín y
Por el contrario,
nuestro proyecto apunta a estimular la producción de papel. Esta medida se
inscribe en el marco del inciso 18 del artículo 75 de
Además, por si
alguien tenía alguna duda, hemos incluido en nuestro proyecto una cláusula que
determina que el papel debe ser vendido al menor precio, que por lo general es
el valor al que se lo venden al mayor comprador. Esta cláusula le exige a las
empresas monopólicas que vendan el papel en igualdad de condiciones y a todos
los que lo necesitan.
En el ínterin
impulsamos la implementación de medidas de estímulo, créditos, inversiones y
desgravación impositiva para que en
Sr.
Presidente (Domínguez).- Esta
Presidencia notifica al presidente del bloque de
Tiene la palabra
la señora miembro informante.
Sra. Di
Tulio.- Señor presidente: mientras escuchaba la exposición del señor
diputado Tunessi advertí que olvidé decir algo en mi intervención.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Domínguez).- El
reglamento permite que el miembro informante replique a otro orador.
Sra. Di
Tulio.- Señor presidente: simplemente quiero señalar que este proyecto
se convertirá en ley, pero también forma parte de una política de Estado. No es
algo que se va a llevar la presidenta cuando finalice su mandato. No estamos
haciendo esto para el actual gobierno sino para el Estado nacional. Tampoco
estamos pidiendo que tengan un acto de fe hacia el gobierno; simplemente
estamos impulsando una política de Estado con fuerza de ley.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Barbieri.- Señor presidente: como bien señaló el señor diputado Tunessi,
nuestro bloque impulsa un dictamen de minoría que tiene ciertas
características, que me gustaría reseñar.
A través del
capítulo I se declara de interés público el acceso libre e igualitario al
papel, mientras que por medio del capítulo II creamos un régimen de promoción
para la construcción y readecuación de papel y revistas. Asimismo en el
capítulo III ponemos en cabeza del Ministerio de Industria la responsabilidad
en este tema.
Además, se crea
el Fondo de Ayuda al Papel, como bien se dijo, para financiar la adquisición
del papel a los editores de las ciudades de menos de cien mil habitantes.
También permitimos garantizar la importación de papel.
Proponemos una
importación de papel absolutamente libre, y cuando el precio internacional
supere el del mercado local el Estado deberá subsidiar para lograr la
equiparación.
Se crea una comisión
bicameral, y hay muchos otros aspectos que hacen a las consideraciones que
tenemos sobre el proyecto.
Quiero dejar en
claro dos cosas principales: en primer lugar, no estamos de acuerdo con el
monopolio de prensa privada. Nunca estuvimos en esa línea de pensamiento a lo
largo de nuestra historia, pero tampoco estamos de acuerdo en crear un
monopolio de prensa estatal.
Revisen nuestra
historia y verán que siempre hemos sacralizado la libertad de expresión. Me
gustaría dejar en claro otro aspecto: de ninguna manera nos oponemos a que se
investigue si hubo irregularidades o delitos de lesa humanidad relacionados con
la compra de la empresa.
En todo caso, que
sea
Otra cuestión es
la distribución discrecional del papel conforme a la afinidad que tengan los
medios con el Poder Ejecutivo. Creemos que este es un duro golpe a la garantía
de las libertades, cuando la libertad de prensa y la libertad política deben
estar por encima de los intereses particulares.
El proyecto de
ley que se pretende votar por mayoría para la fabricación de papel es ambiguo e
impreciso, resultando para mí inadmisible que sea el gobierno nacional quien
controle el principal insumo para garantizar la libertad de expresión.
En todo caso,
como lo prevé nuestro proyecto, se debería resolver el problema de la
producción nacional del papel promoviendo medidas que lo incrementen, alentando
un mayor volumen al existente o promoviendo nuevas industrias de papel como
nosotros lo proponemos.
Me pregunto
entonces cuál es el verdadero espíritu de esta ley. ¿Tiene un espíritu de
democratizar la distribución del insumo o simple y llanamente es una estocada
del gobierno nacional a los grandes diarios con los que hoy –lo subrayo- está
enfrentado?
También me
pregunto: ¿amplía esta medida la garantía de la libertad de expresión? Y digo
por lo contrario que es una nueva restricción a la libertad de expresión.
Son claras estas
respuestas que me he dado, teniendo en cuenta los antecedentes que demuestran
que este gobierno siente poco aprecio por el ejercicio de la libertad de la
prensa independiente.
No lo digo yo, lo
que sería irrelevante y de poca importancia. Lo dice
Entonces digo, si
era útil en otro momento, por qué no lo será en este momento que es tan
difícil. Por eso tenemos que entender que Papel Prensa no debe ser un trofeo
para nadie. Debe ser una fuente de trabajo para miles de personas, una
productora de insumos para la libertad de expresión, una usina económica para
una ciudad que es aquella en la que yo vivo, la ciudad de San Pedro.
En la ciudad de
San Pedro, Papel Prensa emplea a más de quinientas personas en forma directa y
otras tantas de manera indirecta. Esto genera incertidumbre y conduce a la
preocupación de toda una comunidad, que convive con la industria desde hace
muchos años, siendo uno de los principales pilares de nuestra economía.
En los
fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se dice que Papel
Prensa produce menos de lo posible, que obliga a importar el 50 por ciento más
del valor, que excluye a los pequeños productores en un abuso de su posición
dominante.
Si esto fuera
cierto, el gobierno sería cómplice de la comisión de todos estos delitos,
porque la realidad indica que estas conductas están reguladas por
No voy a citar
los artículos, porque todos los deberíamos conocer, pero se menciona a las
prácticas restrictivas de la competencia, como imponer condiciones
discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin
razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.
Por otra parte,
el gobierno solicita que se declare de interés público el mercado de papel,
pero al mismo tiempo integra el directorio de Papel Prensa. ¿Qué votó el representante del Estado en
estos ocho años y medio?
Sr.
Presidente (Domínguez).- Su
tiempo se ha agotado, señor diputado.
Sr.
Barbieri.- Ya termino, señor presidente.
Papel Prensa no
debe ser un trofeo, sino una fuente de trabajo para miles de personas y una
productora de insumos para la libertad de expresión, que es la garantía de las
garantías para que una sociedad se desarrolle libre y armónicamente. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Santín.- Señor
presidente: basándome en la alocución del diputado Tunessi, quiero decir que
nuestro partido se ha caracterizado por mantener un eje y un rumbo. Es el
partido de la libertad.
Nosotros nacimos
como la voz de los desposeídos. En esa pelea arrancamos luchando por el voto
secreto, obligatorio y universal, que era la forma de que los desposeídos
pudieran asumir su propia libertad y, en función de ello, poder expresarse.
La voz de los desposeídos está ligada
específicamente a la libertad, pero no creemos en la libertad boba, no creemos
en la libertad de que todos sean libres en el gallinero junto con el zorro.
Para que esto no pase, siempre hemos creído que debe haber un Estado fuerte,
que garantice específicamente las libertades.
Por eso, rescato
la obra de Raúl Alfonsín de consolidar la democracia en uno de los procesos más
complejos de
¿Cuál es el bien
protegido que discutimos hoy? El derecho a la información, que es el derecho de
los ciudadanos para disponer de los elementos que le permitan ejercer sus
propias libertades.
Ello se
complementa con la libertad de expresión que tienen aquellos que escriben en
los medios o aparecen en la televisión o en la radio, expresando sus ideas.
Todo se consolida con la libertad de prensa, que es el mecanismo que tienen los
medios para poder acercar la información a la gente.
Si ese camino
final está cercenado, porque existe un monopolio que traba, el Estado tiene que
proteger el bien preciado, que en definitiva es el derecho a la información.
Por eso desde el
radicalismo entendemos que hay que hacer esfuerzos para romper esos monopolios
que traban la posibilidad de la igualdad, esa igualdad que debe ser de
oportunidades, y en ese camino venimos construyendo.
Algunos casi
ingenuamente –porque así me lo plantearon desde mi propio bloque- pensábamos
que es un tema de Estado. Entonces, ¿cómo no vamos a coincidir con el
oficialismo en un tema como éste? ¿Cómo no podemos recorrer un camino común, si
somos partidos de origen popular que en definitiva buscamos la defensa del
mismo bien protegido?
Pequé de ingenuo.
El oficialismo se llevó por delante el proyecto. No estaba buscando generar una
política de Estado. No estaba buscando los consensos necesarios para garantizar
la libertad. La libertad se garantiza en el consenso. Cuando la libertad se
impone, hay revancha, y esa revancha es lo peor, porque cuando cambian las
mayorías…
Sr.
Presidente (Domínguez).- Hizo uso
del tiempo previsto, señor diputado.
Sr. Santín.-
Ya
termino, señor presidente.
...Se terminan
consolidando mecanismos que son perversos. El oficialismo mostró que no hay
peor espina que la de su propio palo y así lo hizo en este proyecto. Es lo peor
que podría haber hecho: consolidó un proyecto propio que a todo el resto de la
oposición nos obliga a presentar proyectos alternativos, porque al bien
protegido lo están desprotegiendo en función de la revancha. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Salta. Le restan dos minutos.
Sr. Biella
Calvet.- Señor presidente: en sintonía con lo expuesto por el señor
diputado Tunessi y otros legisladores, y lo expuesto por la señora presidenta
de
Como legislador
salteño tengo que buscar el bienestar de mis conciudadanos y hoy por hoy mi
provincia encabeza la estadística de desocupados en el país, y hemos quedado
fuera de la promoción industrial provincial por la ley de presupuesto votada
ayer.
Con nuestro
dictamen de minoría apostamos a la inserción de estas industrias en el interior
del país. De esta manera, estamos en contra de los monopolios, no solamente
privados sino también estatales.
Es importante
recordar que casi el 30 por ciento del papel prensa hoy por hoy se importa, así
como el ciento por ciento del papel de revista de calidad.
Con este proyecto
podríamos hacer que se abastezca a todas las provincias de este elemento. En el
caso de Salta se podría exportar al sur de Bolivia y al norte de Chile.
Más del 50 por
ciento de los ciudadanos le dieron el poder a la señora presidenta, pero el
ciento por ciento de ellos nos dieron el mandato de controlar y legislar sobre
este poder. Como diputados estamos obligados a velar por los ciudadanos, las
familias y la comunidad, independientemente de la bandería política que
enarbolemos.
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. De
Ferrari Rueda.- Señor presidente: vengo del interior del interior, donde
sabemos lo difícil que es el libre e irrestricto acceso a la información y a la
libertad de expresión. Es un derecho constitucional que cada vez está más
alejado del ciudadano común.
Advierto que hay
una clara diferencia entre los enunciados de este proyecto de ley y la parte
operativa. Si mal no recuerdo, ya lo expresó con bastante humor el señor
diputado Solá en el plenario de las cinco comisiones.
No encuentro
mejor manera de honrar esta banca que hacer alusión a las palabras de un
politólogo francés del siglo XIX, cuyo apellido casualmente ha dado origen al
nombre de la ciudad de la que soy oriunda. Me refiero a Eduardo Lefebvre de
Laboulaye, quien decía que conciliar la centralización administrativa, que es
la negación de la libertad, con la libertad, que es la negación de la
centralización, es un absurdo en teoría y una imposibilidad en la práctica,
porque una fuerza destruye a la otra.
También quiero
advertir que con tanta centralización, derivada de éste y de otros proyectos
llamados política de Estado por el gobierno nacional, tendremos pluralidad de
canales con idéntico discurso.
Finalmente, ya
que nos acusan de estar a favor de un monopolio actual, quiero citar otro
pensamiento del siglo XIX: proclamar la libertad,
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor
presidente: ejerceré mi derecho a la crítica haciendo dos comentarios a título
personal.
En primer lugar,
creo que estamos perdiendo el tiempo porque las sesiones extraordinarias deben
servir para tratar temas estratégicos para el país. En la sesión de ayer, el
señor presidente de la bancada oficialista ‑diputado Rossi‑ comparó
ante la vista de todos dos diarios y, casi con sorna, se rió de la crisis
europea.
Europa compra el
30 por ciento de nuestras exportaciones de productos manufacturados, es decir,
con valor agregado. Riámonos de la caída de
Los excedentes de
exportación de China y Brasil se deben colocar en alguna parte del mundo.
Entonces en estas sesiones extraordinarias deberíamos estar debatiendo acerca
de cómo se blinda nuestro país de la crisis que se avecina en lugar de reírnos
de los problemas ajenos, que en realidad son los problemas de nuestros
compradores. (Aplausos.)
Por otra parte,
quiero decir a la señora miembro
informante –a quien respeto mucho- que las políticas de Estado no son las que
anuncia el gobierno. Por el contrario, las políticas de Estado son de la
sociedad argentina; surgen de acuerdos con los partidos políticos, duran años y
años, y nadie las puede tocar. Les puedo garantizar que el próximo gobierno
derogará esta ley, cuya sanción es un hecho casi consumado; por eso me estoy
refiriendo a sus consecuencias.
Aclaro que estoy
hablando a título personal porque defiendo a los medios; sobre todo, a aquellos
que nos critican. Con este proyecto de ley, a quienes se quiere acallar es a
los medios que critican. ¿Saben por qué? Porque hay una enorme debilidad en el
relato oficial. El paraíso que nos quieren vender tiene una enorme debilidad;
entonces, hay que acallar a quienes lo critican. Ese es el problema que hay
detrás de Papel Prensa, de la televisión, etcétera.
Pero no hay forma
de silenciar la realidad, señor presidente. ¿O acaso ustedes creen que hace
falta leer Clarín o
No miren a la
prensa y escuchen las críticas. La prensa libre es la que critica; si no, no es
prensa libre. Como dice Verbitsky: si no critica, hace propaganda. Eso es
justamente lo que hacen los medios oficialistas. Basta leer o ver algunos de
esos medios –como por ejemplo 6, 7, 8-
para advertir lo que es la propaganda política pagada con dineros públicos.
Ustedes quieren
callar la crítica. Por eso les rindo un homenaje a los periodistas que muestran
lo que el poder quiere ocultar. Esa es la prensa. Es el sistema de convivencia
que elegimos para vivir en este país. No respetar el sistema de convivencia
significa no respetarnos a nosotros mismos.
Se están poniendo
en juego dos valores fundamentales de
El problema
consiste en las consecuencias que este proyecto va a traer para dentro, pero
también para afuera. El desprestigio que va a sumar
Si el oficialismo
realmente quisiera democratizar la información, en vez de considerar este proyecto
estaríamos tratando el libre acceso a la información pública que en
¡Eso tendríamos
que estar discutiendo! Este es un proyecto que tiene por finalidad una revancha
contra medios que son críticos. “Hay que tapar la realidad en
No me voy a
extender. Llegó el tiempo de
Este proyecto va
a ser aprobado con la obediencia debida del oficialismo en Diputados y en el
Senado. Apelo a
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que cuenta con ocho minutos para
su exposición.
Sr.
Alfonsín.- Señor presidente: para ponerme a resguardo de eventuales
acusaciones quiero hacer algunas aclaraciones muy parecidas a las que formulé
el otro día en la reunión conjunta de comisiones en la que se aprobaron los
distintos dictámenes.
En general –no
tiene nada de extraño-, no me siento representado desde el punto de vista
político o ideológico por ningún medio de comunicación. No tiene nada de
extraño esto. Tampoco me siento representado por aquellos medios con los que el
gobierno se ha embarcado en una pelea a muerte. Tampoco estos medios expresan
lo que yo pienso política o ideológicamente. Tampoco estos medios –y el
oficialismo lo sabe- expresan las posiciones políticas o ideológicas de
Sobre los medios
de publicidad en general, y éstos en particular, tengo una mirada crítica. No
es de hace dos o tres años, porque hace dos o tres años el oficialismo se
reunía en Olivos todos los días con el principal dirigente de alguno de estos
medios, o prorrogaba las licencias de televisión, o permitía las fusiones a las
que se hizo mención acá o los transformaban en vehículos de las primicias, lo
que les daba una ventaja extraordinaria en el mercado comercial.
No es de hace dos
años que tengo una mirada crítica hacia los medios de comunicación, sino desde
1983. Creo que es la que debemos tener, así como los medios de comunicación
deben tener una mirada crítica en relación con la política, con los empresarios
y con los sindicatos. En realidad, esta mirada crítica debería tenerla también
la sociedad, la democracia exigente, aquella que nos asegura la posibilidad de
ir resolviendo los problemas que debemos resolver. Y la democracia exigente
requiere ciudadanos críticos. Crítica constructiva, por supuesto.
Como decía, creo
que los medios no han cumplido una tarea importante a la hora de mejorar la
calidad de la democracia en nuestro país, como podrían haberlo hecho. Me parece
que no han contribuido a mejorar el nivel y la calidad de la deliberación, e
incluso pienso que algunos están demasiado influidos por cierto sesgo
ideológico que les hace perder objetividad.
Podría hacer
muchísimas más consideraciones acerca de lo que sucede con los medios de comunicación
en
Somos una
sociedad políticamente joven, por lo menos en términos democráticos. Somos una
cultura política todavía no demasiado sofisticada. De todas maneras, me parece
que hay una diferencia: algunos se dan cuenta de los déficits, aprenden y
procuran corregirlos mientras que otros
creen que está todo perfecto, que no hay nada que corregir y que solamente el
adversario o el que pertenece a otra actividad es el que comete errores.
Me imagino que,
al igual que el otro día, estarán aquí presentes algunos representantes de los
medios que son titulares de Papel Prensa. Para hablar con absoluta nobleza,
creo que efectivamente es posible que haya habido comportamientos no muy
adecuados, un abuso de la posición dominante de Papel Prensa y que ello haya
afectado negativamente la libertad de prensa mediante la menor utilización de
papel por parte de otros medios de comunicación.
Quiero aclarar
que yo no soy de los ultraliberales que creen que el agravio a la libertad de
prensa o a cualquier otra libertad o derecho sólo puede provenir de la
política, del Estado, o que en la sociedad civil –como se dice- o en el mercado
nadie agravia la libertad de nadie y que todos son iguales en cuanto a su poder.
En la sociedad
civil también existe poder. Lo que ocurre es que se despliega de otra manera,
se trata de una tecnología del poder diferente de aquella que se utiliza en
política. Pero hay poder, y se puede abusar de ese poder que existe en la
sociedad civil afectando derechos de quienes se encuentran en inferioridad de
condiciones. Aquí el Estado debe estar para protegernos. Y no me parece que sea
esto lo que se intenta con este proyecto de ley; no es este el espíritu que
anima la presente iniciativa. Lo dije el otro día y lo repito: más que
inspirado en la necesidad de garantizar la libertad de información –y lamento
constatar esto- está inspirado en el espíritu de venganza después del conflicto
iniciado a partir del debate de la resolución 125.
Ahora bien, si
efectivamente ocurrieron estos comportamientos abusivos a partir de la posición
dominante en el mercado, ¿sabe por qué ocurrieron? Porque el Estado no hizo lo
que tenía que hacer: en lugar de defendernos frente a los que más poder tienen
en la sociedad civil o en el mercado, no actuó como debió actuar. Tenía todas
las herramientas; en lugar de permitirle la función debió haber dicho que no;
en vez de prorrogar la licencia no debió haberlo permitido; en lugar de darle
todas las primicias debió habérselas dado a todos los medios y debió haber
apelado a la ley de defensa de la competencia, a la ley antimonopolio a
No quiero decir
con esto que no haya que sancionar una norma para prevenir que ocurran este
tipo de cosas en el futuro. Por eso nosotros presentamos una alternativa.
La norma que
estamos tratando en el fondo genera condiciones para que el Poder Ejecutivo –éste o el que venga‑ pueda interferir de manera
negativa en la libertad de prensa para los argentinos, razón por la cual
nosotros no podemos aprobarla.
No sé por qué el apuro, porque hoy en
día Papel Prensa no representa ningún riesgo, porque todos tienen acceso al
papel a través de la importación. Creo que incluso los titulares de la empresa
importan papel. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué tienen que sancionar ya esta ley?
Se trata de una cuestión muy importante y delicada.
Para finalizar, señor presidente,
quiero que además tratemos, como decía el señor diputado Aguad, otras leyes:
sobre publicidad e información, así como también una ley que regula cómo se
utiliza la televisión pública.
Copio de nuevo a Martín Caparrós. No
me parece mal que exista 6, 7, 8; lo
que me parece mal es que exista un solo 6,
7, 8. Nosotros también queremos tener en el canal público un 6, 7, 8 y que nos traten como lo hacen
con el oficialismo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Amadeo.- Señor
presidente: al igual que lo he
hecho en esta maratónica serie de discusiones, y lo voy a seguir haciendo en
cada intervención que me toque en las próximas horas, quiero afirmar que lo que
estamos discutiendo aquí obviamente no es un problema económico, porque no es
un problema ligado a la oferta o demanda de papel.
Otra vez más, y en esto coincido con
algunos de los diputados preopinantes, estamos discutiendo el modo de construir
y ejercer el poder. Estamos discutiendo con el oficialismo un concepto
equivocado, yo diría un concepto perverso, que es el concepto de que la
política es conflicto. Si la política es conflicto, el adversario debe ser
silenciado, porque no hay opiniones diferentes aceptables.
Por lo tanto, toda opinión diferente
es conspirativa, y la prensa no complaciente es siempre conspirativa, como lo
dijo la señora presidenta el sábado pasado donde está sentado usted, señor
presidente. Todo lo que no nos gusta es una gran conspiración y por lo tanto
debe ser silenciado.
- Ocupa
Sr. Amadeo.- Esto está no sólo en el discurso y en las agresiones
cotidianas a los periodistas: está en las acciones, en ocho años de concebir a
la política como un conflicto, en la cotidianeidad de 6, 7, 8, Duro de Domar y los demás espacios mal pagados con el
dinero público; está en la obligación de repartir equitativamente la pauta
publicitaria que fue condenada por
Esto, señora presidenta, es –como bien
dijo la señora diputada Di Tullio‑ una política de Estado. Esto es lo que
estamos discutiendo: una política de Estado. Figura en la introducción del
proyecto que estamos debatiendo en este momento. Donde dice: “Se ha dicho con
razón que controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre,
es controlar la información”. A confesión de parte, relevo de prueba. Esta ley
es casi intrascendente, porque esta es la política de Estado del gobierno, y no
estamos en situación de debilidad de un gobierno acorralado.
Voy a mencionar los veinticinco medios
adictos al gobierno que todos los días no hacen sino inclinarse a través del
periodismo militante ante los que los mandan: Canal 7, Encuentro, Radio
Nacional, Télam, Telesur, Tiempo
Argentino, El Argentino, Newsweek, Veintitrés, CN23, 7 Días, Miradas al Sur, Diagonales, Página 12, T 60” TV, INCAA ATV,
PakaPaka, TA-TE-TI, Radio de las Madres, Sistema de TV Digital, “Fútbol para
Todos” y otros más que están en el campo de los adictos pagados.
Este es el
aparato del gobierno destinado a silenciar inútilmente la realidad, y no voy a
insistir para no perder demasiado tiempo en el tema del uso escandaloso de la
pauta pública, porque me van a decir a mí.
Decía la diputada
Di Tullio cómo podíamos aceptar este escandaloso hecho de que los diarios
tuvieran que comprar papel a sus máximos opositores. Entonces, no podemos
callarnos la boca frente al hecho de que los medios independientes tengan que
bajar la cabeza ante el uso escandaloso de los fondos públicos para la
publicidad.
Esta es la
verdadera estructura de las comunicaciones en
Esta política de
Estado que inauguramos hoy pretende basarse en conductas pasadas, ligadas a
eventuales delitos, a eventuales problemas de derechos humanos, utilizados como
excusa. No quiero entrar en este tema, que ha sido uno de los escarnios de este
gobierno, es decir, la utilización del tema de los derechos humanos para
justificar esta operación.
Si esto fue
cierto es porque –como bien dijo un diputado preopinante‑ acá hubo
abandono del Estado porque existe la legislación de defensa de la competencia a
la que se podía haber acudido para evitar esos eventuales desvíos, pero ese no
es el tema. Aquí no estamos discutiendo política antimonopólica. Insisto: lo
que estamos discutiendo es el silencio a las ideas diferentes.
Tampoco es este
un problema económico. Cualquier estudiante de primer año de economía nos dirá
que hoy día el papel es una commodity, una
materia prima súper ofertada, cada vez más. Gracias a
Lo que pasa es
que también hay un doble discurso. Por un lado nos llenamos la boca hablando
del Estado omnipresente, del Estado que nos va a proteger, y por otro lado, no
sabemos, no podemos o no queremos utilizar las herramientas que el mismo Estado
tiene para hacer cumplir la ley.
Cuando hablamos
de esto estamos refiriéndonos a aspectos centrales de nuestra vida en común,
básicamente la democracia, esa palabra que está muy poco en los discursos
presidenciales. No se habla demasiado de democracia. La democracia es esencial
a nuestra vida, a nuestro modo de construir, y se expresa en los instrumentos
legislativos e institucionales, como el artículo 32 de
Este proyecto no
quiere declarar de interés público la producción de papel. Este proyecto quiere
declarar de interés público el libre pensamiento. Esto es lo que está queriendo
hacer este proyecto. Quiere que el libre pensamiento, el pensamiento crítico,
sea objeto de control por parte del Estado. Ésta es la esencia del proyecto.
Me pregunto yo,
¿es éste un modo progresista, porque estamos en un momento de progresismo, de
construir la democracia? Frente a lo que voy a decir en algún momento alguien
me dirá que nosotros somos argentinos y no tenemos nada que aprender de otro
lado.
El presidente
Lula dijo que el término democracia no es una media palabra sino una palabra
entera. “El aprendizaje de la convivencia entre los más diversos sectores
políticos es mi más grande aprendizaje en estos 8 años de Presidencia”.
Esa es una
enseñanza estupenda para quien cree que la democracia es un valor
inconmensurable en el arte de hacer política. Este grande, este trabajador,
aprendió a escuchar, aprendió que la diferencia sirve para construir un gran
país, y por eso es aplaudido no solamente por millones de brasileños sino por
el mundo entero.
El presidente
Mujica, quien estuvo siete años metido preso dentro de un aljibe –tiene todas
las razones para odiar‑, dijo que cuando un gobierno se muestra más
tolerante con la diversidad, ayuda a formar una prensa respetuosa. También dijo
que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y aclaro que no estoy hablando
de George Bush.
Por su parte,
Dilma Rousseff ha sostenido que la libertad de prensa debe ser total e
irrestricta, y que debido a su historia personal –el otro día la vimos en una
foto que le sacaron en medio de una sesión de tortura‑ siempre la va a
respetar porque es la única alternativa frente al silencio de las dictaduras.
¿Será por eso,
tal vez, que varios diputados del oficialismo se están retirando del recinto?
¿Acaso no quieren oír las cosas que no les gustan?
Quiero que quede
claro que no estoy defendiendo ni a Clarín ni a
Lo que se está
pretendiendo hacer con esta política de Estado es malo para el país. Los países
exitosos son el resultado de tres variables: compromiso social, economía
previsible e institucionalidad. Así les ha ido bien a todos nuestros países vecinos
que no tienen estos efluvios antidemocráticos.
Para que esas
tres variables puedan verificarse en la realidad hay que saber escuchar las
posiciones diferentes; nadie tiene la verdad absoluta. Ayer, mientras
tratábamos el proyecto de presupuesto, dije que este Congreso, con mayoría
oficialista, sancionó seis presupuestos sin la asignación universal por hijo,
porque no querían oír a quienes, desde fuera de la política, decíamos que había
que dictarla. Entonces, para que un país tenga estas condiciones se debe
escuchar a los que opinan diferente.
Esto que estamos
intentando hacer ahora es también inconstitucional, por las razones que se han
dicho. Pero también quiero decirle al oficialismo que esta es una batalla
perdida. Como bien señalaba el señor diputado Aguad, la realidad supera los
intentos de controlarla.
Por lo tanto, no
alcanza con tener diarios adictos y tratar de tapar a los demás. Este proyecto
es malo para el país, es inconstitucional, es malo para la construcción de la
democracia, pero también –me permito advertírselo al gobierno- es una batalla
perdida. La lucha por la democracia, por las ideas diferentes, por el no
silencio, en una palabra, la lucha por la dignidad, ya está ganada a pesar de
estos proyectos. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Asseff.- Señora presidenta:
unos de los padres del federalismo argentino, José Gervasio de Artigas, dijo
que “ni por asomo” su lucha era por la independencia. Yo digo que ni por asomo
mis palabras son en el carácter de defensor de Papel Prensa, de
En este sentido,
quisiera referirme a los dos tipos de leyes que, en mi humilde opinión, tienen
la majestad de tal. Unas, son las leyes que se cumplen; las otras, son las que
están en el orden natural de las cosas, que emanan de la propia Constitución;
son las leyes que ni siquiera hay que pensarlas, porque ya están y, por ende,
no deben existir como ley. Esto lo especificó muy bien el señor diputado Amadeo
al referirse a las palabras sensatas y criteriosas del presidente Mujica.
¿Para qué existe
la ley de defensa de la competencia? ¿No podría apelarse a ella, sin necesidad
de convocar a extraordinarias, para llevar a cabo un debate que no es para nada
estratégico ni prioritario, porque no es un tema que preocupe, inquiete o
conmueva a la opinión pública? ¿Para qué queremos nuevos registros? ¿Acaso no
contamos con una larga y sobrada experiencia de que todos los registros habidos
y por haber no han podido controlar las trampas que siempre están a la orden
del día? ¿Queremos un nuevo registro para crear otra capa adiposa del sistema
burocrático? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Estas son todas mis
preocupaciones en torno a este tema.
- Ocupa
Sr. Asseff.- Por otro
lado, la señora miembro informante nos dijo que estábamos frente a una política
de Estado. En mi opinión no es así, porque una política de Estado es demasiado
grande, demasiado magnífica y lleva tanto tiempo pendiente en
Si me permiten,
quisiera hacer dos referencias de índole personal. Se ha dicho muchas veces que
el monopolio privado –ese que podrían corregir mediante la aplicación de las
leyes vigentes‑ ha lesionado y perjudicado a multiplicidad de medios en
A lo mejor no me
vieron cara de que podía ser vehículo para que expresen su protesta, pero nunca
me dijeron una palabra en cuanto a que tuvieran una angustia en materia de
papel. Nunca lo hicieron.
Entonces, ¿dónde
está tanta gravedad en un mercado que, como bien dijo el señor diputado Amadeo,
hoy por hoy está sobre ofertado y que además está en retirada?
Claro que
Internet está
avanzando a pasos acelerados para la información, también para la
desinformación, y la desfiguración de la información. Eso sin duda alguna. Ahí tendríamos que estar estudiando cómo
garantizar los derechos y las libertades que establece nuestra Constitución y
tornarlas operativas. Pero no veo cuál es la necesidad fundamental de sancionar
una ley sobre una materia que no es exactamente prioritaria en este momento.
Para terminar,
quiero decir simplemente que me parece que declarar de interés público al papel
de diario, tal como está redactada la norma, es una formidable compuerta que se
abre, otra más para que el Estado tenga la posibilidad del uso discrecional de
las normas, no en función de los grandes intereses que representa como país
sino -como suele ocurrir en nuestra Argentina- de los intereses partidistas o
sectoriales de los gobiernos de turno, que ninguna vinculación tienen con el interés
general.
Me parece que no
debemos desconocer el artículo 32 de la Constitución; en todo caso, si vamos a
legislar hoy sobre esta materia, tendríamos que entender que este Congreso
Nacional se trasforma en legislatura local de la ciudad de Buenos Aires, porque
la Constitución veda que el Congreso Nacional legisle en materia de prensa.
Esta veda
constitucional me parece que debe ser tenida en cuenta a la hora de que los
señores diputados voten este proyecto de ley.
Expreso mi
rechazo a este proyecto, que no voy a votar. Como además del consenso de mi
bloque ejerzo el ejercicio de la libertad de conciencia cívica, ratifico que no creo en esta iniciativa y, como no
creo, no la voy a apoyar. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Bianchi.- Señor presidente: antes de comenzar a hablar sobre este
proyecto quiero expresar y poner de manifiesto que su inclusión constituye una
muestra ejemplificadora de lo que significa una forma intempestiva y carente de
todo debate u opinión de manejarse esta Cámara.
Esto nos da
muestra de cómo se va a conducir
Por supuesto que
voy a hacerlo conforme a mis convicciones y al derecho y, sobre todo,
respetando
En primer lugar,
el artículo 1° del proyecto enviado por el Poder ejecutivo busca en forma
encubierta expropiar una empresa privada sin sustento alguno ni ningún tipo de
indemnización para los actuales propietarios.
Todo ello sin
dejar de mencionar que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene por objeto
regular dicha actividad, lo que se encuentra prohibido tanto en nuestra
Constitución como en la legislación internacional.
Conforme a ello
–y a pesar mío‑, puedo afirmar que este proyecto, además, hace caso omiso
a lo que señala
En segundo lugar,
el artículo 10 del proyecto establece que el Ministerio de Economía será la
autoridad de aplicación. A su vez, el artículo 11 menciona que el Congreso ‑o
sea, todos nosotros‑ le delega al ministerio antes mencionado la
posibilidad de dictar normas regulatorias.
En consecuencia,
de ese artículo se infiere que no sólo la actividad va a estar regulada
mediante este proyecto, sino que también se delegan facultades al Ministerio de
Economía para emitir normas regulatorias, lo que constituye una violación al
artículo 32 de
Finalmente,
quiero detenerme en uno de los ejes esenciales que fundamenta mi oposición
absoluta al proyecto. Considero que la iniciativa cercena y restringe la
libertad de expresión, que es el más fundamental de los derechos humanos. Sin
la posibilidad de opinar libremente, denunciar injusticias y clamar por
cambios, el hombre está condenado a la opresión y al silencio.
Por esa misma
razón el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, según mi
perspectiva sobre el proyecto, tanto por gobiernos de turno, que podrían querer
introducir cambios, como por personas individuales, que podrían tratar a veces
de imponer su ideología o sus valores personales, acallando simplemente a los
otros.
En ese sentido,
Asimismo,
Esta medida
vulneraría principalmente los fundamentos sobre la libertad de prensa que
figuran en
Además, se dice
que no tiene sentido que el gobierno argentino concrete esta medida, ya que no
hay desabastecimiento y los periódicos pueden importar libremente el papel;
asimismo, este tipo de regulación no se
aplica a otras industrias.
Los argumentos
esgrimidos por mi parte y lo sostenido también por
La Constitución,
al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia
esencia. Es decir, la esencia democrática del país, justamente contra toda
posible desviación tiránica del poder de turno.
Por eso concluyo
afirmando que nos costó muchos años recuperar y afianzar la democracia en
nuestro país frente a tantos años de oscuridad, de violación de derechos
humanos, de carencia de ellos y de la falta de posibilidades de poder
expresarnos libremente.
Por supuesto que
quiero un Estado que funcione y controle, pero no quiero un Estado
intervencionista que haga caso omiso de las garantías constitucionales de un
país. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Martínez (E.F).- Señor presidente: compartiré mi tiempo con la señora diputada
Margarita Stolbizer.
Tengo para mí que
la holgada mayoría oficialista le resta pasión e interés a los debates. En
definitiva, algunas de nuestras intervenciones se pueden transformar en una
lucha contra el tedio.
Intervengo
entonces con la única expectativa de ser escuchado y que todo lo que aquí se
diga pueda servir para el futuro de la libertad de expresión en
En tal sentido,
no nos cabe duda alguna que esta ley tiene nombre y apellido; es más, para ese
nombre y apellido se trata del anticipo del final, de mostrar el garrote antes
de usarlo, oportunidad que tendrá su concreción cuando el Poder Ejecutivo
reglamente el marco regulatorio.
Por ello,
verdaderamente referirse al articulado no tiene ningún sentido, pues el
concepto de interés público que se introduce difusamente sólo procura consagrar
una amenaza en latencia. Después vendrá el mazazo.
Pero vuelvo a los
nombres: Clarín,
Memoro el 12 de
setiembre de 1979, oportunidad de la visita de
Cuando todos
callaban o eran socios de la dictadura, yo tuve la oportunidad de leer esto en
No lo vi
expresado en Nuestra Palabra, o en diarios similares a los que hoy
imprime el grupo Spolski.
Recuerdo también
la solicitada publicada en
Memoro la
pregunta expresa del jefe de redacción de
No me importa si
esa fue la ventaja de ser socio de Papel Prensa o ser hijo, nieto o bisnieto de
Bartolomé Mitre, lo que puede haber presumido alguna cobertura. Nosotros lo
pudimos leer y queremos seguir leyéndolo en el futuro.
Admito también,
para ser sincero, que nada de esto vi en Clarín ni en La voz del
interior durante todos esos años, remitiéndome a verdades contemporáneas
fácilmente corroborables.
Necio sería
negarlo; tenemos nuestros particulares reparos, nuestras fundadas cuitas, que
tal vez algunos tildarán de provincianas, con el Grupo Clarín, según intentaré
explicar.
Vuelvo también a
esta postura de la política frente a los grupos económicos y, fundamentalmente,
a Papel Prensa y la prensa gráfica.
El señor diputado
Amadeo citó previamente al gran Lula. No se me olvida la amargura de Lula en
1989, cuando los poderes fácticos de Brasil le birlaron la posibilidad de
ejercer la presidencia de
¿Tomó Lula
revancha contra la red O’Globo? Jamás. Los grandes no se vengan. No hace
falta que lo hagan; dejan que la verdad fluya y que el pueblo hable.
Tampoco quiero
soslayar el tendencioso encuadre informativo del diario Clarín en contra de la presidenta. No he venido a hacerme el tonto.
¿Qué sucedió luego de tapas, copetes y mensajes sistemáticamente opositores? La
señora presidenta ganó con el 54 por ciento de los votos; en política práctica,
sólo haría falta dejar las cosas como están –para que se quede tranquilo el
oficialismo-, porque el pueblo vota como quiere y la exacerbación periodística
opositora es un bumerán que sólo logra no ser leída. Cuando un medio de la
magnitud de Clarín asume, se integra
y se difunde como pitonisa del fracaso, el público sólo lee el suplemento
“Deportes”.
¿Le hace falta a
la señora presidenta una respuesta directa al grupo Clarín? No y mil veces no,
en nombre de valores superiores. Descreo de aquello de que la victoria no da
derechos. Sí los da; lo que ocurre es que los grandes gobernantes saben cómo
equilibrarlos y la prudencia ennoblece a quienes ejercen el poder con amplitud.
Quienes tenemos
memoria –el señor diputado Rossi se refirió a las generaciones de los años 70,
80 y 90-, recordamos que en los comienzos de Papel Prensa, allá por 1972
–figura en la exposición de motivos del proyecto de ley en tratamiento- el
general Perón se quejó airadamente en el exilio sobre la forma en que se
distribuían los diarios. En aquella época, la lectura en papel era mucho más
importante que hoy en
Un personaje
conocido como el Cholo Peco, quien era distribuidor, decidía qué se leía y qué
no en el país, como así también a qué hora llegaban los diarios y las revistas
a los quioscos. Era el “cholopequismo” de la prensa gráfica argentina, como
decía el general Perón con su proverbial picardía para los motes.
En el año 1973,
el presidente Cámpora obtuvo el 50 por ciento de los votos. Seis meses después,
el general Perón logró el 62 por ciento. Sin embargo, no tomó ninguna medida
contra la libertad de prensa ni contra de aquellos diarios que integraban esa
trenza monopólica de patota durante su mandato presidencial. ¿Para qué iba a
hacerlo, con los guarismos electorales que había alcanzado?
En el año 1979,
en oportunidad de la visita de
Nunca falta el
cortesano que acompaña al gobernador en sus viajes al exterior. La publicidad
oficial provincial hace milagros. Como será de cierto que quien reclamó a las
Madres que no hubieran cuidado antes de sus hijos desaparecidos, o reivindicó
como un honor no haber estado nunca cerca de las formaciones especiales del
peronismo ‑sintiéndose por ello un hombre de centro derecha‑, fue,
es y será el candidato del grupo Clarín
para todo cargo que aspire; incluso, la carrera presidencial.
Ni siquiera ese
maltrato que oculta la realidad y sacraliza un contubernio provincial puede
nublarnos la vista.
Con gran atención
escuché el sábado pasado a la señora presidenta defendiendo su modelo nacional
y popular. En dos oportunidades se refirió al aditamento político, adosando
calidad a la caracterización.
Esa convicción
democrática debe llevar al oficialismo a despejar la más mínima duda sobre la
vigencia futura de la libertad de expresión, que es nuestra real preocupación,
por fuera del interés empresario. Si se quiere, durante la última campaña
provincial éste fue para el Frente Amplio Progresista y para el Frente Cívico
un adversario comunicacional descarado, juzgado y sesgado a favor de otras
opciones políticas.
La señora
presidenta es fuerte por los votos del pueblo. Entonces, ¿para qué quiere
mostrarse cesarista con aquellos “apoldcitos” de las ocho de la noche que
pretenderán extender sus obsecuencias indignas a toda la prensa gráfica? No le
hace falta. Nosotros no queremos tener un 6,7,8 propio. ¿Para qué vamos a
promover el zapping en el uso de la
televisión?
En definitiva, en
la democracia son inaceptables las leyes con nombre y apellido, porque su
esencia es la igualdad. Sin embargo, esta ley tiene nombre y apellido.
El 26 de
septiembre de 1933, a instancias del diputado socialista independiente Roberto
Noble, el Congreso de
Frente a ello y
ante la necesidad de privilegiar la libertad de expresión, aun ante el grupo
editor que nos denuesta e ignora deliberadamente, privilegiamos el valor
democrático y constitucional votando negativamente el proyecto del oficialismo.
(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente:
acompañando las palabras del señor diputado Ernesto Martínez voy a fundamentar
la posición del interbloque del Frente Amplio Progresista, que no va a apoyar
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo ni el dictamen de mayoría.
La primera
observación, que hemos reiterado en el tratamiento en las comisiones, y lo
haremos cuando tratemos la normativa penal, es la mala bienvenida o el mal
reingreso con que el gobierno define su agenda de prioridades en los temas que
incluye en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias.
- Ocupa
Sra.
Stolbizer.- La inclusión de una gran cantidad de proyectos en esta
convocatoria a sesiones extraordinarias apunta no a otra cosa que a crear una
herramienta de concentración de poder. Obviamente, un poder concentrado para
perseguir a todo aquello que se les ponga por delante, lo que no es bueno.
El proyecto de
ley denominado antiterrorista, en realidad termina encerrando el mecanismo
ilegal de la persecución de la protesta social, y va en camino de la creación
de nuevos delitos transformados después de haber sido objeto de fallas
administrativas. También va de la mano de ese instrumento pensado en la
búsqueda de descalificación o eliminación de aquéllos que piensan diferente.
La agenda de un
gobierno que reingresa o inicia el nuevo período debería ser una que tuviera en
cuenta las prioridades del pueblo y sus expectativas, además de sus sueños y
necesidades. Debería demostrar la sensibilidad social propia de un temario que
terminó excluyendo sobre el final del período de sesiones ordinarias la
fertilización asistida o el sistema de adopción que pidió la presidenta en este
mismo recinto hace poco tiempo. También debería incluir la consideración de una
tarifa social frente a la quita de subsidios que, sin duda, afectará los
bolsillos más pobres.
También debería
incluir un debate profundo para ver qué hacemos frente a la pobreza y el
trabajo precario, sacando del cajón de los recuerdos la ley de acceso a la
información pública.
Sin embargo, creo
que en este nuevo inicio del período de sesiones del gobierno, el oficialismo
incurre en un error muy grave: entender que la legitimidad electoral ganada con
el voto popular implica tener un cheque en blanco.
No hay una
transferencia de sueños, de voluntades y de expectativas delegadas en la
voluntad de un príncipe que decide qué hacer con un temario como el de estas
características. En realidad, lo primero que hace es excluir de la agenda de
prioridades las cosas que están en la agenda de quienes los votaron.
Sin ninguna duda,
tal como ha dicho el señor diputado Ernesto Martínez, nosotros descalificamos
la disputa de intereses que no nos involucran. No nos interesa estar, ni lo
estaremos, en la discusión de intereses.
Lo que está en
claro es que existe un marco jurídico, un marco político y un marco económico
en la discusión de este proyecto de ley, y que en el medio existe un juego de
intereses políticos, jurídicos y económicos.
El papel era un
insumo estratégico en la década del 70, pero ya no lo es hoy. Entendemos que el
eje de la discusión de un proyecto de estas características no debería apuntar
a otra cosa que a garantizar el libre acceso al papel para los diarios en
condiciones de igualdad para todos. En definitiva, de lo que se trata es de la
democratización de la palabra y del acceso a la información, como se ha
planteado. Deberían incluirse también algunas cuestiones más profundas en el plano
de los intereses económicos o del debate económico que puede haber detrás de
este proyecto, debate que ha sido limitado a la discusión con un grupo
económico pero que, por supuesto, detrás de ello se termina encubriendo la
carencia de una política nacional frente a la extranjerización de nuestra
economía.
Todo eso no
figura en la agenda de prioridades, y sin embargo todos sabemos de qué manera
durante todos estos años se ha ido fugando a manos de capitales extranjeros una
cantidad de recursos fruto del esfuerzo del pueblo.
Tampoco avanza la
discusión de la democratización de la palabra en una decisión de restringir el
capital concentrado. En realidad poco importa quiénes sean los que lo manejen,
y tampoco tiene importancia que aquellos a donde pueda ir sean igualmente
concentrados que los que lo tienen. No existe esa discusión en este proyecto
que promueve el Poder Ejecutivo.
Existen distintos
caminos para alcanzar los buenos objetivos que intentan imponernos. Hay caminos
legales y también otros que son inconstitucionales. Este es el camino que ha
elegido: decidió cambiar el camino de la legalidad por el del atajo y de la
inconstitucionalidad.
¿Cuáles son los
intereses jurídicos en juego? Obviamente que el derecho, la libertad, el marco
normativo en general, las instituciones, los compromisos del Estado
fundamentalmente en materia de derechos humanos, la ley o el estado de derecho.
En definitiva, el marco jurídico es el que define qué está dentro y qué está
fuera, es el que define la diferencia entre la legalidad y la ilegalidad.
Nuestra
Constitución Nacional es suficientemente clara, equilibrada y sabia en la
definición de cuáles son los derechos que corresponden a las personas, y
también lo es en todas las limitaciones referidas a las posibilidades de regulación
que terminen afectando o alterando el ejercicio de esos derechos.
Indudablemente,
el artículo 28 que dice
que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio,
constituye una primera limitación, del mismo modo que el artículo 32, que
establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad
de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Cualquier
limitación o restricción a los derechos y garantías es lisa y llanamente
inconstitucional.
Si hubo un avance
extraordinario de nuestro proceso democrático, ha sido la sanción de una
reforma constitucional en 1994, que incorpora en el inciso 22 del artículo 75
la jerarquización de los pactos internacionales y las convenciones
internacionales en materia de derechos humanos. Esto obliga a una visión
integral y universal del funcionamiento y del mecanismo operativo de garantía
que el Estado debe tener sobre la vigencia de los derechos humanos y obliga a
los Estados signatarios de esos convenios internacionales a incorporarlos como
ley. Nuestro país lo ha hecho con
Más adelante voy
a solicitar algunas inserciones, en particular quisiera insertar y recomendar
la lectura de dos declaraciones que nuestro país también ha firmado en 1994. La
primera de ellas es
Entre otras cosas
‑no voy a leerla toda, aunque sería muy bueno hacerlo‑ establece
dentro de esos diez principios lo siguiente: “Una prensa libre es condición
fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el
bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder
que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de
comunicación.”
Luego dice: “La
censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la
divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la
creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre
ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la
libertad de prensa.”
También hace
referencia a las políticas arancelarias y cambiarias, así como a una cantidad
de cuestiones que no voy a explicar ahora en su totalidad, pese a la
importancia que esta declaración tiene, de la misma manera que las
declaraciones sobre el fomento de medios de comunicación independientes y
pluralistas, que fuera llamada “
No me quiero
quedar en esta cuestión, porque el marco regulatorio y el interés público del
que se está hablando implican siempre una declaración de amplitud y nunca de
limitación.
La declaración de
interés público o el marco regulatorio sirven para todo o sirven para la nada.
Por eso es tan importante definir ‑dentro de lo que es el concepto sobre
el papel que el Estado tiene frente a una cuestión y a un derecho tan
fundamental‑ cuál es la forma en la que el Estado va a intervenir para
garantizar ese derecho.
La declaración
del interés público nunca puede ser usada con carácter restrictivo. Dicha
declaración es para que todos puedan y no para que algunos no puedan. En
realidad, hay una desvirtuación, una desnaturalización de los objetivos que se
pregonan, porque cuando uno empieza a leer el marco regulatorio advierte la
existencia de obligaciones que muchas veces son casi de cumplimiento imposible,
lo que en realidad termina desnudando las verdaderas intenciones.
Lo que se debe
garantizar es el acceso y no la restricción, pero además hay que entender que
una declaración de interés público implica siempre incorporar en ella la ética
del interés público. Esta ética no puede estar al servicio de los intereses del
gobierno, porque el interés público se vincula justamente con el pueblo, con aquel que es el
depositario final de cualquier declaración de interés público, que obviamente condiciona siempre la
acción del Estado.
La ética del interés público es la no
discrecionalidad, el no abuso, la no regulación autoritaria, el no discurso
único. Sería casi imposible discrepar con el objetivo aludido en las
referencias del oficialismo y en los fundamentos de sus proyectos.
¿Qué otros elementos juegan? Se habla
del pluralismo y la diversidad de voces. Por supuesto que esto implica el
acceso al papel, como también debería implicar el acceso a la información del
Estado, a las pautas publicitarias. Que otros puedan significa sin limitaciones
ni restricciones.
La fórmula sobre las cuales se debe
trabajar para esta garantía es la responsabilidad social o la libertad
responsable, y el control primario es del Estado, pero no sólo del Estado.
Aquí es donde nosotros creemos que
debe haber un papel fuerte del Estado, pero también debe haber un control de la
opinión pública, de los consumidores, de la ética profesional y de las
organizaciones sociales porque esto también es lo que nos permite –insisto‑
encontrar la ética del interés público.
La discusión en definitiva es sobre el
Estado: cuál es el Estado y cuál es el papel que queremos para el Estado.
¿Cuáles son las herramientas que tiene el poder administrador en su capacidad
reguladora para alcanzar los buenos objetivos que se plantean? La primera
herramienta que el Estado tiene es la norma; sin ninguna duda que esto es lo
que le da el marco de legalidad. Y lo
otro que tiene el Estado es su poder disciplinador.
Ahora, ¿sobre
quiénes o a quiénes se aplica ese poder disciplinador? ¿Cuáles son los sujetos
que están comprendidos en esa capacidad o voluntad disciplinadora del Estado?
Cuando en el proyecto se definen los sujetos obligados, uno encuentra la
primera manifestación de discrecionalidad por parte del Estado, porque tampoco
se trata a todos de la misma manera en su condición de sujetos obligados.
La propia
Secretaría de Comercio, que es la que ahora aparece como depositaria del poder
que entrega esta norma que se va a aprobar, dictó
Lo que quiero
significar es que normas no faltan, y en definitiva lo que no podemos hacer es
terminar encubriendo los déficit, las debilidades del Estado en su tarea de
control.
Se plantea como
un argumento repetido el tema del monopolio. La ley define esto de otra manera,
porque ley tenemos, y a esto me iba a referir. La herramienta principal que el
Estado tiene en sus manos para ejercer el poder administrador es la ley de
defensa de la competencia.
La ley 22.262
dice en su primer artículo: “Están prohibidos y serán sancionados de
conformidad con la presente ley los actos o conductas relacionados con la
producción o intercambio de bienes y servicios que limiten, restrinjan o
distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de una posición dominante
en un mercado de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico
general.”
Avanza en el
artículo 2° y dice: “A los fines de esta ley se entiende que una persona goza
de una posición dominante en un mercado cuando para un determinado tipo de
producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia
sustancial. Que dos o más personas gozan de esa posición dominante en el
mercado…”
Lo que quiero
decir es que si algo tiene el Estado es una norma que debió haber puesto en
práctica hace mucho tiempo para poder ejercer su poder administrador y su
capacidad disciplinadora sobre los que violan la norma, porque norma hay, y que
si hubiera tenido voluntad debió haber puesto en marcha los Tribunales de
Defensa de
Vuelvo a los
sujetos obligados, porque la verdad es que Papel Prensa no es la única que está
o debería estar en condiciones. Nada se dice de qué es lo que se va a hacer con
Papel de Tucumán. Esta empresa solamente produce papel que le implica mayor
rentabilidad o por lo menos ningún riesgo de perder, y no parece nunca
obligada, dentro de los límites que la propia ley establece, para recuperar el
objetivo que la ley dice tener, que es garantizar a todo el mundo el acceso al
papel.
Pero hay más,
porque la verdad es que hace unos años el propio ex presidente Néstor Kirchner
creó una papelera, la papelera Quilmes. En aquel momento la papelera Massuh
había entrado en un proceso de insolvencia y estaba imposibilitada de afrontar
sus pasivos, no estaba en condiciones de mantener sus plantas en operación ni
pagar salarios a sus más de 500 trabajadores.
El acuerdo entre
el Estado y Massuh consistió en que una nueva empresa, que era
La verdad es que
lo peor que se podría haber hecho es haber nombrado director ejecutivo de
Sin embargo,
Moreno mostró en la planta uso y abuso de su condición de funcionario todo
terreno del gobierno, presionó proveedores, etcétera. No quiero contar toda esa
larga historia. Lo cierto es que fundió la empresa, paralizó la producción para
evitar pérdidas mayores, y los empleados fueron indemnizados con recursos del
pueblo argentino; tuvimos que bancar entre todos el fracaso de Moreno en
La pregunta
obviamente es si vamos camino a lo mismo. Pero tampoco es el único caso. Néstor
Kirchner creó LAFSA, que era una empresa de aeronavegación del Estado, aunque
sin aviones, a través de la cual se inyectaban recursos ‑varios millones
de pesos por mes‑ a una empresa privada como Southern Winds -a la sazón
aportante en la campaña electoral del ex presidente Kirchner-, que todos
sabemos cómo terminó: involucrada en un caso de contrabando de droga, con
valijas que daban vueltas en los aeropuertos de España. ¿Eso es lo que se va a
hacer?
En verdad
quisiera volver al papel disciplinador del Estado; a nosotros nos interesa esa
discusión. Por eso es que no queremos mentiras. A veces escucho ciertos
argumentos, y me pregunto si se los creen o si nos los quieren hacer creer a
nosotros.
El poder
disciplinador del Estado no se proclama, se ejerce. No queremos más espejitos
de colores con discursos tan libertarios como hipócritas. La ley de medios es
el mejor ejemplo. Cuando sancionaron la ley de medios nos hicieron creer, como
uno de esos espejitos de colores, que aquella norma permitiría la
democratización de los medios y que con ella se terminaban los capitales
extranjeros. Sin embargo, a dos años de su vigencia, y habiendo vencido el plazo
para la presentación voluntaria de las desinversiones, nada se presentó y nada
hizo la autoridad de aplicación. Solo hay presentaciones menores de algunos
procesos de inversión, pero los grandes grupos mediáticos provinciales y
nacionales no han hecho absolutamente nada.
Por otra parte,
el grupo Vila-Manzano no solo sostiene su posición de viabilidad en medios de
comunicación audiovisual, al mantener una licencia de televisión satelital –lo
que impide cualquier otra licencia-, sino que además se ha presentado con
diferentes nombres o grupos empresarios en licitaciones para la compra de
cuarenta y dos pliegos de televisión digital que fueron suspendidas. La
cuestión de haberse presentado en esos concursos no es menos sorprendente
cuando la concreta haciendo gala de su participación accionaria en Supercanal,
en el Grupo Uno, lo que además de constituir un multimedio como el que el
gobierno critica, también violenta la ley de medios de comunicación.
El grupo
Eurnekian, que participa en Aeropuertos Argentina 2000, un servicio público, se
presenta también en otro; las radios FM con permisos precarios provisorios que
funcionan desde 1987 siguen sin haber sido legalizadas; radios AM, como es el
caso de Continental, funcionan con titulares de capital español, lo que está
expresamente prohibido por la ley;
Por lo tanto,
cabe sospechar que la modificación del marco regulatorio del papel es por lo
menos un acto de voluntad, de voluntarismo o de discrecionalidad del aparato
estatal.
No queremos que
nos sigan mintiendo. Para garantizar un efectivo pluralismo informativo
–insisto en que nosotros compartimos esos loables objetivos que se nos quieren
vender‑ pueden establecerse diferentes mecanismos que fomenten la
diversificación de pautas y de papel de diario entre múltiples medios, así como
la participación de medios tradicionalmente desfavorecidos, sin que la
publicidad oficial o el papel de diario –ponemos a los dos casos en el mismo
nivel‑ se equiparen a un subsidio selectivo para los amigos.
La verdad es que
queremos terminar con la economía de los amigos. Por ejemplo, se podría otorgar
preferencia a medios locales sobre medios nacionales para determinadas
campañas, y entonces estaríamos priorizando y poniendo en un nivel distinto a
aquellos medios que se encuentran desfavorecidos, también se podría dividir la
pauta de cada campaña entre múltiples medios, utilizar sistemas de cuotas más
equitativos, asegurar la libre importación del papel sin cupo y con arancel
cero o muchas otras cosas más.
La verdad es que
estamos dispuestos a volver a discutir sobre la base de que el Estado, a través
de su poder disciplinador, puede garantizar esos derechos e incluso ampliarlos.
También estamos dispuestos a discutir la subvención estatal sobre el precio, a
fin de beneficiar a los medios más chicos, la alternativa de que exista una
empresa estatal, la posibilidad de la venta de acciones por licitación pública
–hay un proyecto en tal sentido‑, y la transferencia de acciones del
Estado nacional. Con respecto a esto último, ayer escuché con atención la
exposición en la comisión del señor diputado Moreno, y cuando salían de la
reunión y hablaban de los pequeños medios me preguntaba por qué el Estado
nacional no le transfiere sus acciones a los pequeños medios desfavorecidos del
interior.
También estamos
dispuestos a declarar la utilidad pública de la empresa, si así fuera
necesario, e incluso expropiarla. Pero lo que no podemos hacer es bancar la
ilegalidad. Digo esto porque el proyecto en análisis encubre un interés
confiscatorio, cuando lo que
En definitiva, el
Estado es quien debe garantizar las condiciones de acceso al papel. Esto se
tiene que dar en un marco de legalidad y razonabilidad. El derecho no puede
verse alterado por las leyes que lo reglamentan. Esta medida –que sí podría ser
admitida en otros sectores de la economía o de la industria‑ no es
tolerable en términos constitucionales cuando se habla de libertad de prensa.
Además, el Estado
debe garantizar mecanismos de confrontación con el abuso de las posiciones
dominantes para que efectivamente haya competencia. No estamos de acuerdo con
la pretensión de imponer niveles de producción e inversión a una empresa
privada bajo la amenaza estatal de tomar el control. Estas son las obligaciones
de cumplimiento imposible que surgen del articulado.
En ese sentido,
respecto del tema de las sanciones, quisiera remarcar lo que establece el
artículo 40 de las cláusulas transitorias, que dice: “En virtud del cumplimiento
de los objetivos de la creación de la firma Papel Prensa S.A., del cumplimiento
de la cláusula de acceso igualitario de todos los medios gráficos al citado
insumo esencial así como de la declaración de interés público de la producción
de papel para diarios, la empresa Papel Prensa S.A. deberá: a) Operar como
mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel
(cuando esta sea menor a la capacidad operativa);…” ¿Desde dónde puede
justificarse esta cláusula? Obviamente que desde el derecho no lo pueden hacer.
En mi opinión esto encubre el intento de confiscación liso y llano de una
propiedad, que choca con los valores de
Como aquí se ha
dicho, creo que hay una particularización de la norma que la hace ilegítima en
su génesis. El mismo gobierno que fortaleció al grupo con el que hoy pretende
confrontar fue quien lo promocionó a ese espacio de posición dominante. Es más,
habiendo tenido todas las herramientas para impedirlo o controlarlo, nunca lo
hizo. Por el contrario, permitió la prórroga de las licencias y la fusión de
las empresas de cable. La verdad es que desde 2003 hasta 2008 nada dijo este
gobierno sobre la posición dominante del grupo, porque negociaba con él. Pero
en los últimos tiempos, tanto el gobierno como el grupo económico, cambiaron su
discurso y pasaron del acompañamiento con negociaciones a la pelea frontal.
Nosotros no
estamos en esa pelea. Como aquí se dijo, nos interesa discutir una política de
Estado, pero no para ahora sino para los tiempos. Nos interesa eliminar
cualquier riesgo de discrecionalidad que afecte nuestro presente y nuestro futuro. Lo que torna complejo el
debate son los intereses explícitos y encubiertos de una pelea que no nos
compete. El marco de la libre competencia y de acceso al insumo principal es el
mismo que el acceso de los cableoperadores.
El uso del papel
con el tema de las pautas no se puede utilizar como un sistema de premios o
castigos. Hay que discutir el rol del
Estado y dicho rol no es la superestructura burocrática que se crea.
No nos vengan a
mentir con las comisiones bicamerales.
Por favor. Esas comisiones
bicamerales son las que deberían estar controlando la trasferencia de recursos
a
¿Hasta cuándo
vamos a crear estas superestructuras burocráticas que no sirven para nada? En definitiva éstos son los fundamentos por
los cuales el Frente Amplio Progresista no apoya ni acompaña la iniciativa del
oficialismo y el dictamen de mayoría. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Tiene la palabra la señora diputada por
Sra.
Michetti.- Señora presidenta: en verdad hoy definitivamente siento que
estamos en un día muy difícil, bancándonos por lo menos en mi caso personal –no
lo voy a decir en forma general‑ la exposición de hipocresías y mentiras
presentadas con objetivos que parecen loables, porque definitivamente
compartimos todos los que nos sentimos a favor de la democracia y de
Es un día que
definitivamente en lo personal –por supuesto le puede importar un pito a todos‑
me molesta, me enoja, me pone muy triste y me frustra porque con esta votación
vamos a tener un problema grave de libertad de expresión en
Lamento tal vez
utilizar un lenguaje un poco vulgar, cuando vaya hablando. La mayoría de los argumentos que iba a dar ya
han sido explicitados, por lo cual voy a tratar de acortar mucho para no
repetir las expresiones.
Los dos objetivos
que el oficialismo dice perseguir con este proyecto de ley –el de superar la
iniquidad en el acceso al papel de diario y en el costo del papel‑ son
objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con el articulado de la ley
y sobre todo con lo que se agregó después del primer proyecto, que en teoría
respondía a las audiencias públicas de las que se hizo mención a través de la
señora miembro informante.
Quiero decir que
ese agregado que se hace en teoría con la misión que tenía el Poder Ejecutivo
de reglamentar lo que las audiencias públicas habían discutido, no tiene
absolutamente ninguna relación con la problemática que en principio se había
manifestado, que era la de declarar de interés público la producción,
distribución y comercialización del papel.
Se agregan unos
artículos a la ley que empiezan a tratar otro tema, que es la posible
confiscación, aunque yo diría segura confiscación, de una empresa. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con
el espíritu de lo conversado en las audiencias públicas.
La señora miembro
informante, la señora diputada Di Tulio, presentó al doctor Damián Loreti,
investigador y experto en derecho a la información, y voy a citar un pequeño
párrafo que ese doctor, experto en estos temas, ha dicho. Se refirió a
Con ello está
claro y hay un montón de frases de ese estilo en las audiencias públicas, por
lo cual aquello que se agrega en el segundo proyecto no tiene ninguna relación
con el espíritu de las audiencias públicas, más allá de la importancia que el
propio tema de declarar de interés público la producción, distribución y
comercialización del papel también tiene para nosotros, y es un elemento muy
peligroso en términos de la famosa proclamación de la libertad de expresión, la
libertad de ideas, la multiplicidad de voces.
La declaración de
interés público justifica la intervención del Estado para la regulación de una
actividad. El supuesto es que la tutela de
los bienes públicos necesita de la intervención del Estado, pero, ¿para qué
debe intervenir el Estado?
Si un bien es
público significa que es indivisible y que tiene que estar disponible para
todos. En consecuencia, el Estado
interviene para garantizar el acceso a ese bien.
¿Cuál es el bien
público indivisible que se tiene que tutelar?
¿Es la producción del papel?
Supongo que no, quiero creer que no, es decir, que no vamos a tutelar la
producción de papel.
Lo que queremos
es proteger la libertad de expresión. Ese es el bien público. ¿Está en peligro
la libertad de expresión por el tema específico de la producción,
comercialización y distribución de papel? No está en peligro por ello, sino por
otras razones. Siempre estuvo en peligro por otras razones, y no por esa.
Veamos cómo
estamos según el ranking que elaboran
algunas organizaciones internacionales sobre la libertad de expresión y de
prensa en
Por otra parte,
la organización Freedom House divide en tres niveles a los Estados según la
libertad de prensa, ubicando a nuestro país por encima de la media en su
comparación con otros países de la región. Sin embargo, remarcó que en este
último año los descensos en
Así, cuando se
habla de la libertad de expresión en los organismos que tratan este tema a nivel
internacional y se mira a
¿Estamos ante un
posible desabastecimiento de un insumo en manos privadas, que atenta contra la
posibilidad de disponer de distintas opiniones? ¿Acaso el precio de un insumo
hoy en manos de una empresa privada condiciona la posibilidad de tener papel,
ya sea de producción nacional o internacional?
Podríamos brindar
una enumeración de datos sobre la cuestión, pero a esta altura del debate me
parece innecesario. De todos modos, los datos demuestran definitivamente que
hoy en
Además, si lo
hubiera, hay una serie de leyes del Estado a las que se puede echar mano, como
Entonces, ¿qué
está persiguiendo el oficialismo con este proyecto? ¿Está de verdad tratando de
proteger la libertad de expresión y a esos medios que se supone que no pueden
acceder a un precio razonable o igualitario, como sí lo pueden hacer los
grandes medios?
No hace falta que
seamos muy creativos. Cuando leemos del artículo 39 en adelante del proyecto
encontramos que el objetivo es la confiscación de una empresa privada, con lo
cual, como decía un diputado preopinante, también estamos frente a otro
problema: la seriedad de las leyes en
La iniciativa
establece que el Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y que
tendrá facultades para dictar normas regulatorias en la materia. Así el Estado
interviene con sus propias reglas.
En verdad, como
decía la primera frase que leí de las audiencias públicas, un monopolio privado
es tan peligroso como un monopolio estatal. La existencia hoy en
Nos rasgamos las
vestiduras desde el discurso oficialista diciendo que el diario Perfil se quejó del papel, pero dicho
medio tuvo que recurrir a
Queda claro que
Pero en todo
caso, tratando con buena fe de encontrarle algún sentido y generar alguna
confianza de que hay algo bueno detrás de este proyecto, uno podría pensar que
tal vez en la región exista una tendencia que indique que se va hacia ese lado
y que dirigentes políticos, estadistas y personas que respetamos desde todos
los partidos políticos y posiciones ideológicas, que son verdaderos
representantes de su pueblo, van en esa dirección. Entonces, si ellos van para
ese lado, nosotros podríamos estar equivocados.
Pero resulta,
como ya se ha dicho, que el presidente Mujica se manifestó a favor de una
prensa totalmente libre y sin presiones de ningún tipo, en una entrevista con
la revista Veja donde afirmó que la
mejor ley de prensa es la que no existe, y sostuvo que un presidente debe
soportar las críticas de la prensa porque si reacciona pierde dos veces porque
será atacado de nuevo. Agregó que cuando un gobernante se muestra más tolerante
con la diversidad ayuda a formar una prensa más respetuosa.
Por otra parte,
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, sigue la misma senda e hizo declaraciones
defendiendo la total e irrestricta libertad de prensa, y dijo que no hay que
hacer leyes en función de la libertad de prensa sino todo lo contrario. Esta
declaración está en consonancia con el rechazo de la mandataria de manera
terminante a que se lleve a cabo un control social de los medios de
comunicación de su país, tal como lo proponía su par, el ex presidente Inacio
Lula Da Silva, por lo cual incluso va en contra de su propio partido. Es la
actual presidenta de Brasil y tampoco quiere regulaciones en la materia porque
sabe lo peligrosas que son.
Entonces, yo me
pregunto hasta cuándo vamos a seguir mintiendo, hasta cuándo con caretas y
máscaras vamos a ocultar los verdaderos intereses. Es mejor ponerlos sobre la
mesa y en todo caso discutirlos como son, a ver si nos ponemos de acuerdo o no.
Si hoy
estuviéramos hablando de una política de Estado todos estaríamos contentos
porque habríamos cedido algo y ganado algo. Todos los partidos políticos
hubiéramos logrado ponernos de acuerdo en un proyecto común, que sería un
proyecto de los argentinos, un proyecto de la patria, republicano y
democrático.
¿Sabe qué, señora
presidenta? Hay una parte muy contenta y otra parte absolutamente descontenta y
muy enojada. Esto, de política de Estado no tiene absolutamente nada. Esta es
una política de un gobierno que define como Estado su propia facción política.
Eso me parece muy grave y definitivamente nos tiene que enojar y poner
absolutamente en contra del proyecto.
Por favor, si
vamos a hablar de política de Estado, hagámoslo en serio. Tenemos que discutir
los problemas de la educación en
Las políticas
sociales, que son compensatorias y necesarias, que hacen falta en cualquier
país en desarrollo, no pueden ser interminables y eternas. Hoy tenemos tercera
generación de argentinos que no trabajan y no saben lo que es el trabajo. ¿Eso
es una verdadera política social de promoción y desarrollo? No. Las políticas
sociales compensatorias deben ser temporales, deben promover a la gente, no
aquietar y matar su espíritu.
Tenemos muchas
cuestiones de política de Estado que discutir. Este no es un proyecto para una
política de Estado sino para la confiscación de una empresa, que pronto la
veremos plasmada en la realidad, y que a su vez atenta contra la libertad de
expresión y va a costar mucho después darlo vuelta.
Hoy es un día
triste para el Congreso de
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Tiene la palabra la señora diputada por
Sra. Bullrich.- Señora presidenta: hemos suscripto un dictamen de
minoría con el objeto de dar una mirada distinta al tema que estamos
discutiendo.
Antes de hablar del proyecto de ley
contenido en ese dictamen, quiero plantear el marco general del debate que
estamos dando el día de hoy. Se han hablado de control, hegemonía
comunicacional, voz única, relato oficial, cadena nacional, publicidad dirigida,
empresarios de dudoso origen –como Electroingeniería- que compran medios,
escraches, ataques a periodistas y discriminación a estos cuando participan de
conferencias de prensa; son señalados con el dedo porque se dice que trabajan
para medios encuadrados como enemigos del poder. También se ha hablado de
concursos de escupitajos, de inspecciones de
Creo que Moyano debe estar espantado
reflexionando sobre las palabras de Bertolt Brecht, porque ahora el régimen lo
ha mandado a Siberia como antes lo mandó a Duhalde cuando lo apoyó en la
elección.
La lógica consiste en quedarse sólo en
la cima del poder. Entonces, quien compite con el poder, queda afuera. Aquí y
en
¿Qué significa democracia delegativa?
Quienes son elegidos se sienten con el derecho de decidir sin nada que los
limite y absolutamente solos, como si fueran el único poder existente.
¿Cuál es el objeto de la democracia
delegativa? Controlar, subordinar y cooptar. Cuando una institución no les
gusta o estorba, directamente la anulan. Esta es la nueva forma como se
plantean los regímenes cuyas democracias están restringidas, casi achicadas,
como si hubieran pasado por un lavarropas y quedado absolutamente reducidas.
Este debate sobre Papel Prensa es un
hito más en la cadena de decisiones con las que desde hace tiempo se tiende a
controlar a la prensa. El gobierno cree que va a ganar esta batalla.
Seguramente van a aplaudir si hoy logran sancionar este proyecto con un
mecanismo que inauguraron el 10 de diciembre: el golpe de la mayoría.
La norma que estamos considerando,
como bien lo definió el señor diputado Aguad, en caso de ser sancionada irá
derecho a
Ese líder delegador, como suele decir
la señora presidenta para referirse a quienes escriben en letra de molde,
cuando no reproduce la voz oficial o decide ocupar, por ejemplo, la ruta a
Gualeguaychú u otras por el conflicto del campo –en realidad, no tendrían que haber
ido nunca ahí, sino que tendrían que haberse puesto mirando
El otro día
estaba pensando que vamos a extrañar “la escribanía”, porque ya estamos como en
un cuartel: disciplina militar y subordinación. Ya este Congreso ha dejado de
ser una escribanía para tener un mecanismo más brutal. Lo vamos a extrañar.
El objetivo es
claro: subordinar a los que no se encuadran.
Ciudadanos
argentinos y ciudadanos del mundo entero: una vez una argentina describió en
una imagen muy fuerte a
Esa libertad está
consagrada, como dijimos, en los artículos 13, 32, 43 y 13 de
Queríamos que
saliera en los diarios, que se dijese lo que pasaba para no tenerlo que leer
solamente en el Le Monde o en los
diarios de otros países. Queríamos leerlo acá. Queríamos que se dijera a gritos
lo que pasaba en
Además, vamos a
violar otro artículo de la Constitución: el 17. Vamos a expropiar de manera
encubierta una empresa, pero además lo vamos a hacer utilizando una figura
delictual. Licuar las acciones de una empresa para quedarse con ella, es un
delito.
Fíjense que
cuando discutamos los próximos proyectos de ley, vinculados con los delitos
bursátiles, vamos a darnos cuenta de que lo que hoy votamos en este proyecto de
ley constituye un delito.
Acá de manera
legal -entre comillas- queremos utilizar una figura delictual para quedarnos
con una empresa. Entonces, ¡vayan, entren y quédense con la empresa!
Tengan la
capacidad política que dicen tener para tomar las decisiones que quieren tomar.
Pero háganlo de frente. No con mentiras pseudolegales. Es muy claro: ¿qué hizo
el gobierno? Inventó un problema: la falta de papel. Sin duda que en su momento
existió, pero hoy ya no. ¿Por qué? Porque además de haber abastecimiento
nacional, hay arancel cero para la importación de papel. Sin embargo, se quiere
hacer subsistir el problema para continuar con esta lógica hegemónica, porque
al inventar un problema se invierte de manera directa el derecho constitucional
de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho de que la prensa controle
al poder político, pero ahora la prensa va a pasar a ser controlada. El mundo
del revés: de ser quien controla a ser controlada.
Quiero decir a
todos los medios del país, a los grandes, medianos y pequeños, que hoy están
mirando sonrientes, que si destruyen a ciertos diarios, no saben lo que les
espera. Se van a comenzar a asustar. Digo esto porque si el gobierno logra su
objetivo, después va a empezar a apretar más y más a todos los medios hasta que
no quede ni uno solo que ose a hablar o criticar la gestión.
Modelo Santa
Cruz. No vuela una mosca. Aquel que hable en contra no existe. Esto es lo que
le va a pasar. Modelo
Por eso, cuando
al poder se lo deja avanzar, avanza cada día más, y pide cada vez más pruebas
de sometimiento. Entonces, sin razones y de golpe los amigos pasan a ser
enemigos. Preguntémosle nuevamente a Moyano, que ha pasado a pertenecer al
campo del enemigo. Realmente, a pesar de haber sido adversaria pienso que no se
lo merece.
- Manifestaciones en las bancas.
Sra.
Bullrich.- No se lo merece, es una injusticia. Lo engordaron, le dieron
afiliados, le encuadraron trabajadores y ahora lo abandonan.
En este proyecto
oficialista hay tres ejes conceptuales muy equivocados. Uno de ellos es la
declaración de interés público. Si no podemos legislar sobre la libertad de
expresión, ¿cómo vamos a poder declararla de interés público? Declarar de
interés público significa que pasa al ámbito del derecho público, se subordina
a la administración pública, se pueden generar controles de precios,
obligatoriedad de otorgar prestación al
servicio de determinada gente. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió esto?
¿Quién es el “Tato” que inventó esta ley? ¿Estará en la provincia de Buenos
Aires?
Por eso entre los
bloque Unión por Todos y el PRO –también se lo ofrecimos a otros bancadas-
elaboramos un dictamen que nos parece que es bueno, inteligente y que soluciona
el problema. Si existe el problema, es porque lo han creado. Nuestro dictamen
plantea dos elementos básicos.
En primer lugar,
propone promover la expansión y la competencia en la fabricación,
comercialización y distribución de papel para diarios y revistas -porque acá se
han olvidado de las revistas: como no son el problema, ya ni las recuerdan‑
mediante la creación de un régimen de promoción.
¿Qué quiere decir
esto? Nosotros pensamos en algo que el año pasado aprobó este Congreso: el
régimen de promoción para la industria del software.
Dicho régimen establecía una serie de bonificaciones, de beneficios impositivos.
Era un régimen de diez años que permitía que todas las empresas que se abriesen
no pagasen el impuesto a las ganancias y tuviesen un bono fiscal por las
contribuciones patronales y una serie de beneficios. Si lo que se quiere es que
haya competencia, abramos la competencia para que exista pluralidad de empresas
en el mercado. Esta sería una buena solución.
Otra cuestión que
deseo señalar es que nuestro dictamen determina claramente ‑no así el
dictamen oficial‑ que la importación de papel para diarios va a estar
exenta de derechos de importación, quedando expresamente prohibido al Poder
Ejecutivo establecer cualquier restricción cualitativa o cuantitativa. Fíjense
cómo hemos pensado esto para encontrar una salida que nosotros consideramos
interesante.
Con respecto a la
importación, garantiza que nadie pueda abrir o cerrar la compuerta. Le sacamos
la apertura y el cierre de la compuerta a Moreno ‑a Moreno o a quien
pueda venir, porque tampoco vamos a poner todo el rigor de la crítica a él;
evidentemente Moreno responde a una política; si no, no estaría ahí tantos
años.
En segundo lugar,
genera un régimen, como aquí ya se ha pensado. Cuando uno quiere que florezcan
mil flores, que haya muchas empresas, que haya competencia, además de usar
alguna vez en la vida el Tribunal de Defensa de
La señora
diputada Stolbizer dice que se abrieron Papelera Quilmes y Papelera Tucumán y
no funcionaron, pero demos la oportunidad a otros empresarios para que lo
puedan hacer.
Señora
presidenta: como dijo Gabriela Michetti, hoy es un día triste. Quiero solicitar que hoy hagamos todos juntos una
declaración porque éste es un día terrible: ha aparecido el cadáver del ex
senador Vargas Aignasse, cuyo hijo fue compañero nuestro. Pienso que esta
Cámara debe hacer una declaración por él, que hoy podrá enterrarlo, y por su
padre, así como por todas las demás personas que han aparecido en esa fosa
común que se ha descubierto.
Hoy, cuando podemos comenzar a vivir
en libertad, que es muy importante ‑los que la perdimos entendemos el
valor que tiene‑, estamos dando un paso atrás, y dar un paso atrás en la
libertad de expresión es quizás lo más peligroso que le puede suceder a una
democracia.
Por eso les pido una reflexión antes
de votar este proyecto. No hay una venganza contra un medio: hay un retroceso
en un derecho conseguido por todos los argentinos el 10 de diciembre de 1983.
No demos un paso atrás. (Aplausos.)
- 2 -
Sr. Gil
Lavedra.- Pido la palabra para hacer una aclaración.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sr. Gil
Lavedra.- Señora presidenta:
quería aclarar que he convenido con el titular de la bancada oficialista que él
va a proponer el homenaje que
corresponda respecto del descubrimiento de los restos del ex senador Vargas
Aignasse y padre de quien fuera nuestro colega. Quiero dejar en claro que esto
ya fue acordado y que va a ser el partido oficialista el que lo va a proponer. (Aplausos.)
- 3 -
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Comi.- Señora
presidenta: en nuestra intervención vamos a fundamentar el voto negativo de
También vamos a
hablar de la realidad de los medios de comunicación hoy, dos años después de la
sanción de la ley de medios, porque pareciera que estamos en el medio de una
revolución del acceso a la palabra, y vamos a tratar de dejar en claro si esto
es tan así o no.
Además vamos a referirnos a la historia de Papel Prensa,
sin esquivar el bulto de lo que pasó en
Vamos a hacer un
planteo en favor del medioambiente, porque curiosamente cuando todos planteamos
en el Congreso la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo sustentable,
estamos alentando la apertura de más papeleras, más contaminación y barrer más
bosques de
Y por último,
vamos a hacer un llamado muy enfático a defender lo más sagrado que tiene el
pueblo argentino, que es su Constitución. Vale la pena recordar que todos los
que estamos aquí juramos defender la vigencia de esa Constitución, por su
letra, por su espíritu, por la vigencia de los pactos internacionales, que
forman parte de esta Constitución.
Debemos decir que
la Constitución del 53 es hija de la historia de este país y se cuidó muy bien
pensando en cicatrizar las heridas que tanta sangre había costado a los
argentinos. Se cuidó en poner en sus artículos más importantes una defensa
irrestricta de la libertad de prensa y de evitar por todos los medios que los
gobiernos pudieran afectarla a través de maniobras, del control y la censura
previa.
Uno podría decir
que esa Constitución del 53 tiene muchos años, pero hubo muchas reformas y
algunos de los que están aquí tuvieron el honor de estar presentes en la
última. Y nada se modificó sobre este tema. La letra y el espíritu de
“
El artículo 13 establece
que no se puede restringir el derecho a la expresión por vías o medios
indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre el
papel para periódicos. Esto es lo que estamos discutiendo hoy y está en la
letra de nuestra Constitución. Entonces no es una cuestión de análisis, de
prismas, de cómo nos paramos o cómo sea paran los arquitectos o los ingenieros.
Lamento que no esté presente el presidente del bloque oficialista, porque me
gustaría señalarle que
Entonces, este es
el principal elemento que nosotros queremos traer a la discusión, y no por
repetido debemos relativizarlo.
Decía que también
es necesario hablar de la historia de esta empresa para poder discutir qué
podemos hacer los diputados en el presente.
Como decíamos en
la comisión, el nacimiento de Papel Prensa y su actual conformación tienen
origen en las ciénagas de la dictadura; eso lo decimos claramente. Pero también
decimos que no es este cuerpo el que tiene la facultad de decidir si se trata
de delitos de lesa humanidad que puedan juzgarse. Para ello están actuando los
magistrados de nuestro país, y deberemos esperar a que ellos manifiesten si
realmente pueden juzgarse esos hechos y si fue afectada la autonomía de la
voluntad de quienes vendieron por parte de quienes compraron, tal como fue
dicho –y seguramente será reiterado‑ por uno de los miembros informantes
del oficialismo.
Todos estos
hechos serán determinados por los tribunales de primera y segunda instancia y,
eventualmente, por
Como también
decíamos en la comisión, la historia de Papel Prensa es la historia de la connivencia con el poder
político de turno; no con todos, es cierto, pero con muchos de quienes durante
estos treinta años de democracia han pasado por el poder político.
Sabemos que esto
existió hasta hace muy poco, y aunque moleste, también sabemos que hay hechos
absolutamente claros. Me refiero, por ejemplo, a una ley que sancionó este
Congreso y que nuestro bloque tiene el orgullo de decir que no apoyó. Se trata
de la ley de protección de bienes culturales, impulsada por el oficialismo de
turno y votada incluso por quien hoy ejerce la máxima magistratura de
Otro ejemplo que
podemos mencionar es el de la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que fue
bien traído a colación por otros señores diputados.
En esta cruzada
que uno puede alentar contra algunas corporaciones podemos preguntarnos por qué
en otros casos no se avanza con la misma claridad. Tal es el caso de las
corporaciones telefónicas, que son infinitamente más importantes y que lo van a
ser aún más en la vida de los argentinos en los próximos veinte o treinta años.
Sin embargo, no hemos hecho absolutamente nada al respecto desde el Congreso ni
desde el Poder Ejecutivo. Por el contrario, estas operaciones fueron aprobadas.
También es
absolutamente real que quienes han ejercido abuso de posición dominante, es
decir, los dueños de la empresa Papel Prensa, han hecho muchas de las cosas que
la señora diputada Di Tullio, miembro informante del oficialismo, manifestó en
su intervención. Es cierto que le han negado el papel a otras y es cierto que
ello ha sido denunciado.
En este sentido,
quiero rendir un pequeño homenaje –porque está atravesando un problema de
salud- al periodista Jorge Lanata, quien durante años denunció esta situación,
cuando era una voz que taladraba la nefasta década menemista. Sin embargo,
nadie le prestó atención, aunque muchos eran actores políticos importantes en
ese momento. Hoy, ese mismo periodista, por pensar distinto, es agredido hasta
físicamente.
Entonces, toda
nuestra solidaridad para un maestro del periodismo argentino como Jorge Lanata,
quien muchas veces en soledad dijo estas mismas cosas.
También les damos
la razón a quienes dicen que esos hechos ocurrían, pero ahora queremos entrar
en el análisis de cuál es realmente el objeto del proyecto.
Hoy esos motivos
ya no existen; hoy los diarios de
Sin duda, esa es
una medida concreta. Otra sería, como bien se dijo acá, el arancel cero para
las importaciones de papel. Esta es una medida saludable que se tomó en su
momento, la cual provocó que el papel importado sea hoy más barato que el que
produce Papel Prensa.
Entonces, ¿qué se
busca con este proyecto de ley? ¿Por qué asistimos a la discusión de este
proyecto que es detallista, farragoso, que contiene fórmulas matemáticas y que
incluye todo tipo de expresiones, si no hay problemas? Además, creo que todos
compartimos que en esta sociedad de las comunicaciones y frente a esta
revolución digital, en el mundo que van a vivir nuestros hijos este problema va
a ser cada día menor. Digo esto porque cada vez se leen menos diarios, ya que
la información nos llega a través de las computadoras portátiles, de los
teléfonos, de los portales de Internet y de todas aquellas herramientas que va
generando esta revolución imparable que se registra en el área de las
comunicaciones.
Por lo tanto, tal
como han señalado muchos de los señores diputados preopinantes –en disidencia
con lo manifestado por la señora diputada Di Tulio‑, el objeto de esta
norma no radica en el acceso en igualdad de condiciones al papel, sino en
avanzar sobre un grupo que en este momento político el gobierno ha tomado como
disidente u opositor; pónganle el adjetivo que quieran.
También quisiera
traer a colación –si me permiten voy a ser un poco más detallista‑ que en
el derecho positivo argentino existen otras herramientas que son muy eficaces y
que bien podrían haber sido el motivo de este mensaje del Poder Ejecutivo y no el texto que hoy estamos discutiendo. Me
refiero a la vigencia de la ley 25.156, de defensa de la competencia, porque
sus artículos pareciera que fueron redactados teniendo en cuenta la historia de
Papel Prensa. Así, en su artículo 1º establece: “Están prohibidos y serán
sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o
conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que
constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general…”.
Respecto de las
conductas penadas, el artículo 2º indica: “a) Fijar, concertar o manipular en
forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al
que se ofrecen o demanden en el mercado, así como intercambiar información con
el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o
comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un
número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de
aprovisionamiento...”
Más adelante, en
el Capítulo II, al definir la posición dominante, señala: “A los efectos de
esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando
para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o
demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o,
cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando
por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de
determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado,
en perjuicio de éstos.”
Me pregunto qué
debiera hacer el Ejecutivo si realmente quiere avanzar, no sólo sobre este caso
sino también sobre aquellos que supongo que le deben preocupar, que, como
decíamos antes, se relacionan con determinadas fusiones empresariales que
afectan diariamente la vida del argentino. Vuelvo a referirme a las
telefónicas.
La ley establecía
crear el Tribunal Nacional de Defensa de
Los miembros del
tribunal serán designados por el PEN previo concurso público de antecedentes y
oposición, con un jurado integrado por el procurador del Tesoro, el secretario
de Industria, Comercio y Minería, los presidentes de las comisiones de Comercio
de ambas Cámaras, el presidente de
Estos son los
funcionarios que deberían aplicar la ley, que además tendrían independencia del
poder político, y que debieran sancionar con toda dureza las conductas que
estamos juzgando hoy acá y que existieron en el pasado, porque además tienen
con qué.
“El Tribunal… ,
por ejemplo –artículo 35 y no quiero abusar porque todos lo conocemos y lo
podemos consultar‑, …en cualquier estado del procedimiento podrá imponer
el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención
de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de
competencia podrá ordenar las medidas que según las circunstancias fueren más
aptas para prevenir dicha lesión.
Después habla de
las formas de ir contra esa resolución y dice: sin perjuicio de otras sanciones
que pudieran corresponder en el capítulo VII, “cuando se verifiquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha
adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de
las disposiciones de esta ley, el Tribunal podrá imponer el cumplimiento de
condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la
competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean
disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;”
Se trata de
derecho vigente. Si nos interesa la
defensa de la competencia lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es constituir
este tribunal y después darle la autonomía, la facultad y la autarquía para que
actúe en defensa de la competencia que nuestro derecho recepta.
Entonces, cuesta
entender ‑o se entiende solamente desde la necesidad de disciplinar a
grupos que hoy no forman parte de la opinión política, del modelo o como quiera
llamarse este proceso político que vivimos‑ la presentación de otros
argumentos.
Esto es
presentado también, como decía al principio, como un capítulo más de esta
batalla por los medios de comunicación y por el acceso a la palabra.
En verdad, el
relato oficial –y utilizo la palabra relato que no quiero que sea despectiva,
porque el relato puede ser también heroico, mítico, épico y rigurosamente
histórico‑ nos habla que se está llevando adelante una democratización de
la comunicación, una pluralidad de la opinión que avanza en los medios
independientes.
La verdad es que
al menos en mi provincia, Santa Fe, y por lo que uno ve en
¿Cuántos
ejemplares hace en Buenos Aires por día el diario que se reparte en la puerta
de los subtes, en los supermercados y demás? Y los invito a que mañana, cuando
se los den, u hoy, cuando salgan de aquí, vean la cantidad de publicidad que
tienen.
Yo me tomé el
trabajo de hacerlo y la verdad es que deben ser cientos de miles de ejemplares
por día que se hacen, y la verdad que nos debe estar costando mucho dinero.
Esos recursos se deben obtener de algún lado, salvo que se trate del trabajo de
empresarios que destinan parte de su riqueza y ahorro a alabar las políticas
que se están generando.
Así han aparecido
algunos multimedios que nuclean a varias revistas. Por ejemplo, el diario que
mencioné, Miradas al Sur o Tiempo Argentino. Esto es fenomenal y
sólo puede compararse con el CEO Raúl Moneta en los años de Menem. Ha habido un
crecimiento fenomenal de canales, de radios y de todo tipo de medios –incorporo
a los digitales‑, lo que nos
hace preguntar de dónde sale la plata y esto nos lleva a la peor de las
respuestas.
Todos aquí sabemos que esto es parte
de una disputa política fenomenal, vinculada con la gestión del proceso
político. También resulta claro que es ilegal, inconstitucional y está en contra
del juramento que cada uno de nosotros hizo por
Como he demostrado en esta alocución,
hay muchas otras formas para obtener garantías efectivas que las que propone
esta ley “berreta”. Pongamos en marcha el Tribunal de Defensa de
Prácticamente está casi todo
mencionado. Cuando el bloque oficialista dice –y lo invito a la reflexión‑
que es saludable que la producción permita cubrir todas las necesidades de
papel del país, me parece que no toma en cuenta que el papel contamina, afecta
nuestros bosques, genera monocultivo y termina con nuestra fauna. Ese es un
resultado que podríamos evitar, sobre todo si se puede importar y se tienen las
herramientas para garantizar a los dueños de los diarios el mismo precio.
Como se dijo antes, estoy de acuerdo
con que defendamos las fuentes de trabajo de las empresas que ya están, pero no
deberían ser empresas a las que se deba alentar: no encuentro razonable que un
gobierno se jacte de querer abrir más papeleras. Recuérdense, incluso, las
peleas que hemos tenido con naciones hermanas por la misma temática y en
defensa del medio ambiente.
Este no será un buen día para el
gobierno. Tampoco lo será para la vigencia de la Constitución en nuestro país.
Por esta iniciativa se sancionará una norma que va a violentar la letra y el
espíritu de la Constitución, pero luego vendrán otras votaciones, con las que
este cuerpo seguramente va a aprobar tipos penales abiertos, que van en contra
de lo mejor de la historia del derecho penal liberal –no me refiero a liberal
en el sentido económico, sino jurídico‑ argentino.
Se van a tirar por la borda 120 años
de tradición con tipos penales que se parecen demasiado a los que la dictadura
utilizó para encarcelar y matar a las personas en este país. No digo que este
sea el objetivo, pero esto es lo que se va a hacer hoy. El
derecho penal es cerrado. El derecho penal garantista debe decir cuáles son los
delitos. En este combo de fin de año que es el mensaje del Poder Ejecutivo se
va a hacer exactamente lo contrario. Entonces, no es un día para ponerse
contentos y celebrar esta producción legislativa.
Para terminar,
quiero traer a modo de homenaje las palabras de un hombre enorme, que pronunció
cuando cerró su intervención en
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Raimundi.- Señor presidente: he escuchado las intervenciones de algunos de
los diputados preopinantes que dicen que esta es una ley abstracta. No hay que
confundir lo abstracto con lo conceptual. Por eso una parte de mi intervención,
que voy a compartir con los miembros de Nuevo Encuentro, los diputados Junio y
Harispe, va a ser para referirme a lo conceptual.
Tengo diferencias
centrales con las últimas intervenciones. Desde el bloque de Nuevo Encuentro
venimos a defender esta regulación precisamente en nombre de la libertad.
No me voy a
extender sobre la mancha de origen que tiene la empresa monopólica, porque un
pacto que canjea un negocio por silencio, sobre todo cuando el silencio está
referido a atrocidades éticas y atrocidades económicas de una dictadura, es una
mancha de origen que tiene muy poco que ver con la libertad. El concepto de
monopolio es antagónico al de libertad.
Otra cuestión es
querer plantear que se pasa de un monopolio privado a uno estatal. Ahí hay otro
error muy importante al tratar de asimilar dos categorías –el Estado y una
empresa- en el mismo nivel de legitimidad y en la misma categorización
económica. De ahí parte la base del error.
Quiero decir dos
palabras sobre dos cuestiones fundamentales, que es la relación entre la
libertad de ejercer una industria, la empresa de comunicación, y el derecho a
ser informados. El sujeto que se arroga la propiedad de esa libertad es una
empresa, y el sujeto del derecho a la información es el pueblo. Cuando esa
libertad de empresa es ejercida por uno solo, el derecho a la información se
restringe. En la medida en que el ejercicio de esa libertad de empresa se
distribuye, el derecho se fortalece. Por lo tanto, la concentración es lo que
conculca la libertad, y la regulación, en este caso del Estado democrático, es
la que libera.
La otra relación
a la que me quiero referir brevemente es la que existe entre tres factores
centrales de la política: el poder económico, el Estado y el pueblo. Me van a
decir que el pueblo somos todos. Es una muletilla que además tiene su parte de
verdad; es decir, el pueblo somos tanto los que pensamos A como los que piensan
B. El problema es que los pueblos tienen que elegir una autoridad pública para
que organice esa convivencia, y en las elecciones hay más de los que piensan
una cosa y menos de los que piensan otra.
Esto no es
soberbia sino legitimidad; no es un detalle. La legitimidad tiñe de cierta
tonalidad las acciones del Estado; éste no será igual si fue elegido por
quienes creen más en una cosa, que si fue elegido por los que creen más en
otra.
A mi entender, el
problema histórico que hemos tenido en
En este punto
surge mi gran diferencia con quienes plantean el temor de que las grandes
cadenas de medios corran el peligro de caer bajo las garras del Estado. Para
mí, es exactamente al revés. El desafío es que la política se autonomice de la
presión y cooptación históricas que ejerció el poder económico a través de la
manipulación de los mensajes enviados por las cadenas de medios que le son afines.
El Estado es el
protagonista de este proyecto; es en sus manos donde debe estar la regulación
de este servicio público. Este es un territorio todavía no disputado entre el
poder económico y la legitimidad popular.
Si se me permite,
citaré un ejemplo concreto. Luego de mucho trabajo, de celebrar gran cantidad
de asambleas y foros sociales, y de debatir públicamente el tema, con una
mayoría parlamentaria abrumadora logramos sancionar una ley cuyos puntos
neurálgicos todavía no pudieron ser aplicados por la capacidad de influencia
que el poder económico tuvo sobre algunos sectores de
Tanto el 15 de
abril como el 28 de septiembre del año pasado, costó muchísimo juntar a varias
decenas de miles de personas en las puertas de Tribunales. Resulta que mientras
nos costaba tanto esfuerzo realizar esa marcha, el jefe de la corporación
mediática más grande de
En suma, lo que
está en discusión es el desequilibrio existente entre el poder económico y la
legitimidad popular en términos de la capacidad de influencia que ese poder
tiene. Por eso creo que es el Estado quien libera, lejos de oprimir, siempre y
cuando exprese una vocación democrática y pluralista.
Veremos si el
momento en que estamos viviendo trata justamente de eso; es decir, si a través
de
¿Dónde está el
poder de concentración estatal si está ocurriendo todo esto? El Estado, en
lugar de ejercer el poder en términos de dominio tal como lo hace una empresa
privada a favor de sus intereses, está ejerciendo un poder de transferencia y
representación, es decir, abriendo el espacio para que la sociedad –que es la
que le da legitimidad al sistema- se pueda expresar pluralmente. De ese Estado
hablamos: de un Estado que garantice que se diga lo que se quiera, como tal vez
no se haya dicho nunca desde que yo tengo memoria.
Seguramente estos
debates van a continuar y los vamos a profundizar. Sin embargo, quiero
desmitificar algunas cosas, desacralizarlas. Por ejemplo, la manipulación de la
publicidad estatal u oficial. Si se asocia la capacidad de influir en el
mensaje a partir de quien ejerce la pauta publicitaria, la masa total de
publicidad oficial en este país es menor al 3 por ciento del total de la masa
publicitaria. Es decir que los sectores privados dominan el 97 por ciento de la
masa total. O sea que si fuéramos lineales en el razonamiento, tendrían una
capacidad de influir en el mensaje infinitamente superior a la pauta oficial.
Debo decir otra
cosa: la publicidad privada también se paga con los dineros de todos los
argentinos, con la diferencia de que hay sectores estatales que reciben el
dinero de todos, pero dentro de esos todos hay muchos más que piensan de una
manera que los que piensan de otra. Por lo tanto, le dan cierta tonalidad.
Por ejemplo, no
me escandalizo cuando veo publicidad de obras de gobierno. Anoche me quedé
pensando que hay muchos que no se escandalizan, porque hubo diputados que
hablaron de un presupuesto mentiroso, pero no pueden ir a decir en sus
provincias que votaron en contra, cuando existen obras reales que se hacen con
ese presupuesto que ellos calificaron de mentiroso.
No le tengo miedo
a la publicidad de las obras públicas, porque hace dos décadas se comenzó a
rifar el patrimonio social del país con un aparato montado de publicidad que
convenció a la sociedad de que el Estado no servía, para poder dar consenso a
esa rifa que se hizo del patrimonio público.
Por lo tanto,
cuando hay publicidad de escuelas, de cloacas, de rutas y de infraestructura no
me escandalizo en absoluto. Todo lo contrario, lo aplaudo, porque logramos que
la sociedad vuelva a querer al Estado que es el que la debe representar
democráticamente.
¿De dónde viene
el terror de los que se oponen a esto? ¿De dónde viene la polémica? ¿De dónde
viene la conflictividad? Viene de dos cosas. En primer lugar, porque se cortan
negocios enormes. Además, hay algo que les preocupa tanto como el tema de los
negocios: el hecho de perder la exclusividad que han tenido históricamente para
construir mensajes.
Crearon climas en
la sociedad para que ésta los aceptara, a veces con más rebeldía y otras con
menos, ajustes históricos, endeudamientos, devaluaciones, etcétera, medidas que
la gente no votó. Lo que ocurre es que los Estados cooptados por ese poder
económico deshonraron el mandato que tenían de la gente.
Es necesario un
Estado fiel que honre con autonomía política los intereses del pueblo que lo
votó. Cuando digo que están perdiendo esa parte central de construir el
mensaje, pongo dos ejemplos que vienen a mi mente, que definen toda una
estrategia que consiste en que los grupos que manejan esta empresa monopólica
se coloquen sistemáticamente en el lugar del que ejerce la contraparte de los
intereses de
Por caso, se dijo
que había un escándalo en
Otro ejemplo es
cuando se dice que hay preocupación en Brasil o en cualquier otro lugar porque
se extienden las licencias no automáticas de importación. Es decir que al
momento de anunciar se colocan en el lugar del otro a fin de crear el clima
público de deslegitimar una medida estatal, cuando en realidad lo que tendrían
que decir es que después de décadas
Entonces, lo que
hoy está en discusión es la manera en que se construye ese mensaje, y la
pérdida del monopolio no es solamente por el negocio sino también por esa
capacidad monopólica que históricamente tuvieron en la batalla cultural.
Por lo tanto,
desde este bloque creemos que distribuir
la capacidad de construir el mensaje, lejos de oprimir o conculcar un derecho o
una libertad, va a garantizar mejor que nunca la libertad de expresión y el
derecho a la información por parte de nuestro pueblo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Domínguez).- Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Junio.- Señor
presidente: al igual que mi compañero de bloque, quiero referirme sobre todo a
algunas cuestiones de carácter ideológico que han surgido en esta discusión y
que ya habían aparecido antes de ayer en la reunión conjunta.
Sin embargo, lo
quiero hacer precisamente desde mis definiciones ideológicas y no desde la
objetividad a la que hacía referencia el doctor Alfonsín, ya que no creo que
exista objetividad ni en la historia ni en la política. Lo que existe es,
justamente, ideología. En todo caso, lo que hay que tener es honestidad
intelectual en la selección de los acontecimientos, de los datos y de los
hechos, aunque eso mismo también tiene que ver con las definiciones ideológicas
de cada uno.
La otra cuestión
que aquí se plantea es que hay una gran premura en este debate y que ella, de
algún modo, lo inhabilita. Así fue expresado por algunos colegas. Francamente,
creo que hay premura en este debate porque no es que comenzó hace dos o tres
días o desde que triunfó esta presidenta recientemente. Es un debate postergado
desde hace treinta y cinco años, es un tema de extrema gravedad ya que hay una
empresa monopólica que durante más de
tres décadas controla un insumo crítico, que es la producción y distribución
del papel. Por lo tanto, es un debate impostergable y creo -al contrario de lo
que piensan otros- que estamos hoy ante un gran día de la democracia.
Por otra parte,
este es un debate histórico, no ahistórico. Algunos olvidan que este es un tema
que se inició hace treinta y cinco años. No voy a hacer todo el relato, pero,
efectivamente, pasaron más de tres décadas en las que hubo silencio, se calló,
primaba lo oculto o lo vedado, hasta que hace quince meses la presidenta de
Confío en
Por lo tanto, la
cuestión está en sede judicial. Confío en que
La cuestión
central a la que me quiero referir ‑mencionada también por el señor
diputado Raimundi‑ radica en el Estado y los monopolios. Creo que este es
un debate que hay que sincerar, porque es el debate ideológico central.
Durante treinta y
cinco años el papel fue manejado aquí por un grupo monopólico. En nuestro país
y en la mayoría de los países periféricos los monopolios son, como consecuencia
del triunfo del neoliberalismo, problemas estructurales de nuestras economías.
Efectivamente, nuestras economías tienen un altísimo nivel de concentración
monopólica y de extranjerización, de forma tal que ese es un problema
estructural de dichas economías. Pero aquí hay un agravante, porque no se trata
de una fábrica de zapatillas monopolizada sino de la fábrica de papel, que
tiene que ver con la administración, la difusión de ideas y cultura y la
fijación de la agenda política, económica y cultural de nuestro país. De manera
que ésta es, a mi juicio, la cuestión central del debate.
Aquí hay algunos
bloques y colegas que se horrorizan por la hipótesis que surge de los dos
últimos artículos. Esto se ha planteado en las reuniones de comisión y hoy
nuevamente. Es como el aire y el sol: el monopolio privado es algo natural que
debe existir, pero en cambio es un pecado mortal si existe presencia estatal en
cuestiones críticas de la economía nacional.
Para hacer franco
el debate, como requería la señora diputada Michetti ‑yo también creo que
hay que sincerarse y decir la verdad‑, nosotros somos partidarios de la
declaración de interés público de la fabricación de papel pero no sólo para
este rubro sino como una cuestión central que hay que renovar.
En
Los resultados en
el mundo entero, incluso en los países centrales, están a la vista: un desastre
para los pueblos. Por lo tanto, está bien que en este rubro y en muchos otros
se avance en este sentido.
Quiero recordar
que los grandes problemas de nuestra democracia, las grandes debacles
institucionales, no fueron generados por el Estado, salvo cuando fue usurpado
por dictaduras fascistas. Las grandes debacles de nuestra democracia se dieron,
precisamente, por obra de las grandes corporaciones, a las que hacía mención el
otro día la presidenta, diciendo que no iba a ceder. No se refería a otra cosa
que a los grandes monopolios.
Los grandes
monopolios estuvieron atrás del golpe del 30, del 55, del golpe de mercado al
doctor Alfonsín y también del golpe al doctor Illia. Siempre fueron los grandes
monopolios, no los gobiernos legítimos y democráticos.
Por lo tanto, el
peligro pasa por allí y no por acá, por el interés público que representa el
gobierno legítimo y democrático. Ese es el centro del debate: la democracia que
emerge del voto popular o las empresas monopólicas.
Aquí esta empresa
monopólica hizo lo que estaba en su naturaleza, como siempre; no es ninguna novedad ni tiene que ver con alguna
cuestión moderna. Producción por debajo de su capacidad, precios por debajo del
costo para los grupos dueños del control de la empresa. En cambio, establecimiento
de precios de mercado para los medios chicos y medianos, muchísimos del
interior del país, aunque también medios nacionales ‑como relató la
diputada Di Tullio en la reunión de comisión de antes de ayer y hoy‑,
muchos de los cuales vienen hoy aquí a manifestar su apoyo a esta iniciativa.
Lo que hizo el
monopolio privado es lo lógico y habitual. Una vez más estamos frente al nudo
gordiano, que es terminar con la acción de los monopolios y muy particularmente
cuando tienen que ver con las ideas y la cultura, y con la maceración de la
opinión pública, como hacen actualmente.
Ese es el tema central. Nosotros creemos que ese es el
camino a transitar. Esa es nuestra ideología. Efectivamente, en el caso de
nuestra iniciativa parlamentaria sobre los servicios financieros, blanqueamos
la misma ideología y la misma concepción, que es considerarla un servicio
público, teniendo en cuenta que es una cuestión vital para la sociedad. Por lo
tanto, tiene que ser considerada un servicio público y no un negocio de los
banqueros, ya que como consecuencia de su propio objeto social el negocio de
los banqueros tiene como fin la maximización de la ganancia y no el interés
público. Lo que aquí venimos a reivindicar es, precisamente, la dimensión
filosófica y política del interés público.
Quiero terminar
con una aclaración. Aquí se ha hablado del tema de la exportación y de los
aranceles cero, otra cuestión que se considera un demérito y que, francamente,
creo que es un mérito, ya que en los artículos 41 y 42 se habla, efectivamente,
del papel del Estado en materia de acrecentamiento accionario. Pero hay que
aclarar que surge la necesidad de abastecimiento de papel al mercado interno a
partir de las inversiones necesarias para aumentar la producción en función de
cubrir el déficit de 70.000 toneladas anuales, que ahora deben importarse.
Efectivamente, el
tema de la sustitución de importaciones es una política de Estado actual que
nosotros apoyamos porque tiene que ver mucho con la producción argentina y con
el trabajo argentino. De forma tal que si se importan setenta mil toneladas
anuales, es un mérito de la ley propender a sustituir esas importaciones por
producción nacional.
Se ha planteado
varias veces, como una fatalidad, que es un hecho que la empresa va a ser
estatizada, que esa es la pura verdad y que debemos terminar con las mentiras.
No es tan sencillo que eso ocurra, porque estamos frente a grupos poderosos
que, como todos sabemos, son los dueños de los grandes diarios nacionales, de los
grandes diarios provinciales, de más de doscientos canales de televisión, de
canales de aire, de empresas proveedoras de Internet y de muchas radios.
Además, estos
grupos tienen como socio a Goldman Sach que, como sabemos -porque ha
trascendido en los últimos días-, es una de las corporaciones financieras más
grandes de
Para finalizar,
haré mías unas palabras muy valiosas que nuestro jefe de bloque, el señor
diputado Sabbatella, dijo hoy al diario Tiempo Argentino: “No tenemos
miedo a que nos silencien, a las amenazas de invisibilización. No entendemos
nuestra acción política o institucional como una dinámica de intercambio en la
que trocamos convicciones por conveniencias, en las que canjeamos porciones de
democracia por centímetros en las páginas de un medio gráfico o minutos de
radio y televisión”. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, quien
dispone de nueve minutos de los cuarenta asignados al bloque.
Sr. Harispe.- Señor
presidente: esta es la primera vez que voy a intervenir en esta Honorable
Cámara y espero hacerlo en defensa de los intereses de quienes nos han votado y
a quienes intentamos representar. No es la primera vez que voy a hablar en
público, aunque anteriormente lo hice en asambleas gremiales o del movimiento
social al que yo represento.
En general hablo
desde el lugar que represento, intentando comprender e interpretar a aquellos
con quienes me estoy comunicando. A efectos de identificar ante quienes nos
estamos comunicando, voy a dar lectura a un artículo aparecido en la tapa del
diario Clarín del día de hoy, titulado “El gobierno quiere sacar sin
debate la ley para controlar el papel de diario”. En dicho artículo se plantea
que se pretende controlar el abastecimiento de papel de diario y que ese es uno
de los principales objetivos que se trazó el gobierno en esta nueva etapa.
En este esfuerzo
por interpretar al grupo de personas al cual me dirijo, en un principio comencé
a anotar conceptos vertidos en diferentes intervenciones de legisladores, pero
finalmente dejé de hacerlo porque advertí que muchos de los contenidos de las
intervenciones de diputados de la oposición podían simplificarse en el artículo
periodístico al que he aludido, que constituye el planteo troncal que efectúa
el diario más importante de
Reitero el título
de dicho artículo: “El gobierno quiere sacar sin debate la ley para controlar
el papel de diario”. En ese sentido, aquí se ha escuchado decir que no hay
debate, y sin embargo, hace varias horas que estamos debatiendo e incluso ha
habido audiencias públicas, tratándose de un debate que no solo se ha planteado
aquí sino en toda la sociedad.
Este es un
pueblo en el que el 54 por ciento de los votos emitidos en la última elección
optó por el Frente para
Reitero que
este debate no se está dando sólo en este ámbito, porque también forma parte de
las discusiones que se dan en el conjunto de la sociedad.
Pareciera que
algunos no han advertido que a través de este proyecto de ley se contempla la
puesta en marcha de una comisión federal asesora y de un registro nacional de
fabricantes. Pareciera que algunos no se han dado cuenta de que lo que está en
discusión es la existencia de un precio único. Es probable que la oposición
tenga una opinión contraria a la vigencia de un precio único en la
comercialización de papel en
Por lo tanto,
reitero que no sólo el 54 por ciento de la población representada en este
recinto, sino también quienes actúan en las organizaciones populares,
consideran que debemos alcanzar una producción democrática y que de ser
necesario, el Estado se haga cargo de la producción.
Por eso
pregunto si lo que está en discusión es la declaración de interés público de la
producción, comercialización y distribución del principal insumo que se utiliza
en la impresión de diarios y revistas. ¿Acaso la oposición considera que existe
libertad de expresión cuando un monopolio puede definir los precios del
mercado?
Tengamos en
cuenta que cuando los diarios del interior de menor circulación no tienen
acceso a la producción de Papel Prensa, deben recurrir a la importación u otra
forma de producción y requieren al Estado que se haga cargo de la situación.
Pareciera
entonces, vuelvo a decirlo, que para la oposición los medios pequeños, los que
no están concentrados, no existen en la propuesta de libertad de expresión y de
derecho a la información.
Yo suscribo
lo que planteaba recién el compañero Raimundi. En verdad lo tenía agendado como
una de las cosas que iba a mencionar, porque ayer era muy notorio que mientras
la oposición votaba en general el presupuesto en forma negativa, se votaba en
particular la obra pública de la propia provincia.
¿Qué quiere
decir esto? Me lo pregunté ayer todo el
día y vuelvo a hacerlo hoy. Quiere decir
que está claro que en las provincias, la sociedad que sostiene y que ha votado…
Sr. Presidente (Domínguez).-
Sr. Harispe.-
Concluyo, señor presidente.
Entiendo que
lo que está en discusión es el rol de las representaciones en
Creo que se
están perdiendo la oportunidad de representar los intereses de los sectores por
los cuales ellos están hoy aquí. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la señora
diputada por
Sra. Argumedo.-
Señor presidente: queremos adelantar que nuestro bloque se va a abstener en la
votación del dictamen de mayoría en la medida en que acordamos con algunos
aspectos de ese dictamen, por ejemplo, la declaración de interés público, el
precio igualitario e incluso reconocemos el aporte que significa y que no
habíamos tenido en consideración, como es la protección del medio ambiente.
No obstante,
nosotros estamos apoyando la propuesta de llevar adelante un proceso real de
democratización de las comunicaciones y de la información, no solamente en este
campo, como señalamos varias veces, porque también pretendemos una
democratización en el campo de la pauta publicitaria oficial, en el acceso
igualitario y democrático a los medios públicos de comunicación, la
democratización de las autopistas teleinformáticas que están actualmente bajo
sistemas monopólicos a pesar de la importancia estratégica que tienen, por el
carácter de las telecomunicaciones y de la información.
Consideramos
que el artículo 10 del proyecto oficial otorga un excesivo poder al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, y al dictar una serie de normas y
disposiciones complementarias, junto a las cláusulas transitorias del artículo
40, nos parece que determinan una ley que comienza a estar hecha a la medida de
los guantes de box del secretario de Comercio.
Nos parece
que ese secretario de Comercio no tiene una especial vocación por dar una
información correcta. Hace un tiempo me
encontré con un sociólogo que había sido alumno mío de la facultad y le
pregunté qué estaba haciendo. Me
respondió que se dedicaba a bajar la pobreza.
Entonces le dije “¡Qué bien!
¿Estás en Desarrollo Social?” “No
–me dice‑, trabajo en el Indec.
Cuando llegan las cifras a las computadoras aparecen las patotas de
Moreno y como nos dicen que el índice es demasiado alto, se baja. Es decir, yo bajo inmediatamente la pobreza
en el país.”
Quiero
reiterar que tuve el privilegio de estar uno de los debates más importantes a
nivel mundial alrededor de las comunicaciones y de la información. Fue un debate en el que participaron 190
naciones en
Sin embargo,
ese Movimiento de los No Alineados ‑que surgía de la gran revolución del
Tercer Mundo, donde dos tercios de la humanidad participó de procesos de
liberación nacional y social, a través de la descolonización y de gobiernos
populares en Latinoamérica‑ planteó que el nuevo orden mundial en materia
de información y comunicaciones debía ser equitativo y equilibrado y debía
permitir la presencia de todas las voces.
Desde esa
perspectiva y experiencia, en 2005 criticamos muy duramente, mediante un
artículo que se puede consultar en Página/12
–el número 527/05, de mayo de 2005‑, al presidente Kirchner por haber
prorrogado por diez años las concesiones que se habían otorgado a los grandes
grupos mediáticos, que incluían no sólo a Papel Prensa, sino también a los
medios radiales, televisivos y al cable.
Esas concesiones las habían entregado algunos sectores del peronismo,
que no eran nacionales y populares, sino
neoliberales.
Eran momentos
en que el “pejotismo” tenía el 50 por ciento de los votos y llevaba adelante la
coherencia del neoliberalismo, con miembros informantes de la privatización de
YPF y del sistema de jubilaciones y pensiones; esto último después se fue
corrigiendo con funcionarios que aún están en el gobierno nacional y popular, y
también esperamos que se haga lo mismo con YPF.
Decía que no
queremos seguir con la voz del amo; ello significa que no se debería reemplazar
el monopolio de los multimedios por un coro de voces que, a pesar de ser
diferentes, cantan la misma canción.
No queremos
reemplazar la voz del amo –del señor Moneta‑, que tanto molesta al
gobierno y a nosotros también, por el coro de voces de Szpolski, Gvirtz, Ulloa,
Electroingeniería, etcétera.
Por eso
planteamos en nuestro proyecto una participación del Estado en Papel Prensa,
junto con otras empresas del mismo rubro que se creen, contemplando una
participación accionaria del 15 por ciento por parte de aquellos sectores que
sean propietarios de medios.
Aquí se ha
hablado de la vocación democrática y pluralista del Estado, pero ciertas
experiencias no nos lo permiten comprobar, y no se trata sólo de un problema
personal con el señor Guillermo Moreno.
En una
licitación del Ministerio de Trabajo con
las Naciones Unidas para el Desarrollo de un Programa de Apoyo al
Sistema de Formación Continua se dice que se convoca a hacer un aviso
publicitario. Textualmente se señala: “Campaña publicitaria en diarios y
revistas. Este llamado contempla la publicación de avisos en los siguientes
medios y revistas: …”. Se contemplan diez medios…
Sr. Presidente
(Domínguez).- Ya ha usado siete
minutos de los doce que disponía, señora diputada.
Sra. Argumedo.-
Le agradezco, señor presidente, pero nos arreglamos entre nosotros. Los medios
son: diario El Argentino, grupo
Szpolski; diario Tiempo Argentino,
grupo Szpolski; diario Miradas al Sur,
grupo Szpolski; diario
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Solanas (F.E.).- Señor presidente: voy a hacer
una consideración general en los pocos minutos que me quedan.
La verdad es
que hay poco diálogo. En un tema tan grande e importante se sectarizan o
polarizan las posiciones y no nos oímos.
¿Para quién
legislamos? Si legislamos para el ciudadano, éste quiere pluralidad de voces,
diversidad, asegurarse una información objetiva, oportuna, verdadera y plural.
En esto no hay disidencias. Es muy difícil estar en contra de iniciativas que
quieren como objetivo enfrentar la monopolización, la hegemonización y las
posiciones dominantes.
Pero de lo
que se trata aquí es de analizar la experiencia transcurrida. Hay pocos que han
trabajado tanto como nosotros en la democratización de los espacios de
información. En esta misma Cámara en los años 1995 y 1997 realizamos dos
encuentros internacionales en esa dirección. Después de haber incluido una
cláusula en
Luchamos por
la democratización del audiovisual. Trabajamos por la reforma de la ley de
medios como pocos. Apoyamos la ley de medios luego de haber señalado 25 errores
graves. El primero de ellos relativo al impulso que se daba para permitir el
acceso de Telefónica y Telecom al negocio del audiovisual. Conseguimos que 17
de esas medidas que señalamos en nuestro documento se incorporaran en la ley de
medios.
Pero faltó
una que era muy importante y así lo demostró la experiencia. No hay
democratización real de la información y de los organismos de cultura y
comunicación si no aseguramos el control público. Si el control queda reducido
a los ámbitos gubernamentales, como ocurre en este momento que la comunicación
está en manos de los grupos privados o del monopolio oficial del partido
gobernante, no hay ninguna pluralidad.
Hay garantía
de avanzar hacia la democratización real si constituimos verdaderos consejos
plurales donde estén representadas todas las partes, no solamente las que
producen papel en este caso. Es la sociedad la que está interesada en que se
multipliquen las voces gráficas. En esos consejos tienen que estar
representadas las universidades, organizaciones sociales, trabajadores,
intelectuales, etcétera, para controlar.
El organismo
de control tiene que ser un organismo público con miembros surgidos de un
concurso de oposición y antecedentes. El artículo 10 del proyecto oficial
permite incluso al Ministerio de Producción la facultad de dictar normas.
Entonces,
nosotros tenemos una posición distante y vamos a abstenernos, porque no nos
queremos mezclar con un fin pequeño, mezquino y de doble discurso de proponer
la democratización del uso de papel de diario cuando la urgencia y el motivo es
la pelea chiquita con los actores privados. Aquí no hay un debate serio que
tienda a legislar una verdadera política de Estado que le sirva a los
ciudadanos de todas las tendencias, creencias y sectores sociales y por muchos
años. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor presidente: si éste fuera el mismo gobierno que comenzó el 25 de
mayo de 2003 –partamos de ese supuesto, aunque por cierto tiene distintas
características-, podríamos decir que esta relación con la prensa y la atención
puesta a lo que se llamó “monopolios” aparecieron a cinco años de transcurrida
la primera gestión. Concretamente, durante los tres meses de alta tensión generada
en el enfrentamiento con el sector agrícola.
En aquel momento, como todos podemos
recordar, algunos canales de noticias tenían el hábito –no sé si lo tienen en
la actualidad- de dividir la pantalla en dos: por un lado, se mostraba a la
máxima autoridad del país y, por el otro, sosteniendo argumentos en contra –por
cierto de cualquier manera, sin seguir las normas que corresponden a una máxima
autoridad-, alguien que por ejemplo participaba en un corte de ruta.
Allí comenzó la fuerte reacción del
gobierno en contra del multimedios Clarín.
Fue una batalla que entrañaba mucho riesgo para el gobierno. Se trató de
una batalla absolutamente discutible desde el punto de vista político; un
enfrentamiento en el plano de las ideas y de acusaciones sobre el uso que debía
darse a la televisión o a la letra de los diarios.
Pero la batalla no se limitó sólo a
eso. Fue librada con todos los medios con que disponía el Estado, y que el
gobierno comandaba, para arrinconar al grupo Clarín y, en menor medida, al
diario
Esa batalla no tuvo antecedentes en el
país. No hay referencia alguna de escraches a periodistas, en afiches en las
paredes y demás, en períodos democráticos. Nunca había ocurrido que el
principal enemigo elegido por un gobierno fuera un grupo editorial.
No estoy diciendo nada que no se sepa.
Es por todos conocido –a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo- que esa
batalla, más allá de los medios que se utilizaron ‑y que, insisto, fueron
ilegítimos en muchos casos‑, fue cultural pero mirada con ojos políticos.
La discusión sobre quién emite cultura y quién lo hace con mayor poder, no sólo
desde el punto de la emisión sino también desde lo moral, es una batalla
cultural y política.
En esa batalla, la victoria cultural
fue del gobierno. Para decirlo más rotundamente, el gobierno ganó esa batalla
cultural y comunicacional, y después la contienda electoral.
¿Por qué ganó? Porque consiguió que
quienes pretendían ser, a través de su enorme tirada, lo que podríamos decir
–entre comillas- la media de los argentinos, la norma, lo normal, el sentido
común o, lo que es peor aún –pido
disculpas por la expresión-, “lo que piensa la gente”, no lograron ese
objetivo. Quienes siguen leyendo ese diario, que continúa teniendo mucha
tirada, u otros, saben que no están leyendo el sentido común sino una
publicación con ideología, con participación en negocios que necesitan
defender, que contiene noticias muy lúcidas y otras noticias –como se ha
visto hace años- dirigidas concretamente a un sector específico que no tenía
relación con la noticia pura.
Por eso esa
batalla fue ganada, y no se trató de una batalla menor. No coincido con las
armas utilizadas, pero soy realista, soy un hombre político y me interesan las
batallas políticas. Es lo que pienso, lo que cree la gente que me rodea y lo
que piensan muchos de los que están acá.
Se triunfó en
el plano político y en el plano comunicacional. Además, se obtuvo el 54 por
ciento de los votos que algunos utilizan aunque no es propio de ellos.
Simplemente se acoplaron y utilizan ese porcentaje para tirárselo por la cabeza
a quien sostiene algo diferente. O sea, es una pésima utilización del 54 por
ciento.
Lo que hay
que hacer con el 54 por ciento –mucho más en el caso de que uno tenga una
vocación peronista- es impresionarnos, pensar quiénes votaron, por qué votaron
y acordarse de que el pueblo es donde está la mayoría, salvo error u omisión y
lo aprendimos con dolor. Pero usar el 54 por ciento para tirárselo por la
cabeza a alguien, no corresponde. Tampoco sirve para cerrar una discusión. Boca
no juega siempre mejor, aunque este año ha jugado bastante bien. Tampoco juega
mejor porque tenga más hinchas que otros equipos. Depende de cómo juegue. Por
cierto no ha jugado mal. De lo contrario, la cuestión sería algo así como el
duelo medieval, donde el juicio de Dios consistía en que dos personas se dieran
con todo por estar en desacuerdo, y el que ganara tenía la razón. No es el
caso. El que gana tiene derecho, pero no siempre tiene razón.
¿Por qué digo
todo esto? Porque el proyecto de ley en cuestión tuvo oportunidad de debate. No
es cierto que no la haya tenido. La tuvo el año pasado y la está teniendo
ahora. Además, ustedes tienen la suerte de que a los bloques que tienen dos o
tres diputados les den doce minutos para hablar, y a los que tienen más de tres
les otorguen cuarenta minutos, razón por la cual se salvan de que les dé la
lata, cosa de la que no nos salvamos. Les agradezco votar eso, y sin ironías.
Este marco
regulatorio es muy estricto. Como dijo la señora diputada Argumedo, da
muchísimo poder para que el ministro de Economía delegue el trabajo como
autoridad federal en lo que tiene que ver con la producción, circulación y
venta de papel prensa.
Es cierto que
se crea una comisión bicameral, un registro único de medios –que me parece
bien-; está bien lo del impacto ambiental, está muy bien lo de
Voy a
efectuar algunos comentarios. En primer lugar, el marco regulatorio es muy duro
para una empresa monopólica que tiene como socio al Estado. Lo que nos parece
correcto es que el Estado sea un socio capitalista de la empresa. Pero no
existe un marco regulatorio similar para la publicidad oficial.
No estoy de
acuerdo con lo que ha dicho el señor diputado Raimundi en cuanto a que la
publicidad oficial representa el 3 por ciento del total. Todo depende del
universo que estemos analizando. Hay que ver si tomamos los diarios de
Pero si el
universo es aquello que constituía la verdadera libertad de prensa y no la
libertad de empresa, según Arturo Jauretche, es decir, el medio pequeño que
nace, no se reproduce y muere, entonces sí la publicidad oficial es
determinante en los pueblos chicos del interior, en las ciudades medianas o en
aquellos medios que no usan papel, como las radios, las FM, y las múltiples
formas de comunicarse que tiene nuestro pueblo, y seguramente aparecerán
nuevas. Digo que allí sí la publicidad oficial es determinante, porque está
ausente la publicidad privada.
Lo que
nosotros decimos es que queremos muchas voces y diversidad. Esa heterogeneidad
se da especialmente en aquellos que no tienen publicidad privada o tienen muy
poca y, en cambio, requieren de apoyo estatal de una intendencia, de una
provincia o de
Entonces, la
publicidad oficial es muy importante. Yo diría que es el insumo básico de un
medio pequeño que además se quiere dar el lujo de ser totalmente independiente
y de opinar en contra de un intendente, de tal o cual diputado o de un
gobernador. Esos lujos no son tan fáciles en
Finalmente,
quiero expresar que nos vamos a abstener en la votación. Estamos de acuerdo con
que un monopolio deba ser controlado por el Estado. Lo mejor sería que lo
estuviera desde adentro, siendo activo en el directorio. Estamos de acuerdo con
el precio único, pero no coincidimos con los artículos finales, donde la
cuestión se deschava, donde aparece lo que mencioné sobre el fin de la batalla
cultural. Allí se utiliza una fórmula de un artículo anterior para establecer
el precio único. En esa fórmula la mayoría de las variables no dependen de
Papel Prensa. La única variable que podría depender económicamente de ellos
-que es la referida a la rentabilidad que se dan- la fija el Estado: 6 por
ciento como costo de oportunidad externo del capital, 6 por ciento de la
totalidad del capital involucrado.
Los mismos
artículos 40 y 41 dicen que si yo fijo un precio no tengo derecho a decir que
tiene que invertir sí o sí. Si yo no fijo un precio y es monopolio, entonces sí
tengo derecho a decir que debe invertir sí o sí y crecer. Pero al fijar el precio
y decir que “si no crecen vamos a invertir nosotros, si invertimos nosotros
vamos a aumentar nuestro capital accionario, y si aumentamos nuestro capital
accionario es porque ustedes no crecen, porque el precio es fijo y no les es
rentable, entonces nos haremos de la empresa”. Esto, desde el punto de vista de
los principios, nos parece injusto y por eso nos vamos a abstener.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Favario.-
Señor presidente: el tema en debate viene a contrapelo de
Aquí hemos
escuchado decir que la urgencia obedece a que es un debate postergado desde
hace treinta y cinco años. Por mi parte, por supuesto que no voy a adscribir a
los que creen en la fábula inventada por el gobierno por la cual los
propietarios de los dos grandes diarios involucrados, violando derechos humanos
y cometiendo delitos de lesa humanidad, desapoderaron a los anteriores dueños
de la empresa Papel Prensa.
Para mí este
proyecto tiene urgencia para el gobierno –de ahí el apresuramiento desmedido
para su tratamiento‑ en razón del resultado electoral de 2009. Como esta
elección produjo un retraso en la profundización del modelo, ahora hay que
recuperar el tiempo perdido. Con esa finalidad se trata este proyecto de ley.
Nuestras
diferencias se dan con respecto al modelo. El del gobierno tiene perfil
vertical y finalidad hegemónica; el que nosotros sostenemos es horizontal y
pluralista, partiendo del diálogo y de la búsqueda de los consensos.
El proyecto
no es otra cosa que la definición de lo que acabo de decir: el control de una
empresa privada, y como efecto mediático acota a los dos diarios más
importantes del país porque no tienen afinidad con el gobierno.
Los artículos
40 y 41 del proyecto de ley son una suerte de mordaza que termina produciendo
el ahogo de la empresa privada, que pasará a ser controlada por el Estado, o
por el gobierno ‑si se quiere‑, que determinará las cuotas de papel
que se distribuirá, por supuesto, entre los hijos y los entenados. Los hijos
serán los que se arrodillen y hablen a favor del gobierno, y los entenados, los
que osen criticarlo.
El proyecto
declara en el artículo 1º de interés público la fabricación, comercialización y
distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Más que de interés
público la declaración en verdad debería decir “de interés del gobierno”,
porque es al gobierno al que le interesa.
Se ha dicho
aquí, y no por repetido deja de tener valor, que hay una clara violación a
¡Oh
casualidad, señor presidente! Es violatoria de
Se ha hecho
referencia a la violación clara del artículo 32 de
El modelo
tiene un rechazo visceral hacia todo lo que sea un resguardo o una protección
de la libertad de prensa. Por eso no hemos podido sancionar la ley de libre
acceso a la información, una norma que impide el manejo absoluto y parcial de
la pauta oficial, ni tampoco otra que limita el uso desvergonzado y sin límites
de la cadena oficial para actos exclusivamente partidarios.
Entiendo que
la ley en sí misma es secundaria, lo esencial es la defensa de los principios
de la libertad. Acá se recordó, y no hay que dejarlo pasar por alto por
reiterado, lo que decía Dilma Roussef: “La libertad de prensa es la única
alternativa al silencio de las dictaduras”. Para Pepe Mujica, “La mejor ley de
prensa es la que no existe”. Para el presidente de
Esto es lo
que pensamos, a este modelo adscribimos. Por supuesto que esto no parece que se
ajuste al pensamiento de los ilustres que nombré, sino al pensamiento de
Chávez, que cínicamente cierra diarios y habla de la libertad de expresión.
Como acá
suele ocurrir que a quienes se oponen le colocan algún sayo, seguramente a
nosotros no nos podrán decir que somos
soldados de Clarín o empleados de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.
Sr. Favario.- Ya
termino, señor presidente. Decía que
para estos diarios hace rato que terminó el Partido Demócrata Progresista, y
por ende para ellos este diputado que representa al pueblo no existe.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr. Wayar.- Señor
presidente: en un momento pensé que estaba en un ámbito donde directivos de un holding de empresas de comunicaciones
mostraban su preocupación y sus miedos ante una ley que va a sancionar este
Congreso.
Pero bueno,
volví a la realidad y me di cuenta de que cada uno de los que estamos aquí
sentados tenemos todo el derecho de expresar lo que pensamos y lo que sentimos.
He escuchado
a una gran mayoría de las voces que ya hablaron referirse a esta ley en cuanto
a lo que son sus miedos y preocupaciones, A lo que puede llegar a pasar o lo
que ellos creen que va a pasar. Y eso está bien, porque eso es la democracia.
Algunos pensamos que las leyes son en pro y otros piensan que son en contra, y
está todo bien.
Sin embargo,
creo que esta iniciativa tiene importantes aspectos a rescatar que no han sido
mencionados; no es sólo el interés en Papel Prensa, sino que el proyecto se
refiere a generar equidad y trabajo, y a preservar el medio ambiente.
Como decía
ayer el señor diputado Rossi, de acuerdo con las perspectivas cada uno hace su
interpretación de una ley. En tal sentido, yo quiero interpretar esta
iniciativa desde la perspectiva de los hombres y mujeres del interior más
profundo, de ese interior al que el Obelisco le queda lejos, a quienes tal vez
no les lleguen esos grandes diarios que muchas veces inducen a la opinión
pública. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos ciudadanos que no saben ni que
existen. Sin embargo, quizás esos ciudadanos tienen la posibilidad de contar
con un semanario, un quincenario o un diario de apenas tres hojitas.
Esta
iniciativa permitirá a jóvenes comunicadores pensar en iniciar un
emprendimiento en distintos lugares de nuestra querida patria.
He escuchado
decir que se intenta cercenar el derecho a comunicar en libertad, y esa es una
gran mentira. Hoy hay miles de medios para comunicar, y los mismos diarios
tienen una importante cantidad de herramientas para hacerlo. Pudieron, pueden y
podrán comunicar siempre lo que sienten, lo que piensan o lo que les conviene,
que son los tres parámetros que utilizan para comunicar. Eso no está en riesgo
en ningún momento ni en ningún sentido. El proyecto en consideración permite a
la prensa escrita acceder en igualdad de condiciones al papel como insumo vital
para comunicar no sólo temas políticos sino del ámbito social.
Me parece
bien que se pongan de manifiesto las preocupaciones, pero no estoy de acuerdo
con que no le encuentren al proyecto ninguna bondad. Se ha mencionado a grandes
personalidades -a quienes respeto y valoro- en sus conceptos sobre la libertad,
pero yo también quiero decir algo respecto de lo que pasa en un país con una
gran cultura democrática. En el Congreso de los Estados Unidos hay
representantes de intereses económicos y empresariales, así como representantes
directos de los trabajadores. En nuestro Congreso, los únicos que tienen claro
que cuando se sientan en sus bancas representan un interés concreto son los
representantes de los trabajadores organizados, quienes claramente representan
al sindicalismo, a
Todos los
sectores de
Aquí se
habla, por ejemplo, de una comisión bicameral de control, respecto de la cual
escuché decir que no tiene relevancia o que con ella ya sabemos qué es lo que
pasa. No confiamos en nosotros mismos. Si no confiamos en una comisión del
Congreso de
Tengamos en
cuenta que este proyecto habla de desarrollar la producción y de alentar nuevos
emprendimientos; no habla sólo de una empresa. Es más, sólo una pequeña parte
de este proyecto hace referencia a la empresa Papel Prensa. La mayoría de los
artículos están referidos al apoyo, fomento y desarrollo de la producción
primaria y a la posterior industrialización del papel para los medios gráficos.
Creo que esto potencia la posibilidad de una mayor pluralidad; no está jugando
al unicato.
Cuando el
proyecto aborda el tema de la empresa Papel Prensa es para legislar sobre las
acciones que están en poder del Estado. Esto lo remarco porque como accionista
cualquiera tiene derecho a opinar y a intentar tener una mayor injerencia.
Entonces, no se puede decir que lo que se pretende con este proyecto es crear
un monopolio estatal.
Pareciera ser
que a todo lo que es del Estado hay que temerle y que todo lo privado es bueno.
Ni una cosa ni la otra. Cada uno debe asumir su responsabilidad en el ámbito de
la sociedad que le corresponde.
Es cierto que
en los hechos ha surgido un cuarto poder, que no está contemplado en
Es necesario
que el Estado cuente con la fortaleza necesaria para equilibrar, mediar y
desarrollar políticas que tengan que ver con el bien común.
El Estado no
debe ponerse de rodillas ante los grandes sectores, que por lo general creen
ser únicamente los hijos y los demás los entenados de nuestra República.
Ese es el
cambio que se viene dando gracias al impulso de este gobierno, que es
acompañado por el oficialismo pero también por sectores de la oposición. No
creo que sea positivo pensar en forma permanente que el otro es malo o que todo
lo que hace el otro es malo y pecaminoso. Esto puede resultar contagioso y
quizás hasta yo me contagie un poquito y piense que este holding de comunicación tiene trabajadores en negro a los que le
paga con segundos de televisión, con minutos de radio y con centímetros en los
medios escritos. La verdad es que no creo que eso sea así; creo que cada uno
dice lo que piensa o lo que sus convicciones le dictan. No tengo que pensar mal
del otro.
¿Por qué
tenemos que remarcar lo que puede pasar de malo y no lo que puede pasar de bueno?
¿Por qué no creemos en nosotros mismos? El proyecto prevé la creación de una
comisión bicameral, pero también de una comisión federal de asesoramiento, en
la que estarán representados distintos diarios de las diferentes provincias
argentinas y de
Por todas
estas razones, adelanto que vamos a acompañar el proyecto contenido en el
dictamen de mayoría, ya que en nuestra opinión va a generar nuevas
posibilidades entre los jóvenes y en los pueblos del interior. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Antes de otorgarle el
uso de la palabra al siguiente orador deseo hacer una breve aclaración.
El bloque
Frente para
Quiere decir
que las mayorías en el uso del tiempo han sido las más perjudicadas en este
acuerdo de palabra, cuya pretensión era que las minorías pudieran hacer el uso
correspondiente.
Hecha esta
aclaración tiene la palabra el diputado por
Sr. de Prat Gay.-
Señor presidente: en atención a la mención que hizo, le aclaro que nosotros
disponíamos de 15 minutos más que no vamos a utilizar. En todo caso, le solicitamos algo más de
paciencia en el cierre.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Muchas gracias, señor
diputado.
Tiene la
palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra. Gutiérrez.-
Señor presidente: en primer término, le aclaro que voy a hacer uso de la
palabra por cinco minutos.
Antes de
iniciar el tema de mi alocución, quiero rescatar que recurrentemente diputados
de bloques opositores han mencionado en el debate del día de hoy que se trata
de un tema que no existe o de un problema que no es tal y que básicamente es
abstracto.
Mientras los
escuchaba me preguntaba cuál es la razón de ser de los cinco dictámenes de
minoría que hay firmados en las cinco comisiones. Lo dejo como una pregunta que me hago.
Quería
comenzar contando una historia de un medio y de trabajadores del interior del
país, que comenzó allá por 2001 y que han hecho llegar los mismos trabajadores
así como tantos protagonistas del universo de los medios de comunicación, que
las hacen llegar a las comisiones intervinientes.
Con el
permiso de
Siguen
diciendo: “Estuvimos en la calle en el peor momento de la historia económica
argentina y en la calle construimos una cooperativa, con la cual primero
soñamos, después nos movilizamos, después construimos, discutimos y finalmente
recuperamos el trabajo.
“Primero fue
recuperar el lugar de trabajo, luego los recursos de una empresa fundida y
finalmente pasamos a recuperar una empresa para sorpresa de todos. Gestionamos con éxito esa empresa comenzando
con 23 trabajadores y hoy somos...” –dice la carta‑ “...80 familias que
vivimos de esta fuente laboral.
“Fueron
muchas las dificultades que tuvimos para hacerla y sin duda el problema
histórico fue la falta de papel para poder editar como un escollo
gravísimo. Históricamente la empresa
Papel Prensa nos otorgó un cupo de apenas quince bobinas mensuales, que
determinaban el carácter de nuestra publicación.
“Cuando
recuperamos la empresa, Papel Prensa ni siquiera nos quiso reconocer como tal,
por lo cual tuvimos que comprar papel en negro, llegando a pagar 1.360 dólares
la tonelada.” Aclaro que hace 8 años de
esto.
“Finalmente
recuperamos el cupo, pero luego, cuando armamos ADICRA, una asociación de
diarios cooperativos, nos lo quitaron nuevamente como castigo. Siempre pagamos 820 dólares la tonelada,
mientras Clarín pagaba 440 por el
mismo producto. En realidad no era el
mismo producto, porque el de mejor calidad era para el monopolio y nos daban el
de menor calidad.”
Concluyen
diciendo: “Necesitamos esta ley que hoy discute el Congreso para que nunca más
sucedan estos atropellos contra la prensa independiente, regional, cooperativa,
PYME y provincial.”
Esto que
tengo en mis manos es el diario Comercio
y Justicia de Córdoba, de una empresa recuperada, de la que viven estos 80
trabajadores con sus familias. ¿Saben
cuánto pesa? Apenas 90 gramos, y los periodistas no pueden, obviamente,
editarlo más que de lunes a viernes, porque es imposible competir con los 90
gramos de papel frente a medios que llegan a todas las provincias y capitales
con 1,2 a 1,5 kilos de papel, entre sábados y domingos. Eso pesan los
periódicos que todos leemos los fines de semana, porque a ellos les sobra el
papel; incluso, traen un suplemento de autoayuda para los lectores, que sin
duda sería uno de los menos nocivos.
El meollo del
debate y las palabras harto repetidas han sido las de libertad de expresión,
libertad de prensa y libertad de imprenta.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Su tiempo ha concluido,
señora diputada.
Sra. Gutiérrez.-
No se ha hecho diferencia entre todos estos términos, pero existen. La
iniciativa apunta básicamente a la libertad de imprenta, que por supuesto está
entrelazada con las otras palabras.
Para
finalizar, quiero contar una anécdota, contradiciendo un poco lo que un
diputado de la oposición dijo en cuanto
a que este tema se empezó a tratar cinco años después del inicio de nuestro
gobierno.
Poco antes de
asumir el presidente en 2003, un escribano sin título traspasó la puerta de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Moreno.-
Señor presidente: dos temas, dos alegrías y una tristeza.
La alegría es
porque después de más de treinta años rompimos el tabú de que sobre esto no se
podía hablar. La oposición, que hoy se queja del poco debate, lo eludió
alineada en el Grupo A, cuando uno conocía recién el día anterior, leyendo
Hubo catorce
foros a cargo del actual vicepresidente de
Entonces, el
tiempo del consenso o acuerdo se agotó para muchos. Recuerdo a una diputada de
otro bloque que hoy no está, la diputada Marchán, que presentó sus
diferencias, pero hemos trabajado y
tratado de compatibilizar un proyecto con un gran esfuerzo de la actual
presidenta de
Una segunda
alegría la voy a analizar con una tristeza. Me parece terrible que diputados
que están sentados en estas bancas digan que este proyecto de ley posiblemente
se apruebe por el juego de la democracia, pero que luego será revisado por los
jueces o
Pero hoy
tuvimos una alegría: el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de
Dicho esto,
hay que hacer tres enfoques de esta situación. El primero es un enfoque
constitucionalista. Vea usted, señor presidente, que durante muchos años el
sistema tenía a los economistas, y como todos los diagnósticos de los
economistas fueron para el diablo, ahora inventaron la raza de los
constitucionalistas. (Risas.)
Me voy a
permitir insertar en el Diario de Sesiones la parte referida al enfoque
constitucionalista. Y me voy a referir
con respeto a lo mencionado por dos diputados con quienes tengo diferencias
pero creo que enfocaron una parte que no queda duda sobre la sospecha de esta
situación. Creo que la señora diputada Stolbizer y el señor diputado Comi, con
quienes no coincido en la conclusión, comenzaron por donde se debe.
¿Qué es Papel
Prensa? ¿Qué es la prensa? ¿Cuál es el problema que tenemos?
Esto no nació
hoy, y si alguno de los que está aquí cree que tenemos un mérito, es que Dios
nos ha dado la oportunidad de estar en esta reunión histórica.
Pero tenemos
que decir muchas cosas. Hay muchas familias en el camino, en los diarios del
interior, y no en ciudades chicas. El señor diputado Comi decía que en su
provincia no existía, pero le pido que lea las intervenciones en las audiencias
públicas, y no solamente del actual dueño de Ámbito Financiero, que tiene participación accionaria en el segundo
diario, si no es reflejo de las familias que perdieron el diario
Los que
hablan de violación del artículo 3º se olvidan de un tema. Ese artículo 3º es
tanto para el Estado como para los particulares.
Entonces,
señores, todos estamos en falta y en omisión porque deberíamos haber denunciado
esto desde el mismo día en que esta empresa fue despojada y entregada a estos
diarios por la dictadura militar.
¿Cómo nace
esto? No voy a hablar de las causas penales, porque son otros los que se ocupan.
Nace en un despojo que empezó el 2 de noviembre de 1976. Los que me dicen que
la familia Graiver estaba en libertad deberían leer la solicitada de estos
diarios del 19 de mayo de 1977, donde dicen: Nos quedamos con esto porque nos
merecemos esto y se merecían esto.
Tuvieron una
virtud: se quedaron con una empresa monopólica en sociedad con los militares y
lograron acallar todas las voces durante muchos años. Si no hubiese ocurrido
Malvinas, tal vez
Pero además
hicieron una cosa mucho más perversa: le pusieron un arancel del 45 por ciento
a la importación de papel. Es decir que los dueños son los propios diarios que
apañaron el sistema de la dictadura militar.
¿Quién podía
competir? ¿Quién se podía poner enfrente? Como la historia está, simplemente voy a leer una parte del discurso que el
genocida Videla pronunciara al 26 de septiembre de 1978 dirigiéndose a la
prensa, en ocasión de la inauguración de la fábrica de Papel Prensa: “Es
indispensable callar y la prudencia es el silencio cuando está en juego el
bienestar común”.
Así nació esto, así se inauguró la
fábrica Papel Prensa. Si no leemos el discurso que Videla pronunció el día que
se inauguró la fábrica de Papel Prensa, no entenderemos las historias
posteriores ni las complicidades civiles ni la cantidad de desastre en
víctimas, bienes y retroceso de la libertad en los años siguientes en nuestro
país. Esto es básico.
Después de este debate me iré con una
tristeza. Nadie habló aquí del verdadero sujeto: los diarios del interior de
Nosotros recibimos entre trescientos y
cuatrocientos diarios de parte de ADEPA y ADIRA. Nos decían: Ahora, parecemos
visitadores médicos, porque nos atienden de a uno para ver qué necesitamos, y
siempre ponen el precio.
Un señor diputado de
De todas maneras, faltaba algo que
esta ley viene a regular: la cuota. El dueño da la cuota si la otra parte se
alinea.
Habría que rendir muchos homenajes. Seguramente
no podremos entender esto si no leemos a Abelardo Ramos en Los cerrojos a la prensa; tampoco lo entenderemos si no se tiene en
cuenta el dictamen del fiscal Molinas, contenido en el libro Detrás del espejo.
Yo, que creo en las fuerzas nacionales
y en los radicales, quiero rendir un homenaje al doctor Melchor Cruchaga,
fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires; valiente funcionario que
durante el gobierno del doctor Armendáriz intentó cobrar la luz a Papel Prensa.
¿Entendemos? Intentó cobrarle la energía eléctrica.
Determinó que
Papel Prensa debía 80 millones de pesos de ese entonces en energía eléctrica
que no pagaba. Se apropiaron. Se quedaron con todos los créditos de la
promoción. Tuvieron el apoyo del banco de desarrollo de aquel entonces y ni
siquiera pagaban la luz.
¿Saben cuál
fue la consecuencia? Una guerra terminal al gobierno del doctor Armendáriz al
pretender cobrarle la luz.
El proyecto
de ley refleja la reflexión que nos hicimos nosotros cuando fue enviado a este
cuerpo. Discutíamos entre nosotros y yo les decía que todo estaba bárbaro, pero
a su vez quería saber si esta gente iba a querer que nosotros la defendamos.
Sabíamos que si venían a las audiencias los iban a apretar y se iban a quedar sin
papel.
Desconfiaron
y siguen desconfiando, pero estas cosas no habrían ocurrido si hubiera existido
una continuidad del Estado, participando de este negocio. En segundo lugar,
ellos pidieron que fuera de interés público la fabricación del papel. En tercer
lugar, debieron sentarse a la mesa. Finalmente, arancel cero y los cupos. Algún
día tendremos que hablar de la estafa en el peor momento de debilidad del
doctor de
Los del
interior lo poco que podemos hacer es defender a nuestros pueblos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Iniciando la rueda de cierres, tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Sabbatella.-
Señor presidente: en primer lugar expreso con mucho entusiasmo el voto positivo
del bloque Nuevo Encuentro al dictamen de mayoría que propone declarar de interés
público la fabricación, comercialización y distribución del papel.
Además,
nuestro bloque es autor de uno de los proyectos que ha sido considerado cuando
fue elaborado el dictamen de mayoría.
La iniciativa
que estamos debatiendo es absoluta y llanamente a favor de la libertad de
expresión, de la pluralidad de voces y del derecho ciudadano a la información.
Es lo que queda clarísimo de la simple lectura del proyecto. Sin embargo, es
necesario subrayarlo, porque maliciosamente algunos intentan cambiar el sentido
de la propuesta e instalar en la sociedad que se trata de un avance en contra
de los medios y de los periodistas.
Es muy obvio
que no es así; es muy obvio que como muchas otras veces quienes quieren
desvirtuar los objetivos de esta ley esconden sus intereses tras banderas que
arriaron una y otra vez.
Hay que ser
muy fantasioso para creer que el surgimiento y el desarrollo de más medios
gráficos de comunicación, que la apertura de nuevas fuentes de empleo para los
trabajadores de prensa, que la posibilidad de conocer otras opiniones e
informaciones, vaya en contra de la libertad de expresión.
Hay que ser
muy maliciosamente creativo para instalar la idea de que la igualdad en el
acceso al papel afecta la pluralidad y
que la mejor forma de garantizar la libertad de prensa es dejar que los más
grandes impongan las condiciones a los más chicos.
Los señores
diputados Amadeo y Favario citaron a Lula, ex presidente del Brasil, para
hablar sobre este proyecto.
Recién
encontré una opinión del ex presidente brasileño que decía así: “Tengo miedo de que dentro de cien
años alguien vea un diario o una revista de esta época y tenga la peor
impresión posible porque si uno agarra la prensa brasileña no se entera de lo
que pasa. Si el pueblo fuese mejor informado, el pueblo sabría más cosas y las
personas podrían hacer un mejor juicio de valor acerca de esas cosas.”
Dice también
Lula: “Aquellos que siguen la política brasileña en ese momento se darán cuenta
de que sería mucho más fácil si algunos medios de comunicación asumiesen,
categóricamente, su compromiso partidista. Y entonces sabríamos quién es quién,
pero no es así como funciona en Brasil. Al parecer, todos los medios son
independientes, pero basta sólo ver los titulares para comprender que la
independencia termina donde comienza el comercio".
Tampoco va a
ser la primera ni la última vez que haya quienes intenten convertir este
Congreso en una suerte de bufet de abogados de los intereses de ciertas
corporaciones mediáticas. Pero esa posibilidad se alejó, eso cambió porque el
54 por ciento de la población le dijo sí a este rumbo y a este camino
transformador que recorre
Es probable
que algunos y algunas que suelen
referirse a la libertad de expresión, no compartan ese tramo de los fundamentos
del proyecto del Poder Ejecutivo referido a la forma en que se monopolizó el
mercado del papel en
Nosotros
creemos que fue y es así, y por eso la importancia de este proyecto. Hemos
escuchado con atención y respeto a los representantes desde la compañía Papel
Prensa. Leímos los informes que nos acercaron y su relato sobre el pasado el presente de esa empresa.
Al igual que
la inmensa mayoría de la sociedad, nosotros accedimos a la versión que
insistentemente difunden a través de sus propios medios masivos. Pero también,
gracias al funcionamiento de una democracia que debemos defender y enriquecer
cada día, conocimos la otra campana, aquella que durante mucho tiempo estuvo silenciada,
la campana de quienes fueron desplazados por los actuales accionistas
mayoritarios, la de los miles de medios que en todos los pueblos del país son
condicionados por el control monopólico del mercado del papel en
El
esclarecimiento de cómo se conformó papel prensa, a través de qué métodos y con
qué consecuencias, también está teniendo lugar en
Este es el
contexto en el que tiene lugar este debate. En esta sesión, que sin dudas se
inscribe entre las más significativas del Congreso, vamos a aprobar o no que
los medios gráficos de todo el país, más allá de su dimensión y de su tendencia
política, tengan derecho a acceder al papel al mismo precio que los grandes
medios. Vamos a aprobar o no que se revierta esa situación injusta que empezó a
generarse hace ya treinta y cinco años.
Desde el
bloque Nuevo Encuentro decimos que esta democracia merece enriquecerse con
muchas voces, con muchas opiniones, con aquellas con las que coincidimos y por
supuesto también con las que no estamos de acuerdo.
Hoy lo
expresé en un diario, lo repitió mi compañero de bancada y lo reitero: no le
tenemos miedo a que nos silencien en algunos medios de comunicación, no le
tememos a las amenazas de invisibilización. No entendemos nuestra acción
política o institucional como una dinámica de intercambio en la que trocamos
convicciones por conveniencias. No vamos a ser parte de quienes canjean
porciones de democracia por centímetros en las grandes páginas de un medio
gráfico o por minutos de radio y televisión.
La libertad
de expresión no va a cambiar de significado por más empeño que le pongan los
intérpretes del statu quo. Si son más
quienes pueden opinar, si son más quienes pueden estar informados y quienes
pueden informar, si son más quienes pueden criticar o estar de acuerdo,
entonces hay más libertad de expresión. En cambio, si ese es un derecho
reservado a unos pocos, a los más poderosos, a los que tienen más dinero,
entonces la libertad de expresión está restringida y no es digno llamarla
libertad.
Por eso es
importante que quienes sinceramente defendemos la democracia y la pluralidad de
voces acompañemos esta iniciativa. Es importante que permitamos a los medios
gráficos de todo el país, a los que existen y a los que quieren nacer, la
posibilidad de acceder a este insumo fundamental a un precio igualitario y sin
condicionamientos. Es un paso que sin duda debemos dar quienes realmente
queremos defender y ampliar las fuentes de trabajo de miles de periodistas,
quienes sinceramente deseamos que se opine con libertad y siempre nos
preocupamos por el derecho de los argentinos y argentinas a expresarse y a
estar informados.
Hace dos
años, en el marco de este presente transformador que lidera Cristina Kirchner,
nos dimos la posibilidad de aprobar una ley ejemplar para democratizar la
palabra: la ley de servicio de comunicación audiovisual. Hoy tenemos la
oportunidad de seguir ampliando y profundizando nuestra democracia con más
democracia de la palabra, con más democracia de las voces, con más garantías de
la pluralidad de opiniones. Hoy tenemos la posibilidad de dar un paso más...
Sr. Presidente
(Domínguez).- Su tiempo ha
concluido, señor diputado.
Sr. Sabbatella.-
Ya termino, señor presidente. Tenemos entonces la posibilidad de dar un gran
paso más a favor de esa libertad de expresión, a favor de seguir ampliando,
profundizando y ensanchando nuestra democracia, y estoy convencido de que somos
muchos y muchas quienes trabajamos y militamos para que esto suceda. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.-
Señor presidente: entiendo que ya están planteados los distintos argumentos,
por lo que simplemente haré algunas reflexiones.
Durante el
debate de hoy yo pensaba en aquella regla que nos enseñaban en el colegio
cuando éramos chicos para aprender la multiplicación con números negativos.
Usted recordará, señor presidente, cuando nos decían “el amigo de mi amigo es
mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi
enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
Traigo esto a
colación porque creo que hoy estamos viviendo una coincidencia interesante en
una cantidad de dimensiones, pero por lo menos en dos. Dentro de un rato vamos
a tratar dos proyectos relacionados con políticas contra el lavado de dinero y
el financiamiento del terrorismo. Esas leyes otorgan en algún punto facultades
a una unidad de información financiera que hoy está presidida por el doctor José
Sbatella.
El doctor
José Sbatella era el titular de
Otra
coincidencia es la noticia que seguramente va a aparecer en los diarios, no
solamente en los involucrados en la difusión de hoy sino también en toda la
prensa escrita y gráfica de mañana, que es la ruptura definitiva de Hugo Moyano
con el gobierno. Me parece que acá también se aplica la reflexión de que quien
hoy es amigo mañana puede dejar de serlo, y nosotros en este Congreso de
Mi segunda
reflexión está relacionada con el llamado a sesiones extraordinarias. Por
supuesto que la señor presidenta está en todo su derecho a elegir el temario,
pero hago esta reflexión porque en la sesión de hoy se habló de políticas de
Estado. Cuando miramos lo que hemos venido tratando hasta ahora, vemos las
cinco leyes económicas de ayer que tenían un plazo perentorio, el presupuesto y
algunas otras leyes impositivas de tributos que vencen a fin de año o
principios del que viene, leyes que pide el GAFI y que acata el gobierno
nacional, que necesita tenerlas quizá antes de febrero.
Pero también
hay algunos temas pendientes que se fueron estirando durante la discusión
parlamentaria de este año, como la ley de tierras y la ley penal tributaria. No
entiendo dónde está la urgencia y que sea parte de una política de Estado la
ley que estamos discutiendo hoy o la que, seguramente, discutiremos mañana, que
es la del Estatuto del Peón Rural. Mi sensación es que la única razón por la
cual estos temas se incluyeron en extraordinarias es porque forman parte de una
venganza contra aquellos ex amigos, que dejaron de serlo en las últimas
elecciones.
Es una
lástima que se haya ido del recinto el señor diputado Moreno. Comparto algunos
de los argumentos que planteó este diputado, pero me parece que no corresponde
a este Congreso de
El diputado
Comi se refirió con mucha claridad a la posición de
Somos muy
respetuosos de las 120 exposiciones y de las 14 audiencias, pero aclaramos que
aunque hubieran sido 14, 140 o 1.400, si el resultado concreto de esa discusión
hubiera sido un instrumento que violara la Constitución -y así lo entendemos
nosotros- no tendríamos más remedio que estar en contra, porque así juramos,
como explicó muy bien mi colega de bancada el diputado Comi.
Entendemos
que a pesar de sus enunciados esta ley es contraria a la libertad de expresión.
Además, entendemos –y esto lo explicó muy bien el diputado Aguad‑ que es
una revancha contra el que puede complicar el relato, y ahí sí, quizá,
entendemos la urgencia de que esto se apruebe rápido, porque en momentos de
ajuste tarifario y fiscal –como discutimos ayer‑ lo único que queda del
modelo es el relato y eso hay que defenderlo, según parece, a capa y espada.
Decía la
miembro informante, la señora diputada Di Tullio, enumerando las virtudes de
esta norma, que el arancel cero no resolvía el problema central. Esto es así,
seguramente, porque el problema central no es económico. Pero asumamos por un
segundo que la discusión fuera, efectivamente, económica. En este caso, no veo
por qué el arancel cero no resuelve este problema. Por lo menos hoy seguramente
sí lo resuelve dado que, como ya se ha dicho antes, el precio de importación es
un 10 por ciento inferior al precio del mercado local.
En todo caso,
la ecuación económica de cualquier empresa no tiene solamente el costo del
insumo sino que también tiene el precio del bien o del servicio que coloca en
el mercado. Y creo que es muy hipócrita la posición de decir “controlemos el
insumo con una cuota y dejemos al Estado el control absoluto de la pauta de
publicidad oficial”, como ya ha sido mencionado en algunas intervenciones de
diputados preopinantes.
Por otra
parte, actualmente está vigente -con un fallo favorable de Cámara- una
resolución de
De modo que
si esto es así –y yo creo que es así‑, estamos ante la discusión de una
ley inútil, puesto que ya tienen todos los instrumentos para hacer lo que
quieren hacer.
Finalmente
nos piden votar a favor de una ley contra un enemigo circunstancial, y esto es
algo que no vamos a hacer. Recordamos que el enemigo circunstancial era hasta
hace poco tiempo el amigo; ahora resulta que es el enemigo, y no sabemos qué es
lo que va a ser dentro de algún tiempo.
Por otra
parte, pensamos que los fundamentos que se esgrimen desde el pasado deben ser
discutidos en los juzgados. No vaya a ser que el día de mañana se vuelva a
mezclar la política con
Entendemos
que una política de Estado sería garantizar que nunca –y pongo énfasis en esta
palabra‑ los medios vuelvan a ser amigos del poder de turno. Esta ley no
busca eso; lo que busca es que aquel que hoy es enemigo sea castigado. En
cambio, nosotros proponemos que no se permita jamás que quién está en el
gobierno sea amigo -o tenga la posibilidad de serlo- de los medios y pueda, a
través del insumo o de la pauta oficial, repartir favores en función de lo que
esos medios escriban o digan.
Por eso es
que rechazamos el proyecto de ley en consideración, y al mismo tiempo exigimos
que se conforme cuanto antes el tribunal que establece la ley de Defensa de
También
queremos que se establezca una norma ‑podría dictarla
Exigimos
también que mediante una nueva ley se regule cuanto antes la pauta de
publicidad oficial, y que el gobierno cumpla no solamente con esa pauta sino
también con los fallos que
Si el
gobierno estuviese llevando a cabo todas estas medidas que exigimos, incluso
estaríamos dispuestos a pensar que realmente es en serio que lo que hoy
proponen es en interés público. Pero toda la actuación que el gobierno ha
desarrollado en los últimos dos años, en el sentido de elegir un enemigo para
cobrarse revancha, nos hace imposible acompañar esta iniciativa que, como hemos
dicho, y principalmente, es inconstitucional. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Pinedo.-
Señor presidente: hoy se ha hablado mucho de la democracia, y es curioso que
quienes defienden el proyecto y quienes lo cuestionan sostengan simultáneamente
que están defendiendo la democracia.
- Ocupa
Sr. Pinedo.-
La democracia tiene un principio central y único, que es la soberanía del
pueblo. El poder le pertenece al pueblo, pero a todo el pueblo y no a una
parte.
Hoy también
se ha sostenido que quienes han obtenido un determinado porcentaje de votos
pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, el poder –reitero- es de todo el
pueblo.
Este
principio tan elemental tiene algunas consecuencias importantes para la vida
social en democracia. La primera de ellas es que, al ser el poder de todo el
pueblo, ninguno de los miembros de ese pueblo puede ser privado de sus
derechos, ya que cada persona es parte y dueña del poder junto con todas las
demás.
La segunda
consecuencia del principio de la soberanía del pueblo es que no podemos decirle
a ese pueblo “Ustedes nos pueden votar, pero después no nos pueden criticar”.
Los gobernantes no son los dueños del poder; son simplemente quienes gobiernan
en nombre del pueblo, que es el que tiene la facultad esencial, inicial,
primera y previa de criticar cuanto se le ocurra, a través de cualquier medio,
a quienes lo representan democráticamente.
Podríamos
decir que esto tan importante de la democracia es la libertad de expresión. Sin
ella no hay democracia ni soberanía popular. En esto radica la gravedad del
tema que hoy estamos tratando.
Por ese
motivo la Constitución reconoce –más que establece‑ que siendo eso así,
el Congreso nacional tiene prohibido dictar leyes que restrinjan la libertad de
expresión y de prensa. Lo tenemos prohibido porque, de lo contrario, estaríamos
violando los derechos de cualquiera de nuestros conciudadanos y, por ende,
estaríamos vulnerando también el pacto por el cual desempeñamos esta función.
Por eso los
tratados de derechos humanos, como
Estamos
frente a un proyecto que le otorga a los funcionarios del Poder Ejecutivo la
facultad de dar órdenes a los productores de papel prensa sobre cómo deben
producir ese insumo. Además, nos encontramos ante una iniciativa que establece
que si los productores de papel prensa, que están protegidos por
Este proyecto
también prevé, en el caso de una empresa en particular, que debe proveer la oferta
de papel necesario para cubrir toda la demanda del mercado interno argentino.
¿No les parece un poco excesivo como reglamentación de la provisión de papel?
Por si esto
fuera poco, la propuesta en análisis indica que si esa empresa no invierte en
nuevas plantas para satisfacer toda la demanda, lo hará el Estado, para lo cual
va a licuar la participación accionaria de los particulares dueños de la
empresa para así convertirse en el accionista mayoritario de la empresa.
Estamos
hablando de la misma empresa que tuvo que recibir en su sede a un funcionario
del Ejecutivo con guantes de box, al que
Esa licuación
del capital accionario de los dueños de la empresa no es ni más ni menos que
una confiscación, es decir, una apropiación de la empresa sin indemnización.
Esto no sólo
está en contra de las normas de prensa que hemos mencionado, sino también del
artículo 17 de la Constitución, que es un artículo con el que se creyó que de
1853 en adelante las confiscaciones a los adversarios políticos quedaban
definitivamente proscriptas del derecho argentino.
La señora
diputada Michetti defendió de una manera que no requiere una palabra más la
posición de nuestro bloque sobre el tema, pero me gustaría terminar haciendo
una reflexión adicional.
No solamente
llegaríamos a un camino en el que el Estado se habría apropiado de la provisión
de papel prensa a los diarios, sino que además la ley anuncia expresamente una
política -que a partir de esto sería legal- que consiste en eliminar las
alternativas competitivas al monopolio estatal.
Esto está
dicho en el artículo 3° del proyecto, que sostiene que es objetivo esencial
asegurar para la industria nacional la fabricación de papel. Se refiere a las
limitaciones de las importaciones libres y sin arancel que rigen en la actualidad,
o el artículo 11, inciso g) que dice que la autoridad de aplicación del tema
del papel llevará el control de las exportaciones e importaciones de la pasta
de celulosa para el cumplimiento del presente régimen, que es un régimen, según
se dice, donde es esencial asegurar a la industria nacional la provisión de
papel.
Está claro el
modelo democrático que se nos propone: privar a algunos ciudadanos de sus
derechos, limitar la libertad de expresión, calificar poco menos que como un
delito la hipótesis de que a alguien se le ocurra fabricar papel para sus
propios medios. Se propone penalizar, inhabilitar, suspender, clausurar,
sancionar, a los funcionarios por el ejercicio de la libertad de prensa y se
propone confiscar a las empresas privadas pero con el agregado y el regalo para
los argentinos de la prohibición de importaciones.
Una belleza
de democracia, de libertad de expresión y de libertad de prensa. Por eso
votamos en contra. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Zabalza.-
Señora presidenta: en verdad es la primera vez que me toca defender una
posición en el Parlamento nacional y, después de algunos años de militancia
política en el socialismo, lo hago con inocultable orgullo.
Venimos a
este debate con una gran tranquilidad de conciencia y con una certeza: que a
través de cada uno de nuestros actos, en este caso actos legislativos, como
pueden ser también los actos ejecutivos o los ejecutados en los lugares que nos
toca ocupar, debemos mejorar la democracia, que es la gran conquista del pueblo
argentino y de todos los pueblos del mundo que avanzan.
Por eso
tenemos una convicción: nadie es dueño de la democracia. Por más méritos que
exprese, nadie en términos individuales o grupales se puede arrogar ser
la democracia.
La democracia
es una creación colectiva y como tal debemos asumirla. Por eso hace dos años
nosotros votamos con mucha convicción la modificación de la ley de medios en
este Parlamento nacional, en la convicción de que había que salir de una gran
rémora que venía de la época de la dictadura y que necesitábamos una ley que
avanzara sobre esa vergüenza o escarnio que significaba la vieja ley de medios
audiovisuales.
A pesar de
que todavía no se han cumplido los objetivos de la ley, que necesitamos que se
avance en su cumplimiento, estamos convencidos de que hemos recorrido un camino
correcto.
Todo cambio
democrático tiene que ver con una modificación en las instituciones. Nosotros
somos partidarios y defensores de lo público. Aun en los peores momentos del
modelo neoliberal, estuvimos defendiendo las políticas públicas. Lo hacíamos y
lo hacemos defendiendo un rol activo del Estado.
Pero para que
esto sirva a más y mejor democracia, nunca debemos olvidar que también hay que
cambiar el Estado. Para esto no hay manuales, pero hay prácticas que determinan
que un Estado es mejor cuando se descentraliza; que un Estado es mejor cuando
esa descentralización posibilita crear canales institucionales de participación
ciudadana a todo nivel. Porque la participación ciudadana promueve lo que
necesitamos como parte del Estado, que es el control social.
Un Estado
democrático, tal como lo concebimos, debe garantizar la libertad de expresión.
En este tema no compartimos la existencia de monopolios estatales o privados,
porque esos monopolios atentan contra ese derecho humano consagrado en nuestra
Constitución y ratificado, además, por enorme cantidad de convenciones
internacionales, tal cual lo explicara la señora diputada Margarita Stolbizer.
Tal como
consta en los documentos que hemos leído y fueron presentados por
Pero también
es cierto que muchos de estos abusos podrían haberse evitado si el Estado
hubiera puesto en funcionamiento los mecanismos antimonopólicos previstos en la
ley nacional de defensa de la competencia vigente desde 1999 y cuyo tribunal
nacional aún no se ha constituido.
Es en función
de estas ideas que no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, un dictamen
que otorga al Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación de esta
norma, facultades que nosotros creemos que son exorbitantes. Porque el propio
ministerio determinará el marco regulatorio, aplicará sanciones, administrará
el fondo fiduciario y los subsidios que se crean, y también será el encargado
de decidir quién y cuánto papel se exporta o se importa.
En el texto de este proyecto se nos plantea el
control parlamentario de la actividad. Ese no es el rol del Parlamento. Lo que
establece la Constitución que debe hacer el Parlamento es controlar a la
autoridad de aplicación de la ley y no la actividad en sí, para lo cual no está
capacitado.
La iniciativa
obliga además a la empresa a satisfacer la totalidad de la demanda interna de
papel, tal como han expresado otros legisladores, para lo cual deberá hacer las
inversiones necesarias.
Hoy en día,
el precio del papel comprado en el extranjero es menor que el provisto por
Papel Prensa. Si efectivamente hay un interés real en que el papel de diario
llegue por igual a todos los usuarios, hay que eliminar las trabas a la
importación y asegurar una tasa de importación cero.
Lo que se
plantea en el dictamen de mayoría es que éste es un marco regulatorio destinado
a garantizar la distribución equitativa e igualitaria del papel de diario.
Nosotros estamos hoy convencidos, por los argumentos que hemos expresado, de
que este no será el resultado de la aplicación de la presente normativa.
Por eso,
desde el Frente Amplio Progresista no vamos a acompañar el presente dictamen. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferrari.-
Señora presidenta: nadie es ingenuo en este recinto, y menos quienes desde
nuestras bancas tratamos de responder a mandatos del pueblo. Todos sabemos que,
como en la vida, hay causas perdidas, imposibles, que algunos enfrentan desde
la fe y otros desde su inquebrantable voluntad de ser. Así lo parafraseaba
Pedro Bonifacio Palacios, el gran Almafuerte, instando a no darse por vencido
ni aún vencido, a pesar de resultados puestos, de evidencias numéricas o de
decisiones tomadas.
Por eso,
siquiera para los que presten su oído a quien también, como seguramente muchos
de ustedes, alentó y luchó por causas lejanas con el solo impulso de su
voluntad de trascender, pero sobre todo de ser, aunque suene ingenuo y vacío de
realismo, quiero hablarles de la libertad.
Vengo a este
recinto a reflexionar con mis colegas para que cada uno piense en el paso que
se apresta a dar, porque el número en una democracia no lo es todo. Es tan
gravoso para el futuro de nuestro sistema político que se avance en una
legislación que ponga en riesgo el derecho a la libertad de expresión, que
debemos ser capaces de pensar mucho más allá de las necesidades,
intencionalidades o motivos del presente y priorizar, en cambio, la protección
de nuestro futuro.
Mucho se ha
dicho y mucho se dirá en este recinto sobre la inconstitucionalidad de esta
norma. No me caben dudas de que este proyecto vulnera las garantías del
artículo 32 de
Es por ello
que no voy a reiterar esos argumentos, sino que hago míos los de otros
legisladores.
Tampoco voy a
referirme, siquiera genéricamente, a los riesgos de sancionar una legislación
cuya finalidad es la afectación de los derechos de propiedad sobre una empresa
privada, manifiesta tanto en el mensaje, en el articulado y, sobre todo, en las
acciones previas que el gobierno llevó adelante antes de la remisión del
proyecto a este cuerpo.
No voy a
hacerlo porque otros, seguramente, podrán hacerlo mejor, y prefiero detenerme
en defender mi concepción de libertad.
Es por esa
libertad que el hombre ha peleado las grandes batallas de la historia universal
y, por supuesto, también las grandes batallas de la historia argentina. Es
justo reconocer que algunos de mis colegas, muchos de los presentes y los partidos
políticos aquí representados, han tenido un rol importantísimo, resistiendo el
ataque de quienes circunstancialmente -siempre circunstancialmente- se creían
dueños de la verdad absoluta, sean estos gobiernos autoritarios o
dictatoriales, o -como las llamara el juez Brandeis- “tiranías temporales de
las mayorías gobernantes”.
No hay verdad
política, no hay construcción colectiva de ningún relato sin la libertad de
pensar y opinar. Esa libertad merece especial cuidado porque importa, a la vez,
dos cosas: por un lado, un derecho sustancial de los hombres; por otro, una
condición necesaria de un sistema republicano y democrático de gobierno. Cualquier mal es menor que el que se podría
evitar limitando de alguna manera la libertad de expresión. Decenas de pensadores
sociales de diferentes disciplinas dieron razones por las que este derecho
merece atención especialísima, y allá están Tocqueville, Madison, Jefferson,
Stuart Mill, el juez Brennan, etcétera, pero también los hubo y los hay en
nuestro país.
En un interesante ejercicio sobre
Decía que, en primer lugar, ella nos
ayuda a conocer la verdad. Se trata de un argumento que rastrea hasta el siglo
VII en
En segundo término, la libertad de
expresión nos ayuda al autogobierno, que es el argumento que recoge
En tercer lugar, la libertad de
expresión ayuda a que seamos más tolerantes, porque nos obliga a escuchar los
puntos de vista de los otros; y por último, beneficia nuestra autonomía.
Lo interesante de aquél ejercicio es
que, puesto a analizar la necesidad de reforzar la libertad de expresión en un
hipotético nuevo texto constitucional, ése autor dice que en este tema nada de
Todo esto nos obliga hoy a pensar si
el repentino interés por regular el acceso al papel de diarios ‑que
parece demandar, según el gobierno, la sanción de esta norma que contraría las
garantías constitucionales‑, no es en realidad el germen de dichos
argumentos.
En todo caso, si ése fuera el fin,
¿con qué necesidad se violenta
Debemos ser conscientes de que la
libertad de expresión, como la propiedad de bienes, siempre está expuesta a
depredaciones por parte de intereses especiales, y que así como una mayoría del
51 por ciento puede votar a favor de confiscar la riqueza del 49 por ciento
restante, también puede votar a favor de suprimir las libertades de expresión
corrientes de las que disfrutan las minorías, en palabras de Epstein.
Seguramente se dirá que tal vez estoy
demasiado susceptible o demasiado preocupado por esta ley. Podrá decirse, en
definitiva, que lo único que se pretende es ganar una batalla de la política, o
de un sector de ella, contra un sector de los medios de comunicación, o que una
vez que consigan el objetivo, cualquiera fuera éste, no afectarán en lo más
mínimo la libertad de expresión.
Aún confiando en que así fuere,
¿ustedes pueden garantizar no sólo las buenas intenciones de este gobierno sino
de todos los que lo sucedan? ¿Podemos tomar el riesgo de dejar sentado este
precedente? Por supuesto que no. La libertad de expresión nunca debe ser
desplazada por necesidades coyunturales.
El Congreso no puede sancionar una ley
que declare de interés público ‑es decir que someta a un especial control‑
la producción, comercialización y distribución del insumo básico de la prensa
gráfica, ni delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar un marco
regulatorio de este tipo, ni hacerlo por sí mismo.
Recordemos que Juan Bautista Alberdi
escribió en las Bases: “
Permítanme
terminar con una reflexión sobre la potencia de las ideas. Decía el gran Manuel
Belgrano en abril de 1816: “Es indudable, además, que la libertad de la prensa
perfecciona la sociedad, cultiva las artes, rectifica las ideas y sostiene al
gobierno que no lucha contra la libertad pública.”
Luego termina
afirmando, con una frase igualmente válida tanto para los que prefirieron tomar
Defendamos el
derecho de la prensa gráfica a no quedar a merced de ningún...
Sr. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Ha concluido su tiempo, señor
diputado.
Sr. Ferrari.-
...monopolio, defendamos nuestra libertad de expresión y nuestra Constitución.
Termino
diciendo que la libertad de expresión es el derecho a la vida del sistema
republicano. Por ella respiran las oposiciones, laten los disensos...
Sr. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Por favor, señor diputado, ha
concluido su tiempo.
Sr. Ferrari.- Ya
culmino, señora presidenta. Es mi última frase.
La libertad
de expresión es el...
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Gracias, señor
diputado.
Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. Gil Lavedra.- Señora presidenta: me parece que en el día de
hoy ha habido un intercambio de opiniones, un debate rico y presentaciones
sumamente interesantes.
Por supuesto,
permítanme la particular opinión, pero creo que ha sido totalmente demostrada
la sinrazón del dictamen de mayoría.
Tenemos en
consideración un proyecto que crea un marco regulatorio con nombre y apellido,
como se ha dicho. Se trata de un marco regulatorio para una sola empresa ‑Papel
Prensa- que se pretende produzca la totalidad del papel para diarios de toda
Quizás un poco
por deformación profesional me gustaría enfatizar en algunos aspectos que me
parece han quedado oscurecidos en el debate, sobre todo la diferencia que hay
en la libertad de expresión como derecho y lo que tiene que ver con el derecho
de propiedad de los medios de difusión.
La libertad
de expresión no es una libertad cualquiera; es una de las libertades que se
consideran estratégicas. Es más: se dice con razón que es la precondición de un
sistema democrático. No puede haber democracia sin libertad de expresión,
entendida claramente en su doble dimensión, individual y colectiva, que
establece
Un punto
central que tiene que ver con ese derecho, y que fuera aludido en algunas de
las exposiciones anteriores, tiene que ver con que se trata de un derecho no
delegado por el pueblo. Digo que se trata de un derecho no delegado por el
pueblo, y esto ha sido explicado con total claridad en el debate de
Vélez
Sársfield, que era el que fundaba las razones de la incorporación del artículo
Así, la
prensa es concebida como la representación popular de control del gobierno y
esto, nos guste o no, es la tarea que debe cumplir en una sociedad libre.
Existen
muchos ejemplos, porque la tensión entre el gobierno y la prensa viene de la
noche de los tiempos, desde que los británicos querían controlar a los
libreros, y los libros que imprimían.
Asimismo, hay una carta de Urquiza en su famosa proclama, donde caracteriza a
la prensa. Dice Urquiza que la prensa asumió el papel de la demagogia y se
encargó de prostituir al país, invocó la libertad para justificar la licencia,
halagó a la dictadura y produjo un efecto malo. Dijo Urquiza: “La sangre
argentina, que por más de veinte años ha humedecido nuestros campos y salpicado
nuestros bosques, se debe primero a la desmoralización nacida y fomentada en
esos libelos infames que incendiaron los pueblos, insurreccionaron las masas,
extraviaron las ideas, y elevaron triunfantes el libertinaje hasta los confines
de
Así como
protestaba Urquiza de esta manera, también lo hacía
Por supuesto
que a mí no me gusta mucho el papel que desempeña nuestra prensa en muchos
episodios. No ignoro el silencio que mantuvo la prensa argentina durante los
crímenes de la dictadura. No ignoro que durante el juicio a los comandantes,
uno de los más importante medios lo asemejaba a un circo mediático. Tampoco
ignoro el papel que desempeñó la prensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Tampoco ignoro qué ha hecho con otros gobiernos democráticos. Pero no estamos
discutiendo esto. Estamos discutiendo si es posible o no el derecho a que cada
uno se pueda expresar con absoluta libertad.
Por cierto,
este artículo 32 que se ha citado tantas veces no es que impida la regulación
estatal; impide la restricción a la libertad de expresión, porque el Estado
puede regular. El mismo punto 3 de
Por eso decía
que el Estado puede actuar para garantizar, no para restringir; para tratar de
expandir, no para prohibir.
Entrando en
la consideración del proyecto, aquí se ha expresado que no hay problemas de
papel, y también se ha dicho que esta es una discusión arcaica. En el año 2011
parece medio ridículo hablar de la desaparición del papel, cuando éste está
desapareciendo como medio de información por el avance de la tecnología y
cuando los libros están siendo sustituidos por las tabletas.
Pero aun así,
por si se piensa que el papel todavía cumple una misión esencial, hemos
preparado un proyecto para tratar de expandir el acceso al papel. Para eso
hemos tenido muy en cuenta la opinión que tuvo hace más de treinta años Juan
Domingo Perón, aunque no sé si ahora Perón es buena o mala palabra.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Gil Lavedra.-
En 1974 Juan Domingo Perón firmó el decreto 1.777, por el cual impulsó un amplio
sistema de promoción del cual hemos tomado alguna cláusula para implantar
varias plantas de papel, no una. Con ese sistema promocional que impulsó Perón,
que fue complementado después de su muerte por el gobierno democrático de
Isabel Martínez de Perón mediante las resoluciones 558, 750 y 812 de
Por otro lado
nuestro proyecto incluso podría ser mejorado si también mejoráramos la
disminución del IVA para los pequeños productores. Hay muchas cosas que
podríamos agregar para mejorar nuestro proyecto, pero ése es el camino. Ése es
el Estado que regula para la libertad, no para la prohibición.
Si esta es la
mejor solución, ¿por qué regular a la única empresa existente y llegar
prácticamente a la apropiación con amenaza de poder? ¿Por qué esta revancha?
Como se ha dicho, esto es venganza, y esta es una pelea de socios a la cual
somos ajenos.
No fuimos
nosotros –como dijo hoy el señor diputado Tunessi‑ los que derogamos el
artículo 45 de la ley de radiodifusión, que impedía a los medios de prensa
tener también medios de radiodifusión. Esa ley fue ratificada dos veces: en
1990 ‑con la ley 23.696‑ y durante este gobierno, porque tampoco
cambiaron este punto cuando impulsaron en 2005 la ley 26.053.
- Ocupa
Sr. Gil Lavedra.-
No fuimos nosotros los que dictamos la resolución 257 de 2007, que permitió la
concentración de Cablevisión y Multicanal. No fuimos nosotros los que cenamos
con Magnetto en Olivos haciendo negocios. (Aplausos.)
Por eso,
claramente, el propósito de este proyecto no es la libertad de prensa. El
propósito de este proyecto es la lucha contra uno de los medios más poderosos
del país porque no se somete a la voluntad del gobierno.
Seguramente
este proyecto de ley hoy va a ser sancionado. Ustedes lo van a sancionar: tienen
el número para hacerlo pero no tienen la razón, y eso lo saben.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio, diputado Kunkel, por favor!
Sr. Gil Lavedra.-
Vencerán en la votación pero no convencerán, como dijo Unamuno en el último
discurso en
Por eso,
señor presidente...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio, por favor. Silencio, diputado Moreno! ¡Por
favor, respete el uso de la palabra!
Sr. Gil Lavedra.- No se enojen con la crítica...
- Varios
señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Por favor, silencio! ¡Diputado Moreno: por favor, no dialogue!
Sr. Gil Lavedra.- No tenemos valores diferentes. No se enojen...
Sr. Presidente (Domínguez).- Por favor, silencio en la sala.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado Moreno: por
favor...
Termine su exposición, señor
diputado Gil Lavedra.
Sr. Gil Lavedra.-
Vamos a votar enfáticamente en contra de este proyecto porque desde 1891 en
Por eso, como
hace 120 años, vamos a seguir defendiendo firmemente nuestra posición cuando
están en juego los derechos y garantías de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Fe.
Sr. Rossi.- Señor
presidente: la primera reflexión que quiero hacer es un reconocimiento. Esta
Cámara debatió en el año 2009 la modificación de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Todos ustedes saben cómo fue ese debate; se hizo sin
la oposición. La oposición se levantó después de intentar postergar el debate
mediante distintos artilugios reglamentarios. La oposición se levantó atacándolo
de inconstitucional, y algunas otras
cosas más.
Cuenta la
historia, nunca terminada de verificar, que algunos de los dueños de los medios
más importantes de
Sr. Aguad.-
¡Mentiroso!
Sr. Presidente
(Domínguez).- Señor diputado Aguad: respete al orador que
está haciendo uso de la palabra.
Continúe,
señor diputado Rossi.
Sr. Rossi.- De todas maneras, estoy haciendo una
reivindicación, el reconocimiento de que hoy la oposición ha decidido debatir,
quedarse en sus bancas, exponer sus fundamentos alrededor de este debate.
La verdad es
que el señor diputado Aguad no tiene que estar enojado conmigo. En todo caso
tendría que estar enojado con los propios senadores de su bloque, porque cuando
el proyecto pasó al Senado se quedaron debatiéndolo, desautorizando lo que
había hecho acá la oposición. (Aplausos.)
El segundo
reconocimiento que quiero hacer es a ADEPA,
Permítanme
que voy a leer algunos párrafos aparecidos en distintos diarios de
En un diario
conocido de Córdoba, La voz del Interior –cuyo presidente era Jorge
Remonda Ruibal-, el lunes 24 de
septiembre de 1979 era publicado un editorial que decía: “ADEPA reitera que se
opondrá firmemente al monopolio de la comercialización de papel de diario de
parte de Papel Prensa Sociedad Anónima, integrada por tres diarios de Buenos
Aires y el Estado, por atentar contra la libertad de comercio y la libertad de
prensa, y provocar grandes perjuicios económicos a los diarios del interior”.
No lo decimos nosotros; lo decía ADEPA.
¿Qué pasó
después de esto, señor presidente? Luego de catorce años de que el señor Luis
Valmaggia, en representación del diario
Todos sabemos
lo que pasó luego: Clarín compró La voz del Interior y también Los
Andes.
Entonces,
venir a esta sesión a decir que todo lo que pasó, lo que se hizo y lo que tiene
que ver con el papel de diario en
Fíjese qué
interesante es la historia. En los años 1978 y 1979, los que se oponían a Papel
Prensa eran los principales diarios del interior del país, que constituían
ADEPA. Reitero que Clarín y
Entonces,
esta no es una historia que viene de ahora ni que ha sido inocua. No es que la
concentración de Papel Prensa en manos de Clarín y
Insisto en
que la historia es interesante. Esta Cámara de Diputados debe sentirse
orgullosa porque en uno de los primeros ámbitos públicos institucionales en que
Osvaldo Papaleo contó la historia de Papel Prensa fue el de las audiencias
públicas organizadas por esta Cámara antes de la sanción de
Recuerdo lo
que pasaba en esta Cámara cuando estaba por ser presentado ese informe. Los
diputados de la oposición se llamaban de despacho a despacho y hasta casi se
querían reunir porque estaban esperando lo que no sucedió: que la presidenta
enviara un proyecto de ley para expropiar o intervenir Papel Prensa.
Pero lo
cierto es que en base al informe Papel
Prensa, la verdad, la señora presidenta tomó dos caminos: uno legislativo y
el otro judicial.
Así, si se
hubiese incurrido en algún ilícito, incluso si se hubiera cometido delito de
lesa humanidad, será
En lo que
respecta al perjuicio producto de la posición dominante de una empresa, en la
que sus accionistas principales son los dos beneficiarios de esa posición, la
presidenta remitió un proyecto de ley a este Parlamento.
Además,
quiero recordarles que este proyecto no ingresó a esta Cámara la semana pasada
ni hace quince días; ingresó en 2010. Al respecto, en su momento nosotros
impulsamos una serie de audiencias públicas –a las que ya se refirió la señora
diputada Di Tullio‑, a las que sólo asistimos los diputados del
oficialismo.
Recordemos
también que en este recinto la oposición modificó los giros, agregando una
serie de comisiones con el objeto de dificultar su tratamiento. Sin embargo,
aun en minoría, pero gracias a la colaboración del bloque Proyecto Sur ‑específicamente
de la señora diputada Merchán‑, pudimos emitir dictamen de comisión.
Lamentablemente, durante dos años no se pudo tratar el tema en este recinto.
Tengo que
aclarar que lo único que busca este proyecto es subsanar el deterioro provocado
por la falta de libertad de competencia que, por tratarse de medios de
comunicación, afectó también la libertad de prensa.
Con respecto
a este punto Julio Ramos, en su libro Los
cerrojos a la prensa, plantea lo siguiente: “¿Cuál puede ser la solución?
No hay otra que la legislativa, pero es enormemente difícil por todo lo que
hemos descripto. Los monopolios dominan la difusión y hasta parte de la vida
pública de un hombre, de un político o de un legislador que quiera operar sobre
ellos. El día que sean eliminadas las concentraciones en el tema difusión, toda
la prensa florecerá de nuevo en el país y surgirá hasta la sorpresa ‑la
pena, si se quiere‑ de por qué no se le brindó antes a
Pero no sólo
Julio Ramos se refirió a este tema en años anteriores, recogiendo lo que decían
los dueños de los diarios del interior que se concentraban en ADEPA cuando se
constituyó Papel Prensa. Tanto Fontevecchia como Jorge Lanata, en distintos
lugares y en distintos momentos, se quejaron de esta discriminación.
Obviamente
que en este tema están involucrados todos aquellos que mencionó el señor
diputado Moreno, que son los que no tienen voz y que no tienen tantas
posibilidades de agruparse o de obtener cierta visibilidad; me refiero a los
diarios de las localidades más pequeñas del interior de
Por otro
lado, quiero remarcar algunas cosas que suelen suceder en este Parlamento.
Cuando la discusión es difícil, por lo general se tienden a descalificar los
argumentos de fondo con subjetividades.
Algunos
diputados hablaron de amigos, de enemigos, y han puesto toda la carga en
términos de disputa política. Creo que eso es claramente un error, porque no
permite ver cuál es el sujeto o cuál es el bien en términos públicos que
pretende tutelar la ley.
Sáquenle el nombre
de Clarín o de
Muchos de
ustedes son empresarios. Realmente hay que tomar la decisión de invertir en un
emprendimiento periodístico cuando se sabe que hay que competir contra aquéllos
que son los propietarios del insumo básico e insustituible que se tiene para
llevar adelante el emprendimiento.
En verdad
esto ha sido así. ¿No ha tenido que ver
en la compra de
Algunos dicen
que ahora hay importación con arancel cero. Pregúntenle a cualquiera lo que
tiene que pagar y lo que le aumenta la logística ante la importación de papel
en relación a la diferencia que podrían hacer si se lo vendieran directamente.
¿Además, no
sería más lógico que si
Si se quiere
tutelar la libertad de prensa, el insumo básico para hacer un diario o para
llevar adelante un emprendimiento editorial en
¿A quién le
creen más los señores diputados? ¿A
Clarín y
¿Por qué
confían tanto en que voluntariamente Clarín
y
Algunos
diputados decían también que el Estado tiene mecanismos y que lo podría hacer.
¿Por qué no lo hace el Estado si tiene los mecanismos como los tribunales de la
competencia?
Entonces, si
están de acuerdo en que lo haga el Estado, ¿por qué no le damos al Estado una
herramienta más eficiente para que lo haga?
Si el papel,
como dijo un señor diputado recién, es un insumo que va a desaparecer, que no
va a tener importancia, ¿entonces cuál es el problema? Si no tiene ninguna
importancia no tiene ningún problema. Hagamos de esto una actividad que en
lugar de ser comercial, sin ningún tipo de marco regulatorio, cuente con ese
marco.
Eso es lo que
estamos votando: que esta actividad comercial tenga un marco regulatorio, que
deje de moverse solamente por los principios de lo que ellos llaman en teoría
regulado por el mercado y que tenga un marco regulatorio, dado por el Estado,
detrás de un fin superior, que es garantizar ciertamente que en
Hay infinidad
de ejemplos de lo que ha pasado. La
desaparición hasta casi la mínima expresión del diario Crónica, que tenía antes de Papel Prensa casi el triple de tirada
de la que tenía Clarín. También los
distintos momentos difíciles que han pasado diferentes emprendimientos
editoriales.
Nosotros
venimos a proponer una ley que crea por sobre todas las cosas dos instrumentos
de los que ningún diputado habló: la comisión bicameral y el Consejo Federal.
El Consejo Federal permite la
participación de los diarios del interior, y la comisión bicameral permite el
control permanente por parte de los representantes del pueblo -que somos
nosotros, los diputados y senadores- para auditar el funcionamiento de la
empresa Papel Prensa Sociedad Anónima.
Por eso creemos que estamos haciendo un
aporte, que quizá la democracia argentina tendría que haber hecho muchísimos
años antes. Pero lo vamos a hacer ahora, cuando aprobemos una iniciativa que la
señora presidenta envió hace dos años.
Con la
anterior integración de
- 4 -
Sr. Aguad.- Pido
la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Para una cuestión de
privilegio tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor
presidente: esto no lo he hecho nunca. Con el diputado Rossi hemos mantenido
intercambio de posiciones políticas durante todo el tiempo en que hemos ocupado
estas bancas, y nos hemos respetado mutuamente. Hemos respetado la crítica del
otro.
Es la primera
vez que escucho al señor diputado Rossi descalificar a uno o a muchos
adversarios.
Por su
hombría de bien, que reconozco, le pediría que ordene que se tache de la
versión taquigráfica la injuria que hoy ha proferido a los opositores.
- 5 -
Sr. Presidente
(Domínguez).- Prosigue la
consideración del asunto en tratamiento
Se va a votar
en general en forma nominal el dictamen de mayoría de las comisiones de
Comercio y otras, recaído en el proyecto de ley por el cual se declara de
interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de
celulosa y de papel de diarios (Orden del Día N° 10).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 240 señores
diputados presentes, 135 han votado por la afirmativa y 92 por la negativa,
registrándose además 12 abstenciones.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 134 votos por la afirmativa y 92 por la
negativa. (Aplausos prolongados.)
aquí VOTACION NOMINAL (ORDEN DEL DÍA N° 10)
Sr. Presidente
(Domínguez).- La votación resulta
afirmativa. (Aplausos prolongados.)
Se ruega que
con la debida antelación los señores diputados que van a hacer uso de la
palabra durante el tratamiento en particular lo notifiquen a
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Moreno.-
Señor presidente: en ocasión de hacer uso de la palabra dije que iba a
incorporar por escrito los fundamentos de carácter legal y constitucional que avalaban
mi postura. Pregunto cuándo se va a considerar mi solicitud.
Sr. Presidente (Domínguez).- Al concluir la votación del proyecto de ley, señor
diputado.
En
consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la
palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Rogel.- Señor
presidente: tengo una madre fallecida de origen peronista y estuve a favor de
la ley de medios. Hace tres años, en oportunidad de la reforma de
Voy a
proponer una modificación al artículo 1º conforme al dictamen que ha presentado
nuestro bloque. Previamente quiero hacer dos consideraciones breves que creo
que son importantes.
En primer
lugar, Juan Domingo Perón dijo: “Cuantos más medios teníamos en nuestras manos,
peor nos fue en las elecciones”. Me alegro que el diputado Kunkel asienta.
En segundo
lugar, se cuenta en estos días una anécdota ‑que me gustaría que el ex
presidente Menem la corroborara‑ de que en la última conversación, de los
tantos atropellos de Magnetto en la última parte de ese gobierno, ante uno de
los pedidos que le hizo a Menem, éste le habría señalado: “Señor Magnetto: un
poco más y usted va a querer el lugar donde estoy yo”, y el señor Magnetto le
habría respondido: “Puesto menor”.
Hay tres
interlocutores o tres patas que intervienen en este proyecto: el Estado, el
peronismo, y Papel Prensa, Clarín,
El Estado se
ha hallado ausente. Hagámonos cargo, señores, como dirigentes políticos, pero
con total valentía. En este debate mi bloque, desde el presidente para abajo,
ya ha enumerado esas ausencias y hago mías todas esas expresiones. No sólo se
halló ausente sino que concentró.
Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado: le pido precisión y claridad sobre el artículo en
cuestión.
Sr. Rogel.- Sí, señor presidente. Quería hacer estas tres
apreciaciones al principio.
El segundo interlocutor es el
peronismo. Así como nos han descalificado casi groseramente como una suerte de
inútiles para ejercer el poder –tomémoslo como cierto para argumentar nuestra
propuesta-, el peronismo a lo largo de su historia –no tengo tiempo y no quiero
desvirtuar el uso de la palabra- no tiene antecedentes en
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Silencio, por favor.
Sr. Rogel.- Por
último, la presencia de Magnetto y Papel Prensa han jugado…
Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado, sea preciso sobre el artículo 1º en cuestión.
Sr. Rogel.- Lo
que pasa es que introducir una modificación sin saber de qué se trata…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Silencio, por favor, señores diputados.
Diputado, le
pido que sea preciso.
Sr. Rogel.-
Magnetto ha jugado otro rol horrible…
Sr. Presidente (Domínguez).- Diputado, le pido que sea preciso sobre este artículo.
Sr. Rogel.- Ya tienen la ley, señor presidente.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rogel.- ¡Ni hablar mal de Clarín se
puede! (Risas y aplausos.)
Nosotros proponemos que se declare de
interés público el acceso libre y gratuito del papel, tal como dice nuestro
proyecto.
¿Sabe qué ha pasado, señor presidente?
Que entre los tres actores, es decir, el Estado –me hago cargo como dirigente
político-, la historia del peronismo y Magnetto, debimos conformar una gran coalición
nacional para impulsar un proyecto de ley ‑como ha señalado un diputado
de nuestra bancada‑ a favor de la información de la gente.
Nos faltó grandeza, pero ello no ha
sido así por parte de nuestro bloque. Nada que ver tengo con Magnetto ni con la
desaparición de personas. El presidente de ese bloque ha hecho mal en invocar a
ADEPA, porque no puede invocársela cuando a uno le conviene. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- ¿Algún otro señor diputado desea referirse al artículo 1°?
Sr. Moreno.- La aclaración es...
Sr. Presidente (Domínguez).- Disculpe, señor diputado Moreno, pero tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Di Tullio.- No se aceptan modificaciones, señor
presiente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 1°.
Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Di Tullio.- En
ese caso, señor presidente, sugiero que el cuerpo pase a votar aquellos
artículos respecto de los cuales no hay oradores anotados.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se van a votar los artículos 2°, contenido en el capítulo II, y
3° a 39, comprendidos en el capítulo III.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 40.
Tiene la palabra el señor diputado por
Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: pertenezco a
Nos parece bien que este gobierno
decida volver a escribir la historia, pero quiero recordar que en la
Constitución del 53 quedó borrada para siempre en
Por ello, a fin de respetar el
artículo 17 de la Constitución, que determina que “La confiscación de bienes
queda borrada para siempre del Código Penal Argentino”, solicito que se
eliminen ambos artículos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por
Buenos Aires.
Sra. Di Tullio.-
No vamos a aceptar modificaciones, señor presidente.
Sr. Landau.- Pido
la palabra.
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿Es para referirse al
artículo 40, señor diputado?
Sr. Landau.- Es
sobre la votación anterior.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Ya hemos votado, señor
diputado.
Le ruego que
deje constancia por escrito de su posición para garantizar el orden de la
votación.
Se va a votar
el artículo 40.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 41.
Tiene la
palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.-
Señor presidente: en mi anterior intervención hablé de los dos artículos, o
sea, el 40 y el 41. Por eso solicité que ambos fueran eliminados.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Di Tullio.-
No vamos a aceptar modificaciones, señor presidente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 41.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 42 es de forma.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Queda sancionado el
proyecto de ley. (Aplausos prolongados.)
Se comunicará
al Honorable Senado.
- Asentimiento.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se harán las
inserciones solicitadas.
- 6 -
I
II
AQUÍ ORDENES DEL DÍA
N° 7 Y 8
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración en
general.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.- Señor
presidente: vamos a tratar en forma
conjunta dos proyectos de ley que modifican el Código Penal. En realidad, este
tratamiento tiene una razón de fondo, porque en ambos casos las modificaciones
que se proponen responden a la introducción en nuestra legislación penal
nacional de pautas y estándares internacionales que tienen su origen no
solamente en la decisión soberana de nuestro país de adherir a tratados
internacionales sobre el tema, sino también en la realidad delictiva de este
tipo de actividades que excede el ámbito nacional para convertirse en muchos
casos en una verdadera expresión de barbarie internacional.
En primer
lugar, me voy a referir al dictamen contenido en el Orden del Día N° 8. Se
prevén modificaciones al Código Penal tendientes a castigar, prevenir y
reprimir las actividades que ponen en riesgo las operaciones bursátiles, como
también proteger el sistema financiero nacional.
No escapa a
la consideración de esta Honorable Cámara los innumerables problemas y las
tremendas crisis que se han producido en el mundo por la falta de regulación de
los mercados financieros y de las actividades vinculadas a los movimientos y la
especulación financiera.
Es por ello
que con esta iniciativa que hoy las comisiones de Legislación Penal y de
Finanzas ponen a consideración de esta Honorable Cámara, queremos introducir
figuras penales tendientes a evitar y prevenir este tipo de acciones
perjudiciales para la actividad financiera y bursátil.
A nivel
internacional se lo denomina shadow
banking, esto es, actividad bancaria en las sombras: toda aquella actividad
financiera que tiene lugar al margen de los controles y regulaciones que el
Estado realiza sobre el sistema financiero.
Según las
estimaciones de organizaciones internacionales, el monto al que ha llegado este
tipo de operaciones en la sombra alcanza los 33 billones de dólares durante los
cuatro años previos al inicio de la crisis financiera de 2008.
Este
desmesurado crecimiento de la intermediación financiera no regulada trajo y aún
hoy trae muchos inconvenientes a la economía mundial. Pensemos que gran parte
de la crisis profunda que están viviendo los países europeos y su moneda común,
el euro, tiene en gran medida su origen en este tipo de operaciones realizadas
al margen de cualquier tipo de regulación.
La caída del
gigante Lehman Brothers es un ejemplo significativo, como también lo son la
quiebra de Enron y el famoso fraude de Madoff en cuanto a los resultados de una
actividad financiera sin regulación, dejada simplemente a la libertad del
mercado sin una intervención que tenga en cuenta la finalidad del bien común.
Como decía,
la crisis financiera que atraviesan los principales países es el resultado de
políticas financieras que durante décadas promovieron la autorregulación de los
mercados y por ende la absoluta ausencia del Estado en estas actividades
económicas.
Me parece que
más allá de los compromisos mundiales y de la adecuación a los parámetros
internacionales que nuestro país debe realizar, y más allá de esta crisis y
problemas que están sufriendo los países desarrollados de Europa e incluso
Estados Unidos -con repercusiones en las finanzas de todo el mundo-, también en
Este primer
proyecto al que me voy a referir tiene también una necesidad, porque
actualmente nos exigen figuras penales adecuadas para sancionar este tipo de
delitos. Si bien las figuras penales actuales pueden referirse parcialmente, no
tipifican debidamente las acciones que resultan de todas formas perjudiciales
para las actividades económicas y financieras.
El proyecto
de ley que hoy ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados regula en
primer lugar el uso de información privilegiada, en segundo término la
manipulación de valores negociables, la captación no autorizada de ahorros
públicos, la captación fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero.
Indudablemente,
mediante las dos primeras figuras se trata de dotar de mayor transparencia a la
actividad bursátil, ya que es una norma que puntualmente tiende a proteger la
igualdad entre los diferentes inversores que operan en el mercado y a castigar
aquellas operaciones que tienden a brindar ventajas indebidas a algunos de los
operadores del sistema financiero.
Aquí también
se busca sancionar a los directores miembros del órgano de fiscalización,
accionistas, representantes de accionistas y todo aquel que por su trabajo,
profesión o función dentro de una sociedad emisora suministre o utilizare la
información privilegiada para negociación, cotización, compra, venta y
liquidación de valores negociables.
En suma, se
trata de proteger la transparencia del sistema de negociación de valores
negociables precisamente en nuestro país.
El segundo
grupo de artículos protege al sistema financiero de aquellas actividades que se
realizan al margen de todo tipo de regulación.
Para el
tratamiento de este proyecto habremos de tener en cuenta –como decía‑ la
falta de regulación expresa que a la fecha presenta nuestro orden jurídico
penal respecto de este tema.
El segundo
proyecto de ley, sobre el cual voy a exponer las razones del dictamen de
mayoría de las comisiones de Finanzas y de Legislación Penal, se refiere
fundamentalmente a la financiación del terrorismo.
Indudablemente
el terrorismo no es un fenómeno que preocupa solamente a nuestro país sino que
es de larga data: ya hace algún tiempo que merece la atención de los gobiernos
de todo el mundo. Pero también es cierto que se han dado algunas modificaciones
en la forma en que se ha presentado el terrorismo en nuestro país.
La revisión
de las últimas décadas del siglo XX nos indica que hubo tres atentados
terroristas de efectos devastadores para la comunidad argentina. El primero fue
claramente el bombardeo a las masas indefensas en
Pero más allá
del tremendo horror de los tres atentados existe claramente una diferencia. En
el 55 la actividad terrorista tenía causas que podían señalarse dentro de
nuestro país. Los autores intelectuales de aquel acto terrorista de 1955 eran
argentinos y los actores materiales pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas. En
el 90, en cambio, los dos atentados terroristas, tanto a
Esto nos
marca con claridad que en estos últimos tiempos el terrorismo se convirtió en
un fenómeno internacional, con grave preocupación internacional a partir de
atentados que se han convertido en hitos dolorosos para la historia mundial,
como el atentado a las Torres Gemelas y el cometido en la estación de Atocha,
en Madrid.
Mediante las
leyes 26.023 y 26.024 nuestro país adhirió a las convenciones que tendían a
reprimir el terrorismo y su financiamiento. Con posterioridad, la ley 26.286
incorporó en nuestro Código Penal los delitos de asociación ilícita con fines
terroristas y el financiamiento de tales asociaciones. Más tarde, ya más
recientemente, al modificarse las leyes que reprimían el lavado de activos
mediante la ley 26.683, se continuó con la introducción en nuestra legislación
de parámetros y estándares internacionales para reprimir este tipo de
actividades.
El proyecto
de ley que está a consideración de
El primer
proyecto incorpora un agravante genérico para cualquier delito previsto en el
Código Penal que tenga una finalidad terrorista. Con esto se pretende
resguardar la estructura del Código Penal y cumplir –como decía recién‑
acabadamente los parámetros y estándares
internacionales a los que nuestro país se ha obligado a obedecer merced a los
tratados suscritos oportunamente.
Respecto del
límite para la aplicación de este agravante a todos los delitos, tenemos que
tener en claro el artículo 41 quinquies que pretendemos introducir, que no crea
nuevos delitos sino que establece un agravante general para todos los delitos
ya existentes, es decir, que aquellas conductas que hoy no son delitos para la
legislación argentina siguen sin tener una persecución represiva. Solamente en
aquellos casos que ya están incluidos dentro de la legislación penal de nuestro
país agregamos un agravante genérico.
Este
agravante indudablemente se da cuando el propósito del autor es aterrorizar a
la población o cuando con el acto se pretende obligar a una autoridad nacional
o extranjera a admitir una determinada conducta.
Se ha
incluido el verbo “aterrorizar”, dejando de lado otras denominaciones que ya
recepta nuestro Código, como intimidación pública u otras similares, porque se
pretende limitar su aplicación, limitar tajantemente la aplicación de este
agravante. Es un término que va más allá de la simple intimidación o de la
creación de temor; tiene un significado mucho más grave que simplemente crear
temor o intimidar.
El otro
artículo que se introduce en la parte especial de nuestro Código Penal se
refiere al tipo penal de financiamiento de los delitos que prevé este artículo
que agregamos en la parte general. Se aplican una serie de normas ya
sancionadas como ser las facultades especiales que tiene el juez que investiga
y la penalidad de las personas jurídicas involucradas en este tipo de delitos.
Por último
quiero referirme a un artículo que ha merecido especial atención y crítica por
parte de algunos diputados en las reuniones de comisión. Se incorpora la
facultad del titular de
Se ha
señalado por parte de algunos diputados de la oposición que no existe dentro de
nuestro ordenamiento procesal civil la figura del congelamiento y que sí existe
en cambio la figura del embargo. Creemos que no es aplicable a la autoridad
administrativa la figura del embargo porque esta es una medida exclusivamente
judicial, que debería tomar el juez una vez que tome cabal conocimiento de la
causa en cuestión.
El
congelamiento es una medida de urgencia que toma la autoridad administrativa y
que debe poner de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial.
Quisiera
hacer un paralelo con la figura del arresto, que está permitida para una
autoridad administrativa, que puede privar provisoria y temporariamente de
libertad a una persona, que está en cabeza de cualquier policía del país, al
solo efecto de ponerla a disposición del juez, quien tomará de inmediato la
medida que corresponda.
En este caso,
estamos frente a una autorización que se da a la autoridad administrativa al
solo efecto de dar conocimiento inmediato de la medida adoptada al juez, quien
deberá tomar la medida definitiva al respecto, que puede llegar al embargo y,
con posterioridad, a la definición de su destino.
Por último,
quiero señalar que esta medida tiende claramente a perseguir los actos
terroristas y su financiación. Ha sido preocupación especial del Poder
Ejecutivo -que envió este proyecto de
ley- y de los miembros que hemos suscrito el dictamen de mayoría que esta medida
no pueda ser de ninguna forma utilizada para castigar o atemorizar a aquellos
ciudadanos argentinos y a los habitantes de nuestro país que deseen expresar
libremente su opinión, que quieran protestar, peticionar a las autoridades o
expresarse en la calle o por cualquier medio para hacer valer sus derechos de
solicitar trabajo, una vivienda digna o un mejor salario.
Nada más
alejado del propósito de esta iniciativa que el tender a reprimir de alguna
forma ese tipo de actividades. Si bien esto surge claramente del proyecto de
ley que estamos discutiendo, también tiene importancia para nosotros la
historia reciente de nuestro país.
- Ocupa
Sr. Albrieu.-
A partir de 2003 el Poder Ejecutivo ha demostrado un respeto irrestricto por
todas las manifestaciones populares de protesta y ejercicio de los derechos
individuales de todos y cada uno de los argentinos. Ha habido una actitud
permanente de protección de todos y cada uno de los derechos vinculados con la
protesta social. No han existido hechos de represión que hayan tendido a evitar
manifestaciones populares al respecto. Es por ello que pretender que esta norma
tenga alguna aplicación en este sentido resulta extraño no solamente en cuanto
a la letra del proyecto de ley que pretendemos aprobar, sino también en lo que
hace al espíritu de nuestra presidenta, que ha enviado esta iniciativa a
Es por ello,
y terminando mi alocución, que solicito a los señores diputados que voten
afirmativamente este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr. Yoma.-
Señora presidenta: seré muy breve.
En el debate
en comisión, aun compartiendo la filosofía y el concepto de este paquete de
leyes enviado por el Poder Ejecutivo en el sentido de transparentar las
operaciones bursátiles y combatir el financiamiento de las actividades
terroristas, manifesté mi disidencia en torno del quantum de las penas, porque
consideraba que esto establecía un desequilibrio entre los valores y el objeto
protegido. Estimo que el quantum de las penas es bastante desequilibrado en
materia penal.
Tengo
entendido, en función de lo que me comentó el presidente de la comisión, que se
llegó a un consenso en donde se han morigerado las penas y se han equilibrado
respecto de las conductas aplicables. De esta manera, si esto es tal cual el
presidente lo plantea, la disidencia desaparece, por lo que voy a apoyar el
dictamen de mayoría.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr. Garrido.-
Señora presidenta: es la segunda vez que asisto a un debate en esta Cámara en
el marco de esta intensa actividad legislativa que venimos dando. Me preocupa
que proyectos de esta envergadura merezcan tan poco tiempo de análisis y
discusión, sobre todo por la gravedad de las cuestiones respecto de las cuales
estamos legislando. Creo que no se puede modificar el Código Penal, introducir
figuras de esta envergadura y aumentar las penas en esta medida sin que haya
previamente un amplio debate, sin haber consultado a las organizaciones de la
sociedad civil ni a los profesores de derecho y sin que se haya hecho una
evaluación más detenida. Creo que esto va a generar consecuencias que se van a
transmitir hacia el futuro.
Hoy los
jueces aplican tipos penales que también se discutieron a las apuradas y que
implican recortes en las libertades de las personas con argumentos basados en
hechos de violencia que supuestamente ameritaban una modificación urgente del
Código Penal, pero que hoy en día ponen en riesgo, por ejemplo, a quienes
realizan reclamos sociales. Digo esto porque en la actualidad los jueces tienen
que lidiar con la aplicación de la figura de coacción agravada, que se aprobó
en 1974, y con figuras imprecisas como la de incitación a la violencia
colectiva, que dio lugar a la persecución de personas por el mero hecho de
opinar a favor de soluciones violentas, y no por llevarlas a cabo.
Se ha dicho
que estos proyectos tienden a concretar recomendaciones de carácter
internacional. Sin embargo, si leen con detenimiento los informes del Grupo de
Acción Financiera Internacional, verán que esta propuesta va mucho más allá de las observaciones que se le
han hecho a
Si revisan
las evaluaciones del GAFI, verán que no se cuestiona la falta de legislación
sino la no aplicación de las leyes vigentes. También se cuestiona la impunidad,
la falta de condenas y la falta de recursos para las agencias que tienen que
ocuparse de promover la persecución del lavado de dinero.
Entonces,
reitero que estos proyectos van más allá de las observaciones que ha realizado
el GAFI. En mi opinión, esta manera de legislar a las apuradas avanza sobre
cuestiones que deberían analizarse más detenidamente, porque estas normas serán
aplicadas cuando haya pasado este gobierno y dentro de algunas décadas y los
errores que hoy podamos cometer van a afectar las libertades de las personas a
las que se les pueda aplicar esta legislación.
Una de las
primeras observaciones que le hicimos al proyecto de mayoría es que resulta
innecesario establecer un agravante general para cualquier tipo penal cuando se
cometa con la finalidad de aterrorizar. Esta definición es imprecisa y viola
exigencias que tienen que ver con el principio de legalidad recientemente
avaladas por
Lo que más me
preocupa –creo que esto es algo que resolvemos en el proyecto contenido en el
dictamen de minoría‑ es la forma de agravar cualquier tipo de delito que
supuestamente tenga la finalidad de aterrorizar. Esto es algo que no ha sido
solucionado pese al esfuerzo puesto de manifiesto por el señor diputado Albrieu
en reparar el desprolijo proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En mi
opinión no es necesario agravar los tipos penales sino que bastaría para
cumplir con las observaciones referirse exclusivamente a la financiación del
terrorismo. En efecto, no es necesario agravar todos los tipos penales del
Código Penal sino que bastaría con una legislación precisa de un específico
tipo de financiación de actividades terroristas que se ciña a los estrictos
estándares internacionales que no contienen definiciones genéricas, vagas e
imprecisas como ésta que se pretende introducir en el artículo 41 quinquies del
Código Penal.
Una primera
cuestión que nos parece importante llamar la atención es la dificultad de
definir el terrorismo o los actos de terrorismo. Dicha dificultad hizo inclusive que cuando se
discutió el Estatuto de Roma para
Vuelvo a
llamar la atención sobre este artículo 41 quinquies porque está incrementando
las penas en un doble, con lo cual se genera otro problema que tiene que ver
con la sistematización de las penas, a lo que vamos a referirnos.
Sobre la
cuestión de la definición de los actos terroristas, lamentablemente el proyecto
del Poder Ejecutivo no ha tomado en cuenta la recomendación de
Como decía,
la propuesta del Poder Ejecutivo incrementa las penas en el doble, con lo cual
aquellos delitos que tienen contemplada una pena máxima de 25 años ven
incrementada la escala penal a 50 años como máximo, e incluso algunas figuras
que deben o tienen que alcanzar una pena máxima de 50 años, si se aplica el artículo
41 quinquies, sin ningún correctivo se llegaría al absurdo de conducir a una
pena máxima de 100 años, como el caso de la rebelión agravada.
Esta falta de
sistematicidad fue puesta de resalto en un fallo reciente de
Una tercera
observación es la que tiene que ver con la posibilidad de utilizar este tipo de
formulaciones vagas para la represión de la protesta social. Esto no tiene nada que ver con la voluntad
del Poder Ejecutivo cuando envía el proyecto y tampoco con el agregado
desprolijo que se hace al final, donde se intenta salvar la aplicación de tipo
penal invocando los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos
constitucionales, algo que es una perogrullada, es decir que ni siquiera sería
necesario aclarar.
Tampoco va a
evitar abusos por parte de los jueces, porque este tipo penal se va a seguir
aplicando durante mucho tiempo en el caso de ser aprobado, como han sido
aplicados otros tipos penales.
Haciendo una
revisión de la jurisprudencia de
Me preocupa
que estemos estableciendo este tipo de penas e introduciendo aclaraciones que
luego los jueces podrían dejar sin efecto cuando tengan que resolver
aplicarlas.
Esta
agravación ha dado lugar a abusos recientes en legislaciones parecidas a la que
hoy se somete a nuestra consideración. Es el caso, por ejemplo, de la
legislación chilena, que inclusive ha sido mucho más restrictiva, porque el
agravante de terrorismo lo refiere solamente a determinados delitos y no a todo
el Código Penal. En Chile esta
legislación antiterrorista ha sido aplicada a mapuches reclamando por sus
tierras, cuando han incendiado campos para reclamar por sus derechos
ancestrales. La verdad es que aprobar este artículo 41 quinquies como se propone es abrir la puerta a
abusos en la represión de protestas sociales.
También me
preocupa que hoy estemos aprobando esto y, luego, que muchos de los diputados
aquí presentes que estamos decidiendo sobre esto terminemos corriendo, como ha
ocurrido en un caso reciente, el de Vilma Ripoll, para apoyarla con una amicus curiae, para que no sea sancionada
por los mismos tipos penales que estamos sancionando y que dejan abierto el
camino al abuso o a interpretaciones amplias del tipo penal que, en definitiva,
terminan siendo aplicadas en desmedro de las libertades.
Hay que tener
en cuenta que el terrorismo pone en riesgo la democracia y los derechos humanos.
Así lo reconoció la comunidad internacional, pero ésta también ha sido muy
enfática al exigir a los gobiernos y hacerles saber a los Estados que tienen la
obligación de proteger a las personas y que todas las medidas adoptadas para
luchar contra el terrorismo deben cumplir, ellas mismas, con los requisitos que
tienen los Estados con arreglo al derecho internacional de respetar los
derechos humanos.
Esta
propuesta del Poder Ejecutivo no compatibiliza esta doble obligación del Estado
de reprimir la financiación del terrorismo y de velar por los derechos humanos,
y abre el campo a la aplicación de una norma penal que puede dar lugar a abusos
de represión y a la aplicación de penas desmesuradas a aquellos que reclaman
por sus derechos.
Quiero hacer
referencia a que nuestra propuesta también pone límites a la iniciativa de la
mayoría en lo que tiene que ver con las facultades de
En cuanto al
otro proyecto que se somete a consideración, que tiene que ver con la represión
de los delitos bursátiles y la ampliación de los tipos penales que se refieren
a la manipulación de mercados y la revelación de secretos, entendemos que es
correcto introducir los tipos penales que son exclusivamente mencionados en las
observaciones que formula el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es
decir, que bastaría con corregir el tipo
penal que se refiere al inside trading, es
decir, a la revelación de información privilegiada a la que se tiene acceso en
virtud del ejercicio de determinadas funciones relativas a los mercados.
También
entendemos que es correcto regular la manipulación de mercados, si bien creemos
que era suficiente para cumplir con las obligaciones internacionales la
redacción ya vigente del artículo 300.
Sin embargo,
para obviar esas observaciones, nuestra propuesta refunda ese artículo 300,
incorporando los datos necesarios para que no quede lugar a dudas de que la
conducta del inside trader está
incluida en ese tipo penal.
Entendemos
que es importante ampliar el espectro de tipos penales como lo hace este
proyecto, que ha sido reelaborado en muy poco tiempo, teniendo en cuenta la
delicada cuestión sobre la que estamos legislando.
Uno de los
tipos penales que objetamos y que está en la propuesta que se va a votar hoy es
el que se refiere a la represión de la intermediación sin autorización de
Entendemos
que esta es una figura que extiende desmesuradamente la incriminación penal a
conductas que hoy en día constituyen meras faltas administrativas y que son
castigadas con sanción pecuniaria. Es decir, que se está incriminando la oferta
de títulos valores al margen de la autorización estatal. Eso que hoy no tiene
ningún tipo de pena será reprimido, en caso de aprobarse la propuesta del
oficialismo, con penas severas y graves que no se justifican cuando lo que se
intenta regular es la mera inobservancia de la exigencia de una autorización
estatal.
Si esas
actividades clandestinas, sin autorización estatal, implican lavado de dinero,
el Código Penal contempla la represión de la figura de lavado, que este
Congreso aprobó recientemente. No es necesario para reprimir el lavado extender
la incriminación con semejantes penas a aquellos que carezcan de autorización
estatal para intermediar.
En segundo
lugar, no acompañamos la propuesta del Poder Ejecutivo de incriminar el cohecho
financiero, porque entendemos que la redacción del tipo penal es sumamente
desprolija. El texto original enviado por el Poder Ejecutivo incriminaba
conductas en principio legales, como cobrar por asesorar para hacer un negocio
financiero. Es sorprendente que se haya enviado un proyecto tan desprolijo
sobre esta cuestión, aunque merced al esfuerzo del diputado Albrieu ha sido
corregido en parte. Pero entendemos que todavía la redacción que se eleva a
aprobación de
Entendemos
que la redacción del tipo penal que propone el oficialismo respecto del
artículo 309, sobre manipulación de mercados, contiene una pena desmesurada. No
se justifica que la pena por manipulación de mercados sea sustancialmente
superior a la del artículo 300 del Código Penal sobre el agio. El Código Penal
reprime las maquinaciones fraudulentas para hacer subir el precio del trigo que
se destina a alimentación de la población, que tendrían una pena sensiblemente
inferior a la aplicada a la manipulación del precio de los títulos valores. No
entendemos el fundamento de ese tratamiento diferente de las penas.
Esta
desprolijidad en cuanto a las penas que se contemplan en este proyecto, de
alguna manera también revela la falta de seriedad con que se ha manejado esta
cuestión.
Quiero terminar
diciendo que entendemos que es necesario adecuar la legislación penal a las
obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, que no se
circunscriben a observaciones del GAFI, que tampoco son recomendaciones
obligatorias, sino que el derecho obligatorio es el que emana de las
convenciones a las que hemos adherido.
Concretamente,
es cierto que hay varias convenciones que nos obligan a reprimir el terrorismo
y, específicamente, su financiamiento. Nuestro dictamen cumple con esa
obligación sin cercenar garantías fundamentales, sin poner en riesgo la
libertad de las personas y sin generar un instrumento que pueda dar lugar a
abusos. Entendemos que es posible cumplir esas obligaciones de una manera que
respete los derechos humanos y no
genere riesgos para los ciudadanos.
Lamento que estemos en esta sesión
extraordinaria para aprobar, por ejemplo, la represión del terrorismo y no la
de la desaparición forzada de personas, lo cual también constituye una
obligación que impone a
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- A continuación corresponde hacer uso de la palabra a
legisladores del interbloque Frente Peronista. A la señora diputada Natalia
Gambaro corresponden 2 minutos; al señor diputado Gustavo Ferrari, 12 minutos,
y a las señoras diputadas Ramona Pucheta e Ivana Bianchi, 3 minutos,
respectivamente.
Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Gambaro.- Señora presidenta: deseo formular una
aclaración en el mismo sentido que lo hiciera el señor diputado Yoma.
En reunión de comisión nuestro bloque
acompañó en general el debate, pero manifestó una disidencia parcial. El doctor
Albrieu, presidente de la comisión, nos prometió que se habrían de realizar
distintas negociaciones para obtener consenso en relación con tales textos.
Nuestras modificaciones fueron receptadas, por lo tanto acompañaremos el
proyecto en su totalidad. Ello, porque la redacción de los dos artículos cumple
con los estándares internacionales que exige el GAFI.
Aquí vale la pena hacer una mención
especial de los artículos cuyo texto hemos modificado a los fines de
mejorarlos. Me refiero a la intermediación financiera y a las ofertas públicas
realizadas sin autorización. ¿Por qué nos interesaba que estos artículos
tuviesen un buen texto? Porque apuntan a defender a los pequeños inversores y no
a los sofisticados. Si recorremos los alrededores de la bolsa advertiremos que
así como hay “arbolitos” que venden dólares, también existen intermediarios no
autorizados por el sistema que venden servicios financieros sin tener
responsabilidad alguna.
Si agregamos esos artículos daremos
mayor transparencia al mercado de valores y a quienes de manera registrada y
legal llevan adelante esta actividad, y defenderemos al consumidor.
Respecto del cohecho financiero
hicimos especial mención de las dificultades que surgían de la redacción
inicial. Solicito, señora presidenta, que me anote para hacer uso de la palabra
al momento de discutir el proyecto en particular, porque formularé una
modificación al artículo 7° del dictamen. En este punto arrimaré una mejor redacción,
pero desde ya anticipo que el bloque del Frente Peronista acompañará este
proyecto en su totalidad.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Ferrari.- Señora presidenta: en forma breve trataré de
explicar técnicamente mi posición sobre cuál es la situación de
El delito de terrorismo que hoy prevé
el Código Penal es sumamente restrictivo, porque no se encuentra considerado el
acto terrorista individual ni aquél llevado a cabo por una organización sin
planificación ni alcance global.
Esto afecta el delito de
financiamiento del terrorismo, precisamente porque, al estar definido de esa
forma, es evidente que no tenemos manera de aplicar la financiación a la
integralidad del delito de terrorismo.
A su vez, esa limitación de ambas
figuras, dado que no tenemos bien definido el delito de terrorismo, nos genera
dificultades en cuestiones de cooperación internacional. Saben los señores
diputados que, en rigor, la reciprocidad es uno de los requisitos principales
de la cooperación internacional en materia de intervención del derecho penal.
Es decir que la situación legal de
En primer
lugar, si bien es cierto que no existe una definición acordada de terrorismo,
en diversas convenciones hay una cantidad de definiciones que pudieron haber
sido tomadas en cuenta. No estamos hablando de cualquier delito; no nos estamos
refiriendo al delito de lesiones, de daños o de hurto, sino a delitos sumamente
graves. Entonces no entiendo por qué el gobierno pretende ir más allá de lo que
nos exigen nuestros compromisos internacionales.
La propuesta
que recibimos del Poder Ejecutivo controvierte el principio de legalidad, que
exige que toda conducta que se pretenda penar esté correctamente tipificada y
delimitada para evitar discrecionalidades. Esta es la razón por la cual el
derecho penal debe ser lo más cerrado posible, de forma que haya un límite a la
discrecionalidad.
¿Qué hace el
Poder Ejecutivo? En primer lugar, inserta en la parte general del Código Penal
un agravante que es igual para todos los delitos. Lo hace de una manera amplia,
abierta y difusa, permitiendo que cualquier delito sea considerado acto
terrorista si se entiende que tuvo por efecto aterrorizar a la población. Es
decir que si un juez cree que una persona pretendió aterrorizar a la población,
lo considera culpable de terrorismo. O sea que hay un exceso de apertura en
algo que debe ser absolutamente cerrado.
Además, no
define el bien jurídico protegido para saber hacia dónde está yendo y qué está
protegiendo con este delito. Es decir que para la aplicación de este delito no hay un bien que esté determinado.
Esta técnica
legislativa ha venido siendo criticada por organizaciones de la sociedad civil,
con el argumento de que esto puede penar y sancionar la protesta social.
Con todas las
diferencias que tengo con el oficialismo, que son conocidas, debo decir que de
ninguna manera considero que el oficialismo en su proyecto esté pretendiendo
penar o sancionar la protesta social. Lo que estoy diciendo es que con esta
técnica legislativa puede llegarse a esa situación. Igualmente, de ninguna
manera veo la intencionalidad. Esto lo digo con todas las diferencias y el
respeto que me merece el oficialismo.
Sin embargo,
al dejar un tipo penal tan abierto y al establecer incluso el lugar donde se
comete el delito, al modificar la parte general del Código, podemos llegar a
habilitar que la protesta social sea penada y considerada como un acto
terrorista. Además, el hecho de que se explicite y se diga que es un derecho
que no está penado en este caso, es una contradicción en los mismos términos.
Se trata de un derecho constitucional. No hay por qué reconocer en el Código
Penal que no se trata de un delito.
Los derechos
constitucionales no tienen por qué ser explícitamente mencionados en un código,
porque por su propia naturaleza se ejercen libremente.
Es más: estamos
dejando lugar a la duda en el sentido de que pueden ser penados cuando
explícitamente lo mencionamos. Esto diluye la efectividad de la norma en pos de
la lucha contra el terrorismo y permite distraerla persiguiendo un número
indeterminado de conductas.
No se
considera al terrorismo como delito autónomo que proteja un bien jurídico
determinado. Se deroga –esto es muy grave- el delito de asociación ilícita
terrorista. Están derogando un delito y no tenemos más abordaje específico para
el tema de asociación ilícita terrorista en
Una infinidad
de conductas que prevé el Código Penal pasan a ser pasibles de encuadramiento
dentro del agravante terrorista. Incluso, hay delitos y capítulos que nada
tienen que ver con el terrorismo: los delitos contra el honor, la integridad
sexual, o el estado civil. Es decir que un señor que es un asesino serial, si
aterroriza a la población, podría ser considerado terrorista.
¿Qué decimos
nosotros? Que necesitamos una fórmula cerrada que despeje cualquier duda en
torno a la voluntad de combatir el terrorismo. ¿Cuáles son los objetivos de
nuestro dictamen? Nosotros tratamos de respetar el principio de legalidad
cumpliendo con tres objetivos. En primer lugar, definimos los bienes jurídicos
que debe afectar el delito. ¿Por qué estos tres objetivos al mismo tiempo?
Precisamente porque consideramos que el hecho de determinarlos despeja toda
duda de que la protesta social pueda ser incriminada.
Entre los
bienes jurídicos que se deben proteger enumeramos la vida, el cuerpo, la salud,
la libertad, la seguridad de un número indeterminado de personas, de alguna
persona especialmente protegida por el derecho internacional o por ser agente
diplomático, la seguridad de edificios públicos, puertos, aeropuertos, vías de
comunicación, el procesamiento, almacenamiento y transmisión de energía,
combustibles, agua potable, etcétera.
Es decir que
en primer lugar definimos los bienes jurídicos que se deben proteger y, en
segundo término, los medios comisivos, es decir, con qué se afecta y contra
qué. Cuando decimos con qué se afecta nos referimos a las armas de fuego,
municiones, materias corrosivas y tóxicas, etcétera, y toda una enumeración que
en honor del tiempo voy a omitir.
Por último,
definimos la finalidad que debe tener el acto terrorista para ser calificado
como tal. Dicha finalidad tiene que ser atentar contra la seguridad del Estado,
el orden constitucional, los poderes públicos y, también, imponer o tratar de
imponer ideas políticas o religiosas, o tratar de combatir las ideas ajenas. Es
decir que hay un objeto determinado en la definición y acción del terrorismo.
De esta manera, entendemos que determinamos claramente
el tipo penal de acuerdo con lo expresado en los tratados internacionales.
Asimismo,
incorporamos los siguientes agravantes: cuando se hiciere copartícipe a un
menor, cuando se asalten o se tomen instalaciones de las fuerzas armadas o de
seguridad, sedes diplomáticas o consulares, cuando la conducta se ejecute para
impedir o alterar certámenes democráticos o cuando el autor o partícipe sea
funcionario público.
También se precisan los agravantes del delito, que hoy ni siquiera los
tenemos contemplados.
En cuanto a
la asociación terrorista, entendemos que debe seguir considerándose un delito
como tipo especialmente grave de la asociación ilícita. Es un error derogar la
asociación ilícita terrorista, porque si terrorismo es todo, a la vez no será
nada. Entonces proponemos mantenerlo en el capítulo referido a los delitos
contra el orden público y no en la parte general. Es demasiado delicado,
complejo y difícil este tema como para definirlo con tamaña vaguedad.
Podemos
entender las exigencias del GAFI, y hago mías las palabras del diputado
preopinante cuando se preguntaba por qué tanta urgencia. Queremos ayudar al
gobierno en este aspecto, pero resulta importante que lo terminemos de definir
como corresponde, en beneficio de todos los argentinos.
Con respecto
al embargo o congelamiento de fondos, como en realidad se lo llama, nosotros
prevemos la necesidad de la inmediata participación del juez. Y si a
Por lo tanto,
resulta importante avanzar sobre esta cuestión. Estamos totalmente dispuestos a
tratar de ayudar para que el país tenga una posición clara en materia de
cooperación internacional. Acompañamos todo el esfuerzo que el oficialismo está
haciendo para contar con una buena legislación, pero llamamos la atención
acerca de la necesidad de ser inteligentes y precisos a la hora de legislar.
Tenemos que honrar nuestros compromisos, y en una materia tan importante
debemos ser precisos, porque está comprometida la vida, el honor y la libertad
de cantidad de argentinos incursos o posiblemente incursos en un delito que
nada menos se llama terrorismo. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Pucheta.- Señora presidenta: para los que no me
conocen, porque soy nueva en el Congreso, soy dirigenta del Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera Raúl Castells.
Como
dirigenta social, y en nombre de todos los que han muerto luchando en la calle
por una causa justa, por los que menos tienen, y en nombre de todos los
procesados, mi voto a este proyecto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se está
criminalizando la protesta social.
Me pregunto:
¿qué es aterrorizar a la población? Para miles de compañeros aterrorizar a la
población es ir a los supermercados y ver que todos los días aumentan las
cosas, salir de este edificio y ver a la gente que duerme en la calle, todos
los que mueren diariamente por desnutrición en mi país. Para mi organización
eso es atemorizante; eso nos aterroriza todos los días.
Si este
proyecto se hace ley, ¿a quién vamos a meter preso por todo eso? Quiero que sepan
que mi dirigente y líder de esta organización estuvo preso y al borde de la
muerte por pedir hamburguesas para los que menos tienen.
¿Cómo
podemos, como organización social, apoyar este proyecto? Para nosotros los
verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan que este
proyecto se haga ley, porque ellos son los que quieren traer su capital a
nuestro país.
Señora
presidenta: debo aclarar que si mi voto no es suficiente para evitar sancionar
este proyecto, nuestra organización llama a todas las organizaciones sociales a
luchar cada vez más, porque es la única forma de que nos escuchen los que menos
tienen: la protesta social y en la calle; no existe otra.
Discúlpeme,
señora presidenta, pero nosotros, como organización social, somos perseguidos
continuamente por defender los derechos de los que menos tienen. Por ese motivo
estamos en contra de este proyecto.
A todos los
presentes les digo que Ramona Pucheta por ahí no está preparada como muchos de
los que están acá, pero como militante en la calle sé cómo se sufre. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por San Luis.
Sra. Bianchi (I.M.).-
Señora presidenta: el proyecto que estamos tratando es de suma importancia para
el ordenamiento jurídico de nuestro país, máxime teniendo en cuenta la triste
historia de
No podemos
obviar que eso ha logrado que se cambie básicamente la mirada sobre el
terrorismo en cuanto a la prevención, el financiamiento y las consecuencias de
estos delitos.
Los atentados
terroristas obligan a la democracia a adaptar su legislación. Esto debe estar
encaminado y nunca debe llevarnos a olvidar derechos fundamentales como son la libertad,
la seguridad personal, la tutela judicial, la intimidad y el secreto de las
comunicaciones.
No se deben
extralimitar los poderes a los servicios de inteligencia y a la policía en
nombre de la lucha contra el terrorismo. En ese sentido el Comité Judío
Americano se ha pronunciado en total acuerdo respecto de este proyecto, pero va
más allá y dice que no sólo los argentinos, o el pueblo argentino, o el Estado
argentino, tienen que preocuparse por esto sino que también lo tiene que hacer
el mundo entero; lo tienen que hacer las naciones del Hemisferio Occidental,
pero no lo tienen que hacer por una obligación sino por solidaridad y por su
propio interés, porque esta vez nos tocó a nosotros pero mañana les puede tocar
a ellos.
Creo que es
imperativo y urgente considerar con toda seriedad y responsabilidad la
elaboración y adopción de nuevas leyes legislativas en este tema. Debemos
combatir las actividades de financiamiento y de lavado de fondos, el
reclutamiento de seguidores, y detectar la ejecución de futuros actos violentos
y criminales, siempre respetando nuestras garantías individuales.
La opinión
pública latinoamericana ha criticado mucho a nuestro país por el letargo que
teníamos respecto de este tema. Bueno, a partir de acá cambiamos, pero es
importante que sepamos respetar
No quiero
terminar sin antes expresar que en nombre de esta ley es importante respetar
los poderes del Estado y principalmente nosotros debemos ser quienes los
hacemos respetar, haciendo valer las libertades y las garantías
constitucionales.
Cierro con
una frase del escritor Fernando Savater, que dice: “Lo más importante intelectualmente no es
tanto comprender los motivos de los
terroristas, sino los nuestros para resistirles sin emplear sus propias armas”.
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires. La señora diputada Donda Pérez comparte el
tiempo con la señora diputada Parada.
Sra. Donda Pérez.-
Señora presidenta: en nombre del interbloque del Frente Amplio Progresista
queremos adelantar nuestro enérgico voto negativo, nuestro enérgico rechazo a
las normas que se han puesto en tratamiento en esta oportunidad de una forma
tan inusitadamente rápida y apresurada.
El proyecto
que está impulsando el oficialismo es de una gravedad que llama la atención y
nos obliga a reflexionar como legisladores. Si este Congreso Nacional llegase a
aprobar estas normas, estaríamos agravando aún más las condiciones de aquellos
luchadores sociales que en estos momentos se encuentran detenidos por el legítimo ejercicio de sus derechos
constitucionales.
Estos
proyectos están siendo impulsados por el bloque oficialista, que responde a un
gobierno nacional que dice respetar los derechos humanos. Sin embargo, según se desprende de estos
proyectos ese respeto a los derechos humanos queda atrás y no se puede
verificar.
La ley que se sancione tendrá
un nulo efecto disuasorio para quienes quieran cometer verdaderos actos de
terrorismo, actos que
Como bien nos
dice Mempo Giardinelli en una nota que aparece en Página 12, este proyecto “…no
será otra cosa que una reforma penal que legitimará la criminalización de la
protesta. Y eso será así porque el proyecto amplía las figuras penales
aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica con una figura tan
determinante y vaga como la de terrorismo”.
En esto debemos tener presente
algunos aspectos que también nos menciona Zaffaroni cuando define “protesta
social”, como la herramienta de la sociedad para satisfacer los derechos no
garantizados por el aparato estatal.
La propia
presidenta reconoció hace pocos días que
Zaffaroni
sostiene lo siguiente: “
La respuesta
del Estado debe ser, entonces, satisfacer los derechos humanos y no
criminalizar la protesta social. Cualquier otro tipo de respuesta es
persecutoria de aquellos que se expresan libremente.
¿Por qué nos
oponemos a este proyecto? A pesar de que el término “terrorismo” ha presentado
dificultades de conceptualización a lo largo de la historia, tal como se han
referido muchos diputados y diputadas, lo cierto es que podemos acercarnos a
una definición consensuada que es aquella contenida en distintas resoluciones
de las Naciones Unidas y en
No está de
más observar que se ha hecho algún esfuerzo por ajustar esa definición, pero
continúa siendo realmente insuficiente ya que se trata de un tipo penal abierto
que consolida en
Yo me
pregunto: si este proyecto de ley antiterrorista llega a sancionarse, ¿dónde
quedaría Vilma Ripoll que, por ejemplo, en este momento está procesada por
cortar una calle? Para muchas personas este acto puede considerarse como
atemorizante para la población.
Si se
sanciona esta ley y su aplicación cae en manos de los mismos jueces que
condenaron a Emilio Alí, a la docente Marina Schifrin o al concejal Horacio
Cepeda por defender sus derechos,
resultaría inaceptable que hoy estemos considerando esta iniciativa aquí porque
es una verdadera vergüenza. Lo que deberíamos estar tratando es un proyecto de
ley de amnistía para los más de 5 mil luchadores sociales que están detenidos
en estos momentos precisamente por exigir sus derechos.
Párrafo
aparte merece la excepción que la misma norma contempla, es decir, aquellas personas
que están manifestándose en pos del ejercicio de un derecho social o un derecho
humano que, en realidad, quedan exceptuadas de este proyecto. Es superflua esta
acotación que hace la norma, porque el ejercicio del reclamo de un derecho
social o de un derecho humano en forma generalizada nunca puede constituir un
delito.
Pese a que el
proyecto oficial afirma que estas conductas por las que se reclaman el respeto
de los derechos humanos van a quedar terminantemente excluidas, Gastón
Schiller, director ejecutivo del CELS, se opone a la sanción de esta
iniciativa, porque una persona puede ser encarcelada y mucho después probada su
inocencia. Prueba de ello tenemos de sobra. Solo voy a mencionar una: las
catorce personas que fueron detenidas después de los incidentes en la ciudad de
Buenos Aires y que fueron dejadas en libertad tres años después.
Por supuesto
que la inocencia es inútil, porque este tipo de legislación invierte la carga
probatoria, que es uno de los pilares de nuestra legislación penal.
Demás está
decir que las normas sancionadas por este Parlamento deben cumplir con las
obligaciones a las que nuestro país se ha ceñido, como por ejemplo,
Entre otros
derechos y garantías cobra trascendencia el principio de legalidad que en
materia penal exige la precisión de la materia punible. Como ya hemos dicho,
los tipos penales abiertos sólo invitan a la discrecionalidad en el sistema
represivo. Expertos en derecho penal vienen alertando, aún antes de esta
reforma, sobre la utilización de ciertos delitos que describen conductas
punibles en forma ambigua o que ni siquiera requieren de daños concretos a bien
jurídico alguno, todo lo cual es utilizado para la represión de la protesta
social.
Ese panorama
se va a complicar aún más con esta reforma que nos proponen, toda vez que
implica un inusitado agravamiento de las penas para todos los delitos previstos
en el Código. Ni siquiera se acotó tal agravamiento para los delitos
contemplados en el artículo 2º de
En lo que
respecta a la legalidad, la jurisprudencia internacional lleva tiempo haciendo
hincapié en la importancia de este principio. Cabe recordar que fue el propio
secretario general de Naciones Unidas quien en el marco de las observaciones
hechas a la reunión especial del Comité contra el Terrorismo del Consejo de
Seguridad, que se celebró el 6 de marzo de 2003, declaró que dado que el
terrorismo entraña un uso calculado de la violencia en la violación de la ley,
la respuesta a él debe dirigirse a garantizar el imperio de la ley. Luego
agregó que los actos de terrorismo, en particular los que conllevan la pérdida
de vidas humanas, constituyen graves violaciones a los derechos humanos, pero
la respuesta nunca debe poner en peligro el goce de esos derechos humanos.
La reforma
que nos están proponiendo implica también un grave riesgo para las
organizaciones que prestan apoyo a los movimientos sociales. Al respecto, sería
importante recordar que en
A
continuación quisiera referirme a una nota que escribió Mempo Giardinelli
oponiéndose a la sanción de estos dos proyectos. En su nota señala: “Y si es
cierto, como sugiere el colega Verbitsky, que esta legislación es producto de exigencias o presiones del Grupo
de Acción financiera Internacional (GAFI), para así calificar a
“Primero,
porque debe rechazarse toda propuesta o reclamo de organismos internacionales
que vulnere derechos fundamentales. Y después, porque de este modo los
movimientos sociales, que en nuestro país son variadísimos, podrían empezar a
ser vinculados con delitos de financiamiento al terrorismo, e incluso las
protestas pasarían a ser consideradas acciones terroristas.
“Mejor no
imaginar lo que sería este país si ello sucediese. Por eso, nada mejor harían
nuestros legisladores que archivar estos proyectos.”
Esta nota la
dejo a disposición de los señores diputados, porque hoy se han mencionado
muchos diarios; en este caso, se trata de una publicación independiente llamada
“MU”.
Lo cierto es que para las
organizaciones sociales que luchan por sus derechos esta es una ley de terror,
no una ley contra el terrorismo. Reitero que en el país hay cinco mil personas procesadas. Tengo aquí,
por si lo quieren ver, el mapa que muestra dónde está cada una de esas personas
que pelean por sus derechos humanos, que hoy están detenidas y que van a ser el
blanco de estos dos proyectos que pretenden convertir en ley. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por
Sra. Parada.-
Señora presidenta: en primer lugar lo que quería destacar es la franca crisis
que observo en relación a las facultades legislativas que niega el Poder
Ejecutivo y esto enmarcado en nuestra Constitución.
Lo veo en
crisis porque el tratamiento en sesiones extraordinarias de una ley de carácter
penal es un retroceso, uno de los retrocesos que vengo a marcar y en verdad más
allá de otras cuestiones que hoy se plantearon aquí me parece que éste sí es
uno de los proyectos que en el caso de sancionarse no sé de qué se van a
disfrazar para aplaudirla con la misma vehemencia con que aplaudieron las otras
sanciones.
El bloque
oficialista impulsa una ley que, como se ha dicho aquí, habla de
aterrorizar. No hay todavía una
definición unívoca en relación al terrorismo a nivel internacional y nosotros
siendo más papistas que el papa vamos a decir aterrorizar. ¿Qué es aterrorizar? Causar terror. ¿Y qué es terror? Un miedo muy intenso.
Nosotros hoy
vamos a dar sanción a una ley por la que aquellas personas que para cometer un
presunto delito –los delitos hay que probarlos y uno es procesado con semiplena
prueba‑ hayan causado un miedo intenso.
Ese miedo intenso genera el doble del mínimo y el doble del máximo, es
el doble de la pena.
Todos los posibles
delitos que tiene nuestro Código Penal van a revestir el carácter de
terroristas si se da esa condición de causar miedo.
Y además se
baja la edad de imputabilidad, porque hasta una fiesta de Halloween puede
llegar a ser terrorista.
Después de
escuchar al ministro Alak me preguntaba sobre la legislación que encontramos en
esta materia y veía que ni Estados Unidos en determinadas materias genera
legislación permanente de esta envergadura.
Cuando la
señora presidenta se encontró con el presidente Obama, muy contenta destacó,
después de ese encuentro, que él es un amante de la ciencia y de la tecnología
y yo también. Soy la presidenta que creó
el Ministerio de Ciencia, hasta ahí todo bien.
Ahora bien,
si a eso le sumamos el tema de seguridad y el compromiso de la lucha contra el
terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, temas emblemáticos para
ambos países, creo que la reunión será muy fructífera y muy provechosa para
ambos presidentes, pero sobre todo para ambos países.
En verdad,
más emblemático que dos casos únicos que tenemos, donde las causas por las que
no son resueltos son de franca inmoralidad, y nada tienen que ver con que nos
esté faltando legislación, no ameritan bajo ningún punto de vista que estemos
legislando en esta materia, abriendo la caja de Pandora, que es la parte
principal del Código Penal, no habiendo dejado los artículos en los que ya se
había legislado en la materia y cuyas versiones taquigráficas son tan extensas,
con los fundamentos, para haberlo legislado en la parte especial, sostenido por
quienes hoy también son legisladores.
Eso demuestra
cómo se puede decir todo esto y todo lo contrario o ninguna de las dos
cosas. Sin embargo la presidenta
Rousseff, quien fue la primera a quien visitó Obama en su primera visita
oficial, lo que le exigió al presidente Obama fue un tratamiento de igual a
igual y le reclamó además de esa relación de iguales, derribar las barreras
comerciales.
Brasil, cuya
presidenta estuvo aquí sentada el día de la asunción de nuestra presidenta, no
tiene legislación antiterrorista y me parece que no le va nada mal. Sin embargo ese mismo día la presidenta nos
dijo que el derecho de huelga no es chantaje ni extorsión, dejando no sé a
título de qué este paralelismo, que es el que nosotros denunciamos, que abre la
puerta a la persecución de la protesta social.
Yo les
pregunto a los miembros del bloque oficialista si para hacer de este proyecto
algo nacional y popular, lo van a llamar “terrorismo para todos”, porque este
proyecto implica eso.
Cuando digo
“para todos” me refiero muy especialmente a los trabajadores. Más allá de la
crítica que hizo la presidenta el día de su asunción en relación con el
peronismo y el derecho de huelga, a ese
partido político le debemos el haber forjado un espacio para los trabajadores
organizados, y esto es lo que está en franco retroceso.
El
Observatorio Jurídico de
Más allá de
esta pequeña apostilla, quiero dejar sentado que, en cuanto a si se está
violando un derecho constitucional, el general Perón decía que la única verdad
es la realidad, y ella está representada por los cinco mil procesados de los
que hablaba la diputada Donda Pérez, más los campesinos perseguidos, procesados
y desalojados, más los indígenas - que son desalojados porque no se cumple la
ley de tierras-, y más una infinidad de organizaciones populares que están
siendo perseguidas.
Esta no es
otra cosa más que una ley de terror que, efectivamente, pretende disciplinar a
las organizaciones populares y a la sociedad toda. Es una iniciativa de terror.
Ténganlo claro: ¡terrorismo para todos! (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Pinedo.-
Señora presidenta: le ahorraré muchos minutos a
En relación
con el proyecto de combate al financiamiento del terrorismo, vamos a acompañar
el dictamen que hemos firmado junto con el diputado Ferrari y otros señores
diputados.
A pesar de
reconocer mi ignorancia en materia de derecho penal, he recibido muchas
críticas de penalistas calificados por el hecho de que se ha puesto un
agravante en la parte general del Código para definir el terrorismo, en lugar
de introducir un tipo específico en materia de terrorismo y su financiamiento
en la parte especial, que precisamente trata sobre la definición de acciones
punibles.
Con relación
al otro proyecto, que llamaremos de delitos bursátiles, quiero agradecer
especialmente al ministro de Justicia, doctor Alak, al presidente de
Entonces, vamos
a votar por la negativa en general –porque tenemos nuestro propio proyecto‑
en materia de financiamiento del terrorismo y vamos a acompañar in totum la otra iniciativa. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Piemonte.-
Señora presidenta: comenzaré con una afirmación: estos dos proyectos que vamos
a votar son exclusivamente para el GAFI. Ninguno de ellos va a servir para
combatir el delito de lavado de dinero en
Nosotros
también queremos cumplir con el GAFI, pero pretendemos hacerlo en la medida en
que el Estado argentino vuelva a tener la capacidad real para intervenir sobre
el patrimonio y los bienes de las organizaciones criminales que se dedican al
lavado de dinero.
Insistimos en
que después de diez años prácticamente no hubo condena por delito de lavado de
dinero en
Esta
situación no se resuelve con la modificación del Código Penal, que es
nuevamente lo que se plantea en el día de la fecha.
El lavado de
dinero en
Por ello,
cuando se trató a mediados del año la modificación de la ley 25.246, nosotros
planteamos la necesidad de que el directorio de
Quiero
decirle a
La primera
denuncia penal que recibió el doctor Sbatella fue de un funcionario que apenas
dos años atrás integraba el gobierno de la provincia de Buenos Aires como
ministro de Seguridad, y hoy es el fiscal Stornelli, que denunció a las
autoridades de
El doctor
Sbatella recibió una segunda denuncia por haber cajoneado más de un año el caso
Schoklender, el que fue denunciado ante
El 7 de
diciembre pasado
Insistimos
que más allá de lo que estamos tratando hoy, el problema de
Para el
tratamiento de estos proyectos que estamos considerando tuvimos la suerte de
recibir el lunes pasado al ministro de Justicia. Además, el ministro de
Justicia fue sincero porque lo primero que dijo fue que el proyecto
antiterrorismo estuvo en su cartera en discusión más de dos años. El mismo día
lunes cuando lo trajo le hizo una modificación, y a su vez pretendía que esta
Cámara de Diputados lo aprobara en sólo tres días.
Ese es el
papel que de alguna manera el oficialismo le asigna al Parlamento nacional.
Con respecto
a estos proyectos, y por lo que han dicho otros diputados preopinantes, vamos a
acompañar independientemente de estas consideraciones, la modificación al tipo
penal sobre los delitos bursátiles, porque era una deuda que quedó pendiente de
la reforma que votamos a mitad de año. Pero nos vamos a oponer en forma
contundente al proyecto de combate de la financiación al terrorismo.
Coincidimos en la
necesidad de que
Sin
embargo, el proyecto que vamos a votar dista mucho de lo que plantea el GAFI y
de aquello a lo que se ha comprometido
No
estamos planteando una preocupación teórica, intelectual o de juridicidad;
formulamos estas inquietudes a raíz de que por lo menos en esta Cámara debemos
ponernos de acuerdo en cuanto a la realidad que hoy existe en el país respecto
de infinidad de situaciones que se están viviendo con compañeros que participan
de reclamos y protestas.
Fíjense
los señores diputados que a tal punto el gobierno considera que eso es
riesgoso, que incluye un párrafo como el que los otros días trajo el ministro.
A tal punto saben que aquello es riesgoso, que incorporan el siguiente texto:
“Los agravantes previstos en este artículo no se aplicarán cuando él o los
hechos de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Como
bien dijo el señor diputado Garrido, ésta es una verdad de Perogrullo, pues es
obvio que no es posible plantear una ley que defienda derechos ya consagrados,
sociales, humanos o constitucionales. Además, advierto que hay una mezcolanza
de derechos. Por lo tanto, es irrelevante la introducción de ese párrafo; pero
se lo incluyó porque el gobierno sabe que aquellas situaciones pueden aparejar
consecuencias.
Como
decía, debemos ponernos de acuerdo en cuanto a si coincidimos en que hoy en
nuestro país muchos jueces están considerando como delito el ejercicio de
derechos constitucionales. Me animo a plantear esto porque conozco a muchos de
los diputados del oficialismo, con quienes incluso hemos compartido espacios de
militancia en otro momento. Conozco a muchos que son militantes sociales, que
en sus territorios han trabajado y están en la calle al lado de compañeros que
se encuentran en la batalla.
Digo
esto salvando toda cuestión de acusación de “gorilismo”, porque yo también
–como señaló algún otro compañero- provengo de una familia peronista, y he aprendido
en la calle cómo se pelea por los derechos sociales en
Me
parece que muchos de los compañeros que van a votar este proyecto ni siquiera
han podido leerlo; van a votar algo que, de profundizar su análisis, no
votarían. Creo que debemos darnos más tiempo antes de votar esta iniciativa; es
riesgosa, peligrosa.
Comparto
lo que señaló ayer el señor diputado Rossi en relación con el presupuesto.
Cuando dijo que quería analizar esa cuestión teniendo en cuenta las
perspectivas, compartí su criterio, porque es claro que según el lugar donde
nos paremos tendremos una u otra perspectiva. A veces nos paramos desde una
perspectiva en la que ponemos énfasis en el aspecto constitucional o en lo
social, y en varias ocasiones la conclusión es distinta.
Pregunto
dónde se para el oficialismo para votar este proyecto. ¿Cuál es la perspectiva?
No creo que la mayoría de este cuerpo quiera pararse en la perspectiva de
aquellos que pretenden acallar las protestas sociales. Por ello, debemos
rechazar el proyecto.
Ayer
mantuve una reunión con compañeros del distrito de Berazategui que en este
momento están siendo procesados por haber enfrentado la instalación de una
subestación eléctrica, más allá de que el reclamo esté bien o mal, o de si
tienen o no razón. Están siendo procesados en este momento y están por
darles una condena.
El problema
es que si se aprueba este proyecto de ley, este procesamiento puede llevarlos a
la prisión efectiva. Si se aprobara este proyecto de ley, con la aplicación del
artículo 194 que hoy contempla una prisión de uno a tres años y es
excarcelable, si el juez considera que existió una finalidad terrorista pueden
quedar presos seis años, cuando se trata de compañeros que están peleando por
sus derechos. Esto es lo que riesgosamente vamos a votar hoy.
A tal punto
es riesgoso, que quiero dejarles una frase que me preocupó del señor ministro.
Me preocupó tanto que por eso le dije que le agradecía por su sinceridad.
Cuando habló de esta iniciativa no se refirió a la mejor ley ni a la ley
posible. Dijo que era la ley menos gravosa. ¿Qué significa esto? Que va a tener
consecuencias graves. Serán las menos graves, pero graves al fin.
Estamos
votando una ley donde “a confesión de parte relevo de prueba”. Las consecuencias
graves son las que se quisieron salvar con el agregado de ese párrafo, pero que
no se han salvado.
Como se ha
dicho acá, todo esto se resolvía con la incorporación en el Código Penal de una
tipificación específica, como se ha planteado en uno de los dictámenes. Se
podría agregar un artículo en la norma aprobada este año respecto al orden
económico y el delito financiero. De esta forma se resolvía el problema y
cumplíamos con las exigencias internacionales.
Voy a
concluir con una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta. El Caso
610 de 2001, el caso Mackentor, presentado ante
Nuestra
historia nos enseña que no debemos dejar ningún lugar a dudas para que nadie
–tampoco un juez- pueda acusar a ningún ciudadano argentino de terrorista por luchar
en defensa de sus derechos.
Como dijo la
señora diputada Di Tullio, ninguna fuerza popular y progresista puede estar
bancando este proyecto de ley. (Aplausos)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe, que cuenta con siete minutos.
Sr. Comi.- Señora
presidenta: cuando tratamos el tema anterior ya había dicho que hoy no era un
día para festejar en este Congreso. No es un día bueno para la historia del
derecho penal argentino.
Estamos
retrocediendo, porque estamos introduciendo tipos penales abiertos, dándoles
discrecionalidad a los jueces para entender cuándo sí y cuando no. También les
estamos dando a organismos administrativos un poder fenomenal. Lo cierto es que
esto está en contra de todas las garantías individuales.
Habrá una
razón de Estado, como se decía años atrás, pero es profundamente malo y
terriblemente peligroso para la libertad de todos los argentinos. Es algo que
está pasando todos los días, como ha dicho la señora diputada preopinante y el
señor diputado Piemonte.
Quiero
reproducir en este momento una carta que me hicieron llegar unas organizaciones
ambientalistas, porque pelean en la calle por estos derechos. La hacemos
nuestra en este Congreso para que sea pública.
Dice así:
“Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 14 de
octubre ante el Congreso de
Luego
cita algunos ejemplos, se introduce en los fundamentos y continua diciendo:
“Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país
como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con
profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos
internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar
derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de
concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas”
en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica.” Fíjense hasta dónde nos
lleva este análisis.
Continúa
diciendo: “Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra
los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al
narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a
problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o
medioambiental.”
La
nota continúa, pero quiero detenerme en las organizaciones. Está promovida por
el Movimiento Los Verdes, que nuclea a un conjunto de organizaciones de todo el
país. Voy a nombrar las que me permite el tiempo: AADI –Asociación de
Abogados/as de Derecho Indígena, ACIJ (Asociación Civil por
Tucumán, Asociación Civil Amigos de Guapoy,
Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche,
Asociación Civil Hermanos de
Personas:
Alberto Binder, Ariel Fuxman–Consejero Directivo Facultad de Filosofía y Letras
UBA, Damián Finucci -Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y
Letras - UBA)-, Elia Espen Madre Plaza de Mayo, Emanuel Marcos Abínzano, Felipe
Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), Igal
Kejsefman ‑Consejero Superior UBA‑, Ignacio Kostzer –Presidente
FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), Jazmín Rodríguez –Consejera
Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA-, Julian Liparelli –Presidente
CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales–UBA), Julio Raffo
(diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de
Organizaciones de otros países: Asociación para
¿Qué
quiero decir con esto, señora presidenta? Que no es éste un problema de la
política, no es que aquí están la oposición y el oficialismo discutiendo porque
algunos impulsan una cosa y otros queremos otra distinta. No se trata para nada
de eso. Se trata de una auténtica preocupación de cientos de organizaciones y
de miles de activistas que ven que el cerco del derecho vuelve a cerrarse sobre
ellos y que les volvemos a dar herramientas a los jueces -que pueden ser buenos
o de los otros- y al poder punitivo del Estado, para que lo ejerza sobre los ciudadanos. Esto también va en contra del juramento
constitucional que dimos cada uno de nosotros cuando nos incorporamos a esta
Honorable Cámara.
Sra.
Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr.
Cardelli.- Señora presidenta: ya se ha hablado bastante
sobre este tema. Adelantamos nuestro voto negativo al proyecto en consideración
contra el financiamiento del terrorismo y, por otro lado, vamos a apoyar en
general el proyecto de ley de regulación del lavado de dinero.
Nos
preocupa seriamente que estos dos temas hayan sido tratados de manera conjunta.
Hoy el
terrorismo es un problema político de gran dimensión y con bastante historia no
solamente en este país sino en el mundo entero. Todos sabemos que detrás de la
palabra “terrorismo” se esconden fundamentalmente fuertes confrontaciones
políticas y por sobre todas las cosas, persecuciones a los pueblos del Tercer Mundo.
En nuestro país, detrás de la palabra “terrorismo” históricamente se escondió
también la persecución a los luchadores sociales y a todos aquellos que
reivindicaban los intereses del pueblo.
Lamentablemente
este gobierno, que tantos avances ha tenido y tantas cosas importantes ha hecho
en el plano de los derechos humanos, y que inclusive se ha podido jactar de
prácticamente no reprimir y controlar la protesta social por mecanismos más
persuasivos, hoy profundiza un camino que puede decirse que desanda lo andado.
Ya la ley
26.268, de represión al terrorismo, enviada por el presidente Kirchner, implica
un primer agravante, y ahora estamos frente a este proyecto de ley. Más allá de
que se pretenda morigerar las figuras penales diciendo que si las acciones se
realizan en el marco de los objetivos de los derechos constitucionales esto no
constituirá delito de terrorismo, lo cierto es que en nuestro país
No hay ley
que solamente sea un papel escrito. Hay leyes y hay jueces que las interpretan.
Lamentablemente, el sistema judicial que tenemos presenta una larga tradición
fundamentalmente en la incomprensión de los intereses populares. Es por eso que
esta ley es preocupante.
La figura del
terrorismo o de terror es lo suficientemente amplia como para inclusive
invertir la carga de la prueba. Uno tiene que terminar diciendo que no es un
terrorista porque desde el Estado se dijo que uno lo es. Se aumenta la pena e
inclusive el Estado se da el gusto de configurar la intención de la acción
política.
Yo
simplemente quiero decir que en la nación chilena, aquí al lado, toda la
represión al pueblo mapuche se realiza conforme a los instrumentos legales de
estas leyes antiterroristas.
Las leyes
antiterroristas, como bien se ha planteado por ahí, son parte de una política
internacional que obviamente implica una presión de la que lamentablemente este
gobierno se ha hecho eco, como bien lo ha señalado el periodista Verbitzky en
su editorial del fin de semana pasado.
Parecería que
esta presión, que se hace desde el grupo de acción financiera internacional,
pudiera garantizar mejores inversiones internacionales y más seguridad para la
inversión extranjera. Creemos que no es así: al contrario, deteriora lo que son
nuestras tradiciones populares y nuestra democracia, e inclusive desanda un
camino andado por este gobierno.
Finalmente,
no quiero dejar de señalar que también vamos a entrar a ser sospechados en el
plano del financiamiento. Resulta que uno es solidario con una organización
popular y va a tener que empezar a averiguar qué hace dicha organización,
porque no vaya a ser cosa que realice actividad terrorista y uno termine
implicado en eso.
Es bastante
lamentable que empecemos a retroceder en este camino. Sería bueno que se
reflexione y que realmente no implementamos este proyecto que en los hechos va
a significar mayores condenas, persecuciones y fundamentos para la
criminalización de los sectores
populares. (Aplausos)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Solanas.-
Señora presidenta: continuando con las palabras de mi compañero, quisiera
agregar otros fundamentos para oponernos a una ley sorprendente que proviene de
la bancada oficialista y de un gobierno nacional que ha impulsado reformas de
neto corte social y progresista.
Esta ley
sorprende y hiere las mejores
tradiciones democráticas argentinas. Pero vamos a situarnos en qué marco viene
esta ley. Un marco de disputa por los recursos naturales no solo de
Esta ley
viene en circunstancias donde desembarcan todas las trasnacionales para
llevarse los metales y los recursos del subsuelo. Esta ley desembarca en el
Congreso cuando en los últimos quince meses murieron catorce trabajadores por
las balas de la represión de los gobernadores latifundistas al servicio de las
oligarquías provincianas.
Catorce
muertos en quince meses, compañeros. Este es un dato que no podemos olvidar.
Esta ley desembarca en el Congreso cuando tenemos más de cinco mil trabajadores
judicializados. ¿Cómo es posible que podamos delegar la legislación penal a las
interpretaciones que el Poder Ejecutivo piense hacer en el futuro sobre las
buenas o malas intenciones de la protesta social?
La protesta
social en todas las épocas y todos los países fue siempre considerada por los
poderes de turno como actos subversivos, como actos atentatorios contra el
orden. La moda hoy es llamarla terrorista.
¿Quién
impulsa esto? Nada menos que el GAFI. Con el GAFI están los proyectos de saqueo
colonial, los proyectos de saqueo del Banco Mundial. También está el proyecto
IRSA, que ha diseñado a toda América Latina para llevarse lo que tiene.
La resultante
de esto es la incapacidad gubernamental para pararse frente al conflicto
social. ¿Por qué tenemos la cantidad de cortes de ruta que se han producido en
toda esta década? Por la incapacidad de los gobiernos de defender los derechos
de los trabajadores y los derechos sociales.
Todos miran para
el costado. La filosofía nacional o la metodología política es hacerse el
tonto, el distraído y el sordo, dejando que la protesta social continúe.
Finalmente, como todos los funcionarios son sordos, hay que cortar la ruta, que
es lo que les duele, porque el conflicto toma estado público y social.
Atención:
esta es una ley de la recolonización de América Latina y de
Esta es una ley que indica el
giro y el cambio de modelo que se encierra detrás del ropaje progresista de
este gobierno. Por eso Proyecto Sur la denuncia y la repudia. (Aplausos)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada
por Tierra del Fuego.
Sra. Fadul.-
Señora presidenta: en relación con la modificación del Código Penal sobre
prevención, investigación y sanción de actividades delictivas con finalidad
terrorista, es apropiado apoyar normas contra esta modalidad delictiva.
Considero que debemos actualizar nuestra legislación penal de acuerdo con las
exigencias contemporáneas.
No estamos
cumpliendo estándares internacionales a cambio de sancionar una normativa con
la que desacordamos o consideramos inerte. Todo lo contrario; estamos mejorando
nuestras normas penales de acuerdo con nuestras propias convicciones. A raíz de
esta modificación positiva cumplimos con determinadas exigencias de la
comunidad internacional, lo que nos permitirá contar con la cooperación
necesaria en esta materia que, valga la redundancia, se vuelve necesario ante
la complejidad que han adquirido en muchos casos los ilícitos de esta
naturaleza.
Desde el
bloque del Partido Federal Fueguino voy a apoyar el dictamen de minoría –quiero
aclarar que hay más de uno- suscrito por el diputado Gustavo Ferrari y otros
legisladores, quien lo ha fundamentado sólidamente. Voy a resumir por qué apoyo
el dictamen basándome en los tres ejes que el diputado Ferrari clarificó.
En primer
lugar, lo hago porque se definen los bienes jurídicos que claramente deben
afectar los delitos. En segundo término, los medios y contra quiénes se dirigen
y, por último, porque la finalidad del acto terrorista tiene que estar
totalmente clarificada. Por lo tanto, me siento identificada con este dictamen
de minoría.
En relación
con la segunda iniciativa –incluida en el Orden del Día Nº 8-, quiero
manifestar que la evolución de la economía mundial demanda la creación de
herramientas que terminen con el abuso en la utilización de la información
privilegiada como instrumento esencial para proteger la estabilidad económica
en
El proyecto
que seguramente vamos a votar crea una nueva figura penal necesaria para los
tiempos que corren e introduce la hipótesis de la manipulación espuria de los
valores negociables u otros instrumentos financieros. Esto no es poca cosa.
En este
sentido, avanzamos en la sanción de quienes, en pos de intereses propios,
menoscaban el orden económico y financiero del Estado.
Nos
encontramos frente a una reforma que, en todo caso, promueve el reacomodamiento
del actual sistema penal en consonancia con los cambios que la realidad nos
demanda.
Por ello, el
voto del bloque del Partido Federal Fueguino será afirmativo.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Favario.- Señora presidenta: no voy a acortar mi
exposición a cambio de aplausos, como jocosamente pidió mi amigo Federico
Pinedo. Sin embargo, voy a hacer una aclaración para evitar cualquier equívoco:
el ahorro de tiempo en mi intervención no es funcional a ninguna trapisonda que
se pueda estar tramando en los pasillos de esta Cámara.
Por otro
lado, debo decir que comparto las sólidas argumentaciones expuestas,
fundamentalmente, por los señores diputados Garrido, Ferrari y Piemonte,
quienes especialmente han hecho hincapié en la imprecisión en la redacción del
proyecto contenido en el dictamen de mayoría por el cual se reforma el Código
Penal. Evidentemente, estas reformas importan un riesgo a las garantías y
libertades públicas so pretexto de combatir el terrorismo.
En
consecuencia, cumpliendo con mi
compromiso de ahorro de tiempo, y reiterando mi adhesión a las argumentaciones
vertidas por los diputados antes mencionados, adelanto el voto negativo del
Bloque Demócrata Progresista al proyecto contenido en el dictamen de mayoría. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señora presidenta: lamento estar en este recinto reiterando conceptos sobre las
exigencias del GAFI, que van en desmedro de derechos fundamentales de los
habitantes de nuestro país.
Lo cierto es
que hay estándares internacionales, pero –tal como señaló el señor diputado
Garrido‑ nosotros deberíamos guiarnos, por ejemplo, por la jurisprudencia
de
Más allá de
los distintos déficits técnicos que he observado, me voy a referir
principalmente al proyecto contenido en el expediente 8-P.E.-2011. En este sentido, la amplitud de los verbos que se utilizan
en los tipos penales me resulta escalofriante. La finalidad que habla de
aterrorizar a la población es un concepto tan abierto y vago que en lo personal el propio concepto me
aterroriza. Lo mismo digo en cuanto a la idea de obligar a las autoridades a
hacer o abstenerse de hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo puede
explicar con un ejemplo concreto? Sería importante que lo hagan toda vez que al
incluir este artículo en la parte general, se abarca a cualquier delito. Por
ejemplo, un hurto menor estaría incluido en esta calificación. Si un ladrón de
autos, aterrorizando a un funcionario público con armas –es más podrían ser
tres o cuatro, por lo que entonces sería una asociación ilícita‑ le
obliga a entregar su auto, lo está obligando a hacer algo.
En realidad,
lo más razonable que puede hacer el funcionario es entregarle el auto. Sí, se trata de una asociación ilícita,
efectivamente roban autos. Entonces, hay
que meterlos presos y castigarlos por eso, pero no son terroristas, reitero que
son ladrones de autos, es una banda que roba autos, no hace terrorismo.
En castellano
eso pareciera decir el sentido común. Además aquí no hay que pensar que lo que
diga la aplicación de la ley son los mensajes, ni siquiera lo que digamos
nosotros acá. Finalmente, lo que diga la
aplicación de la ley es lo que los jueces interpretan, y los jueces pueden
guiarse según distintos criterios.
Algunos siguen la voluntad del legislador, que no queda muy clara. Aquí
se ha visto la voluntad del legislador muy distinta y muy disímil.
De lo
contrario, debe tomarse en un sentido literal y el sentido literal es éste, del
mismo modo que en relación con el financiamiento. ¿Qué quiere decir que financia a otra
persona, a un individuo para que cometa de cualquier modo o intente cometer o
participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies?.
Volvamos al
ejemplo del ladrón de autos. La abuela
sabe que roba autos, y dice: “Este chico me salió mal, pero no lo voy a dejar
morir de hambre” y le da bienes. ¿También tendríamos que poner presa a la
abuela por financiar el terrorismo, porque la aplicación lógica sería esa?
Desde ya que
más grave que eso es el sentido de lo que se dijo aquí, porque va más allá de
lo que exige o pide el GAFI en la definición de acto terrorista. Y si bien es cierto que en la versión inglesa
es más difícil de charlar con las personas del GAFI, entonces vayan a la
versión francesa y en ella por lo menos exigen daño a la vida, a la seguridad,
es decir que al menos intentan que haya un bien jurídico que esté dañado, más
allá de la mera intención.
Entonces, es
aquí donde realmente empieza a ser más preocupante que el ejemplo de la abuela,
que espero que no se dé en forma tan ridícula en este país, pero no se puede
confiar en que esto sea así, en cuanto a no ponerla presa.
Lo cierto es
que aquí se indica que la idea es llenar ciertas lagunas jurídicas. En el tema parecen existir cierto tipo de
lagunas y lo cierto es que se ha tocado aquí varias veces tanto en la comisión
como en esta sesión el tema de los atentados en
En este
sentido, la verdad es que se están vulnerando gratuitamente derechos fundamentales
y digo gratuitamente porque esto sirve solamente para una política represiva,
pero de ninguna manera previene los atentados, y si no vamos a ver qué pasó
exactamente en
En esta
cuestión tengo una indignación absoluta, por lo que pido perdón por cualquier
exabrupto. En verdad, si todavía no hallamos un culpable fue por el
encubrimiento que hicieron las autoridades políticas, la policía, los jueces de
este país y hasta algunos parlamentarios.
Esta es la
verdadera historia. A mí me tocó ser la fiscal en el juicio de destitución a
Galeano y estudié perfectamente la causa de
El dinero fue
entregado por altísimos funcionarios del gobierno argentino. Es más, habría que
analizar la responsabilidad del ex presidente Menem sobre el asunto. Esto
debería haberlo investigado Galeano, quien fue cómplice en la mayor violación
de derechos humanos de la gente. Por ejemplo, envió a una abogada, que estaba
“cableada” –es decir, con micrófonos‑, a ver a las personas imputadas. Ni
siquiera se proveyó el mínimo derecho de defensa, lo que permitió que cayese
todo.
El juez que
tenía que seguir analizando qué había pasado con la conducta del encubrimiento
fue Bonadío, quien fue denunciado por
esta y otras causas. Además, quien lo defendió, impidiendo que se abrieran
denuncias y que llegara a adjudicarse la investigación, fue el senador
Pichetto, quien era el presidente del bloque oficialista, al igual que ahora.
Hablo de noviembre de 2006.
Es decir que
si tuviésemos que analizar lo que ha ocurrido con los actos de terrorismo en el
país, deberíamos recordar cuál fue la responsabilidad que nos cupo a todos, porque
hay temas que están esperando justicia.
Definitivamente,
esto no va a ayudar absolutamente en nada. Además, lo hará todo mucho peor,
porque agrava la situación en relación con la protesta social. El último
párrafo que han agregado
señala que el agravante no se aplica cuando los hechos de los que se trate se
produjeran en ocasión del ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o
cualquier otro derecho constitucional.
En primer lugar, sería mejor no
aclarar, porque oscurece: los derechos sociales son derechos humanos y
constitucionales. ¿Quieren que les recuerde quién introdujo el artículo 14 bis?
El problema radica en que nuestros jueces no consideran que el derecho a la
protesta social sea un derecho constitucional, por lo que hay procesados y
fallos en contra de personas que estuvieron participando de protestas sociales.
No lo digo yo sola, sino que también
hay mejores personas que me apoyan en este sentido, dado que hemos recibido una
carta pública. Voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones esta
carta, que fue firmada por más de cien organizaciones, entre ellas, AABA, CELS,
ACIj, INECIP, CEPPAS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, CTA, ATE, asambleas
populares –las que pedían que nos fuéramos todos y todas-, entidades que
integran
No sigo
detallando los nombres porque quiero terminar diciendo que lamento que en estos
tres días estemos sometidos a las exigencias del GAFI en lugar de estar
derogando figuras como el avenimiento, por la cual una joven de 19 años fue
violada y luego asesinada por su violador en
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. de Prat Gay.-
Señora presidenta: como bien se dijo, estamos discutiendo leyes que nos exige
un organismo internacional: el Grupo de Acción Financiera.
En la última
evaluación mutua de este organismo internacional publicada en su sitio web se
lee lo siguiente: “Esta es la tercera evaluación mutua del GAFI de
Esta es una
evaluación de octubre de 2010, con lo cual, en los últimos seis años la conclusión
es que no hubo avances en las recomendaciones que se hicieron en el informe
anterior.
Y continúa:
“Esto se complica por la falta de una adecuada coordinación, la superposición
de jurisdicciones de una serie de organismos nacionales y los requisitos
variados e inconsistentes verticalmente a través de los niveles de las
regulaciones aplicables para cada espacio del sector financiero, y
horizontalmente dentro de cada sector financiero.”
Las
recomendaciones clave para
En octubre de 2010, de las cuarenta y
nueve recomendaciones del GAFI
Gran cantidad de los incumplimientos
totales y parciales son administrativos. Esto debe quedar en claro, señora
presidenta. No se trata de cuestiones que resolveremos desde el seno del
Congreso Nacional. En realidad, al respecto el Poder Ejecutivo cuenta con las
leyes necesarias, pero sin embargo, en razón de su propia deficiencia
administrativa, no está cumpliéndolas.
En tal sentido podría citar una
determinada cantidad de ejemplos. Así, curioso es que el GAFI señale que en
Pareciera que cada seis meses el
gobierno debiera enviar iniciativas al Congreso de
Si ése fuera el caso, desearíamos
saber por qué siempre estamos “corriéndola de atrás”, aun en materia que no es
crítica, porque como ya dijimos, el problema es más administrativo que
legislativo.
Hace seis meses llevamos a cabo la
discusión de un proyecto de ley cuya sanción precisamente exigía el GAFI, ya
que había que tipificar el delito de autolavado. Recuerdo a los señores
diputados que en aquella ocasión hubo consenso; creo que ésa fue la única vez,
en los dos últimos años, que de manera conjunta se trató un proyecto; y si bien
el oficialismo estuvo dispuesto a aceptar modificaciones, lamentablemente la
ley sancionada después fue objeto de un veto presidencial que, aunque parcial,
afectó el acuerdo al que habíamos arribado los bloques de oficialismo y de la
oposición.
Por otra parte, se ha hablado de la
participación del ministro Alak en su visita al Congreso. Lo único que tengo
para decir al respecto es que cuando tratamos un tema mucho más serio para los
argentinos, como el de las salideras bancarias, en el que el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos debía participar porque contaba con un integrante
en
Aun aceptando que el gobierno está
realmente obsesionado en legislar para cumplir exclusivamente con estas
imposiciones del GAFI, la pregunta que varios diputados preopinantes ya se han
formulado en tal sentido es la siguiente: por qué usar definiciones que ni
siquiera nos pide ese organismo.
En este caso, la discusión en torno
del proyecto contenido en el Orden del Día N°8 ha sido suficientemente abordada
por mis compañeros de bloque, los señores diputados Piemonti y Comi, y otros
legisladores. Como miembro de
Insisto en que si hubiera vocación de
resolver esta cuestión, habría bastante menos dolores de cabeza para avanzar en
ese proyecto de ley, que tal como se encuentra planteado sólo podemos rechazar
de manera contundente, como ya hemos adelantado al pleno de la Cámara.
En cuanto al
otro proyecto de ley, contenido en el expediente 9-P.E.-2011, adelanto el voto positivo.
A pesar del
dictamen que ha presentado el oficialismo, entendemos que el otro día ha habido
fructíferas discusiones. El señor diputado Albrieu ha sido proclive a
incorporar algunas sugerencias de algunos bloques de la oposición. Entendemos
que nadie puede estar en contra de penar delitos de información privilegiada,
penar delitos de manipulación de información, y que además existan agravantes
en el caso de que los directores de estas compañías estén involucrados.
Creemos que
hay que penar el cohecho en la actividad financiera, como en la actividad
bursátil. Por supuesto que vamos a acompañar el segundo dictamen, pero no el
primero a menos que se modifique.
Volvemos a la
reflexión original: si
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Stolbizer.-
Señora presidenta: insisto en lo que hemos planteado en el debate de todos
estos temas. No se trata de una buena agenda para el inicio de un gobierno.
Es una agenda
que se define con dos temas centrales. Se trata de dos reformas al Código Penal
que en nada le cambian la vida a la gente.
Tal como han
adelantado las señoras diputadas Donda Pérez y Parada, adelanto el voto negativo en nombre del
interbloque del Frente Amplio Progresista a los dos proyectos puestos en
consideración.
- Ocupa
Sra. Stolbizer.- Nuestro bloque tiene una posición negativa
desde una concepción integral de ambos proyectos Me animaría a decir casi
filosófica. Consideramos que ambas reformas son peligrosas e ineficaces a los
fines de los resultados que se intenta buscar.
La discusión
de estos temas –estamos hablando de una ley denominada antiterrorismo y de otra
llamada antilavado- necesitan ser contextualizados desde el plano de lo que
significan los delitos complejos de organizaciones criminales transnacionales.
El
capitalismo es global y nuestra obligación es pensar globalmente y accionar localmente,
especialmente en el caso del flujo de capitales internacionales y acciones
ilícitas que se derivan de ese flujo de capitales.
Hoy somos
parte de una crisis del capitalismo a escala global. Decir que las crisis no
nos afectan, es no entender cómo funciona ese sistema capitalista global. Lo
mismo acontece con el delito de lavado. La lucha política debe ser articulada
de manera global.
Conviene
señalar también que es necesario dar una discusión sobre las relaciones
financieras económicas internas de
El sistema
financiero en
Y nos
animamos a decir que ninguna de estas reformas profundizan en la discusión de
esa matriz económica ni van a cambiar con ninguno de los proyectos que
aprobemos hoy.
Por supuesto
que estamos convencidos de la necesidad de adaptar nuestra legislación a los
estándares internacionales que requiere el GAFI. Pero en este punto vamos a
reiterar que ninguna de las reformas que se están planteando tiene que ver con
las críticas que el GAFI ha hecho a
La pérdida de
credibilidad de nuestro país en el plano mundial no tiene que ver con la falta
de una legislación sino, entre otras cosas, con un sistema que no funciona y
favorece la comisión de estos delitos y, obviamente, con las malas gestiones
que se vienen sucediendo y con la falta de voluntad para profundizar en el
agujero negro que tiene nuestro país, que es el delito complejo. Todo esto es
lo que le hace perder credibilidad a
Las críticas
del GAFI no tienen que ver con la ausencia de una ley sino con el deficiente
funcionamiento de nuestro sistema financiero y de controles, sobre todo en
materia de lavado de dinero. Las críticas se refieren a que el personal no
tiene suficiente capacitación, a que existe un déficit muy grande de estructura
profesional y, sobre todo, de presupuesto.
Fundamentalmente
se viene cuestionando la calidad de los reportes. Solamente tiene utilidad o
sirve el 11 por ciento de los reportes emitidos en los últimos diez años. Ese
es el informe que analiza el GAFI. Obviamente, esto es lo que hace que en más
de diez años de vigencia de una ley antilavado, sigamos sin tener condenas y
continúe existiendo un nivel muy bajo de investigaciones sobre esos reportes.
Con nuestra
posición no buscamos evadir las responsabilidades que el Estado debería tener
frente a la comunidad internacional, pero no es este el camino por el cual
Los proyectos
en discusión no son ninguna alternativa novedosa ni van a cambiar la situación
de nuestro país.
Nos parece
crítico buscar una alternativa superadora al statu quo dominante en
Por lo tanto,
es crucial un proyecto que trascienda la mera reforma del Código Penal. No
sirve simplemente una reforma legal si no ponemos en marcha una reforma
estructural en el funcionamiento del sistema, que es lo deficitario.
Obviamente
creemos que el mero endurecimiento de las penas puede evitar un castigo del
GAFI. Tal como lo dijimos durante el tratamiento de la última reforma, es
posible que con esto limpiemos nuestras propias conciencias. Debemos tener en
claro que esto no logra detener la profundización de los esquemas financieros
de nuestro país, que son injustos y poco transparentes y que, en última
instancia, lo que hacen es justamente alentar los delitos que pretendemos
reprimir.
Además, va a
ser ineficaz porque no va a cambiar las condiciones de inseguridad por las que
reclama la población. Frente a estos delitos complejos es necesario un sistema
criminal integral. En realidad, se necesita que exista una voluntad política,
justamente para prevenir y evitar ese tipo de delitos. Sobre este punto es
necesaria una agenda regional.
Quiero hacer
algunas reflexiones sobre los proyectos en particular. Es cuanto menos ingenuo
creer que las deficiencias en el diseño e implementación de las políticas de
Estado en general y en particular que apuntan a la prevención y represión de
esos crímenes se solucionan mágicamente mediante reformas simbólicas y
simplistas de la ley penal.
Cambios como
los que se proponen no son otra cosa que un retroceso o un mero maquillaje,
porque pretenden disimular las deficiencias del Estado.
Estamos
frente a un grave retroceso en materia de calidad democrática y de respeto a
los derechos humanos. El proyecto de ley sobre terrorismo no constituye un
elemento eficaz en la lucha contra esos crímenes y, lo que es más grave,
adolece de inconstitucionalidad.
En
oportunidad de los debates anteriores, cuando se votaron los artículos que en
este momento se pretende derogar, ya se había advertido sobre cuál iba a ser el
verdadero resultado. Y hoy el propio oficialismo, que en aquel momento los
impulsó como la respuesta o salida a los conflictos que teníamos, debe
reconocer que no sirvieron absolutamente para nada.
Lo que el
Poder Ejecutivo propone es la reformulación y reordenación de las figuras
penales en el cuerpo normativo, dejando aún más abierto el anterior y tan
controvertido tipo penal de la asociación ilícita terrorista. No hay duda de
que incluir hoy un agravante que lleva el doble de la pena dentro de la parte
general del Código Penal en lugar de sostener una figura dentro de la parte
especial no va a brindar absolutamente ninguna respuesta, y volverá a ser –como
lo planteamos‑ una herramienta de riesgo y de peligro social.
El principal
riesgo es dotar al Estado de un instrumento de persecución y de represión
impropio del sistema democrático, que debería llevarnos al mayor de los
cuidados.
El proyecto
pretende incorporar una salvedad con respecto a la vigencia de los derechos
humanos y a evitar la criminalización de la pobreza que, por supuesto, no
sirve, es una cuestión meramente retórica, una obviedad innecesaria e
injustificada en el ejercicio de cualquier derecho constitucional.
- Ocupa
Sra. Stolbizer.- Con respecto al otro proyecto, lo que hace es
crear un espectro de delitos que van más allá de figuras delictuales:
transforma meras faltas administrativas en delitos penales de la noche a la
mañana, lo que obviamente tampoco servirá, salvo como mecanismo de persecución
y de represión.
Vemos que las dos iniciativas padecen
graves déficit de legalidad y en ninguno de los casos tienden a mejorar las
herramientas de control y persecución de los delitos.
Nuestro bloque votará en contra en
general, tal como lo hemos planteado en la comisión al presentar nuestra
disidencia total. El Código Penal que pretende tener el Poder Ejecutivo es un
instrumento de control político, social y económico contrario a nuestra
concepción filosófica.
Estamos en contra de la guerra
preventiva que, tras el discurso del combate al terrorismo, ocupa, invade
territorios y violenta derechos elementales de personas y de pueblos. También
estamos en contra de aquellos que con el pretexto de la seguridad aceptan
restringir la libertad, aun cuando ello entrañe violación a los derechos.
Solicito autorización a
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se toma nota de su
pedido, señora diputada.
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Gambaro.-
Señor presidente: como ya adelantara uno de nuestros miembros informantes ‑tenemos un dictamen de minoría‑,
el voto de nuestro bloque va a ser negativo.
Se ha comentado que estamos cumpliendo
exigencias del GAFI. Probablemente por eso nos estén apurando, pidiéndonos que
decidamos esto en pocos días; apunta más a tipificar el financiamiento que a
definir los tipos penales de actos terroristas en nuestro Código Penal.
Pero
Estamos incumpliendo no solamente con
el GAFI sino con el Sistema Interamericano, que me merece mucho más respeto.
También tenemos la necesidad de
legislar por nuestra historia y porque fuimos víctimas en varias oportunidades.
Nos preocupa que esta oportunidad se
haya desaprovechado y que en el apuro estemos cometiendo un error.
No me voy a referir a la
criminalización de la protesta social, porque personas como Ramona y la
diputada Donda dieron acabadas descripciones y números referidos a cómo está
funcionando. Me voy a referir a cuál es la conducta que ha mantenido
Como ustedes saben, las convenciones
internacionales –podría decir que
¿De verdad
creemos que nosotros, en tres días, vamos a poder suplir un trabajo que lleva
más de 40 años en la comunidad internacional, que todavía no se ha podido poner
de acuerdo?
Esta falta de
una definición única nos ingresa en un círculo vicioso. En la parte general del
Código Penal introducimos la definición de “aterrorizar”, que no tiene consenso
internacional. Esto quiere decir que no sólo no lo pudimos hacer nosotros sino
que lo vamos a dejar a criterio individual de los jueces.
Otra vez,
¿creemos que una persona, en forma individual, puede suplir lo que la comunidad
internacional no pudo hacer en todos estos años?
El riesgo es
enorme. Como les decía, los ataques terroristas no son nuevos. El señor
diputado Albrieu nos llevó bastante atrás en la historia, no solamente en
nuestro país sino en el resto del mundo. ¿Cuál fue la respuesta de esta comunidad
ante estos hechos? La realización de convenios especiales.
Hoy existen
trece convenios internacionales que establecen definiciones de delitos
considerados como actos terroristas y tipificados como tipos penales. Cuando un
país suscribe estos convenios se obliga a incorporarlos a su ordenamiento
interno y asignarles una pena.
Están
definidos como los tipos penales que nuestra tradición histórica ha tenido. Los
tipos penales son cerrados, y cada vez que nos toca debatir algo en
Los delitos
contenidos en estos trece convenios todavía no los tenemos incorporados y
todavía no tienen pena. Si no apuramos la legislación en ese sentido, no
solamente estaremos incumpliendo, sino que además es muy probable que, si lo
dejamos a la interpretación de los jueces, delitos que hoy deberían tener una
pena asignada posiblemente no la tengan en mucho tiempo, porque nos quedaremos
tranquilos con que, como cumplimos con el GAFI con esta definición, no será
necesario hacerlo.
Entre esos
convenios podemos definir los ataques a las aeronaves, a los buques, y el
secuestro de rehenes. ¿Quién de nosotros puede dudar de que en la comunidad
internacional, en todos los ordenamientos internos, la privación ilegítima de
la libertad ya existía? Secuestraron a los deportistas en Múnich y se dieron
cuenta de que, en realidad, con la privación ilegítima de la libertad que
existía en cada uno de esos ordenamientos no alcanzaba. Había que dar un
mensaje especial.
Y así se hizo
cada vez que se dictaron estos convenios especiales para responder a esas
necesidades especiales. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros para seguir,
además, con nuestra tradición jurídica.
En la
comisión el ministro Alak nos dio una introducción respecto de nuestro pasado y
de lo delicado que era legislar en materia de terrorismo con nuestros
antecedentes de terrorismo de Estado. Si uno busca una definición internacional
del terrorismo de Estado, se da cuenta de que no existe, pero sí existen
delitos tipificados dentro de un concepto mucho más amplio.
Y así lo
hicimos. Así lo hicimos con
Si lo hicimos con esos delitos, con nuestra
historia y con nuestros antecedentes, ¿por qué
no lo podemos hacer con los actos terroristas? Por eso nuestro dictamen
apunta a incluir un tipo penal que recepte todas las modalidades previstas en
estos actos terroristas para que no exista ninguna duda y que no sea un juez en
la soledad de su despacho el que decida cuándo uno aterroriza o no a una
población, cuándo uno obliga o no a una autoridad a tomar una decisión.
Cuando el
proyecto del Ejecutivo cambia esta dinámica histórica, también borra con el
codo toda esa historia construida por nuestros diplomáticos en los foros
internacionales. Nosotros queremos que nos escuchen en el GAFI, pero también
queremos que nos escuchen en
¡Cómo van a
escuchar a nuestro fiscal argentino si nosotros, en lugar de evolucionar hacia
una mejor tipificación de los actos terroristas, estamos haciendo lo mismo que
otros países hicieron mal!
El miembro
informante de
Entonces,
esto no tiene que ver con cuál va a ser el gobierno que va a aplicar la
política en materia de protesta social. Descarto que esa sea la intención del
Poder Ejecutivo. Esto ya se ha dicho. No creemos que haya mala intención.
Aprendamos de
lo que otros países hicieron mal, y ni siquiera doy el ejemplo de los Estados
Unidos, que em virtud del terrorismo ha posibilitado toda una doctrina de
violación de derechos humanos y civiles que en su momento tanto cuidaron. No
caigamos nosotros en ese mismo error.
Estamos a
favor de legislar en materia de terrorismo, no para cumplir con el GAFI sino
con el sistema interamericano. Es nuestra historia pasada y reciente la que nos
demanda que legislemos con esta responsabilidad. Nuestra tradición jurídica,
con tantos años y logros, también nos exige que seamos respetados. No
intentemos estos experimentos para ver qué pasa y deseando que las cosas salgan
lo mejor posible.
Queremos
aprobar la iniciativa, pero instamos a buscar una nueva redacción. Si es ahora
y lo tenemos que hacer por el GAFI, hagámoslo, pero avancemos hacia delante.
Nuestra historia, nuestros juristas y, principalmente, nuestros ciudadanos, nos
lo demandan. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Gil Lavedra.-
Señor presidente: la verdad es que ya se sienten las horas transcurridas de la
sesión. Estamos desde las...
Sr. Rossi.-
Y todavía falta.
Sr. Gil Lavedra.-
Se sienten ya, como para poder sesionar útilmente.
Antes de comenzar, quiero expresar mi
reconocimiento al señor diputado Albrieu por la predisposición que ha tenido
para tratar de buscar coincidencias. De esta manera ha mejorado en algo –no lo
suficiente- el increíble proyecto que envió el gobierno.
Sinceramente,
me siento perplejo. Es cierto que el gobierno tiene muy poco respeto por los
límites del ejercicio del poder. En realidad, ninguno. Lo concentra de manera absoluta
y discrecional, pero el gobierno ha demostrado –y esto hay que reconocerlo- un
gran respeto por los derechos individuales. Primero lo ha hecho con malas
políticas públicas y, ahora, con políticas insuficientes.
La posición
que ha tenido el gobierno respecto de la represión de la protesta social, ha
sido la de buscar la manera de poder reencauzar en un momento muy difícil de
Pero, sobre
todo, entiendo que el gobierno nacional, con la actual ministro de Seguridad ‑a
diferencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que me parece
conservador, represivo y que poco observa los criterios que rigen en materia de
seguridad‑, comparte con muchos de
nosotros ciertos presupuestos básicos acerca de lo que significa la seguridad
en democracia. Este gobierno también comparte con nosotros lo que significa el
respeto por los derechos humanos y los límites que debe tener el Estado en
materia de represión y de castigo.
Sin embargo,
estos proyectos que nos ha enviado el gobierno –lo digo con todo respeto‑
son una vergüenza. El señor diputado Albrieu, de manera laboriosa y trabajando
a destajo, sobre todo en las últimas horas, trató de mejorar algunas cosas,
pero no el fondo de la cuestión.
Seguramente a
la bancada oficialista no le importe demasiado este tema. Ellos están
compelidos a votar lo que venga, y creo que van a votar obedientemente lo que
el gobierno les dijo que hay que aprobar. Pero sepan que lo que van a votar son
normas que llenan de vergüenza a cualquiera que diga ser progresista. Es una
vergüenza que aprueben esto para cumplir las recomendaciones del GAFI, que en
realidad eran cumplibles de manera sencilla, práctica y con el concurso de la
oposición. Digo esto porque en reiteradas oportunidades hemos manifestado
nuestra predisposición a acompañar al oficialismo en la sanción de este tipo de
normas, porque las sanciones las sufre
Estos temas
nos exigen actuar con la precisión de un cirujano. Lejos de eso, el proyecto
que ustedes van a votar introduce en el Código Penal, a través del artículo 41
quinques, una agravante genérica para todos los delitos que resulta inadmisible
e innecesaria. Creo que podrían haber hecho las cosas de manera diferente, y
les recuerdo que desde este bloque hemos ofrecido la sanción de un proyecto
alternativo.
Estoy convencido
de que debemos ser muy cuidadosos en todo lo que tenga que ver con la represión
del terrorismo. Por supuesto que compartimos la idea de que el terrorismo es un
delito gravísimo que afecta la convivencia y pone en riesgo la paz y seguridad
de las naciones. Tan así es que hemos firmado compromisos internacionales para
reprimirlo severamente, pero todas las naciones civilizadas también hemos
firmado acuerdos para que en la represión del terrorismo no violemos los
derechos humanos. Sin embargo, el proyecto del gobierno lo hace cuando recurre
a este concepto genérico de aterrorizar personas para obtener una concesión del
gobierno para todos los delitos contemplados en el Código Penal, a los que les
suben las penas al doble tanto en el mínimo como en el máximo.
Entonces, si
existe una convención internacional de represión del financiamiento del
terrorismo, que trae una definición mejor que la del gobierno; si el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas ha establecido, a través de la resolución 1.566,
una definición posible del terrorismo en base a la remisión a las convenciones,
que es mejor y más restrictiva que la del gobierno; si la oficina de Naciones
Unidas ha ofrecido cinco modelos distintos, ¿para qué se meten en esto?
¿Ustedes se dan cuenta de las consecuencias que esto acarrea? Lo dijo recién
Manuel Garrido: en el delito de rebelión, en el caso de que sea agravado puede
llegar a la pena de 50 años de prisión. Con la norma que ustedes van a
sancionar hoy va a llegar a los cien años.
¿Esto es
razonable? Esto está reñido con los principios básicos y los estándares de
cualquier convención de derechos humanos. Cien años de prisión es un término
que excede la vida humana. Lisa y llanamente equivale a una condena a muerte.
La descompensación
que el proyecto ocasiona en distintas figuras del Código Penal es terrible. Yo
pregunto para qué todo esto. ¿Por qué empecinarse en esto que es malo y por qué
no acordar juntos la posibilidad de cumplir con el GAFI y no destrozar el
Código Penal al introducir esta criminalización absurda?
¿Por qué?
¿Por la obediencia ciega, por la obediencia torpe? ¿Por qué hay que emperrarse
en seguir siempre la instrucción, aunque ustedes sepan que lleva a un mal
resultado?
Voy a decir
algunas palabras sobre el delito bursátil, donde los argumentos son los mismos.
El GAFI pide muchísimo menos que esto. Ustedes están introduciendo y
penalizando conductas que son infracciones administrativas, que no deben ser
delitos. ¿Quién se los vendió? ¿
En cuanto al
cohecho financiero, les pido que encuentren alguna legislación en el mundo que
pueda prohibirlo. Se está penando actividades que son lícitas y normales.
Lo digo con
todo respeto. Esto es un disparate y lo lamento, porque yo pensaba que en estos
proyectos íbamos a votar como corresponde, juntos, porque cuando se trata de
los derechos generalmente estamos votando juntos con el oficialismo.
Para
finalizar, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto por convicción y
lo vamos a hacer porque no declinamos nuestra ideología. Nosotros sí respetamos
los derechos humanos en todas las circunstancias.
Nosotros no
tenemos patrones políticos a quién obedecer. Obedecemos a nuestras ideas y a
nuestras conciencias y por eso
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor
presidente: resulta en verdad difícil contestar a veces lo obvio. ¿Qué tendría
que hacer el oficialismo hoy? ¿Defender a la oposición? ¿Cuál es el rol de
oficialismo?
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.-
Ricardo, estuviste en un gobierno que prohibió la extradición de los genocidas.
¡Ricardo, por favor! (Aplausos.)
Sr. Forte.-
Estuvimos en un gobierno que puso presas a las juntas militares.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por favor, señores
diputados. No dialoguen y sírvanse
respetar al orador.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.-
Señores diputados: no se enojen, no se pongan nerviosos.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- No se
pongan nerviosos. ¿Por qué se ponen tan
nerviosos?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Señores diputados:
respeten al orador y pidan el uso de la palabra cuando corresponda.
- Varios señores
diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.-
Quiero explicar lo obvio: el oficialismo defiende al oficialismo. Entre los
roles básicos y fundamentales del oficialismo está, en cualquier parlamento del
mundo, el defender las iniciativas de su gobierno.
Si un bloque
oficialista decide no defender las iniciativas de su gobierno, simplemente deja
de ser oficialismo; lo puede hacer, pero deja de ser oficialista. En verdad, en los sistemas
parlamentarios esto es muchísimo más rígido: simplemente, dado que el gobierno
tiene origen parlamentario, el oficialismo debe hacer oficialismo: no puede
hacer oposición. En consecuencia, acusar a nuestro bloque de oficialista o
tratar de descalificarlo por ser oficialista no tiene ningún sentido.
Voy a tratar
de responder algunas de las cuestiones que he escuchado durante el debate. Un
diputado hizo referencia al ejemplo que brindé ayer sobre el lugar desde el
cual uno se para. Nosotros tenemos una historia de ocho años y medio. Fuimos un
gobierno que cuando asumió tenía cortes de ruta, piquetes y movilizaciones por
todos lados, pero no reprimimos una sola protesta social.
Nadie puede
pensar que este gobierno esté detrás de una iniciativa que busque criminalizar
la protesta social o dejar la puerta abierta para hacerlo. Esta gestión, desde
el inicio con Néstor Kirchner, buscó negociar en cada uno de los conflictos
sociales para resolver las cuestiones.
No hace mucho
tiempo atrás mostramos las diferentes maneras de actuar ante una protesta
social. Fuimos al Parque Indoamericano a resolver el problema sin víctimas.
Digo más: hemos sido el gobierno que soportó el lock out más importante de la historia política argentina, con
cortes de ruta y de calle, y con ciudades cercadas, pero nunca reprimimos.
Entonces, no se puede...
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Rossi.- ¡Si
te callás un poquito, mejor!
Sr. Presidente (Domínguez).- Señores diputados: respeten el uso
de la palabra.
Sr. Rossi.- Desde
hace ocho años y medio utilizamos ese camino. Incluso, hemos dado a las
genuinas protestas sociales una base de legitimidad. Nos hemos sentado a
negociar para resolverlas. Lo saben todos los líderes de las organizaciones
sociales: tanto los que estuvieron en el gobierno y hoy no lo están, como los
que nunca estuvieron en el gobierno. Con todos nos hemos sentado para resolver
por la vía del diálogo y del consenso.
Esta es la política
que nos ha permitido transitar momentos de muchísima conflictividad sin ningún
tipo de inconveniente. Incluso, muchísimas de estas políticas fueron imitadas
por otros gobiernos municipales y provinciales, tratando de bajar siempre la
tensión social.
Para nosotros
la demanda social tiene una legitimidad, porque somos herederos de aquella
mujer que decía que donde había una necesidad, había un derecho. Entonces,
cuando la necesidad se expresa mediante una demanda social, no buscamos
reprimir a quienes expresan esa demanda, sino que tratamos de resolverla
otorgando más derechos.
También somos
un gobierno que no escondió bajo la alfombra lo que ocurrió en
No lo
escondimos y siempre estuvimos criticando, descalificando y denunciando donde
había que hacerlo. Siempre hemos tratado de ir resolviendo cada uno de los
problemas.
Entonces, con
la legitimidad que nos da haber sido gobierno durante estos ocho años y medio y
no haber reprimido ni criminalizado la protesta social, venimos a proponer este
proyecto.
No sé por qué
solamente se posó la mirada en que este proyecto de calificación del terrorismo
tiene que ver con la criminalización de la protesta social.
Hoy ese no es
el problema de
Entonces,
resulta extraño y singular –y lo digo con mucho respeto- que cuando se pone la
mirada en el proyecto que estamos tratando hoy, donde generalizamos y
aumentamos las penas de la parte general del código, nadie haya puesto la
mirada en que están incluidos los delitos económicos. Tenemos en consideración
cuatro proyectos que tienen que ver con eso: la ley de lavado de dinero, la ley
de combate al financiamiento del terrorismo internacional, la ley de delitos
bursátiles y la ley penal tributaria.
Es cierto que
los derechos sociales y los derechos humanos redundan en lo mismo porque son
derechos constitucionales.
También es
cierto que así como han ido a hablar con muchísimos de ustedes, muchas
organizaciones de derechos humanos y dirigentes sociales vinieron a hablarnos y
se quedaron muchísimo más tranquilos y conformes si hacíamos esa aclaración de
mayor contundencia.
Pero con esta
ley nadie puede calificar de terrorismo o delito terrorista a alguien que se
queda en su vivienda ante un intento de desocupación, porque el derecho a la
vivienda es un derecho constitucional; ni a nadie que reclame por trabajo,
porque el derecho al trabajo es un derecho constitucional.
Pero sí
podremos poner la mirada sobre los que de un día para otro se levantan e
inician una acción contra el Estado tratando de provocar en el Estado una
decisión que no quiere tomar, como por ejemplo llevar adelante una devaluación
del peso, y de un día para el otro, no se sabe desde qué lugar, se compran 300,
400, 500 o 1.000 millones de dólares, basado en tres cabezas y que intentan
desestabilizar un gobierno. Los delitos de lavado son exactamente lo mismo.
La democracia
de nuestro país hoy no está amenazada bajo ningún punto de vista por ninguna
demanda de tipo social, vamos a decirlo con claridad.
Esta ley dice
con contundencia que ningún reclamo, ninguna acción que esté basada en el
ejercicio de un derecho constitucional puede ser calificada como terrorismo.
Otras acciones no.
El
radicalismo ha dicho permanentemente que el primer presidente de la
recuperación democrática fue víctima de un golpe económico.
¿Quién indicó
en
Entonces, me
parece que la perspectiva que me pedían algunos diputados tiene que ver con esto.
Por eso nosotros venimos a votar para sostener esta ley con la legitimidad y
tranquilidad de que tenemos una presidenta que es continuadora en el ejercicio
del poder de un presidente que instaló una nueva forma de ver los conflictos
sociales en
También la
mirada que se debe tener es la de un país que salió del infierno, creció
económicamente y las demandas están en otro lugar, no son las demandas sociales. Piensen un poco: ¿de qué tiene que
resguardarse el Estado y la democracia para seguir creciendo? Nuestro bloque va a votar con convencimiento
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que está muy lejos de ser un
mamarracho; y si hubiese alguna duda, ratificamos que tanto en los fundamentos
del proyecto como en su articulado clara y taxativamente se indica que ninguna
acción generada o emanada de un derecho constitucional puede ser calificada
como delito terrorista.
Me sorprende que nadie haya tenido en
cuenta ‑sobre todo quienes son abogados o constitucionalistas o
penalistas- que cuando indicamos que aumentamos las penas en la parte general
del Código Penal, se incluyen los delitos económicos. Es claro que nosotros
queremos reformar el Código Penal, y espero que el próximo año podamos tener un
nuevo código que deje de poner la mirada punitiva sobre los que menos tienen y
la ponga sobre quienes cometen delitos de “guantes blancos”. Esto es lo que
queremos hacer. (Aplausos.)
Para finalizar, en razón de que muchos
diputados de nuestro bloque deseaban hacer uso de la palabra, a fin de dar
cumplimiento al acuerdo arribado en torno del tratamiento de esta iniciativa
solicitamos las correspondientes inserciones de sus respectivos discursos en el
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Así se hará, señor diputado.
Se va a votar nominalmente, en
general, el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de
Finanzas recaído en el proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal
en lo relativo a prevención, investigación y sanción de actividades delictivas
con finalidad terrorista.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores
diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 90 por la negativa,
registrándose además 2 abstenciones.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 134 votos por la
afirmativa y 90 por la negativa. (Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración en
particular el artículo 1°.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: los firmantes del dictamen de mayoría hemos acordado proponer
modificaciones en los artículos 5° y 6°, y agregar el artículo 7°. Solicito que
tales propuestas, cuyo texto obra en Secretaría, sean leídas oportunamente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el artículo
1°.
- Resulta
afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2°.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 3°.
Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: ¿el proyecto que estamos votando es el de los delitos
bursátiles?
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Estamos votando el
Orden del Día N° 7.
Sr. Garrido.-
Señor presidente: o sea que estamos hablando del artículo 41 quinquies del
Código Penal, en los delitos terroristas.
Si bien no
acompañamos la redacción, proponemos un agregado. Entendemos que la redacción
actual que se acaba de aprobar en general ni siquiera contempla la posibilidad de
la doble incriminación. Hay varios artículos que contemplan la intimidación
como un elemento constitutivo del delito. Nuestra propuesta consiste en
introducir un párrafo al artículo 41 quinquies que limite la posibilidad de la
doble incriminación.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Señor diputado:
estamos considerando el artículo 3° del Orden del Día N° 7.
Sr. Garrido.-
Señor presidente: la propuesta consiste en dejar en claro que este artículo 41
quinquies no se va a aplicar en aquellos delitos que contemplen la intimidación
como un elemento constitutivo del tipo. De lo contrario, se estaría valorando
dos veces el mismo elemento constitutivo, teniendo en cuenta que aterrorizar es
intimidar mucho. Si intimidar mucho es un agravante, e intimidar es un elemento
constitutivo del tipo como ocurre con la coacción agravada, en las amenazas y
en los delitos contra el orden constitucional, estaríamos valorando doblemente
este elemento constitutivo. Por lo tanto, nuestra propuesta es que se
introduzca un párrafo final a ese artículo 41 quinquies que por lo menos limite
la doble incriminación de la misma conducta.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: en primer lugar, voy a apoyar la moción del señor diputado
Garrido.
Por otro
lado, sería importante que si el señor diputado Albrieu tiene modificaciones
que hacer, solicitaría que las leyera antes, porque a lo mejor evita el uso de
la palabra de algún diputado, en función del texto sugerido y votado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Las modificaciones son sobre los
artículos 5°, 6° y 7°.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer
una aclaración sobre el artículo 3°.
Sr. Garrido.- Señor
presidente: la redacción propuesta es la siguiente: “El agravante no será
aplicable cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre
contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate
o cuando se trate de hechos vinculados...”
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Conti.-
Señor presidente: que quede claro que del dictamen votado en el plenario de
comisiones solamente se va a agregar un artículo a fin de que la competencia en
este tipo de delitos sea federal. Ese es el único agregado como artículo nuevo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: en primer lugar, no acepto ningún tipo de modificaciones al
artículo 3° del dictamen, que es el que instituye el artículo 41 quinquies del
Código Penal. Queda tal cual figura en nuestro dictamen.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 3°.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 4°.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 5°.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura de la modificación
que hicimos al dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 5°.- Incorporase al título XIII del
Código Penal el siguiente artículo: Artículo
306: 1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y
multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o
indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que
se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para alguno
de los siguientes fines: a) Financiar la comisión de un delito con la finalidad
establecida en el artículo 4° quinquies; b) Financiar una organización que
cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 4°
quinquies; c) Financiar un individuo que cometa, intente o intente cometer o
participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad
establecida en el artículo 41 quinquies.”
“2. Las penas
establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que
se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el
dinero no fueran utilizados para su comisión.”
“3. Si la
escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera
menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal
de delito que se trate.”
“4. Las
disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se
pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de
este Código, o cuando el caso de los incisos b) y c), la organización o el
individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho
también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para
su juzgamiento.”
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 5° con las
modificaciones propuestas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- en consideración el artículo 6°.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.- Señor
presidente: la modificación que hacemos
al dictamen de mayoría es material, porque en el segundo párrafo debe
decir “la disposición del artículo 6º, 30, 31 y 32 de la ley
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: nuestra propuesta es que a este artículo se agregue la
comunicación al juez competente para que convalide la medida en el caso de tres
días prorrogable por otro período. Además, si el juez resuelve convalidarla, la
norma debería prever que ese congelamiento no podrá exceder de seis meses
prorrogables por otros seis meses a pedido de
La otra
cuestión es relativa a la notificación. La norma debería decir que el juez
podrá diferir por un plazo prudencial la notificación al titular de los activos
en aquellos casos en que la notificación pudiera poner en peligro el éxito de
la investigación.
También
proponemos un agregado respecto del recurso de apelación, porque el proyecto no
dice nada sobre esto. Nuestra propuesta prevé que se pueda apelar esa decisión
con efecto devolutivo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: voy a proponer, aunque ya veo cuál será la respuesta, que sea
un embargo. En realidad no se aplica la crítica hecha, porque lo que yo pido es
que sea un pedido de embargo que haga
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. Yoma.- Señor
presidente:
En este caso
creo que también se pueden hacer observaciones referidas a una dudosa
constitucionalidad. Por eso me voy a abstener de votar, porque creo que es el
juez quien puede ordenar una medida sancionatoria de este tipo y no un
organismo administrativo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. Pinedo.- Señor
presidente: solicito al presidente de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: existen múltiples razones jurídicas para contestar las
propuestas realizadas por los señores diputados. Me preocupa especialmente la
referida al congelamiento o inmovilización de los bienes. Cualquier policía de
nuestro país puede arrestar a una persona y llevarla hasta el juez competente y
esto no causa ningún tipo de agravio ni de escándalo, siendo que estamos
privando de la libertad a una persona. Sin embargo, cuando un funcionario
administrativo de la misma calidad administrativa que tiene el policía ordena
inmovilizar el capital, esto es, el patrimonio de una persona sospechada, para
ponerla inmediatamente a disposición del juez pareciera que causa más escándalo
que cuando estamos privando de la libertad a una persona.
La
inmovilización que proponemos es al solo efecto de que los fondos se pongan a
disposición del juez. Esto puede compararse al arresto de una persona, ya que
tiene el solo efecto de ponerla a disposición del juez.
Las demás
solicitudes realizadas están contempladas, en líneas generales, en la remisión
que hacemos a los demás artículos de la ley 25.246 y demás, en los que se da al
juez que interviene en la investigación determinadas facultades.
Es por todo
ello que la comisión va a rechazar cualquier tipo de cambio que se pretenda
introducir a este artículo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el artículo 6° con la
modificación que propuso el miembro informante.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el artículo 7°.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: el artículo 7° es un agregado para determinar la jurisdicción
de la justicia federal en el juzgamiento de estos delitos, y el texto obra en
Secretaría.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del artículo
7°.
Sr. Secretario (Bozzano).- Artículo 7°: “Sustitúyese el inciso
e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de
“e) Los
delitos previstos por los artículos, 41 quinquies, 142 bis, 142 ter, 145 bis,
145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, y 306 del Código
Penal.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el nuevo artículo 7°.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 8° es de forma.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará
al Honorable Senado. (Aplausos.)
Se va a votar
en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y
otras recaído en el proyecto de ley por el que se modifica el Código Penal,
incorporando como delitos junto al lavado de dinero aquellas conductas que
afecten el orden económico y financiero. (Orden del Día N° 8)
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 227 señores
diputados presentes, 167 han votado por la afirmativa y 59 por la negativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 165 votos por la
afirmativa y 57 por la negativa. (Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).-
Tiene la palabra la señora diputada por Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Parada.-
Señor presidente: quiero ratificar mi voto negativo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por
Tucumán.
Sra. Gallardo.-
Señor presidente: quiero que quede registrado mi voto positivo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por
Córdoba.
Sra. Garnero.-
Señor presidente: quiero que quede constancia de mi voto positivo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se dejará constancia
de las aclaraciones efectuadas.
En
consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: al igual que en el otro proyecto de ley, los firmantes del
dictamen de mayoría hemos hecho llegar a
Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura del artículo 1º.
Sr. Secretario (Bozzano).- El último párrafo del artículo 1º se sustituye y queda redactado
de la siguiente forma: “El término ‘información privilegiada’ comprende toda
información no disponible para el público, cuya divulgación podría tener
significativa influencia en el mercado de valores”.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: solamente quería formular una sugerencia en relación con el
texto original, que advierto que ya se ha modificado.
Sr. Presidente (Domínguez).- Con la modificación leída por Secretaría, se va a votar el
artículo 1º.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 2º.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: en realidad, quiero aclarar que este es un artículo ajeno al
título que estamos tratando.
Lo que me
llamó la atención del diputado Garrido es que, luego de hacer lugar al pedido
de modificación que me formuló, no ha votado favorablemente dicho artículo.
El artículo
300 corresponde a otro título, que se refería a los valores negociables dentro
de los delitos contra el fraude a la industria y al comercio. La nueva
redacción le quita la mención que hace a “valores negociables” para hacer más
coherente el título y enviar todo a los nuevos artículos que vamos a someter a
votación. Es una reforma totalmente formal; simplemente excluimos una o dos
frases del artículo.
Sr. Presidente (Domínguez).- Por Secretaría se dará lectura al nuevo artículo 2º.
Sr. Secretario (Bozzano).- El artículo 2º dice así: “Sustitúyese el artículo 300 del Código
Penal por el siguiente: ‘Artículo 300.-
Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años: 1º) El que hiciere alzar
o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas,
negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales
tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla
sino a un precio determinado;
“2º) El
fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima
o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare,
certificare o autorizare un inventario, un balance o una cuenta de ganancias y
pérdidas con los correspondientes informes, actas o memorias falsos o
incompletos o informare a la asamblea o reuniones de socios, con falsedad o
reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la
empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.”
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Pinedo.-
Señor presidente: quiero proponer al diputado Albrieu que eliminemos la palabra
“reticencia”. Ella ha sido cuestionada por
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F.).-
Señor presidente: quisiera que el distinguido diputado Albrieu me facilite una
aclaración. Teniendo en cuenta el modo en que se leyó el nuevo artículo 300 por
Secretaría, quedaría derogado el inciso 2º del actual artículo 300, que
seguramente está contemplado en el texto de la nueva ley, en otro artículo.
Entonces, se trata de un problema de ordenamiento.
Por lo tanto,
si me lo explica rápidamente, creo que quedaría claro para todo el mundo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante.
Sr. Albrieu.- Señor presidente: en primer término,
vamos a hacer lugar a la propuesta efectuada por el señor diputado Pinedo y
procederemos a retirar la palabra “reticencia” del inciso 2). (Aplausos.)
En segundo
lugar, deseo aclarar al señor diputado Martínez que efectivamente hemos
retirado el inciso 2) porque ya está contemplado en los nuevos artículos que
hemos incorporado al título de los delitos contra el orden económico y
financiero.
Para
finalizar, adelanto que no vamos a aceptar ninguna otra modificación.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el nuevo artículo 2º propuesto
por la comisión, con la modificación sugerida por el señor diputado Pinedo.
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el
artículo 3º.
Por Secretaría se dará lectura del
texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario (Bozzano).-
En este artículo se modifican sólo los años, con lo cual quedaría redactado de
la siguiente manera: “Artículo 3º: Incorpórase como artículo 306 del Código
Penal de
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Garrido.- Señor presidente:
nosotros habíamos propuesto una condición objetiva de punibilidad, es decir,
que el tipo penal se restrinja tomando en cuenta un monto de beneficio o de
perjuicio de 500 mil pesos.
Entendemos
que es demasiado amplia la forma en que se ha planteado este tipo penal, con lo
cual podrían caer en incriminación supuestos de filtración de datos que podrían
ser irrelevantes o poco significativos.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante.
Sr. Albrieu.- Señor presidente: tal como he
anticipado, no aceptamos ninguna otra modificación.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el artículo 3º con la
modificación propuesta por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el artículo 4º.
Por
Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario
(Bozzano).- Dice así: “Artículo 4º:
Incorpórase como artículo 307 del Código Penal de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: propongo que directamente se elimine este artículo, porque el
incremento que prevé en las penas es poco significativo y porque los supuestos
están contemplados en el artículo 41 del Código Penal, que permite la
aplicación de penas dentro de la escala básica. Además, el texto propuesto está
plagado de referencias sumamente amplias que no tienen demasiado sentido.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante.
Sr. Albrieu.- Señor presidente: la comisión no acepta
la modificación propuesta.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el artículo 4º propuesto por la
comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el artículo 5º.
Por
Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario
(Bozzano).- El artículo 5º ‑que
es el ex artículo 4º del dictamen original‑ dice lo siguiente:
“Incorpórase como artículo 308 del Código Penal de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: nuestra observacion es con respecto al monto de la pena, que
es sustancialmente superior al previsto por el artículo 300 para una pena
análoga, y al hacer uso de la palabra ya hice referencia a las consecuencias a
que puede conducir. De hecho, llevar a
cabo este tipo de especulaciones respecto, por ejemplo, de determinados
productos esenciales para el mercado, está sancionado con una pena
sensiblemente inferior, que es de seis meses a dos años, y aquí la pena
prevista es de uno a cuatro años.
En verdad, no
hay diferencia sustancial que justifique una distancia tan grande en la escala
punitiva entre la figura del artículo 300 y esta nueva figura que se introduce.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: las
modificaciones introducidas por la comisión y hechas llegar por el señor
miembro informante, leídas por Secretaría, conforman la inquietud que hubiera
tenido antes este diputado.
Me reservo
para los artículos 6° y 7°, donde también ocurre lo mismo que en el 5°, y ya ha
quedado saldado por esa manera de consolidar la ley que se está por sancionar.
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: la diferencia de penas reside en que es distinto el bien
jurídico protegido en un caso y en otro.
Por lo tanto, se rechazan las modificaciones propuestas.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Con las modificaciones
propuestas por la comisión se va a votar el artículo 5°.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).-
- Asentimiento.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por Secretaría se dará
lectura de las modificaciones propuestas para el artículo 6°.
Sr. Secretario
(Bozzano).- El artículo 6° propuesto
dice así: “Incorpórase como artículo 309 del Código Penal de
En el tercer
párrafo se dice que el monto mínimo de la pena se elevará a dos años.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F.).- Señor presidente: entiendo
modestamente que es necesario definir el concepto de intermediación financiera
en este artículo, porque de otro modo podría oponerse claramente a la
legislación civil e incluso al derecho constitucional de ejercer toda industria
lícita.
Quiero en tal
sentido escuchar la opinión del señor diputado Albrieu, si esto se refiere a un
volumen de intermediación, a una forma de intermediación, a una actitud
comercial que acarree efectos penales, porque de otro modo estaríamos
comprometiendo todo el título del Código Civil, en el capítulo sobre contrato
de mutuo.
Además, si
así no lo fuera, entiendo asistemática la pena pues ni bien se relea el enunciado
del artículo que pena la usura la misma corre de seis meses a tres años de
prisión mientras que esto, que sería el mero préstamo de dinero, va de uno a
cuatro años de prisión, más las multas del caso.
Me preocupa,
entiendo que fundadamente, esta idea de la intermediación financiera que veo
sin una precisión necesaria para introducir en un tipo penal.
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: entendemos que el término intermediación financiera es lo
suficientemente claro para entender que es aquel que intermedia entre la oferta
y la demanda de dinero. No se trata
simplemente de un mutuo sino de un tipo distinto de operación, por lo cual los
firmantes del dictamen de mayoría rechazamos la modificación propuesta.
Sr. Martínez (E.F.).-
Señor presidente: sin ánimo de complicar las cosas, ¿cuál sería la
distinción? No lo alcanzo a entender.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Con las modificaciones
propuestas por la comisión, se va a votar el artículo 6°.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 7°.
Por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 7°- Incorpórase
como artículo 310 del Código Penal de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: se ha deslizado un error material y estamos calificando a
quienes pueden ser autores de este delito. Por lo tanto, solicito que se dé una
lectura íntegra al artículo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Así se hará.
Por
secretaria se dará lectura.
Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 7°- Incorpórase
como artículo 310 del Código Penal de
‘En la misma
pena incurrirá quien omitiere asentar o dejar debida constancia de alguna de
las operaciones a las que alude el párrafo anterior.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F.).- Reitero que esto suplanta y
agrega al inciso 2 del actual artículo 310 del Código Penal.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Con las modificaciones
propuestas por la comisión, se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 8°.
Por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Bozzano).- Dice así: “Artículo 8°-Incorpórase
como artículo 311 del Código Penal de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr. Garrido.-
Señor presidente: la redacción de este tipo penal, tal como ha quedado
plasmado, se aparta de lo que es habitual en materia de regulación del cohecho,
porque no se hace referencia a la conducta indebida a la cual estaría atado el
pago que se realiza.
La redacción
abarca conductas que no necesariamente son indebidas o que, por lo menos,
podrían ser de escasa significación. Aquel empleado de una entidad financiera
que reciba indebidamente dinero como condición para celebrar una operación
crediticia –o sea, aquel que pretende cobrar una comisión adicional al que va a
realizar una operación crediticia‑ caería en la tipicidad que se está a
punto de aprobar.
Nuestra
propuesta es la de redactar este tipo penal de modo que se incrimine aquella
conducta prevista en la formulación tradicional o en las convenciones
internacionales en cuanto a la aceptación de cualquier tipo de promesa, favor o
ventaja. Habría que aclarar que se trataría de un acto indebido; es decir, para
hacer o retardar algo relativo a la función. Además, por lo menos, debería
preverse un monto de perjuicio o beneficio, que proponemos que sea de 500.000
pesos. De lo contrario, cualquier empleado caería dentro de esta previsión. No
nos parece mal que se incrimine el cohecho privado. De hecho, debería
introducirse con una formulación mucho más amplia, siguiendo los lineamientos
de
Tal como está
redactado el tipo penal dará lugar a su aplicación a casos que no tengan que
ver con conductas que sean significativas y que deban ser reprimidas por esta
norma.
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Gambaro.-
Señor presidente: en similar sentido que el señor diputado Garrido, tenemos una
propuesta de redacción que recepta la necesidad de que exista un perjuicio o
beneficio a partir de esta conducta.
Voy a dar
lectura de cómo quedaría redactado el artículo, aclarando que puede haber un
error en la modificación leída por el señor secretario, ya que la escribí a
mano.
Dice así:
“Será reprimido con prisión de un año a seis años e inhabilitación de hasta
seis años los empleados y funcionarios de instituciones financieras y aquellas
que operen en mercado de valores que directa o indirectamente, y con
independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, reciban
indebidamente dinero o algún otro beneficio económico como contraprestación por
la realización de operaciones crediticias financieras o bursátiles, que
impliquen un beneficio propio o para terceros y un perjuicio para otros
participantes del sistema”.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F).- Señor presidente: con la
presente redacción, el que entrega el dinero o lo ofrece no es penado. El
cohecho reconoce dos caras: el que ofrece y el que recibe, el que pide y el que
da. Entonces, de ninguna manera este artículo podría titularse así.
Mi propuesta
es que el verbo “reciba” sea reemplazado por “solicite”. Y como segundo párrafo
se agregue que en el caso que esa solicitud se concrete tenga una diferente
pena a aquella que está fijada como represión básica en el primer renglón de
este tipo. De otro modo, no sería cohecho sino una simple recepción. El
corruptor, el dador o el que ofrece el dinero no sería perseguido.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: los firmantes del dictamen de mayoría no aceptamos
modificaciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Con las modificaciones propuestas por la comisión se va a
votar el artículo 8º.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 9º a
11.
-
El artículo 12 es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará
al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 7 -
aquí orden del dia nº 6
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en general.
Tiene la
palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: el proyecto que las comisiones de Legislación Penal y de
Presupuesto y Hacienda ponemos a consideración de esta Cámara se refiere a la
modificación de la ley 24.769, Ley Penal Tributaria. Comenzamos a trabajar en
torno de este proyecto en
El proyecto
responde a cuatro o cinco razones fundamentales, a las que pasaré a referirme.
En primer
lugar, modificamos los montos a partir de los cuales una conducta constituye un
ilícito penal tributario. Tal modificación reconoce, en parte, el transcurso
del tiempo ocurrido desde la sanción de la ley, que lleva alrededor de catorce
años de vigencia.
Durante ese
lapso se produjeron alteraciones de la situación económica del país –recordemos
la grave crisis que vivimos a principios de la década anterior‑ que
hicieron necesario que los montos previstos en la ley fueran puestos a tono con
la situación económico financiera. Unido a esto existen razones de política
criminal y tributaria que llevan a ajustar tales montos.
- Ocupa
Sr. Albrieu.-
Cada uno de los montos mínimos que prevé la ley han sido multiplicados por
cuatro; es decir que en lo relativo a la llamada “condición objetiva de
punibilidad”, término que no comparto porque en un derecho penal de
culpabilidad no existe fórmula alguna de condición objetiva de punibilidad, las
cantidades han sido multiplicadas por cuatro.
Resulta
innecesario enumerar las cantidades resultantes en cada una de las figuras
típicas previstas, aunque sí debemos recalcar que en cada caso la multiplicación,
repito, ha sido por cuatro. Tal producto importa un reconocimiento a la
variación económica producida en estos años de vigencia de la ley, pero también
constituye una decisión de política económica y fiscal tendiente a evitar que
en los tribunales de nuestro país se promuevan causas por montos irrisorios,
debiendo concentrarse los esfuerzos de persecución penal en aquellas evasiones
o infracciones a nuestra legislación tributaria que representen cantidades
significativas; esto es perseguir con eficacia a los grandes evasores e
infractores de la ley penal tributaria, quedando los menores evasores con
simples sanciones administrativas.
La segunda
modificación que se introduce en la ley 24.769 apunta a equiparar el
incumplimiento de los deberes fiscales para con las provincias y
De esta
forma, respondemos al pedido formulado en tal sentido por administraciones
provinciales, concediéndoles así una herramienta más para hacer efectivas sus
acreencias tributarias.
Por otra
parte, hemos creado en esta ley una nueva figura delictiva al introducir el
artículo 12 bis que dice que será reprimido con penas de
Otra de las
modificaciones importantes que hemos introducido, en la misma línea de política
criminal que hemos introducido en la ley de lavado y en la recientemente
aprobada por
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).-
Sr. Albrieu.- Es
decir que vamos a penalizar a la persona jurídica que resulte beneficiada por
estos artículos, incluyendo un artículo similar al introducido en la ley 23.686
de lavado de activos que modificó el Código Penal para aquellas conductas de
lavado de activos en las que intervenga una persona jurídica. O sea que se le
van a poder aplicar sanciones. En similar forma hemos hecho aplicable con un
texto idéntico al que obra en el Código Penal actualmente a aquella persona
jurídica que resulte beneficiada con los delitos penales tributarios.
Hemos
adoptado el texto similar al introducido en el Código Penal por la ley 26.683
por considerar que resulta de una buena política legislativa tener textos
idénticos para situaciones idénticas y no penar a la persona jurídica con
sanciones distintas.
Otra de las
modificaciones que hemos realizado se refiere a la derogación y eliminación de
la facultad con que contaba la autoridad fiscal administrativa para realizar
las denuncias penales por incumplimiento solamente en los casos en que lo creyera oportuno.
En ese caso
la ley penal tributaria hacía realidad un principio de oportunidad del que
resultaba beneficiada la persona que encabezaba
Las
principales diferencias que hemos tenido con otros bloques, que se han expresado
en las reuniones de
Por lo que
solamente el pago espontáneo sin presión extingue la acción.
En el caso de
que
Correlativamente,
en la redacción del artículo correspondiente hemos eximido a este tipo de
delitos de la posibilidad de que se solicite la suspensión a prueba del proceso
penal contenido en el Código Penal.
Esto resulta
claramente coincidente con la política y con las expresiones de la presidenta
de
Es por ello
que este dictamen de mayoría excluye toda posibilidad de exención de la acción
penal o de suspensión del proceso a prueba en el caso de los delitos
tributarios, en consonancia con la opinión de la señora presidenta, que
compartimos plenamente.
Por lo tanto,
este dictamen de mayoría modifica la ley 24.169 de la forma en que sucintamente
he señalado. Los firmantes del presente despacho solicitamos su acompañamiento
a los demás miembros de esta Cámara de Diputados.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. Gil Lavedra.-
Señora presidenta: voy a ser breve e incluso voy a utilizar menos de los veinte
minutos que se me han asignado.
Debo
agradecer nuevamente al diputado Albrieu así como también al diputado mandato
cumplido Alejandro Rossi ‑Rossi el bueno- (Risas.), y al diputado Vega.
En aquel momento llegamos a una propuesta que reunía muchos puntos de
vista. No hubo ninguna razón por la cual este proyecto no llegara antes al
recinto. Nosotros hubiéramos querido que fuera antes. Las cosas no se dieron
así, pero no precisamente por culpa nuestra.
Por lo tanto,
voy a referirme a las características centrales, como también lo hizo el señor
diputado Albrieu. Han quedado dos disidencias parciales que vamos a fundar en
su momento durante el tratamiento en particular, que creo que mejoran
notablemente el proyecto, pero tenemos amplia coincidencia respecto al resto de
la norma.
Si hoy
conseguimos sancionar esta reforma a la ley penal tributaria, me parece que
vamos a dar un gran paso adelante. Digo esto porque la primera ley penal tributaria
data de comienzos de los años 90; luego sufrió otra modificación, con la ley 24.769, que ya lleva
quince años.
Este proyecto perfecciona muchas cosas y adecua muchos
elementos de dicha ley que debían ser retocados, a los que me voy a referir, que
creo que la hacen eficaz en la persecución contra la evasión tributaria.
En
primer lugar, creo que es una de las reformas centrales. La ley penal
tributaria estuvo pensada en sus orígenes para perseguir al gran evasor, es
decir, a aquel que mediante maniobras sofisticadas u operaciones fraudulentas
sustrajera, evadiera u omitiera en su caso ingresar los tributos que
corresponden.
El
pago de tributos no es una obligación cualquiera. A mí me parece que forma
parte de las características centrales de la noción de ciudadanía. La
ciudadanía no implica solamente votar o tener derecho a gozar de un mínimo de
calidad de vida según cuál sea el lugar de
Le
ley en sus orígenes contemplaba la posibilidad de castigar al gran delincuente.
Como muchas veces son maniobras complejas, sofisticadas, con doble
contabilidad, cuestiones delicadas y demás, el aparato persecutorio del Estado
se dedicaba a descubrir al gran evasor y no al pequeño. No queremos cazar
ladrones de gallinas sino a los hombres que perjudican a las cuentas fiscales.
Cuando
se sancionó la ley 24.769 el piso del que se partía para la evasión simple era
de 100.000 pesos, es decir, 100.000 dólares en la época de la convertibilidad.
Han pasado quince años y sin duda este propósito inicial de la ley ha quedado
totalmente desvirtuado.
Por
lo tanto, junto con los colegas de los otros bloques estimamos prudente
realizar la actualización no por el INDEC ni por los INDEC de las provincias o
de las consultoras sino por lo menos a través de la cotización del dólar
oficial, o sea, incrementando por cuatro cada uno de los valores que determina
la ley. Por supuesto que la posibilidad de incrementar por cuatro cada uno de
estos valores tiene su reflejo también para la evasión agravada y otros tipos
penales, así como para evasiones previsionales, etcétera. Esta es una de las
reformas centrales.
La
segunda reforma central tiene que ver con la naturaleza del delito. ¿Qué es la
evasión tributaria? ¿Es un delito federal? ¿Es un delito que pueden perseguir
los tribunales de provincia?
La
primera ley penal tributaria fue equívoca al respecto. La interpretación de la
doctrina fue que protegía todas las rentas, por lo que entonces el evasor podía
ser perseguido también por los tribunales de provincia. La ley anterior le dio
carácter estrictamente federal
y ésta vuelve al primer camino.
Esto quiere decir que estamos sancionado
una ley de derecho común. Estamos protegiendo tanto al fisco nacional como a
los fiscos locales, provinciales y municipales. Estamos castigando la evasión
tributaria que pueda afectar a cualquiera de los fiscos existentes en el país
en cualquiera de los grados de nuestra descentralización territorial.
En
consecuencia este delito deja de ser competencia exclusiva del fuero federal y
va a pasar a ser competencia de los tribunales de provincia cuando estén afectadas
las rentas provinciales o municipales, y por supuesto de los tribunales
federales cuando las que estén afectadas sean las rentas nacionales.
Esta es la
segunda gran reforma que trae la ley. A su vez hemos incorporado un delito nuevo,
que es la modificación o adulteración de sistemas informáticos o equipos
electrónicos suministrados por los fiscos nacional, provinciales o de
Tengan en
cuenta que cada vez más la percepción de los
impuestos se está haciendo por vía informática. Cada vez más nos vienen
los programas del Fisco para que el
contribuyente pueda liquidar sus impuestos a través de su propia computadora.
La alteración, la modificación fraudulenta de estos sistemas, siempre que cause
perjuicio, va a ser delito. Pensamos que de esta manera estamos llenando un
claro vacío de punibilidad que tenía nuestro sistema.
La cuarta
reforma importante tiene que ver con la punibilidad de la persona jurídica.
Como lo viene haciendo este Congreso desde el año pasado, lo hemos hecho hoy y
también lo hemos hecho con la ley de lavado de dinero, hemos llegado a una
redacción común para castigar los hechos cometidos por las personas jurídicas,
tratando de salir de la responsabilidad meramente vicaria, en el sentido de que
solamente son responsables de los delitos cometidos a través de sus
administradores. Se les da la posibilidad de autoría, así que todos los hechos
cometidos en beneficio, con la ayuda, con la intervención o a través de una
persona jurídica puede dar lugar a que se la responsabilice, solucionando uno
de los problemas de imputación que admite la ciencia penal moderna.
Hasta acá
llegaron los acuerdos. Los dos desacuerdos solamente los voy a enunciar, y
estriban en la extinción de la acción penal, en la cual nosotros proponemos un
criterio un poco más amplio que el proyecto que consensuamos. También
proponemos una mirada más federal. Cuando llegue el momento vamos a plantear en
concreto la redacción que proponemos para este artículo.
El otro tema
tiene que ver con la suspensión del juicio a prueba, la probation. Entendemos que el delito de evasión tributaria tiene
que estar alcanzado por la probation.
El proyecto no la contempla y pensamos que es una clara desigualdad.
No hay
ninguna razón para que cuando la pena del delito amenazado lo permita, este
delito quede amenazado de la suspensión del juicio a prueba y solamente se la
permite en el caso de que se cancele la
totalidad de la deuda, saliéndose del criterio normal.
Salvo estos
dos puntos,
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Antes de nombrar a la próxima oradora quiero
pedirles por favor que colaboren con esta Presidencia haciendo silencio. Es
bueno que cuando un diputado hable los demás escuchemos.
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Gambaro.-
Señora presidenta: voy a hacer mías las palabras de los señores diputados
Albrieu y Gil Lavedra respecto a lo bien que trabajamos durante el año pasado
en
Es cierto que
en mayo de este año pudimos consensuar cuáles eran los cambios que queríamos
proponer al Poder Ejecutivo ‑ahora
los voy a pasar a enumerar-, y también fue extraño cómo después desapareció la
intención de llevarlo al recinto.
En ese
momento, varios bloques habíamos propuesto la necesidad de elevar los montos
que habían quedado desactualizados, pero las penas eran demasiado elevadas. En
algunos casos habíamos dado el ejemplo de que con la simple venta en dólares de
una camioneta podía quedar abarcada dentro de un tipo penal con una pena
elevada una pyme o un contribuyente particular.
En ese
momento también discutimos la necesidad de incorporar la responsabilidad de las
personas jurídicas a través de sanciones administrativas. Conversamos acerca de
la necesidad de que la suspensión del juicio a prueba y la extinción de la
acción penal estuvieran bien delimitadas para poder cumplir con el objetivo que
tiene en definitiva la ley penal tributaria, que es evitar el perjuicio al
erario.
Finalmente,
habíamos propuesto que las penas no se elevaran, y así se mantuvo. Pasó más de
un año y ahora, en sesiones extraordinarias, volvimos a tratar este tema. De
aquel dictamen que habíamos consensuado con estos planteos se receptó la
elevación de los montos a considerar multiplicados por cuatro, se incorporó la
responsabilidad de las personas jurídicas a través de sanciones administrativas
y no se elevaron las penas.
Lamentablemente,
no se incluyó la suspensión del juicio a prueba ni la extinción de la acción
penal por pago voluntario. Para ser consecuentes con lo que habíamos planteado
en ese momento, el bloque Frente Peronista va a acompañar en general el
proyecto en consideración, pero en particular va a rechazar estos dos temas a
los que hice referencia, fundamentalmente porque en el caso de la acción penal
–bien lo decía el señor diputado Gil Lavedra- una de las novedades es que esta
ley se aplica a los tributos de las provincias.
La redacción
que hoy tiene este artículo no recepta los distintos ordenamientos procesales
de todas nuestras provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en los
casos en los que haya ordenamientos procesales donde la notificación de las
denuncias penales no sea obligatoria y simplemente exista la obligación de la
notificación de la imputación, podemos caer en que uno tenga denuncias que
desconozca.
Teniendo en
cuenta que las provincias también se reservan la posibilidad de plantear
moratorias para recaudar tributos atrasados, si nosotros eliminamos la
posibilidad de extinguir la acción penal por pago voluntario, muchos ciudadanos
de las distintas provincias van a abstenerse directamente de participar en
estas moratorias, perjudicando al erario provincial que por alguna estrategia
recaudatoria así lo determine, simplemente porque podría estar
autoincriminándose, reconociendo el pago de la moratoria y aun desconociendo
que haya una denuncia en su contra.
Acompañamos
la necesidad de que el pago voluntario extinga la acción penal aun cuando haya
habido una denuncia o una inspección.
Finalmente,
respecto de la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, estamos en
desacuerdo con que se haya eliminado, sobre todo porque este instituto apunta a
los pequeños contribuyentes y a las PYMES, es decir, aquellos casos en que la
evasión se registre por imposibilidad de pago y no por una maniobra muy
elaborada.
En más de una
ocasión en este Parlamento se ha discutido, a partir de la crisis de 2001, que
muchos ciudadanos y ciudadanas habían quedado al margen del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, pero no por dolo sino por una imposibilidad fáctica
de hacerlo.
Más de una
vez se ha discutido respecto del período de validez para figurar en un registro
‑como en su momento el Veraz‑ con estas deudas y cómo esto podía
perjudicar la obtención de créditos y demás. Hemos participado desde adentro y
desde afuera de todas esas discusiones.
Además, la
eliminación de la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba iría en
contra del fallo “Acosta”, que determina que debe aplicarse aun en aquellos
casos en que la pena sea de un mínimo de tres años.
La última
modificación que vamos a proponer es la eliminación del inciso d) del artículo
2º, que establece un agravante por la utilización de una factura apócrifa.
Entendemos que en este inciso la norma no plantea una condición objetiva de
punibilidad. Digo esto porque es lo mismo tener una factura apócrifa de treinta
pesos en una evasión de medio millón de pesos, que tener una de 150.000 dólares
en el mismo monto de evasión. Por esta razón, entendemos que tiene que
modificarse este agravante o, en su defecto, incluir una condición objetiva que
permita determinar en qué casos estas facturas dan lugar a la aplicación del
agravante.
Antes de
cederle el uso de la palabra a mi compañero de bancada, adelanto que los
integrantes del bloque Frente Peronista votaremos en forma afirmativa el
proyecto en general, mientras que en la consideración en particular nos vamos a
oponer a la sanción de algunos artículos, y oportunamente daremos los motivos.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Carranza.-
Señora presidenta: tal como lo acaba de indicar la señora diputada preopinante,
adelanto que los integrantes del bloque Frente Peronista vamos a aprobar en
general en proyecto en análisis.
Apoyamos la
sanción de esta iniciativa, que sin duda viene muy demorada –como lo indicó el
presidente de
Durante todo
2010 hemos trabajado en las comisiones y así pudimos avanzar en mejorar el texto
que oportunamente nos remitiera el Poder Ejecutivo nacional. Lo importante es
que coincidimos con el objetivo de permitirle al Estado la utilización de
herramientas que hacen al ejercicio de su pretensión punitiva. Para ello se han
ampliado los montos y también se han incorporado otros delitos, como los
informáticos y los que cometen algunas personas jurídicas.
En ese
sentido, quiero hacer hincapié en el ejercicio fundamental del derecho a
defensa cuando se trata de sancionar a personas jurídicas. Esto es algo que
puede resultar complejo en las investigaciones penales que se realizan en las
provincias, dado que la norma amplía el sujeto pasivo a las haciendas públicas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sólo respecto de los
tributos e impuestos sino también de los recursos de la seguridad social.
Tengamos en cuenta que el derecho de defensa en las personas jurídicas padece
de uno de los elementos esenciales de toda defensa penal, que es la
indagatoria. Tampoco podemos dejar de lado el derecho que tiene todo ciudadano
a no auto incriminarse, en virtud de lo que establece el artículo 18 de
Seguramente
esta iniciativa permitirá la aplicación de mejores procedimientos por parte del
Estado nacional, pero en lo que respecta a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires habrá que adaptar esos procedimientos para la
persecución fiscal en cada una de las jurisdicciones.
Tal como
señalé al comienzo de mi exposición, reitero que vamos a apoyar en general la sanción
de este proyecto, pero en particular votaremos en forma negativa el artículo 2º
del texto contenido en el dictamen de mayoría, que se refiere al artículo 2º de
la ley 24.769; el artículo 12, relativo al artículo 14 de la misma norma; el
artículo 13, referido al artículo 16 de la ley 24.769, el artículo 15, que se
refiere, como dije antes, al artículo 19 de la ley citada y el artículo 18, que
reforma o agrega un párrafo al artículo 76 bis del Código Penal.
Entonces, en
cuanto al artículo 19, reitero que en el marco de una buena política criminal
se debe mantener la posibilidad de que
la administración determine cuándo debe llegar la denuncia penal a los
contribuyentes y cuándo no.
En la ley
vigente, que tuvo una excelentísima redacción, esa facultad de no denunciar
tenía que ser por resolución fundada y con comunicación al Procurador General
del Tesoro. Abogamos por que se mantenga esa disposición porque también hace a
los principios de economía y oportunidad que deben regir en la materia.
En lo demás,
vamos a apoyar la iniciativa, como dije, y el bloque del Frente Peronista en
este punto y en este proyecto apoya el mensaje del Poder Ejecutivo. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez
(E.F.).- Señora presidenta: solicito
que oportunamente se autorice la inserción del texto elaborado por el vocero de
este bloque en la oportunidad de finalizar el tratamiento de este proyecto de
ley.
En segundo
lugar, anticipo el apoyo en general a la modificación a la ley 24.769 tal como
fue despachado por
No obstante,
obra por nuestra parte una disidencia parcial en relación a la reforma
propuesta que hace a la posibilidad de que las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuenten con una potestad represiva de carácter penal para
perseguir infracciones tributarias. En
eso finca nuestra disidencia tajante con el proyecto y con el dictamen de
mayoría: en que permite un avance de la ley nacional en su faz represiva
criminal sobre el incumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales o
municipales.
A partir de
esta propuesta se suscita, a nuestro entender, un problema constitucional
insuperable que nos impide adherir íntegramente al dictamen de mayoría y es el
referido al ámbito de aplicación de la ley penal tributaria.
Sra. Presidenta
(Adbala de Matarazzo).-
Sr. Martínez (E.F.).- Señora presidenta: sé que
contribuyo al tedio de esta sesión ya a esta altura de los acontecimientos,
pero a nuestro entender la letra del dictamen no es compatible con el reparto
de competencias preceptuado por
En dicha ley,
en cada artículo, la propuesta del entonces diputado Alberto Natale,
recientemente fallecido y homenajeado por nuestro compañero Favario, agregó
ante la posibilidad de persecución por tributos la palabra “nacional” y era en
relación a los tributos pasibles de formar parte del tipo penal, zanjando una
discusión sobre si la protección penal se extendía a lo provincial y municipal
o sólo al ámbito federal.
Quien en
nuestra Nación se queda con un poder estatal, ya sea nacional, provincial o
municipal, se reserva la potestad persecutoria del Estado en virtud del
principio de la inherencia represiva.
Las
infracciones fiscales que ofenden a las haciendas provinciales no pueden ser
objeto de legislación por el Estado nacional atento a que, en relación a las
materias tributarias reservadas por las provincias, sólo a éstas les compete
legislar en el orden represivo.
Las
provincias mantuvieron para sí, con nivel constitucional, la facultad de
legislar sobre impuestos directos –artículos 121 y 126 de
En igual
sentido, siguiendo a Ricardo Núñez, es la reserva del poder de policía general
y la protección de la administración provincial, artículos 121 y 122 de
Se subraya y
será motivo también de la inserción la forma representativa y republicana y
federal que
Por lo tanto, entre nosotros tiene fundamental
importancia y consecuencias legislativas decisivas la aceptación de la
diferencia sustancial entre delitos y contravenciones. Aquí sigo a Roberto
Spinka, en el Régimen Penal Tributario
Argentino, que cita también al profesor Daniel Pablo Carrera.
En suma, la
evasión maliciosa de un tributo provincial no puede ser castigada como delito
común en el Código Penal o, como bien puntualiza Spinka, en leyes especiales.
Para
Sebastián Soler, la facultad de imponer penas será nacional o provincial, según
el poder o facultad que tutelen esas penas, sean delegados en
El legislador
de la ley 24.769 tuvo claro que no podía avanzar sobre el ius puniendi de provincias y municipios, pues creaba un delito
formal, que finalmente no era más que una contravención a nivel provincial o
municipal, sobre la cual no podía interferir con una ley penal especial
nacional, todo por motivos constitucionales.
En suma, el
Congreso de
Nosotros no
podemos volver a nuestras provincias y que los gobernadores de cada una de
ellas o el señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan
perseguir penalmente y denunciar a los contribuyentes por la evasión maliciosa
de ingresos brutos, patentes de automotores o cualquier otro tributo o
contribución de orden provincial, comunal o municipal.
Se trata de
un exceso que invade las facultades delegadas a las provincias y, por lo tanto,
en este aspecto vamos a disentir parcialmente, propiciando –para evitar una
discusión en particular aburrida‑ que en cada artículo en el que se
agrega la expresión “al fisco provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” sea expresamente suprimida, lo que estaría de acuerdo con nuestra
posición frente al proyecto de ley que, reitero, ha sido profusamente debatido
en comisión, lográndose una redacción, en general, de excelente factura.
Sólo
mencionamos el problema constitucional, que de ninguna manera podemos aceptar,
porque debemos regresar a nuestras provincias a dar las respuestas adecuadas,
rechazando la adaptación a un modelo nacional incompatible con
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. De Marchi.-
Señora presidenta: adelanto el acompañamiento en general al dictamen de mayoría
en el proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo con la pretensión de
introducir modificaciones a la ley penal tributaria vigente.
En realidad,
la iniciativa debe verse como una parte de la gran reforma tributaria que
necesita
Si bien el
proyecto en tratamiento no altera elementos materiales o sustanciales que
modifiquen o que hagan al tipo objetivo de los delitos contemplados, se
incorpora –como han reiterado los anteriores oradores‑ algunos aspectos
interesantes. Por ejemplo, se modifican los montos, se agregan algunos
supuestos de agravantes y se eliminan otros.
Como primer
aspecto destacable, se elevan los montos mínimos del artículo 1º para que sea
aplicable la ley penal tributaria y quede configurado el delito de evasión
simple, pasando de 100.000 a 400.000 por cada tributo y por ejercicio anual.
Interpretamos
que, en realidad, es una adecuación por inflación de los montos consignados en
la ley, dado que fueron establecidos en épocas en las que nadie imaginaba la
inflación galopante que hoy se está instalando en nuestro país. En
consecuencia, valoramos el gesto del gobierno de reconocer por lo pronto que la
inflación está carcomiendo los montos fijados en esa ley.
Es importante
destacar que el proyecto incluye a los tributos provinciales y de la ciudad de
Buenos Aires, que no están contemplados en la ley vigente.
Otra
modificación sustancial es la referida a los agravantes de la evasión
tributaria simple, no sólo en función de los montos sino que se incluyen
conductas como la utilización de interpósita persona y la utilización
fraudulenta de beneficios fiscales o de facturas y documentos falsos. Este es
un instituto donde se innova de una manera positiva.
Para el caso
de la evasión de recursos de la seguridad social, las modificaciones se
refieren exclusivamente a los montos mínimos, que se elevan, lo que es
razonable.
En cuanto a
los cambios procesales se anula la consulta previa a
Si bien esta
modificación fue objeto de observaciones, creemos que el delito existe o no; si
la inspección detecta que se ha configurado, que se ha conformado la conducta
de acuerdo con el tipo penal, existe delito.
Es importante
dejar en claro que
Es muy
difícil encontrar respuesta voluntaria por parte del contribuyente frente a sus
obligaciones impositivas cuando existen impuestos que, en algunos casos, son
verdaderamente confiscatorios. Hay algunas actividades económicas que se
sostienen en base a la evasión porque de lo contrario –y con esto no estoy
justificando la evasión- no tendrían rentabilidad, como ocurre en el sector
agrícola y de economías regionales.
En algunos
casos los impuestos son confiscatorios y en otros, como mencionábamos recién,
manifiestamente injustos.
El sistema
tributario vigente exhibe una complejidad que facilita la evasión, y en algunos
supuestos ni siquiera los profesionales contables logran comprender sin
disidencia el contenido exacto de la norma impositiva, siendo muchas de ellas
objeto de interpretación discrecional por parte de la autoridad de aplicación
–AFIP- generando en consecuencia aún más incertidumbre e inseguridad jurídica.
Finalmente,
si bien acompañamos las modificaciones propuestas en el dictamen de mayoría,
invitamos enfáticamente al Poder Ejecutivo a que tome la iniciativa y dé los
pasos necesarios para alumbrar en el país un nuevo sistema de impuestos que
arroje equilibrio, justicia, simplificación y, sobre todo, tenga a las
provincias como actores importantes en función de la coparticipación.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.-
Señora presidenta: voy a ser muy breve, aunque repetiré buena parte de los
conceptos que ya han sido vertidos.
Apoyaremos el
proyecto de ley por las razones que ya se han mencionado. Compartimos la idea
de que ésta es una iniciativa que fue siendo trabajada en los distintos bloques
y en cuyo tratamiento se logró un consenso muy amplio. En tal sentido, rescato
el trabajo realizado por el entonces presidente de
Entonces,
llegamos a este proyecto de ley con muy pocas disidencias y mucho acuerdo. Sólo
tengo que lamentar –no puedo dejar de mencionar esto‑, en relación con la
actualización de montos de una ley que, como dijo el señor diputado Gil
Lavedra, tiene aproximadamente quince años de vigencia, que tales montos hayan
sido ajustados de acuerdo al dólar estadounidense.
Lamento que
ése haya sido el criterio de actualización. También lamento que, gracias a la
utilización de ese criterio, el aumento haya sido de cuatro veces –dado el tipo
de cambio actual‑, ya que la última vez que se tocó esta ley un dólar
valía un peso. Quizás se podía haber buscado el criterio de la inflación,
aunque en tal caso se habría roto el consenso porque algunos creemos que el
INDEC miente y otros piensan que dice la verdad.
Sin perjuicio
de ello, me gustaría señalar que, en relación con la discusión que mantuvimos
ayer, oportunidad en que hubo que definir un criterio parecido, los parámetros
que se utilizaron fueron los del mínimo no imponible del impuesto a las
ganancias. La única reflexión que quiero dejar asentada aquí es que desde enero
de 1997, que es la última vez que se modificó la ley que en este momento sólo
dos o tres estamos discutiendo porque el resto está pasándola mejor...
¿Qué hago,
señora presidenta, continúo o dejamos que sigan charlando?
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).-
Continúe,
señor diputado.
Sr. de Prat Gay.-
Estaba tratando de decir, señora presidenta, que ayer se sancionó una ley por
la que se ratificaron las actualizaciones que hasta ahora había realizado el
gobierno en relación con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Lamento que
desde 1997 el mínimo no imponible que se utiliza para calcular el impuesto a
las ganancias que pagan los asalariados haya aumentado un 230 por ciento,mientras
que el mínimo no imponible para los evasores vamos a aumentarlo un 300 por
ciento. Vale decir que si ponemos las votaciones de ayer y de hoy juntas,
evidentemente le estamos dando una ventaja comparativa al evasor por sobre el
asalariado. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra el
señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Heller.-
Señora presidenta: trataré de ser breve.
De todos los
proyectos de ley que hemos tratado entre ayer y hoy éste debe ser el que, a
priori, se puede presumir con un mayor consenso.
Por lo menos
hasta aquí todos han expresado su aprobación en general, aunque luego algunos
diputados vayan a plantear disidencias parciales.
Muchos han
señalado que esto es producto de un trabajo que se ha hecho durante bastante
tiempo. Se han consensuado cuestiones como los montos y otras que han
facilitado este acuerdo.
Me voy a
referir al artículo 13, que dice: “Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.769
y sus modificaciones, por el siguiente: el sujeto obligado que regularice
espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas,
quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se
produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la
repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o
indirectamente con él”.
Me parece que
se trata de uno de los cambios importantes que tiene el proyecto de ley que
estamos tratando en relación con la norma que está vigente hasta aquí, que
posibilitaba que sujetos obligados que se encontraban en infracción o que eran
denunciados -porque mediante una inspección se encontraba que no cumplían con
sus obligaciones- llevaran adelante largos procesos judiciales, pagando a
último momento, y eran eximidos de la sanción penal que les correspondía.
Lo que
debemos decir es que no se puede pensar que es lo mismo pagar en el momento que
corresponde que hacerlo luego de varios años de acciones judiciales. Esta no es
una cuestión entre particulares, sino entre privados y el Estado nacional. Acá
estamos hablando de evasión de impuestos, o sea, de recursos que se restan al
presupuesto.
Ayer hemos
tratado el proyecto de ley de presupuesto, donde vimos que el 60 por ciento del
gasto está destinado al gasto social. También hemos escuchado en la exposición
de motivos la voluntad de seguir profundizando ese proceso.
Recursos que
no ingresan, son recursos que se restan a las políticas de salud, de vivienda,
de educación, a la posibilidad de mejorar la asignación universal y a todo este
conjunto de medidas y políticas que están contenidas en el presupuesto. Incluso
muchos diputados que votaron en contra del presupuesto destacaron en particular
inversiones que tenían que ver con obras vinculadas con sus provincias.
No es lo
mismo el impago de un pagaré entre particulares que el impago de las cargas
tributarias.
Se trata de
una cuestión fundamental que, a mi juicio, rescata el proyecto de ley que
estamos tratando en este momento.
En el día de
ayer el señor diputado Rossi, en una exposición interesante, tomó el diario Clarín del año 2001 y lo comparó con un
diario español de ayer, para demostrar de qué manera Europa atrasaba diez años,
por decirlo de alguna manera, porque en El
País aparecían reflejadas las cosas que a nosotros nos habían sucedido diez
años antes. Entonces, inducido por esto que hizo el señor diputado Rossi, yo
también me puse a buscar curiosamente en diarios de 2001 y encontré una nota de
El artículo
dice lo siguiente: “
“De este
modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba
las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento”. Además, según
el fallo, se beneficiaba con el sistema de importaciones que estaba vigente en
ese momento.
De esta
forma, esta empresa que fue sancionada por un tribunal que la encontró culpable
del delito de contrabando y evasión, cuando llegó el momento final pagó, y al
pagar se le extinguió la acción penal.
Creo que esto
es lo que este proyecto que estamos considerando hoy va a impedir que siga
sucediendo. Esta iniciativa, y en particular este artículo, son la expresión
del “traje a rayas para los evasores”, que en su momento planteó en su discurso
el presidente Kirchner y que también fue utilizada por la presidenta en sus
palabras en ocasión de la inauguración del período de sesiones y cuando asumió
su nuevo mandato.
Entonces, nos
encontramos frente a un cambio importantísimo que creo merece ser aprobado sin
ningún tipo de observación. Esta es la postura que va a mantener nuestro
bloque.
Quiero
referirme particularmente a cuestiones que hoy no han sido mencionadas pero que
sí lo fueron durante el debate de ayer en la comisión. Me refiero a lo que
estaba explicando hace un momento: algunos señores diputados cuestionaban la
supresión de la probation y la
suspensión del juicio a prueba. También hemos escuchado hoy algunas expresiones
al respecto. A mi modo de ver, es absolutamente inaceptable que este tipo de
delito pueda ser compensado a través del mecanismo de la probation. La probation
debería ser una medida que permita
atender las faltas cometidas en otro tipo de infracciones o incumplimientos.
Aquí estamos hablando de personas o empresas que evaden recursos fiscales por
montos importantes y que están privando al Estado nacional de recursos que
permitirían resolver muchísimos problemas. Cuando hablo del Estado nacional nos
estamos refiriendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Por lo tanto,
reitero que nuestro bloque va a apoyar esta iniciativa, que consideramos
adecuada.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Solicito a los señores diputados que ocupen sus bancas y guarden
silencio, porque tenemos la obligación de escuchar a quien está en uso de la
palabra.
Tiene la palabra
la señora diputada por el Neuquén.
Sra. Comelli.-
Señora presidenta: nuestro bloque ve con agrado y va a acompañar esta
iniciativa que apunta a dotar de mayor equidad social lo relativo a la gestión
de las finanzas públicas.
Nos sentimos
reconfortados al observar que el proyecto que vamos a sancionar se corresponde
con una iniciativa que propusimos y reclamamos hace cuatro años, por la cual se
dejaba sin efecto la norma que permitía extinguir la acción penal al evasor que
abonara el importe evadido. Ese proyecto lo presentamos en junio de 2007 y era
un poco más ambicioso todavía que el que hoy estamos tratando. En aquel momento
planteábamos directamente la derogación del artículo que establecía que en los
casos previstos en los artículos 1º y 7º de esa ley la acción penal se
extinguiría si el obligado aceptaba la liquidación o en su caso la
determinación realizada por el organismo recaudador y pagaba el importe
correspondiente en forma total e incondicional.
En aquella
oportunidad sostuvimos que la ley penal tributaria establecía una notable
diferencia entre el infractor tributario al que se refería la norma y el
infractor de una norma del Código Penal, por ejemplo, por delitos cuyo bien
jurídicamente tutelado era la propiedad. Hoy en día estamos más que satisfechos
con este debate que pretende eliminar este injusto privilegio.
Resulta claro
que la norma en aquel momento permitía un beneficio a las personas de mayor
poder adquisitivo, o sea, a los evasores de impuestos, estableciendo este claro
privilegio que en realidad va en contra de todo Estado de derecho y que genera
una discriminación entre los habitantes, que por imperio del artículo 16 de la
Constitución debemos ser iguales ante la ley.
Como podrá
observarse, esta norma se encuentra en franca oposición a los principios
constitucionales de igualdad y demuestra la liviandad con la que muchas veces
se ha legislado en nuestro país en materia de delitos fiscales.
Propusimos
entonces eliminar ese privilegio. Creemos que eso va a promover paulatinamente
también un cambio en el paradigma de la política criminal tributaria del Estado
argentino, de modo tal que no priorice la recaudación impositiva sino también
el castigo por una conducta reprochable del imputado, como es el incumplimiento
doloso de las obligaciones.
Hoy venimos a
corregir esta injusta norma, si bien no con la rigurosidad que nosotros
habíamos aspirado en ese momento. Anteriormente pretendíamos la eliminación
lisa y llana de esta opción de pago, pero vemos que la propuesta resulta un
avance al permitir que el pago pueda ser realizado por única vez.
Creemos que
este plexo de normas que estamos sancionando implica una mejora sustancial en
materia de política criminal tributaria. No debemos olvidar –no voy a repetir
lo que decía el diputado preopinante‑ que quienes se ven afectados cuando
estas personas o empresas evaden sus obligaciones son los sectores sociales que
realmente requieren la mayor protección del Estado, a quienes se priva de la
concreción de obras de infraestructura o de asistencia social, que es lo que se
logra a partir de los impuestos.
Queremos una
sociedad cada vez más justa y donde la brecha entre los sectores de mayor poder
adquisitivo y las clases más excluidas se vaya reduciendo. Entendemos que este
proyecto va en ese sentido, de manera que nuestro bloque lo va a acompañar.
Solicito la
inserción del resto de mi fundamentación en el Diario de Sesiones.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.
Sra. Fadul.-
Señora presidenta: quiero exponer brevemente
que el paso del tiempo, el cambio de paradigmas, la evolución social,
cultural y económica y distintas circunstancias que hacen al contexto general
de un país nos indican que determinadas leyes quedan obsoletas o ya no cumplen
efectivamente con el objetivo que las hizo nacer.
En este marco
nos toca tratar hoy la modificación del régimen penal tributario, la ley
24.769, promulgada de hecho en enero de 1997, que está próxima a cumplir quince
años de vigencia. Como todos sabemos en este tiempo nuestro país sufrió grandes
cambios, económicos y sociales.
El proceso
inflacionario es uno de los factores que afecta el justo y efectivo ejercicio
punitivo de esta normativa. En la práctica y en la realidad diaria de nuestro
país, las condiciones objetivas que establece la ley en cuestión, es decir, los
montos por los cuales el evasor resulta alcanzado por la sanción penal, han
quedado absolutamente fuera de contexto, particularmente en el caso de la
evasión simple.
Por otro
lado, y en torno a lo que la evolución legislativa representa, este dictamen
propone sumar un nuevo artículo a la ley en cuestión, que estipula una pena de
prisión de uno a cuatro años al que modificare o adulterare los sistemas
informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el Fisco
nacional, provincial o de
Más allá de
las necesarias actualizaciones a las que vengo haciendo referencia y al tipo
penal recién mencionado, quiero destacar también que el dictamen que hoy
estamos tratando modifica el artículo 16 de la ley penal tributaria,
prescribiendo que solo se extinguirá la acción penal si el contribuyente
regularizare su situación de manera espontánea, siempre que sea antes de una
inspección, observación fiscal o denuncia, y ello sin duda resulta adecuado.
Apoyo este
dictamen y consideramos lógico actualizar los montos y tornar razonable la
punibilidad del delito de acuerdo con la magnitud de la afectación al bien
jurídico tutelado, e incorporar la normativa que se ha señalado.
Por ello,
desde el bloque del partido Federal Fueguino adelanto mi voto afirmativo.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra la señora diputada por
Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Bullrich.-
Señora presidenta: este es un proyecto que durante todo el año pasado se ha
trabajado mucho en
Si bien voy a
votar positivamente este proyecto, quisiera plantear algunos temas que me
parece que sería importante intentar introducir en el proyecto para terminar de
darle forma.
En primer
lugar, los cambios que estamos realizando a la ley 24.769 nos muestran que
hasta el momento esta ley no ha tenido resultados. El índice de condenabilidad
es inferior al 1 por ciento y las denuncias en relación con los casos están en
un 2 por ciento.
- Ocupa
Sra. Bullrich.-
En consecuencia, hay un tema pendiente que es necesario analizar, que es cuál
es la razón de los fracasos permanentes que tenemos en la persecución de estos
delitos.
En primer
lugar quisiera marcar uno que me parece importante, que es un funcionamiento
incompleto del Ministerio Público y de
Sin duda que
si seguimos con estos mecanismos, por más que aumentemos las penas y que
aumentemos el monto, lo cual es correcto y se hizo el año pasado, no vamos a
cambiar la realidad, porque ella está en un paso previo al monto y a la pena
que estamos planteando, es decir, cómo se constituye esta posibilidad de llegar
a analizar seriamente dónde está la evasión.
Quisiera
disentir con el señor diputado Heller cuando plantea que la probation no
es una buena metodología. En realidad, lo que hay que pensar aquí es que, a
delitos similares, los ciudadanos tienen que tener posibilidades similares.
Si una
persona comete un fraude contra el Estado por 5 o 10 millones de pesos, esa
persona puede tener la probation. Ahora, si esa persona evade por un
monto de 400 mil pesos, no tiene esa misma posibilidad.
En consecuencia, revisar la posibilidad de que
exista la probation parece un pedido lógico que hemos discutido en
El segundo tema
que debemos analizar es que en la extinción de la acción penal si bien es
correcto el pago completo previo, existen vacíos respecto a cuándo se puede
plantear dicha extinción. No está muy claro si en todos los casos los
ciudadanos estarían en condiciones de enterarse de que están teniendo una
causa. Efectivamente deberían tener esta posibilidad, es decir, habría que
plantear claramente que la extinción de la acción penal por pago debe
implementarse en la medida que el ciudadano concretamente se haya enterado de
que se le ha comenzado una causa. De no ser así, también tendríamos situaciones
de desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Por eso,
planteando que volvamos a considerar el instituto de la probation, que
precisemos un poco más la condición concreta para que el ciudadano se entere de
la denuncia de la que ha sido objeto y así poder plantear el pago adelantado
por extinción de la acción penal, podríamos estar mejorando este proyecto de
ley en particular.
Por lo tanto,
adelanto el voto afirmativo de la bancada Unión por Todos, pero quisiera poder
trabajar en concreto estos artículos durante la consideración en particular.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general, en forma nominal.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 218 señores
diputados presentes, 217 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Bozzano).- La votación arrojó el siguiente
resultado: 214 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa. (Aplausos.)
Aquí votación nominal
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se deja constancia del
voto afirmativo de la señora diputada María Teresa García y del señor diputado
Yoma.
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: simplemente deseo señalar que por la falta de costumbre
olvidé oprimir el botón que marca el
voto por la afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consecuencia, el proyecto fue aprobado por
unanimidad por 217 votos por la afirmativa.
En
consideración en particular el artículo 1º.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a
6º.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el artículo 7º.
Por
Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario (Bozzano).-
Dice así: “Artículo 7º: Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.769 y sus
modificaciones por el siguiente: Artículo 8º: La prisión a aplicar se elevará
de tres años y seis meses a nueve años, cuando en el caso del artículo 7° se
verificare cualquiera de los siguientes supuestos: a) Si el monto evadido
superare la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000), por cada mes. b) Si hubieren
intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del
verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ciento sesenta
mil posos ($ 160.000.-).”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar con la
modificación propuesta.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 8º.
Por
Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario (Bozzano).-
Dice así: “Artículo 8º: Sustitúyase el artículo 9º de la ley 24.769 y sus
modificaciones, por el siguiente: Artículo 9º: Será reprimido con prisión de
dos a seis años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de
los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no
ingresado superase la suma de veinte mil pesos ($20.000.-) por cada mes.
“Idéntica
sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la
seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez
días hábiles administrativos de vencido el plazo del ingreso, el importe
retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de
veinte mil pesos ($ 20.000.-) por
cada mes.” El resto del artículo continúa con su redacción original.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 8º propuesto por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones se votan y aprueban los artículos 9º a
12.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 13.
Por
Secretaría se leerá el texto propuesto por la comisión.
Sr. Secretario (Bozzano).-
Dice así: “Artículo 13: Incorpórese al artículo 14 de la ley 24.769 y sus
modificaciones, los siguientes párrafos: Cuando los hechos delictivos previstos
en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en
beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las
siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces
de la deuda verificada. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en
ningún caso podrá exceder los 5 años. 3. Suspensión para participar en
concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier
otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los 5
años. 4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo
efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal
actividad de la entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales
que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa
de la persona de existencia ideal.
“Para graduar
estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y
procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los
autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero
involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad
económica de la persona jurídica.
“Cuando fuere
indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o
de un servicio en particular no serán aplicables las sanciones previstas por el
incido 2) y el inciso 4).”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 13 con las modificaciones propuestas.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración los
artículos 14 y 15.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor
presidente: voy a formular la pregunta al presidente de la comisión antes de
dar lectura a la redacción propuesta.
El actual
régimen supone que el infractor, aun hecha la denuncia penal por parte de
El proyecto
modifica este tipo penal y obliga al infractor al pago hasta la denuncia
penal. Si la denuncia penal se hizo ya
no puede pagar más.
Nosotros
creemos que la pena tiene un sentido de prevención general y especial y además
lo que persigue el Estado es que le paguen los impuestos y no meter la gente
presa.
Creemos que
debe mantenerse el régimen actual, es decir que una vez que
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: en primer lugar quiero aclarar que la observación formulada
se refiere al artículo 14, que es el artículo 16 de la ley 24.769, pero es el 14
de esta ley. Ese artículo 14 ya lo
aprobamos, pero me parece que bien vale la pena lo que dice el señor diputado
Aguad.
Cuando hice
la fundamentación del dictamen de mayoría, expresé claramente que tanto en este
tema como el de la suspensión de juicios a prueba, creíamos que debía acotarse
la posibilidad de extinguir la acción penal, entre otras cosas porque
compartíamos lo que expresó en este recinto la señora presidenta de
Por lo tanto
no vamos a modificar el dictamen de mayoría ni tampoco en la suspensión del
juicio a prueba.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 16.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 17.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 18.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor
presidente: voy a pedir al presidente de la comisión lo siguiente, porque aquí
hay un tema que merece ser escuchado.
Voy a pedir que se agregue un artículo nuevo.
Esta nueva
ley penal tributaria, también incluye como delito la evasión de impuestos
provinciales.
Junto a gran
parte de la doctrina nacional estoy convencido de la necesidad de este artículo
nuevo. En ese sentido, doy lectura a un
párrafo de Ricardo Núñez en cuanto a que no se puede incluir en la ley penal
nacional el castigo a la evasión penal provincial, Núñez dice, así como otros, como Carrera,
Spinka, Soler, que el reparto constitucional, el Ius oonendi, no significa que todo el poder de aplicar el Código
Penal y castigar los delitos haya pasado a las autoridades nacionales, ni
implica que este Código deba o pueda contener todo lo que en el país se declara
punible. La evasión maliciosa de un
tributo provincial no puede ser castigada como delito común en el Código Penal
ni en leyes nacionales especiales.
Ahora voy a
dar la consecuencia práctica de este problema.
En mi provincia el gobernador De
Con esta ley
no lo podrá hacer porque con ella esa infracción es constituida en delito. Yo
creo que todos los diputados de esta Cámara pertenecen a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo estar en una situación muy parecida a
la de Córdoba.
Lo único que
planteo es el agregado de un inciso, el último, que diga lo siguiente: “Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir en lo que sea de
su competencia excluyente a los términos de la presente ley.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Pinedo.-
Señor presidente: adhiero a la propuesta del diputado Aguad.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: antes que nada quisiera salvar un error material que se
produjo en la votación, ya que en el artículo 17 habíamos hecho mención de que
había un error material al reformar el artículo 20, donde se hace referencia a
la ley 11.683, y corresponde al artículo 74. Es un error material que quiero
dejar a salvo.
El tema
mencionado por los señores diputados Aguad y Pinedo fue discutido oportunamente
en la comisión. Si bien existe una parte de la doctrina que frente a tributos
locales señala que el Congreso no podría imponer su cumplimiento como delito,
en otros casos el Congreso sí puede imponer delitos en materia regulada
estrictamente por la legislación provincial. Hoy por hoy, adulterar un
documento regulado por una ley provincial sigue siendo una falsificación de
instrumento público. En este sentido, vamos a rechazar toda modificación al
dictamen de mayoría.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: con respecto a lo señalado por el diputado Aguad, hay un
aspecto vinculado con la condición objetiva de punibilidad. Hay un problema en
relación con la cuestión de la articulación entre las competencias nacionales y
locales en la forma de recaudación de impuestos.
Nosotros no
podríamos decirles a las provincias cómo deberían recaudar sus impuestos.
Incluso, se podría dar al revés, en el sentido de que
Sr. Presidente
(Domínguez).- Fije su posición,
señora diputada.
Sra. Rodríguez.-
Se trata de un supuesto complejo. No tengo la solución de un texto; si no, la
trataría de brindar. Quisiera que el diputado Albrieu me ayude a pensar. Ante
una moratoria provincial, habría un problema, porque cuando se paga, aun así no
se resuelve el problema, ya que uno plantea la moratoria y el otro no.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Garrido.-
Señor presidente: más allá de la cuestión de jurisdicción, también el diputado
Aguad hizo un planteo respecto de la conveniencia, sobre la que quisiera hacer
una breve referencia.
En el caso de
que las provincias dispongan de un régimen de moratoria, van a estar atadas por
la disposición penal, que sólo podría cambiar el Congreso nacional. A
diferencia de lo que ocurre en materia tributaria en el ámbito nacional, una
moratoria la dispondría el Congreso y tendría facultades para otorgar una
excepción a la ley. Lo mismo no ocurriría con las provincias, que quedarían
atadas, ya que por más que sancionen una moratoria, en el ámbito provincial
ella no podría ser acompañada por una excepción penal con lo cual su situación,
comparándola con la nacional, será distinta y más acotada.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Aguad.- Señor
presidente: la diputada Rodríguez y el diputado Garrido han dado una
explicación muy coherente. En este caso
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Albrieu.-
Señor presidente: no hacemos lugar a ninguna modificación al dictamen.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 19.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 20 es de forma.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará
al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 8 -
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor
presidente: tal cual se lo había comentado a muchísimos legisladores de otras
bancadas, nosotros queríamos proponer que continuáramos con el temario, habida
cuenta que tenemos muchos diputados que son del interior y que nos plantearon
claramente seguir haciendo el esfuerzo hasta terminar con los dos temas que nos
faltan para no tener que permanecer hasta mañana a la noche en la ciudad de
Buenos Aires.
Por eso le
pido al resto de los diputados que nos acompañen en esta solicitud, y si no,
que
Sr. Presidente (Domínguez).- Habiendo quórum, está en consideración en general el
dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- …y otras recaído en el proyecto de ley del Nuevo Régimen
de Trabajo Agrario, derogación de la ley 22.248 y sus modificaciones, y decreto
reglamentario 563/81, Orden del Día N° 11. (Aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr. Amadeo.-
Señor presidente: deme la palabra.
Sr. Presidente (Domínguez).- En el orden de prelación. Le pido que vuelva a su banca.
Ahora tiene la palabra el señor diputado Pais y después usted hará uso de la
palabra.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Sea respetuoso, diputado Amadeo! ¡Vuelva a su banca!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Amadeo, vuelva a su banca. Tiene la
palabra el señor diputado Pais.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Habiendo quórum suficiente, tiene la palabra el señor
diputado Pais. Ya se le dará el uso de la palabra a la diputada Bullrich y al
diputado Amadeo.
Vuelva a su
banca, por favor, diputado Eduardo Amadeo. Muchas gracias diputado, vuelva a la
banca.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- ¡Silencio por favor!
Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. Gil Lavedra.-
Señor presidente: nosotros ya hemos pactado en
Llevamos
sesionando trece horas y media. Por lo tanto, yo solicito cumplir el plan de
labor como lo habíamos acordado. Me permito solicitar un cuarto intermedio
hasta mañana a las 10.
Sr. Presidente
(Domínguez).- No se hace lugar,
señor diputado.
- Varios señores diputados hablan a la vez.
- 9 -
orden del día n° 11
Sr. Presidente
(Domínguez).- A los fines del
tratamiento del asunto puesto en consideración, se respetará la metodología
establecida: se concederán términos de 30 minutos por bloque mayoritario.
Corresponde
hacer uso de la palabra al señor diputado por Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: estamos tratando un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo
nacional en junio de 2010. Para nosotros, constituye una iniciativa
trascendente; es una enorme responsabilidad poder cumplir, en este período de
sesiones extraordinarias, con reivindicaciones de derechos laborales y sociales
en beneficio de cientos de miles trabajadores argentinos.
Cuando el
Poder Ejecutivo nacional nos remitió el proyecto de ley daba cuenta de la
necesidad de reivindicar derechos conculcados a los trabajadores rurales...
Sr. Presidente
(Domínguez).-
Continúe,
señor diputado.
Sr. Pais.- Se
trata de incluir en los beneficios de la seguridad social a cientos de miles de
trabajadores que se han visto afectados en su salud en razón del mayor esfuerzo
que implica la actividad rural.
Nosotros
debemos tener presente que el trabajo agrario es de reciente cuño legislativo.
En el año 1942 se dictó la primera ley de trabajo agrario, que llevó el número
12.789, relativa al estatuto de los conchabadores. En el año
Ese estatuto
ha sido unánimemente reconocido como un hecho histórico, pues con fuerza
inaudita señaló el comienzo de la protección legal de los trabajadores rurales.
Perón consideró dicho estatuto como una de las expresiones más importantes de
su gobierno, ya que se contemplaba no sólo la materia social sino también las
cuestiones laborales, estableciéndose la defensa de peones que se encontraban
como modernos siervos de la gleba, en situación de cuasiesclavitud. Estábamos
terminando la primera mitad del siglo XX.
Tal estatuto
comenzó legislando el pago del salario en moneda nacional, la jornada de
trabajo, la fijación de salarios mínimos, la estabilidad en el empleo ‑el
trabajador no podía ser despedido si no mediaba justa causa‑, y
fundamentalmente estableció una autoridad de aplicación nacional para velar en
todos los territorios por un mismo sistema legal protectorio para los
trabajadores.
Todo eso
quedó sin efecto en el año 1980. Pese a que en 1974 se incorporó a nuestro
derecho positivo la ley de contrato de trabajo, que no excluía a los
trabajadores rurales, con el dictado de la ley de facto 22.248 expresamente se
los excluyó y se fijó un régimen autónomo que en muchos aspectos significó un
verdadero retroceso de los derechos laborales.
En el
tratamiento de este proyecto, que la misma oposición ha reconocido que importa
grandes avances, han sido receptadas las inquietudes de organizaciones
gremiales y empresarias, pero fundamentalmente, de trabajadores, entre ellas,
Nuestro
proyecto se inscribe en principios constitucionales incorporados por el
artículo 14 bis, en los tratados de derechos humanos incluidos mediante el
inciso 22 del artículo 75, y en el principio de progresividad expresamente
incorporado en el inciso 19 del artículo 79 de nuestra Constitución.
Se trata de
una legislación que avanza protegiendo y otorgando mayores derechos. También es
perfectible. No hay leyes inmutables.
Seguramente
contiene mejores derechos para millones de trabajadores. Esa es nuestra
intención. Permanentemente estamos modificando
La
legislación laboral se inicia en 2004 con la sanción de la ley 25.877, cuando
tuvimos que reorganizar el desaguisado de la década del 90 con la legislación
de flexibilización laboral, entre ellas lamentablemente la ley Banelco.
Este proyecto
de ley se inscribe en ello, constituyendo un verdadero anhelo de justicia
social y una ley fundamentalmente justa. Aspiramos a que la norma sea
absolutamente inclusiva.
Nuestro
proyecto de ley avanza e incluye a los trabajadores rurales con la aplicación
de las normas de la ley de contrato de trabajo. Si bien en el artículo 2º
expresamente se mantiene la exclusión, deja a salvo en una redacción similar a
otros estatutos similares como el de la construcción. La ley de contrato de
trabajo es una fuente normativa primaria
en materia de aplicación del estatuto nuevo del trabajador agrario.
Además, la ley de contrato de trabajo será de aplicación supletoria. O sea que
lo no previsto en este estatuto hará que rija el régimen general de trabajo,
del que hoy están excluidos los trabajadores rurales. Nosotros los vamos a
incluir. Esto significa que se incorpora un plexo normativo tutelar absoluto.
También se agrega la totalidad de los principios y preceptos del Derecho
Laboral, entre ellos el principio protectorio, el de la irrenunciabilidad, el
del in dubio pro operario.
Fundamentalmente se incorporan todas las normas y principios de equidad,
justicia y razonabilidad.
Hemos seguido
manteniendo la necesidad de que los trabajadores rurales tengan una legislación
con especificidad en función de la actividad y del ámbito rural.
Fundamentalmente
el texto pretende incorporar a este conjunto de trabajadores derechos de los
cuales hoy no gozan.
Me voy a
permitir hacer una pequeña síntesis de cada uno de los títulos que componen
esta normativa, a los efectos de que la voluntad del legislador quede en el
Diario de Sesiones.
En el Título
I, de disposiciones generales, se establece la ley aplicable; en el artículo 2º
se fijan las fuentes de regulación, manteniéndose las vigentes, y se incorpora
como fuente de regulación
El artículo
3º, en relación con el personal excluido, mantiene un esquema similar al de la
actual legislación.
Lamentablemente,
debemos decir que sigue excluido el personal doméstico, porque todavía el
Honorable Senado de
En el artículo
4º se incorporan las condiciones pactadas en los convenios colectivos de
trabajo del sector más beneficiosas.
El artículo 5º incorpora la definición
de la actividad agraria, estableciendo un marco de protección.
En el
artículo 6º se incorpora la definición de ámbito rural, que no es lo mismo que
ámbito de aplicación.
En la parte
final del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, atendiendo a lo que
podía invocarse en caso de avasallamiento en materias reservadas a los
municipios, la norma no da preeminencia a los ejidos urbanos, sino al ámbito
específico donde se desarrolla la actividad laboral.
El artículo
7° regula las actividades incluidas.
El Título II,
tal vez uno de los centrales de esta norma, tipifica el denominado contrato de
trabajo agrario en general. El artículo 11 define el contrato de trabajo
agrario y recepta el principio de la realidad, que también es un principio
tutelar de
El artículo
12 de la norma tutela en igualdad de condiciones
Vale decir
que nuestro proyecto amplía los alcances del régimen general y recepta los más
modernos pronunciamientos de
El artículo
13 legisla sobre empresas subordinadas o relacionadas y vinculadas
económicamente, e inclusive incorpora una previsión en relación con los
contratos de colaboración empresaria y las uniones transitorias. Buscamos
cerrar la posibilidad del fraude y garantizar siempre el cumplimiento de las
obligaciones ante los organismos de la seguridad social y también ante el
trabajador rural.
Por su parte,
en el Título III avanzamos sobre las modalidades de contratación. Definido el
contrato de trabajo avanzamos sobre el contrato de trabajo permanente, de prestación
continua, legislando también el contrato de trabajo permanente de prestación
discontinua.
Concretamente,
avanzamos, legislamos y definimos el contrato de trabajo temporario. Allí se
prevé que las modalidades contractuales siempre superen el régimen vigente,
realizando una división de trabajadores permanentes continuos y discontinuos y
eliminando expresamente la posibilidad de un período de prueba. Esto inclusive
mejora el ingreso de un trabajador agrario en relación con un trabajador de los
sectores industriales en nuestras ciudades, porque
Asimismo, se
aumenta a los trabajadores temporarios del 5 al 10 por ciento la indemnización
sustitutiva por las vacaciones no gozadas en caso de extinción del contrato de
trabajo.
Además, se
incorpora para dichos trabajadores la percepción del sueldo anual
complementario proporcional. El régimen actual no lo prevé.
Por su parte,
el artículo 21 regula al trabajador permanente discontinuo, otorgándole una
indemnización especial por ruptura antes de tiempo, similar a lo que prevé
Cabe señalar
que los empleados permanentes continuos ahora tienen un reenvío expreso a
En el Título
IV se legisla sobre la vivienda, alimentación y traslado. Se disponen los
recursos mínimos elementales que dignifican al trabajador agrario y a su
familia. En el caso de las viviendas para el trabajador y su grupo familiar se
mantienen los requisitos vigentes e incluso se agrega ahora el establecimiento
de dormitorios en función de la cantidad de personas que la habitan y hasta del
sexo. Es decir que se tiende a proteger a la familia.
Asimismo, el
artículo 26 incorpora los deberes específicos del empleador con respecto a la
vivienda que se provee a los trabajadores. El artículo 27, al igual que en el
régimen actual, contempla las condiciones de alimentación de los trabajadores
rurales, y el artículo 31 incorpora la obligación del empleador de proporcionar
al trabajador el traslado al lugar de prestación de sus tareas cuando éste
diste más de tres kilómetros, lo cual nos parece absolutamente razonable,
dejándose de ver en las rutas a miles de trabajadores rurales condenados a
caminar decenas de kilómetros que permanentemente deben transitar al comienzo
de la jornada y al fin del día hasta volver a sus hogares.
En cuanto al
Capítulo I de este título, sobre la remuneración y su pago, este plexo
normativo incorpora todos los avances que presenta el régimen general. Debemos
acotar que siempre tiene preeminencia en este aspecto el convenio de
El artículo
32 mantiene en cabeza de
El artículo
33 incorpora las mismas previsiones que el actual artículo 104 del régimen
general de
También se
prevé el último párrafo del artículo 29 de este proyecto, que toma las
previsiones del artículo 112, sobre la remuneración por unidad de obra.
En el
artículo 34, referido a la remuneración mínima, se invierte el caso de los
fenómenos meteorológicos, debiéndose ahora abonar remuneración aun en el caso
de que no se pudiera realizar la tarea. El trabajador es remunerado y percibe
su salario por poner a disposición del empleador su fuerza productiva y no por
el trabajo efectivo. Si el clima impide que el trabajador realice su tarea,
igual cobra, como en el resto de la actividad laboral, porque está poniendo a
disposición su fuerza productiva.
El artículo
35 incorpora los mismos períodos de pago que contempla el artículo 126 de
También se
prevé e incorpora a este estatuto la cuenta sueldo. La norma es similar a la
redacción de la resolución 549/01 del Ministerio de Trabajo. En dicha
resolución, y en el caso del artículo 124 de
En cuanto a
la remuneración, se mejora la bonificación por antigüedad, incorporándola al
estatuto. Se incrementa el porcentaje de bonificación de los trabajadores
permanentes al 1,5 por ciento para los que tienen una antigüedad mayor a diez años; para los trabajadores
con menor antigüedad se mantiene el 1 por ciento. Es decir que la permanencia,
la lealtad y la duración de la relación laboral durante una cantidad de años es
gratificada y reconocida.
En el
Capítulo II, atendiendo a viejas y nuevas prácticas que corroen el salario y
afectan a muchos trabajadores, se prohíben las retenciones por mercadería. El
artículo 39 del proyecto establece los límites de las deducciones y las
excepciones. Prevé que sí se puede en caso de reintegro de mercadería; ahora se
prohíbe el reintegro por descuento de salario. Se toma el artículo 37 de la ley
vigente en materia de requisitos para el expendio de mercaderías,
incorporándose un requisito más. Ahora existe la posibilidad de que el valor de
la mercadería esté relacionado con un precio razonable que éstas tengan en la
localidad más cercana a donde se encuentra el trabajador.
El empleador
no es un revendedor de la mercadería que le da su trabajador rural. El
empleador debe entregar la mercadería y valuarla a un precio tal que la puedan
adquirir los pobladores de la misma región en la que se encuentra el
trabajador.
Otra de las
normas tutelares importantísimas que se incorporan al trabajo agrario se
encuentran en el Título VI, referido a la jornada de trabajo y descanso semanal.
Se establece una mejora. Ahora la jornada de trabajo del trabajador agrario es
de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro horas semanales; se establece la
posibilidad de trabajar horas extra y también los límites a ellas en igualdad
de condiciones respecto del resto de los trabajadores de la actividad privada.
Se establece la jornada de trabajo nocturna
con las mismas características que tiene la del resto de los trabajadores.
En cuanto al
descanso semanal, se introduce una modificación a la normativa vigente, ya que
ahora se establece la prohibición de trabajar desde las 13 del día sábado hasta
las 24 del día siguiente. En los supuestos de excepción el trabajador gozará de
un descanso compensatorio dentro de los 7 días siguientes, superando al actual
estatuto que prevé la posibilidad de otorgamiento de un descanso después de 15
días.
El título
VII, de
Hay un título
especial, el título VIII, que habla de licencias. Se establece la licencia
general y se hace un reenvío expreso a la ley de contrato de trabajo. Además,
se legislan licencias especiales y se incorpora un instituto novedoso que
esperamos poder trasladar al régimen general de la ley de contrato de trabajo,
algo totalmente novedoso. Se incluye en esta ley la licencia por paternidad de
15 días, con lo cual se supera holgadamente al régimen vigente de la actual ley
de contrato de trabajo. (Aplausos.)
En cuanto al
trabajo infantil se reproducen las normas recientemente incorporadas por este
Congreso, que modificaron el Estatuto del Peón Rural e inclusive la propia ley
de contrato de trabajo. Se modifica la edad mínima de admisión en el empleo y
se la lleva a los 16 años, es decir, se aplica concretamente lo que hemos
legislado en la ley 26.390.
También se
regula el trabajo adolescente, previendo la igualdad de salario, no discriminando
a ese trabajador que después de los 16 años se incorpora al mercado laboral.
En el Título
X se habla de la promoción de empleo; en el Título XI, de
Fundamentalmente
me quiero detener en el nuevo régimen de seguridad social. Este estatuto es
importante, y lamentablemente debemos tratarlo un año y medio después de que
ingresara a esta Cámara por voluntad de la señora presidenta. Se establece un
nuevo régimen de seguridad social, un nuevo régimen previsional para los
trabajadores agropecuarios.
Se les fija un régimen específico reduciéndose
la edad jubilatoria de los actuales 65 años a 57 (Aplausos.), y se establece que deben acreditar 25 años de
servicios con aportes. Se fija una contribución patronal del 2 por ciento. No
se estipulan tiempos mínimos y con ello se posibilita que teniendo años de
servicio en actividades no agropecuarias, se puedan computar para el
reconocimiento de los aportes.
Esto implica
un prorrateo que prevé la ley: por cada año de trabajo rural, el trabajador ve
reducido en 3 meses y 25 días su edad jubilatoria. Es decir que si un
trabajador rural trabajó 10 años, pero no los 25, igual va a poder jubilarse
apenas pasados los 60 años, porque la ley apunta a receptar el mayor
envejecimiento producido por los rigores climáticos y el esfuerzo del trabajo
rural.
Se siguen
manteniendo los organismos del régimen del trabajo agrario.
Se modifica
el actual sistema del Renatre y pasa a tener vigencia el Renatea, es decir, el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Este registro seguirá
proveyendo la libreta de trabajo agrario, pero fundamentalmente seguirá
atendiendo las situaciones de desamparo y desempleo a través de un organismo
que actúa en materia de la seguridad social e incorpora ‑ahora
legislativamente- el seguro de sepelio, ya que había recibido críticas sobre la
constitucionalidad de la contribución del aporte de los trabajadores.
No es cierto,
como se nos dijo en el ámbito de las comisiones donde se trató este proyecto,
que se duplican contribuciones o tributos. Existe una contribución patronal con
destino a solventar el régimen de desempleo, pero ahora existe y se crea por
esta ley un aporte de los trabajadores destinado a solventar el seguro de
sepelio.
Quiero acotar
que, en relación con el otro dictamen, tenemos algunas diferencias, pero a
nuestro entender las diferencias son propositivas de nuestro proyecto, pues
nosotros eliminamos el período de prueba mientras que el otro dictamen no lo
hace. El período de prueba de tres meses es lo que otorga la precariedad. El
trabajador rural que es contratado para tareas continuas y permanentes es un
trabajador permanente por el solo hecho de ingresar al menos un día.
Se fija el
límite máximo de la jornada para los menores de 16 años. El otro proyecto no lo
fija y establece 6 horas diarias y 34 horas semanales. El nuestro habla de 6
horas y 32 horas semanales.
Para el caso
de despido sin causa del trabajador permanente se establece la prestación
discontinua, además de la indemnización del artículo 245, es decir, la
posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. El otro
dictamen no la prevé.
En los casos
de contratación, subcontratación y cesión, se establece la responsabilidad
solidaria en las obligaciones emergentes de la relación laboral en forma mucho
más amplia, ya que se incorpora a las actividades accesorias. El otro dictamen
no lo prevé.
Se incluye la
licencia por paternidad para el personal permanente de prestación continua. El
otro dictamen no lo prevé.
Se incrementa
el porcentaje de bonificación por antigüedad al 1,5 por ciento para los
trabajadores con una antigüedad mayor a diez años. El otro dictamen no lo
prevé.
Se prohíbe al
empleador compensar, retener, descontar o deducir del salario, en forma
directa, el valor de las mercaderías expendidas del establecimiento. El otro
dictamen no lo prevé.
Se agrega la
posibilidad de fijar remuneración por hora.
Se introduce
el instituto de horas extraordinarias, fijando un límite máximo y recogiendo el
límite actual para el resto de los trabajadores de la actividad industrial
dispuesto en el decreto 484/2000.
Se establece
la obligación del empleador de limpieza de ropa de trabajo.
En los casos
de accidente o enfermedad inculpable, la obligación de dar aviso al empleador
deberá realizarse en el transcurso de las primeras dos jornadas de trabajo
respecto de la cual el trabajador estuviese imposibilitado de concurrir, no de
trabajar.
Además, se
establece la obligación de pago a través de cuentas bancarias.
En suma,
señor presidente, sabemos que tenemos diferencias con el otro dictamen, pero
creemos que nuestros aportes son positivos. Además, nuestro proyecto no es
inmutable, como no lo es ninguna ley. Esta iniciativa es perfectible y nos
comprometemos, como lo hacemos permanentemente en relación con el régimen
general de
El principio
constitucional de progresividad se construye diariamente con esfuerzo, con
trabajo parlamentario y con compromiso gubernamental. Este gobierno y este
Parlamento han dado muestras de que quieren cumplir, y lo están haciendo.
Esta nueva
iniciativa que queremos sancionar se inscribe decididamente en lo mejor del
constitucionalismo social y en la ejecución concreta del principio de
progresividad, mejorando los derechos de cientos de miles de trabajadores argentinos.
Hoy se
incorporan la totalidad de los institutos tuitivos y protectorios que tienen el
resto de los trabajadores del derecho privado.
Para
concluir, este proyecto de ley viene a seguir construyendo el denominado
círculo virtuoso que se inició con la sanción de la ley 25.877, allá por marzo
de
Sr. Presidente (Domínguez).- A instancias de plantear una salvedad por omisión de esta
Presidencia, tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Gil
Lavedra.- Señor presidente: en realidad quiero aclarar la situación que dio
lugar al incidente que tuvimos hace unos instantes. En este sentido, debo decir
que cuando estaba por finalizar el tratamiento de la ley penal tributaria
conversamos acerca de la posibilidad de continuar con la sesión, ante lo cual
le expresé que si la mayoría se manifestaba en tal sentido, la voluntad de
Usted ya me aclaró que por un error no se adoptó ese
procedimiento y se impidió que el cuerpo se pudiera pronunciar.
Sin duda, la
mayoría es la que fija la voluntad del cuerpo. Nosotros sostuvimos que
llevábamos muchas horas de sesión y que se estaba alterando lo que previamente
habíamos acordado en la reunión de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Gracias por su
aclaración, señor diputado.
Tiene la
palabra el señor diputado por Chaco.
Sr. Orsolini.-
Señor presidente: es doble mi lamento, sobre todo por lo que hoy está
sucediendo aquí, ya que si hubiésemos respetado lo pactado no estaríamos tan
cansados a esta altura de la madrugada debatiendo dos asuntos que son muy
importantes para el sector agropecuario. Cuando hablo del sector agropecuario
me refiero tanto a los trabajadores rurales como a los empleadores de este
sector del país.
Decía que
estaba doblemente preocupado, porque este régimen de trabajo agrario venía
siendo analizado por
Desde
Por estos
motivos, adelanto que vamos a apoyar en general la aprobación de este proyecto,
y en la discusión en particular vamos a votar afirmativamente los artículos
hasta el 105, inclusive. Pero a partir del artículo 106 no vamos a acompañar el
texto que nos propone el bloque oficialista porque, tal como lo manifesté ayer
en el plenario de las comisiones, entendemos que se quiere estatizar el
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, creado por la ley
25.191.
Como también
se manifestó durante la discusión del proyecto vinculado con Papel Prensa, esto
me suena a revanchismo. Sinceramente, pensaba que esa era una etapa que
habíamos superado, porque cuando la señora presidente prestó juramento el 10 de
diciembre en este recinto, nos dijo que íbamos a transitar caminos de cordura y
de diálogo, la hayamos votado o no, porque en un contexto mundial tan difícil
teníamos que trabajar todos juntos.
Cabe recordar
que la ley por la que se creó este registro se sancionó en 1999, pero comenzó a
funcionar en 2002 producto de una ausencia del Estado en el área de la
seguridad social de los trabajadores rurales. Recordemos también que en aquel
momento los empleadores hacíamos los aportes a
Entonces,
este ente vino realmente a subsanar un problema muy grave como era el de
quedarse sin trabajo y no cobrar nada hasta poder conseguir otro.
El RENATRE es
un organismo de derecho público no estatal con control del Estado. Si se ha cometido algún error en algún caso
creo que hay una gran responsabilidad del Estado porque los síndicos son los
encargados del funcionamiento.
Ahora es muy
difícil, y por eso yo decía que se está buscando un revanchismo. Hablo con alguna autoridad que me da el hecho
de haber estado integrando el cuerpo del RENATRE desde el año 2002, en que se
conformó, hasta 2006.
En el último
tramo entre 2005 y 2006 tuve el honor de presidir el ente. Es un ente al que la ley lo ajusta de manera
tal que no se puede hacer ningún tipo de cosas graves.
Hay que
ocupar el 10 por ciento previsto por la ley para los gastos de estructura y el
resto será depositado para que realmente los trabajadores tengan la seguridad
en los bancos públicos en el sentido de que ellos van a tener asegurado todo lo
que hace a la cobertura del subsidio de desempleo.
Quiero
decirles también que es para que los trabajadores se blanqueen y cuenten con la
libreta del trabajador rural. En ese momento había 250 mil trabajadores rurales
registrados y hoy hay más de 850 mil.
Teniendo en
cuenta que se me está acabando el tiempo y que tenía mucho para decir, debo
señalar que el RENATRE hasta hoy, en estos últimos siete años, desde 2004 en
que se empieza a dar la prestación por desempleo, lleva pagados 210.906.859,57
de pesos del subsidio de desempleo.
Quiero saber
si no hubiera existido el Registro, si
Señor
presidente: tenía mucho para expresar, pero se me acaba el tiempo y quiero
decirles que por todo lo señalado rechazamos enfáticamente, desde el artículo
106 en adelante, la modificación de la ley 25.191, que es el Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Jujuy, quien dispone de siete minutos.
Sr. Giubergia.- Señor
presidente: qué difícil es venir a tratar una norma de esta naturaleza que
viene a reconocer y a dar derechos a los trabajadores rurales. Hubiese sido
importante que las gradas y los palcos del recinto estuviesen ocupados por los
trabajadores rurales, a fin de que pudiesen observar cómo
Pero vemos
que aquí prima el apuro. Hay que sacar las leyes a los empujones y llevarse por
delante las cosas para cobrar viejas deudas o revanchismos, debido a que en
alguna oportunidad los trabajadores rurales salieron a acompañar a los pequeños
productores en las rutas. No creemos que esta sea la forma de sancionar un
proyecto de ley.
Lamento que
no se encuentre por razones de enfermedad el presidente de
Estábamos trabajando en esa comisión y creo
que hubiésemos avanzado en el proyecto, sin persecuciones y sin tener el
estigma de saber que se trata de una iniciativa que tiene como objetivo
fundamental cobrar una vieja deuda a algunos dirigentes gremiales, que osaron
no someterse al poder.
Desde
Sería
interesante que nos digan, ya que se quiere cobrar una revancha a los
trabajadores, qué ocurrió con los recursos y dineros del ONCCA, donde estaban
implicados funcionarios y se discontinuaron las investigaciones.
De todos
modos, el partido al que tengo el orgullo de pertenecer viene a ratificar una
vez más, como decía Alem, que está al lado de los desposeídos. Nosotros ahora
estamos al lado de los trabajadores rurales, quienes en
Por eso, en
el proyecto del Poder Ejecutivo
cuestionamos la definición de actividad agraria del artículo 5°, el
ámbito rural del artículo 6° y el contrato de trabajo agrario del artículo 11.
El Poder Ejecutivo propone en el
articulado una interpretación restrictiva y regresiva. Minimiza el universo de
los sujetos involucrados y el ámbito de aplicación de la normativa en
particular.
En cuanto a
la definición de actividad agraria se observa que el proyecto del Poder
Ejecutivo al no definirla aplica un criterio restrictivo ya que establece
“siempre que esto no haya sido sometido a ningún tipo de proceso industrial, en
tanto se desarrolle en un ámbito rural”. Plantea un criterio restrictivo en
materia de interpretación subordinando su existencia al criterio geográfico
territorial de prestación de las tareas, desechando el principio de primacía de
la realidad y de naturaleza de la actividad agraria. Es sabido que existen
actividades de naturaleza agraria que se desarrollan fuera del ámbito rural.
Tengo muchas
más cuestiones para plantear pero se nos acaba el tiempo. Quisiera entonces que
el señor diputado Pais me escuche porque respecto del artículo 78 vamos a
proponer una modificación, ya que los trabajadores del surco en la caña de
azúcar, tanto en mi provincia como en Tucumán y Salta, los viñateros de San
Juan y Mendoza, tienen derecho a acceder a este beneficio incluido en la
sanción que por unanimidad dio el Senado el 27 de julio de 2011, sobre la base
de un proyecto de los senadores de
Cuando el
artículo 78 dice: “Beneficios jubilatorios.-
Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en el régimen nacional de
trabajo agrario y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la
agroindustria, gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 57 años, sin distinción de
sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables en dicho
régimen.” (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Forte.- Señor
presidente: sin duda estamos avanzando en una ley muy importante, que venía
postergada y que realmente la merecen nuestros compañeros de laburo, los
trabajadores rurales.
Lástima, y
qué paradoja, que después de tanto tiempo venimos a discutir una ley para los
que laburan a la intemperie y de sol a sol y nos tenemos que estar escondiendo
de noche, a la madrugada, por miedo a las expresiones populares. La verdad que
es una paradoja bastante negativa para mi gusto, señor presidente.
Es una ley
que como ya dijo otro diputado de mi bancada vamos a acompañar en general. El
radicalismo está convencido que tenemos que avanzar en los derechos que les
corresponden y también formalizar mediante una ley muchos beneficios que de
hecho están teniendo los trabajadores rurales.
- Ocupa
Sr. Forte.- Señora presidenta: sin duda para los
pequeños y medianos productores de
En varios
medios de comunicación totalmente objetivos, que no distorsionan la información
y se expresan sin ningún sentimiento o corrimiento ideológico o
propagandístico, como Página 12 o 6, 7, 8, se ha señalado que por culpa de
las patronales o de los gremios o de la burocracia el empleado rural es el peor
pago. Es cierto, el empleado rural hoy no percibe grandes salarios, y podría
estar gozando de un 37,5 por ciento de aumento de convenio colectivo de trabajo
entre la patronal y los empleados, pero no es así porque el Ministerio de
Trabajo no homologa más que un 25 por ciento. Entonces, si el empleado rural no
recibe el aumento que se merece el culpable es este gobierno, que se dice
nacional y popular. No busquen culpables en otro lado.
Me impresiona
que en este ámbito parlamentario no se pueda parlamentar, que no podamos
discutir en razón de la urgencia por aprobar leyes después de ocho años de
gobierno. Acá se están escondiendo por la eliminación del Renatre y la
persecución a un gremio. Se dice que hay persecuciones ideológicas,
revanchismos y egoísmos, y esto tiene mucho de verdad. Se sospecha que hay
mucha bronca acumulada, y esto es grave, ya que un gobierno debe unir
posiciones y no dividir al pueblo argentino. De todas formas, ello forma parte
de otra discusión.
Lo peor,
señora presidenta, es que detrás de ese revanchismo, de esa supuesta venganza,
terminamos contradiciendo los mensajes de la presidenta de
Partir al
gremio en cuatro pedazos no afecta a los pequeños y medianos productores, que
podrán tener uno, dos o cinco empleados. Las grandes corporaciones, que en
muchos casos son multinacionales, amigas del gobierno y subsidiadas por él,
tienen entre doscientos y trescientos empleados. Aquí tenemos amigos que
provienen del gremialismo y explicarán estas cuestiones mejor que yo.
En una
empresa rodeada por dos sindicatos, el trabajador puede hacerse más fuerte y
defender sus derechos; pero no sucede lo mismo cuando se los divide entre
cuatro, cinco, seis u ocho sindicatos. Cuando las cosas son más difíciles para
el trabajador, son mucho más fáciles para el patrón.
Reitero: el
bloque oficialista viene a legislar para las grandes corporaciones. Detrás de
ese disfraz se viene a convalidar esa hermosa amistad; ya no se dicen “señora
presidenta” y “señor presidente de
Alguna vez se
dijo “Al enemigo, ni justicia”. Ya nos olvidamos de eso. En un gobierno
peronista mucho más cercano, se dijo “Ramal que para, ramal que cierra”.
Y ahora, en otro
gobierno peronista, se viene a decir: “Gremio que no es adicto, gremio que no
es leal, gremio que desaparece.” (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra la
señora diputada por Mendoza.
Sra. Juri.- Señora presidenta: en representación de los
legisladores de
Nos resulta
de una discriminación inaceptable que algunos trabajadores rurales consigan con
total justicia la sanción de esta norma para poder jubilarse anticipadamente a
los cincuenta y siete años con veinticinco de servicio, cuando los trabajadores
vitivinícolas que desarrollan sus labores en condiciones similares aún no
pueden hacerlo.
Es cierto que
los trabajadores vitivinícolas, mediante los convenios colectivos de trabajo,
han conseguido logros que algunos peones rurales todavía no tienen: la
limitación de la jornada laboral, por ejemplo.
También es
cierto que nosotros necesitamos igualar las condiciones de todos los
trabajadores. Además, quisiera decir que
hace poco más de un año la presidenta de
Lamento que
no esté presente en este momento el
presidente de
Resultaría
menos explicable que quienes hacen posible que nos enorgullezcamos todos los
argentinos del vino como bebida nacional, no puedan gozar de este beneficio. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra el
señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Rogel.-
Señora presidenta: ha quedado en claro que el bloque de
Mi misión en
estos pocos minutos que tengo para hablar consiste en decir por qué no vamos a
acompañar desde el artículo 106 en adelante. No lo haremos por dos motivos.
Desde 1983
todos hemos ido sentándonos sanamente en el banquillo de los acusados, desde la
política pasando por todos los sectores.
Algunos
actores de la vida nacional todavía no han rendido cuentas. Uno de ellos es el
sector financiero. Espero que finalmente la señora presidente posibilite ese
debate. El otro sector es el gremial.
No vamos a
acompañar la desaparición del RENATRE, no porque avalemos la conducción, que ha
sido denunciada. Todos sabemos de los buenos o malos manejos que existen en
varios gremios, pero en
La
distribución de medicamentos vencidos en la a enfermos de sida y a personas con
enfermedades oncológicas nos debería avergonzar tanto como para llegar a un
sistema único de salud, como lo querían Ramón Carrillo –peronista- y Oñativia,
ministro de Salud de Arturo Illia.
Por lo tanto,
hasta tanto el Congreso Nacional, con mayoría justicialista, no traiga al
debate la recomposición del sistema gremial con representación de las minorías
y se separe con claridad lo que es la representación gremial del manejo de las
obras sociales, no vamos a acompañar la desaparición de un sistema como el
RENATRE, más allá de las internas peronistas a las que tan acostumbrados nos
tienen, más allá de los conflictos entre Duhalde, Venegas, los Kirchner y
compañía.
Mientras el
Congreso de
Por las
razones expuestas, no vamos a acompañar desde el artículo 106 en adelante. En
cuanto al resto, que los actores políticos se hagan cargo de los revanchismos
que puedan llevar adelante. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Casañas.-
Señor presidente: agradezco al señor diputado Rossi que piense en nosotros, los
diputados del interior, y haya apurado esta sesión para terminar en el día de
hoy.
Indudablemente
muchos legisladores mañana podrán estar en Santa Fe seguros y tranquilos cuando
el Momo Venegas aparezca con su gente...
Sr. Depetri.-
¡Mirá, qué miedo que tenemos!
Sr. Casañas.-
Realmente, a pesar del 54 por ciento de los votos, se notan muchas grietas y
miedos.
Es cierto que
el peón rural tiene algunas cosas buenas y otras malas, pero también es verdad
que puede opinar. Hoy en este recinto, con el atropello efectuado por el
kirchnerismo y por el presidente de esta Cámara, hubo muchos diputados que no
pudieron opinar, y eso es lamentable. En
Yendo al tema
que nos preocupa, esto es, los beneficios para el trabajador rural, el artículo
3° habla de exclusiones y cosas que no comparto; por ejemplo, donde dice que
este régimen legal no se aplicará al personal afectado exclusiva o
principalmente a actividades industriales, de transporte o servicios. Debo decir que el 70 por ciento de la
producción agropecuaria tiene lugar en campos arrendados, y esto se maneja con
contratistas. Hay contratistas de siembra, de cosecha, de pulverizaciones. Son
muchísimos peones rurales que no van a resultar beneficiados.
También se
dice que va a quedar excluido el personal afectado a la cosecha. Tal como lo
dijo el diputado Giubergia, en el NOA y en el NEA, donde hay cultivos
intensivos, hay muchísima mano de obra que trabaja en cosecha manual y
mecánica. La cosecha manual se utiliza, por ejemplo, en el caso del limón, de
la caña de azúcar y otros cultivos. Esos trabajadores tampoco van a ser
contenidos en este régimen de beneficios para el trabajador rural.
Por lo tanto,
me parece que hubiera sido positivo el debate entre los distintos bloques a fin
de hacer algunos aportes para mejorar esta norma.
Asimismo, en
el artículo 106 se elimina el Renatre y se crea el Renatea mediante la
modificación de la ley 25.191. En 1991, cuando se creó el Renatre, había 15.000
trabajadores, mientras que hoy son más de 800.000, que se encuentran en una
situación totalmente normalizada.
Hay muchas
zonas en las que el Estado está ausente, pero los empleados están registrados y
se capacitan gracias a la presencia del Renatre. No voy a defender al gremio
del Momo Venegas, pero hay que reconocer que está haciendo bien varias cosas.
Por ejemplo, hay que reconocer el diálogo permanente con el empresariado. Hace
algún tiempo los empresarios rurales, junto con el gremio, llegaron a un
acuerdo para aumentar el salario en un 35 por ciento, pero este gobierno no lo
avaló y sólo aceptó que fuera hasta el 25 por ciento.
Somos muchos
los que estamos preocupados por mejorar la situación de los empleados rurales,
pero desafortunadamente no vamos a poder acompañar este proyecto, que debería
responder a una política de Estado. (Aplausos.)
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Mouillerón.-
Señora presidenta: en realidad es cierto y lamentable que a esta altura de la
madrugada, casi entre gallos y medianoche –aunque de gallos nos queda poco a
esta hora y la medianoche ya está avanzada; estamos entrando de verdad en la
madrugada‑, vengamos a tratar una de las leyes más importantes que hacen
a las relaciones laborales que haya tratado este Congreso, sobre todo en estos
últimos tiempos. Dos leyes fundamentales llegaron por pedido y presentación de
distintos diputados, pero también reconocemos que el Poder Ejecutivo hizo
llegar a este cuerpo el pedido de que tratemos estos temas.
El primer
proyecto que abordamos, a requerimiento especial de la señora presidenta, fue
el referido a la ley de trabajadores de casas de familia, o la llamada ley de
trabajadores o empleados domésticos. Creo que después de mucho tiempo de
análisis, de larga discusión y muchísima paciencia, y gracias también a la
conducción de
Es lamentable
la suerte que corrió esa ley cuyo tratamiento había solicitado la presidenta
que se hiciera con premura y que muchos de nosotros nos esforzamos para que, de
una buena vez y después de muchísimos años de su no tratamiento en esta Cámara,
se lograra esa posibilidad cierta para que los trabajadores domésticos tuvieran
la ley que los protegiera en sus derechos. Ese proyecto hoy duerme, después de
ocho meses, en el Senado. Fue votado en general y a partir de esa votación se
paró la ley.
Yo me
pregunto: ¿no nos pasará lo mismo con este proyecto que estamos tratando esta
noche, por votarlo un poco de atropellados y revoleando el poncho? Porque yo
creo –lo dije en la reunión de comisión‑ que si nos hubiéramos tomado
unos días más, dentro de la propia convocatoria a sesiones extraordinaria
seguramente habríamos encontrado una solución para aunar los criterios. El
proyecto que patrociné junto con otros compañeros diputados no es una
iniciativa personal sino que tiene el consenso de la representación de los
trabajadores y de la representación de los empleadores de trabajadores rurales,
algo que acá todavía no se ha dicho.
El proyecto
que presentamos viene acompañado por la firma de las instituciones del campo,
pero como si esto fuera poco, en la última reunión de comisión en la que
tratamos estas iniciativas ‑y nos trazamos un camino para llegar a una
conclusión definitiva‑ a pedido de
Más allá del
avance, porque la norma estaba analizada en más de un 60 por ciento, ese día
las instituciones, incluida
Tal como
dije, este proyecto no es personal, sino que es una iniciativa que se viene
impulsando en nuestro país a partir del año 1995. Si en algo me siento
involucrado es porque durante mucho tiempo formé parte del staff de funcionarios del hoy Ministerio de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires.
A instancias
en aquel entonces del ministro Díaz Bancalari empezamos a trabajar de manera
mancomunada con el gremio para lograr luego de una larga lucha la libreta de
trabajo y el Renatre.
En 1995 se
presentó un proyecto que cayó y se volvió a presentar en el 97. Finalmente, en
el año 99 se votó. El proyecto fue girado al Senado y debió ser convalidado por
los dos tercios de este recinto para que finalmente pudiera convertirse en ley.
Estoy seguro de que muchos de los diputados que aquí están trataron esa ley y
la votaron favorablemente. Estoy seguro de que la bancada oficialista aportó
para formar los dos tercios que hacían falta para la aprobación de la ley.
Seguramente en ese entonces estaba la señora presidenta sentada en este
recinto.
Este proyecto
viene siendo trabajado desde hace muchísimos años. Una ley de la complejidad
que tiene esta, que da los derechos a los trabajadores rurales, no es una ley
sencilla. Efectivamente, el trabajo rural tiene muchas particularidades, como
aquí se ha señalado, y una ley por sí sola no funciona si después no se la
acompaña con organismos, con espacios de trabajo que puedan hacerla cumplir. Y
esto se da mucho más con los trabajadores rurales.
Ustedes saben
que son una masa de trabajadores diseminados por el país, y no sucede como en
otras asociaciones gremiales, donde los trabajadores están concentrados. Además
hay una diversidad de tareas que hace que la complejidad sea mucho mayor.
La ley que
finalmente dio lugar a la creación del Renatre fue todo un acierto. Tan así es
que yo participé de la reunión de
Creo que eso
le ha valido al actual secretario de
Quiere decir
que tan mal no se hicieron las cosas. Fui cuatro años presidente del Consejo
Federal, acompañando al doctor Tomada y a Noemí Rial. En definitiva,
acompañando a Néstor Kirchner. Si había algo permanente dentro del temario de
las reuniones del Consejo Federal era, precisamente, la discusión de cómo hacer
para implementar con mayor acierto el funcionamiento del Renatre y la
aplicación de las normas que se iban dictando a través del funcionamiento de
Más allá de
que disentimos en algunos aspectos, obviamente que en términos generales tanto
el proyecto que envía el Poder Ejecutivo como el que nosotros patrocinamos –que
es esa iniciativa que digo que está apoyada por el conjunto de los trabajadores
y los empleadores-, lo que ambas iniciativas hacen es incorporar un gran
paraguas, que es
Pero todas
las particularidades de este proyecto de ley, tal como señaló el doctor Pais,
son ni más ni menos que las resoluciones que tomó
A diferencia
del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, esta iniciativa tiene consenso de
las instituciones representativas de los trabajadores del campo y de los
empleadores de los trabajadores del campo, y se diferencia en algunas cosas que
yo voy a particularizar. No lo haré en demasía porque no tenemos mucho tiempo
y, en segundo lugar, porque voy a insertar en el Diario de Sesiones una
fundamentación más acabada, artículo por artículo, donde los señores diputados
van a poder observar que hay amplias coincidencias con el proyecto del Poder
Ejecutivo.
Me voy a
referir a tres temas centrales que, para mí, son los que están en discusión.
Por eso, en la comisión pedí un plazo de 48 o 72 horas, o dos a cinco días, en
el marco de esta convocatoria a sesiones extraordinarias, para tratar esta
iniciativa. No estoy pidiendo que es trate en enero, febrero o marzo, sino que
solicito que lo tratemos con celeridad. Estoy buscando un espacio para acordar,
porque las diferencias, a mi criterio, no son muchas.
Sí nos
diferenciamos en lo que significa la aplicación de la ley que pretende el Poder
Ejecutivo y la que nosotros patrocinamos en el ámbito de aplicación.
El Poder
Ejecutivo instala un criterio geográfico para la aplicación de la ley y
determina cuál es el ámbito rural, aspecto con el que nosotros no estamos de
acuerdo; después voy a explicitar por qué. En cambio, nuestra iniciativa lo
hace a través de la naturaleza de la actividad tal cual hoy está funcionando.
Cuando digo que es equivocado el criterio geográfico para establecer el ámbito
de aplicación. Lo hago porque establece que trabajadores rurales son aquellos
que trabajan donde hay campo, pasto, alambrado, tranquera, etcétera. Cuando nos
empezamos a aproximar a un pueblo las actividades empiezan a reducirse y, a
partir de ahí, si empezamos a aplicar este criterio, vamos a atomizar la
representación de los trabajadores en tantos gremios que se va a debilitar la
defensa de dichos trabajadores.
Por eso,
nosotros sostenemos que la actividad del trabajo agrario se debe definir,
precisamente, por su naturaleza. Aquí creo que reside una de las principales
diferencias.
La segunda es
el tema de la bolsa de trabajadores rurales. Hoy el Poder Ejecutivo intenta
dejar de lado lo que sería una suerte de oficina de empleo, donde se iría a
buscar a los trabajadores rurales cuando el empleador necesite de ellos.
Pido
disculpas a mis compañeros peronistas, pero me parece que se están equivocando
en este sentido, porque si hay algo que es esencial dentro del gremio de los
trabajadores rurales es la bolsa de trabajo. Yo contaba a algunos de mis
compañeros que mi padre era un trabajador rural y, aunque era un niño, recuerdo
cómo lo venían a convocar para el trabajo. Él era apenas un domador de caballos
de tiro, que eran los que se preparaban no para una doma sino para tirar del
arado, las rastras, la sembradora, etcétera. Era un amansador de caballos, así
que lo venían a convocar. Por lo tanto, sé cuál era el criterio de búsqueda.
¿Saben dónde
se buscaba a los trabajadores rurales? En la orilla de los pueblos y en los
boliches. ¿Saben con qué facilidad los iban a buscar y se los llevaban para
luego pagarles lo que se les ocurriera? En esto también coincido con el señor
diputado Pais, porque fue el general Perón quien vino a ordenar toda esta
situación.
Por otro
lado, quisiera contarles algo, no ya sobre mi padre sino sobre un gallego que
había escapado de
Digo estas
cosas para que sepamos que el tema de la bolsa de trabajo no es, como muchos
dicen, un ámbito en el que el gremio hace y deshace lo que quiere e impone sus
condiciones. Podrá haber alguna picardía, como ocurre en toda actividad
–incluso en esta propia Cámara‑, pero no más que eso. En definitiva, lo
que consigue el gremio al ejercer el control es que el trabajador cobre en
blanco, como corresponde, y esté protegido por lo que hoy es el Renatre, a
través de la obra social y todo lo que necesita un trabajador a destajo o de
temporada, que fueron más descuidados en lo que hace a sus derechos.
Por lo tanto,
no estamos de acuerdo con que se deje de lado al Renatre, inventando una
Renatea que es una mala copia de este sistema, que a su vez desplaza el
auténtico tripartismo, que en su momento fue elogiado por la Organización
Internacional del Trabajo y que hoy forma parte de la constitución de ese
organismo. Digo esto porque en él hay cuatro representantes de los trabajadores
rurales –uno por cada una de las entidades representativas de los empleadores
del campo‑ y dos síndicos que designa el gobierno a través del Ministerio
de Trabajo, encargados de controlar al Renatre. Esto permite que los trabajadores
desocupados cobren un fondo de desempleo, el doble de lo que cobra cualquier
otro trabajador. Cuando hoy un
trabajador desocupado cobra un fondo de 480 pesos, el Renatre paga 960 pesos. Quiere decir que tan mal no anda el Renatre y
la finalidad para la que se creó la está cumpliendo holgadamente. Además está la capacitación del trabajador y
obviamente debo decirlo no lo hace solo, generalmente lo hace por convenio, con
otras instituciones, con el propio Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de
Trabajo de las provincias y demás.
Así que
también nosotros en ese sentido no vamos a estar de acuerdo con que se deje de
lado al Renatre para convertirse en una Renatea, porque en definitiva –algunos
hablan de que ésa es la caja‑ a lo mejor si la caja la manejan unos ponen
el grito en el cielo, pero si la va a manejar el Estado pareciera que va a
funcionar mucho mejor.
Yo estoy
convencido de que las cosas funcionan mejor cuando las tres partes son las que
acuerdan para el cumplimiento de la normativa, que es el propio RENATRE
establecido y el contralor del Estado.
Dado que me
queda poco tiempo, puedo decir que vamos a votar en general -nuestro bloque de
Unión Peronista- en contra de la ley y lo vamos a hacer porque el espíritu de
la ley contradice y deja de lado conquistas que costaron muchísima sangre a los
trabajadores rurales, desde el gallego Soto y hasta Facón Grande, muchos
dejaron su vida en aras de esas conquistas.
Por lo tanto,
reitero que vamos a votar en general en contra porque entendemos que esta ley
es menos beneficiosa que la que estábamos planteando. De todas maneras, como estoy seguro de que va
a tener suficiente aprobación el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,
durante el tratamiento en particular vamos a votar en contra de los artículos
que hablan de estos tres institutos a los que hice mención, o sea el ámbito de
aplicación, la bolsa para los trabajadores y el RENATRE. En esos artículos vamos a reafirmar el voto
negativo y en el resto, que son más o menos unos 100 artículos más, los vamos a
acompañar porque los artículos son precisamente los que tienen que ver con la
aplicación de la ley de contrato de trabajo y la aplicación de resoluciones
establecidas ya no por una gracia de este gobierno sino por el trabajo también
tripartito de
Permítaseme
un segundo más para decirles que esta ley trae igual beneficio.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Se ha
acabado su tiempo, señor diputado.
Sr. Mouillerón.-
Señora presidenta: en este proyecto de ley lamentablemente subyace un espíritu
de revancha hacia alguien que conduce este gremio, por la manera que lo viene
conduciendo. Debo decir a mis compañeros
que muchos de ellos son más amigos que yo, que se sacaron muchas más fotos y
tuvieron muchos más abrazos que yo, que me parece que se están equivocando
cuando dejan de lado o insisten a través de la ley, apretando a alguien que por
ahí a lo mejor desde el punto de vista político no coincide con el oficialismo,
es decir, se le está haciendo casi la vida imposible.
- Ocupa
Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su tiempo, señor
diputado.
Sr. Mouillerón.-
Además, quiero decir que esta ley no va a subsanar el problema de los
trabajadores sin registrar, porque aquí se ha dicho, incluso lo dijo la propia
presidenta, que el RENATRE es el que tiene que registrar a los trabajadores, y
el registro de los trabajadores así como el control de los trabajadores sin
registro es potestad del Ministerio de Trabajo y no de
Sí es cierto
que se han hecho convenios para atender esa particularidad, pero es una responsabilidad
de ese organismo y no del RENATRE. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. De Gennaro.- Señor presidente:
en verdad me tocan las generales de la ley, y como Juan Calos Zabalza, no estoy
exento de emociones por muchas cuestiones, por el lugar donde me toca
intervenir y por esas casualidades, tengo que hacer la introducción sobre este
proyecto de ley que sin lugar a dudas vamos a acompañar por una de las razones
fundamentales por las que voy a tener la posibilidad de explayarme. Después, la
señora diputada -casi digo compañera- Alicia Ciciliani” va a precisar alguno de
sus artículos.
Soy de los
que creen que en el sindicalismo tuve lo oportunidad, como trabajador y
militante, de ocupar cargos privilegiados y aprendí que la historia no empieza
cuando uno llega y por suerte no termina cuando se va.
Esta ley
tiene mucho que ver con la historia.
Hace pocos días en la provincia de Santa Cruz, frente a la estancia
Los noventa
años nos ilustran sobre la importancia de los trabajadores rurales. El 17 de
octubre de 1944 Perón sancionaba el estatuto del peón rural, y esto no fue
soportado por los sectores de la oligarquía, que atacaron crudamente y
terminaron con excarcelaciones.
Por la
casualidad o la providencia –según se crea‑ el 17 de octubre del año
siguiente se produjo la irrupción y el protagonismo de la clase trabajadora en
nuestro país.
Fue ese
estatuto y todos los institutos que conformaron el primer gobierno peronista lo
que permitió que se abrieran instancias de recuperación de la dignidad de los
trabajadores. Luego, 1955 los retrotrajo absurdamente.
Veinte años
después, los trabajadores rurales volvían a recuperar su dignidad, pero
profundizándola. Ya no eran necesarios institutos tutelares, un Consejo
Nacional de Trabajo Rural o una Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Había
posibilidades de que se cumpliera la incorporación de los trabajadores rurales,
sin problemas ni inconvenientes, a la ley de contrato de trabajo. La ley 14.250
era el derecho que tenían.
La ley que
hoy tenemos el privilegio de derogar, la 22.248, firmada por Videla y propuesta
por Martínez de Hoz, retrotraía nuevamente estos derechos. Recién hoy, muchos
años después de recuperadas las instituciones democráticas, estamos derogando
una ley de la dictadura militar, que lleva la firma de los genocidas.
Esto es
necesario pensarlo. Lo que se vive dramáticamente aquí puede sonar a un
discurso o parecer envalentamientos o discusiones, pero en la realidad
concreta, es vida o muerte. De aquí deriva nuestra satisfacción de derogar esta
ley.
Habríamos
querido que fuera mucho antes. Ya Claudio Lozano presentaba desde 2005
proyectos con esta simpleza, a fin de que los trabajadores rurales tengan su
derecho como trabajadores. No necesitan de papás.
La ley de la
dictadura dice que se debe tener fidelidad al patrón. Esta es la concepción de
los oligarcas, dueños de la tierra, pero también de los papás, que son producto
de esta mentalidad oligarca.
A los
trabajadores rurales no les estamos regalando nada, pues pelean todos los días.
Ojalá esa pelea se la reconociera a fondo y se dejara de tutelar. No hace falta
que les den un Consejo o una Comisión Nacional de Trabajo Rural o Agrario.
Necesitamos que vuelvan a tener convenciones colectivas de trabajo –la 14.250‑
y la ley de contrato de trabajo.
Hay que creer
y no tener miedo a la propia organización de los trabajadores. Hoy los
trabajadores están peleando claramente, como lo hacen los tareferos en
Misiones, los trabajadores rurales en Chañar y los sindicatos de los
trabajadores de la fruta en Jujuy, donde el dueño es el ingenio Ledesma. Ahí,
donde el genocidio cobró víctimas, se están organizando, como los viñateros de
San Juan, los sojeros de Mendoza. La mayoría son jóvenes menores de 30 años,
con compañeras de la misma edad. Es una juventud que se está organizando para
disputar palmo a palmo la recuperación de los derechos. Esos derechos no
necesitan papás, necesitan apertura democrática.
Hoy más que
nunca saben que tienen que enfrentar la precarización y clandestinización del
trabajo. En el sector urbano hay más organización, decía Mouillerón, y el
trabajo clandestino llega al 23 por ciento, mientras que en la zona rural
supera el 50 por ciento. Ahí es donde se debe tocar. Hay medio millón de
trabajadores con trabajo clandestino, y a ellos hay que abrirles la posibilidad
de la instancia organizativa, que con esta ley se les mezquina.
Vamos a
apoyar este proyecto, pero hay que ser más generosos y creer en la organización
y los derechos de los trabajadores.
Se está
discutiendo la representación en el RENATRE, tema en el cual nos vamos a
abstener. No queremos discutir esa caja ‑como decía Mouillerón‑ ni
de uno ni de otro. Nuestra discusión es desde los trabajadores.
Pero fíjense
la diferencia de pensamiento: el ministro de Trabajo admite que haya cuatro
representaciones del sector patronal, pero en el sector de los trabajadores
tiene que haber un unicato. Lo que perjudica a los trabajadores no es la
atomización sino que no puedan elegir y organizarse democráticamente. Nosotros
sabemos elegir.
En Uruguay
hay una ley que no está impuesta y existe una sola central sindical, porque la
unidad no se decreta sino que se construye consensuadamente representando
auténticamente a los trabajadores.
Esa realidad
es la que venimos a defender y por eso vamos a votar gustosamente la
eliminación de una ley de la dictadura. Creo que no hay que tenerle miedo a
eso.
Para mí las
cosas son de vida o muerte. Ojalá todos las sintamos con la misma pasión. Yo no
subestimo a nadie y respeto a todos, pero hace un mes tuve aquí mi primera
gestión como diputado electo. Hace un mes asesinaban a Cristian Ferreyra en
Santiago del Estero.
Han cambiado
los nombres. Antes era Menéndez Behety; ahora sigue Bunge y Born, Pérez
Companc, el ingenio Ledesma, Olmedo, y también siguen los trabajadores y el
campesinado de nuestro pueblo peleando por cambiar este modelo productivo que
heredamos de la dictadura militar, que concentra y extranjeriza, y por eso
estamos de acuerdo en votar que se acabe una ley de la dictadura. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.- Señor presidente: en lo personal también
siento una enorme satisfacción por poder debatir una vez más el avance en los
derechos de los trabajadores. Coincide con la finalización de un período de
cuatro años de gobierno en la provincia de Santa Fe, donde hemos creado un
Ministerio de Trabajo. La provincia tenía Ministerio de
Nosotros
venimos a apoyar este proyecto de ley, aunque como señaló el señor diputado
Víctor de Gennaro tenemos diferencias, porque conocemos a fondo el mundo del
trabajo rural y hemos recorrido palmo a palmo cada una de las actividades de la
provincia de Santa Fe, viendo a los trabajadores y hablando con ellos. Sabemos
que el problema de la enorme cantidad de trabajo no registrado en el sector no
se soluciona con una ley que no permita la actividad de todas las alternativas,
que deben ser tripartitas. Es preciso dar participación tripartita tanto a los
trabajadores en la representación rural –como indicó el señor diputado de
Genaro‑ como a los empleadores.
En relación
con el artículo 15 del proyecto, que consideramos fundamental porque avanza en
los derechos, creemos que es un error conceptual prohibir las empresas de
trabajo eventual, pues cumplen con la importante función de ayudar a la
registración de los trabajadores. Excluir una forma de contratación sobre la
base de la presunción de que anticipadamente es un fraude, constituye un grave
error, pues existe la policía del trabajo en
Por otro
lado, entendemos que convertir el Renatre en Renatea, con participación
exclusiva del Estado, excluyendo la participación igualitaria y tripartita de
trabajadores y empresarios, constituye un error fundamental. Nosotros creemos
en la participación y en la responsabilidad del Estado, pero no queremos volver
a ese Estado democrático que todo lo podía. Creemos en un nuevo Estado que
permita la participación de los sectores interesados que garantizan el control
y la mejora de los servicios.
Por las
razones expuestas, en ocasión del debate en particular propondremos la
eliminación del artículo 15, y que en el cambio del Renatre por el Renatea tengamos
la posibilidad de contar con una conducción tripartita en dicho órgano, porque
estamos convencidos de que ello beneficiará la registración y las condiciones
de trabajo dentro de este sector tan importante de la economía. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de
mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Previsión y Seguridad
Social, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda recaído en los
proyecto de ley por los que se crea un nuevo régimen de trabajo agrario.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 180 señores diputados
presentes, 174 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose
además una abstención.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 174 votos
afirmativos y 4 negativos.
Sr. Presidente
(Domínguez).- La votación en general
resulta afirmativa. (Aplausos
prolongados.)
AQUÍ VOTACION NOMINAL
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración en
particular el título I, que incluye los artículos 1º a 10.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Mouillerón.-
Señor presidente: había anticipado que íbamos a votar la mayoría de los
artículos favorablemente, pero en este caso voy a indicar cuáles vamos a votar
negativamente, que son los que tienen que ver con el ámbito de aplicación de la
ley. Votaremos negativamente los artículos 3º, 5º, 6º y 7º.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante.
Sr. Pais.- Señor
presidente: como no se han formulado propuestas, solicito que se vote el título
completo, dejando constancia de los votos negativos del señor diputado
Mouillerón en los artículos que él ha mencionado.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
título I, dejando constancia del voto negativo del señor diputado Mouillerón.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración los
artículos 11 y 12.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 13.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: vamos a proponer que en lugar de hablar de carácter permanente
o accidental, se consigne “permanente o transitorio”.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante.
Sr. Pais.- Señor
presidente: teniendo en cuenta que lo que se busca es incluir empresas
subordinadas para imponer la solidaridad en distintos medios como contratos de
colaboración empresaria, Unión Transitoria de Empresas, etcétera, es correcto
lo que ha solicitado el señor diputado Tunessi. La comisión acepta esa
modificación. Por eso solicito que por Secretaría se lea cómo quedaría
redactado el artículo. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por Secretaría se dará
lectura de la nueva redacción del artículo 13.
Sr. Secretario
(Bozzano).- Dice así: “Artículo 13.- Empresas subordinadas o
relacionadas. Solidaridad. Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada
una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección,
control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan
un grupo económico de cualquier índole, de carácter permanente o transitorio, o
para la realización de cualquiera de las actividades previstas en los artículos
5º y 7º de la presente ley, serán, a los fines de las obligaciones contraídas
por cada una de ellas con sus trabajadores, y con los organismos de seguridad
social, solidariamente responsables.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 13 con las modificaciones aceptadas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración los
artículos 14 y 15.
Voy a pedir
que por favor los secretarios parlamentarios dejen registrado quiénes serán los
diputados que harán uso de la palabra en la consideración en particular.
Tiene la
palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: queremos proponer la derogación del artículo 15 porque
entendemos que se ve afectada la provisión de trabajadores para tareas
temporarias...
Sr. Presidente
(Domínguez).- Discúlpeme, señora
diputada.
Primero vamos
a votar el artículo 14.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Para referirse al artículo 15 tiene
la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: entendemos que deben existir todas las posibilidades ya que
eso ayuda a la registración de trabajadores, y tenemos en cuenta la cantidad de
trabajadores no registrados en este sector.
De modo que
consideramos inapropiado este artículo, teniendo en cuenta que podría mejorar
la registración de los trabajadores.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: hago una propuesta en idéntico sentido que la señora diputada
preopinante.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: consideramos valioso el aporte propuesto por los señores diputados
preopinantes, sin perjuicio de lo cual ratificamos la redacción del artículo 15
propuesto por el Poder Ejecutivo. Entendemos que la modalidad contractual, la
intermediación del trabajo humano por empresas que lo único que hacen es
proveer trabajadores, constituye un verdadero criterio de precarización del
empleo.
El sistema en
sí tiene la posibilidad de contratar trabajadores permanentes y aun
temporarios, pero lo que no aceptamos es la intermediación, en especial de las
empresas de servicios eventuales previstas en la ley de empleo.
Por
consiguiente, ratificamos que no aceptamos la modificación sugerida y
proponemos que se vote el artículo tal como está.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 15.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 16.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el artículo 17.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: en virtud de la necesidad de evitar mayor litigiosidad en
aquellos ámbitos donde proliferan contratos de temporada, sugerimos que a
continuación de donde termina el primer párrafo del artículo se agregue el
siguiente texto: “La condición de temporario deberá ser fehacientemente
notificada por el empleador como
requisito de validez de la temporalidad.”
Entonces, si
se firma ese documento como obligación del empleador no quedan dudas acerca de
la temporalidad. Esto impediría que el empleador invoque que es discontinuo,
y el trabajador que es continuo. Por eso
proponemos el agregado de la frase que acabo de leer.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: también consideramos valioso este aporte, sin perjuicio de lo cual,
como hemos dicho que siguiendo los preceptos y los lineamientos de
Por ende,
propiciamos la actual redacción para mantener la primacía desde de la verdad en
cuanto al tipo de vinculación.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar el artículo 17.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración los artículos
Se va votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el Título IV
artículo 24.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: el artículo 24 es el que reglamenta el derecho de vivienda
para el trabajador rural. Proponemos que a continuación del inciso 1), que se
refiere a las consideraciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural, se
agregue el siguiente texto: “...debiendo garantizarse las medidas de prevención
y saneamiento relativas a los riesgos sanitarios, epidémicos o endémicos, según
la zona de que se trate, que deberán en sus respectivos ámbitos disponer las comisiones regionales.”
Esto tiene
que ver con situaciones tales como la contaminación por la enfermedad de
Chagas-Mazza en el Norte del país, y creemos que es valioso que se garanticen
en la vivienda del trabajador esas condiciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Chubut.
Sr. Pais.-
Por lo tanto,
aceptándose la modificación propuesta, pido que se lea por Secretaría el inciso
a) del artículo 24 para que
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por Secretaría se dará
lectura del inciso a) del artículo 24.
Sr. Secretario (Bozzano).-
Dice así: “Condiciones de seguridad, higiene, abrigo y luz natural,
debiendo garantizarse medidas de prevención y saneamiento relativas a los riesgos
sanitarios, epidémicos o endémicos según la zona de que se trate.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Con las modificaciones
aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 24.
- Resulta afirmativa.
-
Sin
observaciones, se votan y aprueban los artículos
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 49.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: nuestro bloque propone agregar al final del artículo 49 lo
siguiente: “A los fines del párrafo precedente
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta considerando que
está suficientemente garantizada la posibilidad, y la delegación normativa es
únicamente en
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 49 conforme a la redacción del dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
-
Sin
observaciones, se votan y aprueban los artículos
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 53, correspondiente al capítulo III del título VIII.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: vamos a desistir de la reforma que íbamos a proponer a este
artículo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
-
Sin
observaciones, se votan y aprueban los artículos
Sr. Mouillerón.-
Pido la palabra.
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿A qué artículo se
quiere referir, señor diputado?
Sr. Mouillerón.- Quería aclarar que el bloque Unión
Peronista va a votar por la negativa los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71.
Los diputados
Forconi y Arena también me piden ser incluidos en la votación negativa.
Sr. Presidente (Domínguez).-
Se va a votar el artículo 64, capítulo
III.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el título X, capítulo I,
artículos
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: en el artículo 67 queremos sustituir el tema del municipio
por la celebración de convenios con la autoridad administrativa de trabajo de
las provincias a fin de implementar el servicio público de empleo para
trabajadores temporarios, etcétera. Se sustituiría “municipios” por “las
autoridades administrativas de trabajo de las provincias”.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: no vamos a aceptar la modificación propuesta. Consideramos que por
razones de inmediatez y de mejor política en cuanto al servicio de empleo, el
artículo objetado está convenientemente redactado.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se van a votar los artículos
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el capítulo II, artículos
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el título XI, capítulo I,
artículos
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
capítulo II, artículos 76 y 77.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el título XII, articulo 78.
Tiene la
palabra la señora diputada por
Sra. Brizuela y Doria
de Cara.- Señor presidente: tal como lo adelantaran los señores diputados
Juri, de la provincia de Mendoza, y Giubergia, de la provincia de Jujuy, quiero
proponer una modificación al artículo 78, que regula el régimen de la seguridad
social.
Yo vengo de
Los
trabajadores del sector están comprendidos dentro de las actividades
productivas del sector agrario, así que vamos a proponer que se modifique la
redacción de este artículo y se adopte el texto que ya tiene sanción del
Senado, que dice así: “Establécese que los trabajadores rurales comprendidos en
el régimen nacional de trabajo agrario, y aquellos que realicen tareas
agropecuarias en la agroindustria, gozarán de un régimen previsional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad
de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con
aportes computables en dicho régimen.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Santín.- Señor presidente: es un régimen
previsional con características especiales. Debemos partir de la base de que
estamos hablando de trabajadores que tienen un envejecimiento prematuro
importante, y al mismo tiempo están en condiciones de amplia informalidad.
Entonces, es
muy difícil lograr juntar 25 años de aportes. Es decir, la mayoría de estos
regímenes especiales son subvencionados porque se parte de la base de que dos
puntos de la contribución patronal no sirven para modificar específicamente
cinco años de aporte u ocho años menos de vida. Pero estos trabajadores tienen
una vida más corta, porque trabajan en condiciones muy difíciles. Además, en la
mayoría de los casos los trabajos que realizan no están registrados. Entonces,
cuando alguien está pensando que tiene que juntar 25 años, se hace muy difícil.
En la mayoría
de estos regímenes especiales se toma un piso. Nosotros estamos proponiendo que
se tome un piso de diez años. Si el trabajador puede demostrar que se desempeñó
durante diez años dentro del régimen de trabajador rural, a partir de ahí se
puede jubilar con los 25 años de aporte y con los 57 años de edad. Si junta
menos de diez años entrará en el prorrateo que plantea la ley.
No estamos
inventando nada. Así funcionan la mayoría de estos regímenes, pero de esta
manera estamos permitiendo el acceso de estos trabajadores a la jubilación. De
lo contrario, la realidad indica que la mayoría de ellos va a terminar
jubilándose a los 65 años, porque van a acogerse a la moratoria y se van a
jubilar por ella, pero no van a juntar años de servicio.
Hace
instantes alcancé una propuesta de redacción alternativa del artículo 79 al
señor miembro informante, y espero que
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado Santín: estamos considerando el artículo 78.
Sr. Santín.-
Yo hice la propuesta de modificación de los artículos 78 y 79 porque forman
parte del mismo capítulo, y se la acerqué al señor miembro informante.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr. Cejas.-
Señor presidente: en representación de los diputados nacionales de las
provincias de Río Negro y Neuquén, en función de la caracterización que tiene
una de las principales actividades productivas de ambas provincias, solicito
que se agregue un segundo párrafo al artículo 78, que expresaría lo siguiente:
“Al solo efecto de la aplicación de las normas contenidas en el presente
título, se considerarán incluidos en el mismo a los trabajadores contemplados
en los incisos f) y g) del artículo 3º de la presente ley.”
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Martínez (E.F.).-
Señor presidente: quiero saber si este tema se limita exclusivamente a los
trabajadores vitivinícolas de Chilecito o se trata de un régimen general que
están planteando distintos señores diputados. En tal caso, decidiremos el
sentido de nuestro voto, ya que una cosa es la realidad de la provincia de
Sr. Presidente (Domínguez).- Es que el señor diputado Yoma toma el buen vino de Chilecito;
por eso se mantiene joven. (Risas.)
Tiene la
palabra la señora diputada por
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Señor presidente: quiero indicar de dónde vengo, para que más o
menos me vayan conociendo, porque me he incorporado a esta Cámara eñ 6 de
diciembre pasado.
Creo que
cuando hablamos de aquellos que realizan tareas agropecuarias en la
agroindustria ha quedado bien clara nuestra intención con la redacción
propuesta para el artículo 78. Nos referimos a la industria vitivinícola, a los
cañeros y a todos los que están relacionados con las actividades que se
desarrollan en el sector.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Yoma.-
Señor presidente: quiero destacar la importancia política de Chilecito. De los
cinco diputados nacionales por
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por
Neuquén.
Sra. Comelli.-
Señor presidente: me sumo a las palabras pronunciadas por el señor diputado
Cejas, que habló en nombre de los representantes de las dos provincias del
valle frutícola de Río Negro y Neuquén.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. De Gennaro.-
Señor presidente: apoyo la propuesta efectuada por el señor diputado Santín,
que ya había sido ratificada en la comisión por la señora diputada Graciela
Iturraspe. Entendemos que es muy importante que se tenga en cuenta esta
dificultad de los trabajadores en el área rural.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Chubut.
Sr. Pais.- Señor
presidente: intentaré dar respuesta de manera sucinta a las diferentes
propuestas que se han efectuado.
En primer
término, me voy a referir a la efectuada por el señor diputado Santín. En este
sentido, creemos que el régimen establecido es lo suficientemente
omnicomprensivo. No es necesario fijar un tiempo mínimo, ya que el mayor
envejecimiento se da en función de las tareas. Entonces, puede darse el caso de
que un trabajador con menos de diez años de trabajo rural prorratee ese tiempo
a fin de disminuir la edad jubilatoria ordinaria, que es a los 65 años. Por eso
dijimos que por cada tres meses y fracción de días podrá disminuir un año de
trabajo.
Considero que
el artículo 79 está correctamente redactado, porque incluso es similar a otros
regímenes especiales, como el de los trabajadores petroleros, que exige 25
años, aunque no prevé un tiempo mínimo.
Por estas
razones, no vamos a aceptar la modificación planteada por el señor diputado
Santín.
En lo que
respecta al resto de las propuestas, la comisión quiere ratificar la actual
redacción del Título XIII, con lo cual también vamos a rechazar la sugerencia
efectuada respecto del artículo 78.
En este
sentido, quiero aclarar que este sistema de seguridad social está vinculado a
este estatuto. Por eso el artículo 78 establece que es para todos los
trabajadores incluidos en el ámbito de la presente ley, y no para el resto.
Esto no es
óbice para que se recepten las solicitudes de inclusión de otros trabajadores
del ámbito agrario. De ahí que la comisión tenga en estudio un expediente
remitido por el Senado el 28 de julio del corriente año, que no incluye a la
totalidad de los trabajadores. Por ejemplo, quienes se desempeñan en tareas
vinculadas con el empaque de fruta –a los que hicieron referencia los señores
diputados por Río Negro y Neuquén‑ no estarían contemplados en el
proyecto que llegó del Senado.
Por esa razón, el presidente de mi
bloque me autorizó a decir que cuando se inicie el período de sesiones
ordinarias serán convocadas autoridades de
Por lo expuesto, rechazo las
propuestas que se han efectuado y ratifico el contenido del título XIII.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor
diputado por Jujuy.
Sr. Giubergia.- Señor presidente: simplemente, deseo
aceptar la propuesta del señor diputado Pais. Sólo restaría fijar una fecha. En
este sentido, como él habló del próximo período de sesiones ordinarias, creo
que esa reunión se podría realizar en la segunda quincena del mes de marzo de
2012.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se van a votar en una única votación los
artículos
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el
título XIII, capítulo I, artículos
Se va a votar.
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el
artículo 90.
Tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Tunessi.- Señor presidente: respecto de este
artículo quiero plantear lo que nosotros consideramos un texto para
salvaguardar una falencia que tiene la disposición propuesta por la
comisión.
Frente al
conflicto del trabajo agrario, en cuanto a la autoridad administrativa del
trabajo, acerca de quién deberá dirimir la cuestión con
Sr. Presidente
(Domínguez).- ¿Qué dice la comisión?
Sr. Pais.- Señor
presidente: vamos a rechazar la propuesta del diputado Tunessi porque
entendemos que el artículo está correctamente redactado conforme al artículo
75, inciso 12 de
En el ámbito
provincial, las provincias han reivindicado y tienen por sí el servicio de
policía del trabajo y de inspección del trabajo.
Esta
posibilidad de la composición en comisión en conflictos colectivos de trabajo
también la están reivindicando precisamente las provincias, pero sigue vigente
la ley 14.776 y la potestad del Estado nacional a través del Ministerio de
Trabajo, y en este caso con expresa disposición de
Sr. Presidente (Domínguez).- No habiéndose registrado ningún
orador para el artículo 91, se ponen en consideración los artículos 90 y 91.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
título XIII, capítulo II, que incluye a los artículos
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
título XIV, capítulo I, artículo 99.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
título XIV, capítulo II, artículos
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 106.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. De Gennaro.-
Señor presidente: a partir de este artículo el interbloque Frente Amplio
Progresista se abstiene, incluida la señora diputada Marcela Rodríguez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr. Robledo.-
Señor presidente: en este artículo 106, que modifica la ley 25.191, nos
abstenemos de votar en relación con en el nuevo artículo 7°, que es la creación
del Renatre.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Tunessi.-
Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo de
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Buenos Aires.
Sr. Moulleirón.-
Señor presidente: en el mismo sentido que los anteriores, vamos a votar de
manera negativa. Se trata del bloque
Unión Peronista, más los diputados Forconi y Arena.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor
presidente: tiene que autorizar las abstenciones.
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el pedido de
abstención.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Quedan autorizadas la abstenciones.
En consideración los artículos
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- El artículo 110 es de
forma.
Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará
al Honorable Senado. (Aplausos.)
- 10 -
- 11 -
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración en
general.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cigogna.-
Señor presidente: venimos a sostener el dictamen de mayoría de tres comisiones
sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla un régimen de
protección del dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales.
Esta
iniciativa en consideración configura el inicio de una política de Estado.
Quiero destacar el trabajo en las comisiones y la apertura que hubo por parte
de nuestro bloque y del propio Poder Ejecutivo en cuanto se aceptaron
importantes modificaciones propuestas por diputados de distintos bloques, que están
plasmadas en el dictamen en consideración.
- Ocupa
Sr. Cigogna.- El
texto contempla que las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y
empleo de las tierras rurales se inscribe en el derecho a la libre
determinación de los pueblos, así como a su derecho a la independencia
económica y la determinación de la forma de explotación de lo producido por sus
recursos y riquezas naturales, tal como lo establece el artículo 1° del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado como
cláusula constitucional por la reforma de 1994.
También se
basa en las disposiciones de
También se
inscribe en lo contemplado en el artículo 21 del Pacto de San José de Costa
Rica, que es
En el mundo
hay un fuerte proceso especulativo que hace que ingentes fondos que antes de
ahora apuntaban a otro tipo de inversiones hoy se orienten a la compra de
tierras en distintos lugares.
Les pido
disculpas a los diputados que están a mi alrededor por interrumpirlos con mis
palabras…
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).-
Sr. Cigogna.-
Decía que hay un proceso de apropiación por parte de capitales especulativos de
importantes superficies de tierra en distintos países del mundo y también en el
nuestro.
Sabemos de la inversión de plutócratas en
Contra este
tipo de actividades y compras de tierras rurales se levanta este proyecto, que
hoy se somete a consideración de
Por ello,
este proyecto contempla la creación de un registro nacional al cual tendrán que
aportar sus informes los registros locales existentes.
Cuando el
proyecto se debatió en la reunión conjunta de las comisiones hubo dos
objeciones de orden constitucional, que respetuosamente considero que no se
corresponden con la realidad.
Por un lado,
se objetó el hecho de que esta norma estaría violando el principio de igualdad
ante la ley que consagra
En ese
proceso de reglamentación –que es lo que está aconteciendo con este dictamen
que presentamos- efectivamente se está regulando la propiedad de la tierra y se
establece un límite para que puedan ser propietarios personas físicas o
jurídicas extranjeras.
No hay en
esto ningún ánimo xenófobo, nada que apunte a discriminar en contra de
extranjeros. Lo que hay es la voluntad nacional de reservar un recurso que es
estratégico y no renovable para los argentinos. Pensamos en la soberanía
alimentaria de
La ley
establece que rige en todo el territorio nacional, y la otra objeción de orden
constitucional que se opuso al proyecto es que estaría invadiendo facultades de
las provincias. No es así. Se ha invocado el hecho de que las provincias se
reservan el dominio originario de los recursos naturales. Pero acá no se está
reglamentando el dominio originario, que sí está en cabeza de las provincias,
sino que se está ejerciendo una facultad exclusiva del Congreso federal, que es
la aplicación de la legislación civil. El Código Civil es materia de
La ley
establece qué son tierras rurales y dice que son aquellas que están fuera del
ejido urbano, no importa cuál sea su destino.
Se establece
una limitación de mil hectáreas por cada persona extranjera en la llamada zona
núcleo. El diputado Solá se burlaba el otro día diciendo si sabemos cuál es.
Sí, lo sabemos, y nos remitimos, como él bien dijo, a un concepto establecido
por el INTA, que habla de la zona núcleo maicera, que comprende el norte de
Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba. En términos rurales,
La ley
establece mil hectáreas en esta zona o su equivalente en las distintas zonas
del país, equivalencia que determinará la autoridad de aplicación. Mil
hectáreas en esta zona tienen un valor muy superior al que puede tener la misma
superficie en la meseta patagónica, pero por el contrario puede ser inferior al
de cien hectáreas en una zona de explotación vitivinícola u olivícola, que
pueden tener un valor muy superior.
Según sea la
zona, el valor y la rentabilidad de la tierra, la autoridad de aplicación
establecerá las superficies, que variarán de un lugar a otro del país.
Se impone un
límite a las personas físicas o jurídicas extranjeras. En el caso de las
primeras, se establece una excepción en tres supuestos. Las personas físicas
con diez o más años de residencia continua en
Respecto de
las personas jurídicas se hace un pormenorizado tratamiento a fin de abarcar
todas las formas que pudieran adoptar, e incluso se tiene en cuenta la
posibilidad de sociedades controladas por otras. Reitero que la regulación es
minuciosa con el objeto de que no haya escapatoria respecto de la posibilidad
de violar la ley mediante artilugios de orden legal.
Además de la
limitación de las 1.000 hectáreas para la zona núcleo o su equivalente, se
establece que la totalidad de las tierras en poder de extranjeros no podrá
superar el 15 por ciento de la superficie rural de
Por otro
lado, se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de
Además, se
dispone la realización de un relevamiento catastral de dominio y de registro de
personas jurídicas, para determinar la titularidad y posesión de tierras
rurales. Al respecto, se fija un plazo de 180 días a partir de la creación y
puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales.
Así mismo, se
crea el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que será presidido por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y estará integrado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Señora
presidenta: como dije, a mi juicio, éste es el comienzo de una política de
Estado. Estamos considerando el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con
las modificaciones receptadas, pero también se han tenido a la vista múltiples
iniciativas presentadas por diputados de los diversos bloques.
Reitero que
se ha procedido con la mayor flexibilidad para receptar las opiniones de los
distintos señores diputados. Sería muy interesante poder terminar esta sesión
con el acompañamiento de todos mis pares en la sanción de este proyecto de ley.
Seguramente
el dictamen no contempla la opinión de todos los integrantes de esta Cámara,
pero nunca un dictamen va a receptar las opiniones –por valederas que sean- de
todos los legisladores.
En
consecuencia, me parece que sería un ejercicio democrático que aprobemos este
proyecto de ley aunque resignemos alguna legítima opinión.
En la
consideración en particular voy a solicitar unas pequeñas modificaciones que
hemos consensuado con los distintos presidentes de comisión. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra la
señora diputada por Córdoba.
Sra. Bedano.-
Señora presidenta: con muchísima satisfacción vamos a votar este proyecto de
ley, porque como ex intendenta puedo decir que con esta iniciativa –lo saben
quienes alguna vez ocuparon un cargo similar a nivel municipal- nos iremos
acercando a otros proyectos que seguramente en el futuro deberán trabajarse en
este Congreso de
Con muchísimo
gusto votaremos este proyecto de ley, para que la tierra argentina quede en
manos de los argentinos, pero que también sirva no sólo para la productividad
sino también para construir viviendas. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra la
señora diputada por el Chaco.
Sra. Pilatti Vergara.-
Señora presidenta: la verdad es que me siento muy complacida de poder cerrar
esta jornada legislativa con la posibilidad de sancionar –como seguramente lo
haremos- este proyecto de ley.
Como
oficialistas y opositores quisiéramos agregar artículos que tienen que ver con
la problemática de la tierra en
Ya en 1953,
el general Juan Domingo Perón, en oportunidad de dar un informe en
Esa unidad la
planteaba justamente en razón de la perspectiva con que se imaginaba nuestro
país cincuenta años después cundo decía que la mayor preocupación del mundo iba
a estar centrada en los alimentos y en los recursos naturales. Y nosotros
estamos bendecidos con los recursos naturales y con los alimentos en razón de
nuestra densidad demográfica. Lo que hoy es una ventaja puede convertirse en una amenaza si no nos unimos,
nos organizamos y comenzamos a darnos las herramientas legislativas y políticas
necesarias básicas para preservar ese recurso natural.
La historia
lo ha demostrado desde la época de los fenicios hasta la actualidad: cuando los
países desarrollados, los países con sed de imperios requieren de algún bien,
servicio o recurso por las buenas, por las malas o con una combinación de
ambas, a la larga lo obtienen.
Entonces, hoy
que los latinoamericanos estamos unidos mediante
En esto que
estamos considerando, que fue un sueño o una utopía para muchos compatriotas a
lo largo de nuestra historia, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin rendir
tres humildes homenajes desde esta banca del Congreso de
En primer
lugar, en la persona del compañero Carlos Oriansky, quiero rendir homenaje a
todos los integrantes de las ligas agrarias de la provincia del Chaco. (Aplausos.)
En segundo
término, quiero rendir homenaje al joven Cristian Ferreyra que hace muy poquito
tiempo fue víctima de un modelo de apoderamiento y vaciamiento de la tierra que
desaloja y mata vorazmente. (Aplausos.)
Por último,
como todos estos sinsabores también deben compensarse con esperanzas que a
muchos ciudadanos nos despiertan las convicciones y pasiones de esta juventud
que volvió a abrazar la política como una herramienta de transformación, quiero
hacer un especial reconocimiento a una joven santiagueña que, con el doctor
Barcesat a la cabeza, fue una de las integrantes del grupo que redactó este
proyecto de ley que la presidenta de
Además, como
decía Néstor Kirchner, me da la tranquilidad de que florecieron mil flores.
Florecieron muchas más de mil flores, y hoy tenemos una decena de compañeros
diputados jóvenes que, como Florencia Gómez Galizzi, van a tomar la posta para
que en
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. Yoma.- Señora
presidenta: voy a ser muy breve. Quiero aclarar que me vi obligado a elaborar
un dictamen de minoría dado que no estuvo a la vista el proyecto que presenté
sobre este tema. Este no es en absoluto un cargo a
De todas
maneras, celebro en primer lugar la iniciativa de la presidenta de
Por eso esta
ley es muy bienvenida y la vamos a apoyar con enorme convicción. Simplemente
hay algunos aspectos que me gustaría que la ley contemplara. Uno de ellos tiene
que ver con algo que nosotros hemos reiterado en varias oportunidades cuando se
debatió la ley de glaciares, que es la necesidad de coordinar con las
provincias este tipo de marco regulatorio, porque los recursos naturales
indudablemente son de la provincia –así lo establece la Constitución‑,
con lo cual si la aplicación de la ley no se hace en coordinación con la
provincia seguramente va a ser una fuente de conflicto permanente. La mejor
manera es incrementar la participación de los catastros provinciales y que la
autoridad de aplicación sea el Ministerio del Interior, que es el que tiene
relación con las provincias.
Otro punto
que contemplamos en el proyecto que yo
presento es la situación de los actuales titulares del dominio de más
del 10 por ciento del territorio nacional, como bien informó la señora
presidenta. Grupos económicos como Benetton, por ejemplo, que tiene un millón
de hectáreas en
Es justo que
esos poseedores extranjeros del 10 por ciento del territorio nacional paguen
este canon o contribución dirigida a mejorar las políticas de preservación del
ecosistema y del medioambiente. No se contradice para nada con el espíritu ni
la letra del dictamen de mayoría que –reitero‑ voy a acompañar en
general. Simplemente propondré estas dos modificaciones en particular.
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Bidegain.-
Señora presidenta: con el tratamiento de este proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo, con las modificaciones introducidas en el Parlamento, estamos dando
respuesta no sólo a una inquietud de nuestro gobierno sino también abordando
una problemática de importancia estratégica y coyuntural a la vez.
Cito al
general Juan Domingo Perón cuando decía a comienzos de 1970: “Debemos cuidar
nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los
monopolios internacionales que la buscan para alimentar un tipo absurdo de
industrialización y desarrollo de los centros de alta tecnología donde rige la
economía de mercado.”
Tanto la
tierra como el agua constituyen inobjetablemente recursos naturales escasos en
el nuevo milenio y por lo tanto deben ser considerados sin lugar a dudas como
un bien social objeto de cuidado y preservación.
He dicho
también que esta es una problemática que urge resolver para salvaguardarnos de
una difícil coyuntura internacional.´
Contemplamos
cómo el crecimiento del capital financiero jaquea dramáticamente a los países
centrales y a sus respectivas economías reales.
La tierra es
un bien que debe estar destinado a la producción. Debemos ponerla a resguardo
de la especulación como una reafirmación más de nuestro modelo de crecimiento
iniciado en 2003 por el querido compañero Néstor Kirchner y profundizado por nuestra Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Nuestro modelo, el modelo que acompañó el 54,11 por
ciento de los argentinos, prioriza la producción y el trabajo por sobre la
especulación financiera.
La tierra y el agua, además de ser
recursos estratégicos no renovables, son los elementos indispensables e
insustituibles para producir toda la materia prima de origen agropecuario,
necesarios a su vez para abastecer a nuestro complejo agroindustrial.
Sin lugar a dudas, con este proyecto
que hoy estamos abordando para regular la tenencia de la tierra protegiendo el
dominio nacional, estamos dando no sólo una señal clara e inequívoca de
soberanía sino también el primero de una serie de pasos hacia un modelo
productivo inclusivo y sustentable desde el punto de vista económico, ambiental
y social. Aspiramos a que éste sea el primer eslabón de una cadena de
iniciativas parlamentarias que debe ser complementado por otros, como la
regulación de arrendamientos y límites a la concentración -para citar sólo un
par de ellos- que refuercen ese rumbo y orientación.
Por los motivos expuestos adelanto mi
voto positivo, acompañando el despacho de mayoría y el de mi bloque en la
convicción de que, con la aprobación de este proyecto, estaremos también
honrando la memoria de ese gran ingeniero y sociólogo que se desempeñara como
secretario de Agricultura durante las presidencias de Cámpora y Perón. Me estoy
refiriendo, por supuesto, a Horacio Giberti, quien solía afirmar que “un
gobierno democrático no pide permiso para gobernar. Los objetivos agrarios
básicos son problemas nacionales y deben ser establecidos por el Estado
nacional”.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor
diputado por Chaco.
Sr. Orsolini.- Señora presidenta: la verdad es que hoy tengo
una doble satisfacción. Una es porque estamos tratando este tema tan caro a los
sentimientos de los argentinos, y la otra porque el 1° de marzo se le recordó a
la señora Presidenta de
Desde la bancada de
El proyecto oficial habla de mil
hectáreas y nosotros hablamos de 5 unidades económicas, porque sostenemos que
la unidad económica es sustentable cuando tiene una superficie mínima y una
capacidad de producción que aseguren la rentabilidad económica de la
explotación. Y las unidades económicas las fijan las legislaturas provinciales,
porque así lo prevé
Nosotros nos ajustamos a lo que dice
la ley de migraciones, en el sentido de que para comprar tierra un extranjero
debe tener dos años de residencia en forma ininterrumpida y documentada, o
cinco años en forma discontinua.
También creamos un Consejo Federal de
Inmuebles Rurales, dependiente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
que estará integrado por los representantes que las provincias designen. Porque
creemos que en el órgano de aplicación de este proyecto de tierras, las
provincias deben tener un rol preponderante.
Creamos el Registro Nacional de
Inmuebles Rurales bajo la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Agricultura, que justamente deben interactuar con las provincias para hacer
el control.
En general el resto de la normativa
propuesta es bastante similar, porque en la oficial incorporaron muchas cosas.
Pero lo más importante es que éste es el primer grano de arena que ponemos para
comenzar a frenar la extranjerización de la tierra y, especialmente, la
concentración de su propiedad. Y no sólo la concentración sino también la
expulsión de los campesinos, de los pequeños productores, de los pueblos
originarios.
Es importante que sancionemos una ley
de estas características. Sabemos que la concentración es un flagelo que hoy
está afectando a todos los argentinos y produce una emigración constante del
interior del país hacia los grandes centros urbanos, específicamente a los
cordones de pobreza, tal como sucede en el conurbano bonaerense y aun dentro de
Este es el puntapié inicial. También
tenemos que trabajar en una ley antimonopolio para proteger a nuestros
connacionales, en una ley de arrendamiento, en la creación de un instituto de
colonización y en muchos temas relativos a la tierra. Tenemos que ver cómo se
usa la tierra en
Señora presidenta: realmente tendría
mucho para decir en cuanto a cuáles son los efectos que causa la concentración
de la tierra. Hoy estamos dando el primer paso para tratar de frenarla.
Quiero leer una cita del libro El
reto de la reforma agraria, publicado por el Consejo de Justicia y Paz, que
dice lo siguiente: “La apropiación indebida y la concentración de la tierra es
una de las causas más importantes del hambre y de la miseria”.
Para terminar, voy a dar lectura a
otra cita de
Sra.
Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Tiene la palabra el
señor diputado por
Sr.
Forte.- Señora presidenta: tal como lo dijo recién el señor diputado Orsolini,
para los que venimos militando en
Cuando hace
diez años propiciamos este proyecto -lo
volvimos a instalar hace dos años junto con Pablo Orsolini y otros amigos que
nos acompañaron con su firma- soñábamos con un día distinto para debatirlo. Nos
imaginábamos un día en el que nos tomábamos todo el tiempo necesario para
debatirlo, con las bandejas llenas de militantes de diferentes partidos
populares: radicales, peronistas, socialistas, militantes del campo popular,
los gremios, los sindicatos, representantes de
Es una
lástima: ese sueño casi utópico se convirtió, no digo en una pesadilla, sino en
una noche en la que se ven restringidas las emociones. Seguramente se rompió la
lógica de algunos diputados que terminaron de trabajar el 30 de noviembre y
estaban apurados por tomarse vacaciones.
Me hubiera
gustado tener un día más para seguir discutiendo y sacar la mejor de las leyes,
no la más apurada de las leyes.
Estamos dando
un gran paso adelante. Este es un gran avance. Coincido con la diputada del
Frente para
Obviamente,
faltan muchas cosas más: falta una norma que yo denominaría de
“anticoncentración”; falta una ley de arrendamientos; falta poner límites a los
pooles de siembra, para que la plata de
Si me
permiten, quisiera hacer una breve aclaración sobre un concepto vertido por la
señora miembro informante. Vulgarmente se conoce como zona núcleo a la región
de
No nos
podemos quedar sólo en esto. Hemos escuchado por ahí que se dice que estamos
discutiendo la ley de tierras y que le ponemos límite a la compra por parte de
extranjeros. La ley de tierras es mucho más profunda. Por eso, si nos quedamos
sólo con esto y no hacemos más nada, corremos el riesgo de argentinizar el
latifundio. En este sentido, creo que todos sabemos el peligro que acarrean los
latifundios. También sabemos que es muy difícil que un productor –lo digo con
conocimiento de causa porque soy tercera generación en una chacra familiar‑
se pueda comprar un casino, pero el dueño de 24 casinos tiene suficiente dinero
para comprar campos. Por eso es necesario ponerle un límite al latifundio.
Obviamente,
nos hubiera gustado discutir este asunto con más amplitud, porque el tema lo
merece. Creo que le faltamos el respeto a la memoria de nuestros gringos y de
nuestros abuelos cuando nos apuramos un día, a las cuatro y media de la
madrugada, para sacar este proyecto y así quedar bien con el Poder Ejecutivo.
Con los que tenemos que quedar bien es con los chacareros y con el interior más
profundo de
También
debemos decirles a los sectores que son más de derecha que el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional es muy claro cuando dice “para toda persona que
quiera habitar el suelo argentino”. Esto no es lo mismo que decir “para toda
persona que quiera comprar el suelo argentino”; esto es muy diferente. (Aplausos.)
Esos gringos
–estoy hablando de nuestros padres y de nuestros abuelos‑ vinieron a
cubrir la falta de mano de obra necesaria para trabajar la tierra porque a
algún rosista se le fue la mano y mató a demasiados indios. Por eso hubo que
traer a los gringos a trabajar la tierra. Ellos dejaron el cuero y los huesos
en nuestra tierra, mientras que quienes tienen miles de hectáreas, al mirar un
mapa de
Como nosotros
somos hombres de campo, hoy venimos aquí a defender este proyecto de ley.
Nosotros militamos por este proyecto durante diez años y lo seguiremos
haciendo.
No podemos
poner en un pie de igualdad a los buitres que vienen a comprar la tierra
argentina con aquellos gringos semianalfabetos y anarquistas que fueron capaces
de hacer el Grito de Alcorta, de crear
Queremos
decir claramente que cuando tengamos definida la respuesta a tres preguntas
básicas ‑¿para qué, para quiénes y para cuántos?‑ seguramente
llegaremos realmente a democratizar la tierra en
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Corrientes.
Sr. Aspiazu.-
Señor presidente: creo que todos vamos a estar de acuerdo con el ordenamiento
territorial y la compra de tierras por extranjeros.
Voy a apoyar
el dictamen que presenta mi bancada,
Existen
países que tienen ordenamiento de tierras y los gobiernos deciden si las
inversiones les convienen o no. Pero lo que más me preocupa es que aquí nos
hemos olvidado de un sector, el sector forestal. Fíjense ustedes que ese sector forestal,
fundamentalmente los árboles cultivados que hacen la captación del bióxido de
carbono, está ubicado en las provincias del NEA, que son Entre Ríos, Corrientes
y Misiones.
Ahí está el
80 por ciento del millón doscientas mil hectáreas que tenemos, y de ese 80 por
ciento el 50 por ciento está en Corrientes. Corrientes tiene 450,000 hectáreas
y una proyección para 2020 de un millón de hectáreas.
A partir de
2015 tendrá para abastecer tres Botnias, y 2015 es mañana. Anteriormente habíamos aprobado una ley de
papel y Corrientes está en condiciones de hacer eso. Esa inversión es de
alrededor de 2.500 millones de dólares y el 25 por ciento es tierra. Es
primordial para nuestra provincia esta inversión.
Las
proyecciones que tienen como efecto multiplicador esta inversión presuponen una
facturación bruta de 1.400 millones de dólares por año.
La provincia
se está preparando con rutas, electrificación de 132 en toda la provincia y la
proyección de tres puertos. Para eso
también hemos presentado aquí un proyecto muy interesante, que desarrolló una
ingeniera química del Conicet, que se refiere a los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el desarrollo sostenible de la industrial de pulpa
celulósica y papel, para que no tengamos contaminación ni tampoco miedo. Como explicaba esta ingeniera, en Canadá, en
Quebec, las industrias papeleras están a dos mil metros de la ciudad y no hay
contaminación. Existen los estándares.
Sabemos que
hay antecedentes constitucionales en las provincias. En nuestra provincia, por
ejemplo, en 2007, hemos consultado al doctor Mario Miom, un importante
constitucionalista, y él sostiene que se viola el artículo 20 y lo reglado por
el artículo 5°, que dice que las provincias deben dictar sus constituciones de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de
Existe el
pacto de San José de Costa Rica, artículo 1ª, jurisprudencia de
No nos
podemos olvidar tampoco de la inversión que hizo el IFONA. Todos se deben
acordar del IFONA, cuántos años invirtió y cuántos millones.
Vemos que en
el Uruguay y en Brasil se siguen instalando plantas celulósicas. o creo que el
Poder Ejecutivo tiene que encontrar alguna cláusula gatillo como para que se
pueda desarrollar estas industria. Reservas
4553-5530 y 4788-6692Es primordial para el NEA. Les dejo la inquietud a
la bancada oficialista. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Martínez (J.C).-
Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley muy importante y sumamente necesario, aunque
quizás no tanto para el momento particular de la economía mundial.
Sin duda,
habría sido muy importante tenerlo en 2002 o 2003, cuando el tipo de cambio
permitía que los extranjeros vinieran a quedarse con nuestras tierras por
monedas. Las pocas estadísticas serias que hay nos indican que hubo picos de
extranjerización de la tierra. La iniciativa, de todos modos, hay que tenerla
para frenar estos avances en otros momentos y, por supuesto, en la actualidad.
Hace mucho
tiempo que nuestro bloque trabaja en este tema. El diputado Pablo Orsolini,
junto con otros diputados, presentó un proyecto hace dos años, al inicio de su mandato. Quien les habla fue
diputado en el lapso 2003 a 2007, y por pedido del presidente del bloque de
aquel momento, Horacio Pernasetti, estuvimos trabajando en estos temas para
presentar iniciativas en ese sentido.
Me gustaría
tener tiempo para poder explicar lo que pienso; por ejemplo, si la tierra es un
bien renovable o no. Me gustaría tener tiempo para avanzar en muchos aspectos,
pero como no lo tenemos –también por respeto a los diputados que hace muchas
horas que estamos en el recinto-, trataré de ser breve.
No hay
estadísticas serias en nuestro país que nos puedan dar un índice concreto. No
pude tener acceso a la real dimensión de la extranjerización de la tierra en
nuestro país, pero no es solo un tema nuestro. Hemos analizado los antecedentes
de Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Brasil. Algunos tienen leyes en las
provincias o en las regiones; otros son más o menos permisivos. Tampoco tienen
estadísticas y están discutiendo la cuestión.
Quiero
puntualizar el tema de la unidad económica. No me cierra la cuestión de las mil
hectáreas núcleo. No sé cuál sería el núcleo en el olivo, en el nogal o en la
vid. Tampoco sé quién lo puede determinar. Una unidad económica en olivo, vid o
nogal abarcaría 30, 40 o 50 hectáreas. Mil hectáreas implicaría dar mucho e
estas zonas, donde precisamente la tierra no es lo más caro.
No quiero
entrar en la discusión de la competencia de las provincias. Quiero analizar la
practicidad de que las provincias fijen esas unidades económicas. En mi
provincia creo que hay por lo menos nueve, cinco o cuatro unidades económicas.
Es imposible que desde
Quiero decir
que en la provincia de
No veo hoy
mayor presión de extranjeros queriendo comprar tierras en nuestra provincia.
Lamentablemente la presión por las tierras está dada por los funcionarios que
se están quedando con toda la tierra de
Otro gran
problema que tenemos es que se otorgan permisos a las compañías mineras
extranjeras y no tienen necesidad de comprar la tierra, y les permitimos que
vengan a destruir nuestro cerro, que lo contaminen, que usen el agua que no
tenemos y de esa manera pueden quedarse con el patrimonio de nuestro pueblo.
Quisiera
discutir esa ley como se ha hecho en ocho provincias. Quisiera tener la
tranquilidad de que en nuestra tierra podamos estar en paz y que no vengan a
destruir nuestras reservas de agua.
La
legislación nacional les permite venir a nuestras montañas y detonar por un
solo proyecto minero la misma cantidad de explosivos que se utilizó en
Quiero rendir
homenaje a las asambleas por la vida que están en Famatina, Chilecito y toda
Sra. Presidenta
(Abdala de Matarazzo).- Tiene la
palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Casañas.-
Señor presidente: voy a votar el dictamen de minoría de
Según el
artículo 124 de
No comparto
el criterio que utiliza el oficialismo de mil hectáreas en la zona núcleo.
Nosotros pensamos que se debe utilizar el concepto de las cinco unidades
económicas.
El problema
mayor que tenemos con las mil hectáreas de la zona núcleo es que toda la
política nacional agropecuaria que se piensa en el Congreso de
El recurso
tierra es finito y escaso, y el proyecto habla de limitar o restringir el
acceso a la tierra.
El día 14 de junio de 2011…
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Si me permite, la señora diputada Herrera está solicitándole una
interrupción, señor diputado.
Sr. Casañas.- Ya termino con mi idea.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- El señor diputado no le concede la interrupción, señora
diputada…
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Casañas.- Como decía, el 14 de junio de 2011 el ex
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julio Domínguez dijo en
En
Si el proyecto apunta a limitar o
restringir, no entiendo por qué se fija un 15 por ciento, pues con ello estamos
otorgando a los extranjeros seis veces más de lo que actualmente tienen; es
decir que de 7 millones de hectáreas podrían pasar a 42 millones. En
consecuencia, sugiero que cambien el título de la ley y digan: estamos
potenciando o agilizando la compra de tierras por parte de extranjeros.
En relación con el registro de tierras
rurales que se pretende crear, advierto que realmente es imposible conformar un
registro nacional en un plazo de 180 días, como se prevé. Las provincias
cuentan con registros que tienen diferentes formas de trabajar, y en Entre
Ríos, por ejemplo, hay diecisiete registros de propiedad.
Por otro lado, esta ley no evitará la
concentración; para ello necesitamos créditos blandos para los pequeños
productores –créditos que no existen-, reglas de juego claras para ellos, pero
principalmente se requiere que los dejemos trabajar.
En caso de sancionar el proyecto
contenido en el dictamen de mayoría corremos el riesgo de que
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Buryaile.- Señora presidenta: seguramente “Momo”
Venegas, quien venía hacia acá, estropeó el sueño del señor diputado Forte,
pues en vez de tratar mañana este proyecto de ley, con el tiempo adecuado como
habíamos convenido, tuvimos que tratarlo ahora, escondidos. Hubiese deseado dar
a este tema un poco más de seriedad y un marco adecuado, pues se trata de una
cuestión importante tanto para
No comparto el proyecto del
oficialismo. Tengo un enorme respeto por el señor miembro informante, pero se
notó que le costó explicar los fundamentos de la iniciativa. En realidad, se
advirtió que le costó decir que éste es un proyecto que no atenta contra las
provincias.
Como diputado por Formosa vengo a
defender el federalismo y los derechos de mi provincia. Hubiera querido que la
iniciativa en tratamiento fuera considerada en el marco en que se debatió la
ley de bosques; al respecto, leí las versiones taquigráficas correspondientes,
de las que surge que los diputados no sólo de mi partido defendieron a
rajatabla el artículo 124 de
Quiero señalar cuáles son los puntos
de disidencia respecto del dictamen de mayoría. Tiene un error
conceptual enorme que radica en el hecho de considerar que la tierra es un
recurso natural no renovable. La tierra es un recurso natural finito degradable. Es degradable por el uso que le
da el hombre. Por lo tanto, el problema consiste en conocer el uso que le damos
a la tierra.
Reitero el
concepto: es finito, porque la tierra no se reproduce. La tierra es lo que hay.
La humanidad estaría en problemas si estuviésemos hablando de un recurso
degradable, porque no vamos a poder sembrar. Entonces la tierra se repone con
nutrientes o con el paso del tiempo.
Una cosa es
la expansión de la frontera agrícola y otra muy diferente decir que la tierra
es un recurso no renovable. Es un error conceptual grave.
Lo que es un
recurso natural no renovable es la minería, y sin embargo se le da un
tratamiento distinto a un recurso natural.
Estuve
presente en el debate sobre los glaciares, por lo que me asombra la diferencia
que tenemos en el trato que se da a las cosas: defendiendo a las provincias en
un escenario, y cómo nos comportamos los diputados en otro escenario.
El proyecto
del oficialismo claramente vulnera el artículo 1º de
Entiendo que
se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori
supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero.
Cada uno de
nosotros provenimos de algún lugar del mundo, porque
Quiero basar
claramente mi rechazo en lo que tiene que ver con la falta de federalismo.
Decía el
señor miembro informante que esta iniciativa se basa en lo que prescribe el
artículo 41 de
Aceptamos,
tal como dice nuestro dictamen, que se creen presupuestos mínimos. Hemos
establecido un tope de unidades económicas sustentables para la
extranjerización, cosa que es un fin loable y por eso estamos sentados acá.
El miembro
informante también se ha basado en el artículo 75, inciso 12) de
El gobierno
tiene una gran confusión y un gran desconocimiento de lo que tiene que ver con
la estructura geopolítica y productiva de
Sra. Presidenta (Abdala
de Matarazzo).- Vaya redondeando,
señor diputado.
Sr. Buryaile.-
No, señora presidenta. Me voy a extender tres minutos como lo han hecho otros
diputados, si es que me lo permite.
El problema
que tienen las zonas extrapampeanas se relaciona con las inversiones. Las
inversiones que van a nuestras provincias o a otras como las de Cuyo. En muchos
casos van a las provincias patagónicas y son inversiones productivas. Nosotros
alentamos las inversiones productivas. No existe un solo renglón en el proyecto
oficial que mencione la palabra “provincias”.
¿De qué
federalismo estamos hablando con esta ley? Voy a votar por el dictamen de
minoría que desde el bloque de
Lo que
sostenemos es que
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Barchetta.-
Señor presidente: siento una gran emoción porque mi primera intervención en
esta Honorable Cámara de Diputados de
Si me
permiten, voy a hacer algo de historia muy brevemente para que mis colegas que
están en sus bancas, así como quienes están viendo y escuchando lo que hoy
debatimos, tengan presente cómo se logró llegar a este debate.
El primer
proyecto de ley presentado al Congreso de
El 22 de
agosto de 2002 ingresó a
Por entonces
todavía estaba muy fresco el recuerdo del trágico diciembre de 2001 y los
efectos de la convertibilidad permitían la llegada masiva de empresas
extranjeras para comprar tierras en
nuestro país.
Me tocó
personalmente participar de varias jornadas de esclarecimiento en este sentido.
Sr. Presidente (Domínguez).- Señor diputado: permítame que le
haga una consulta a los efectos de administrar el tiempo. Tengo anotados para
hacer uso de la palabra a cuatro diputados de su Interbloque. ¿Cuánto tiempo va
a utilizar usted?
Sr. Barchetta.-
Cinco minutos, señor presidente.
Sr. Presidente (Domínguez).- Entonces, le quedan diez minutos al
resto de los expositores de su bloque, que son tres.
Sr. Barchetta.-
No, señor presidente, son dos.
Sr. Presidente (Domínguez).- Esta Presidencia tiene anotados a
los diputados Riestra, Parada y Duclos.
Sr. Barchetta.- De acuerdo, señor presidente, pero todos los
oradores se han extendido un poco.
Lo que se buscaba hace más de ocho
años era poner en debate en la sociedad la problemática de millones de
argentinos. Empezaron a resonar nombres como Benetton, Douglas Tomkins y Lewis,
y lugares como los Esteros del Iberá o Lago Escondido. También había otros que
alertaban sobre el escándalo en la venta de tierras a extranjeros.
En julio de 2004 realizamos un gran
evento en
Si hoy
logramos sancionar el proyecto que estamos discutiendo y el Senado lo convierte
en ley
Quiero dejar
claro que si durante estos años no hubiera habido una profunda militancia por
la tierra hoy no podríamos estar debatiendo este proyecto.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Agotó su tiempo, señor
diputado.
Sr. Barchetta.-
Espero que lo de hoy sea apenas un primer paso de un cambio mayor y que en muy
poco tiempo tengamos toda la batería de leyes que realmente estamos necesitando
para evitar esta gran concentración que se está dando hoy en
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.
Sr. Riestra.-
Señor presidente: vengo a continuar una iniciativa que ya planteara mi compañera
partidaria Verónica Benas, diputada mandato cumplido.
Va a ser
difícil encontrar en cuatro minutos argumentos que convenzan, pero a diferencia
de Groucho Marx, no tengo otros.
Como Nación
nos urge establecer las reglas que garanticen a todos los argentinos el acceso
a la tierra en condiciones que permitan el desarrollo de actividades
productivas y de subsistencia, así como de protección de los recursos naturales
y culturales. No podemos permitirnos más
esquilados rurales, más comunidades indígenas desalojadas, más fondos de
inversión decidiendo sobre el destino de una comunidad.
Si bien hoy
nos encontramos discutiendo la extranjerización de tierras, no podemos
quedarnos sólo en quién detenta su titularidad sino que estamos dispuestos a
avanzar en el cómo y para qué se es propietario de ellas. Esperamos que el
oficialismo nos acompañe con el mismo entusiasmo y celeridad e impulse reformas
en ese sentido.
La
concentración y el uso de la tierra definen un modelo de país. La posesión y el
uso de la tierra están directamente ligados a la soberanía alimentaria, a las
posibilidades de desarrollo y a la generación de empleo y producción. Un
estudio del INTA dice que la mitad de las tierras pertenece al 2 por ciento de
los propietarios y que los pequeños y medianos propietarios detentan el 3 por
ciento del total de las tierras cultivables. Me pregunto cómo se garantizará en
nuestro país con semejante porcentaje una soberanía alimentaria, el sustento
del agricultor familiar.
Sé que lo que
tenía preparado para decir no va a alcanzar para muchos, pero es en este marco
que debemos discutir el modelo agrario actual, que excluye al campesino del
campo y ha introducido nuevos actores y fortalecido a viejos.
El plan
estratégico alimentario tiene como meta ampliar la producción agropecuaria de
100 millones a 160 millones de toneladas. Para el año 2020, se prevé extender
la superficie sembrada de
Cuando
avancemos en el tratamiento en particular vamos a plantear fundamentalmente
precisar a dónde se dirigen las inversiones foráneas, que generalmente apuntan
a bosques nativos, a áreas protegidas, a lugares declarados de interés
cultural. Lo mismo haremos con las zonas de frontera, para las que decimos que
no debe aplicarse el límite de mil hectáreas ni otro que se determine, y que en
ningún caso podrán ser vendidas a extranjeros.
Otro tema que
queríamos plantear se refiere a la ley 15.385, que declara de conveniencia
nacional los bienes ubicados en zonas de seguridad y que pertenezcan a argentinos nativos.
Esta
conveniencia o preferencia es lo que ha determinado la línea de excepción. La
resolución del Ministerio del Exterior excluye a 14 provincias fronterizas y a
más de 88 departamentos.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Duclos.-
Señor presidente: desde el Frente Amplio Progresista habíamos cuestionado la
agenda propuesta para extraordinarias, y felizmente estamos ante uno de los
temas que tienen urgencia en su tratamiento. El otro fue obviamente el
presupuesto nacional, por razones obvias, y la prórroga de leyes impositivas.
Este tema que
nos convoca hoy es verdaderamente urgente porque a todos nos preocupa el avance
en la extranjerización del dominio de tierras rurales. Estamos frente a un
proceso acentuado y es necesario detenerlo.
Nos habría
gustado que se hubiera legislado sobre este tema mucho antes. Hubo muchos
proyectos que fueron reivindicados en este debate. Hay antecedentes desde hace varios años, pero
como ha sucedido con muchos temas, el oficialismo recién habilita su
tratamiento cuando aparece la iniciativa oficial, desconsiderando los
antecedentes de quienes han trabajado fuerte y durante muchos años en estos temas.
Mientras no
se trataban estos proyectos, anteriormente se ha dado por ejemplo
incumplimiento a lo que recién señalaba mi compañero de bancada, el diputado
Riestra: el abordaje de la zona de seguridad.
Hay un
informe de
Por lo tanto,
debemos trabajar para sacar la mejor ley y pedirle especialmente al Poder
Ejecutivo que sea consecuente en la aplicación de la norma.
Creo que el
proyecto que fue elevado por el Poder Ejecutivo era casi meramente declarativo,
y quiero reconocer el trabajo que se ha hecho desde las comisiones, donde se
han introducido modificaciones y se lo ha mejorado, buscando que sea una
herramienta verdaderamente eficaz.
Desde nuestro
punto de vista aún falta introducir modificaciones para que verdaderamente se
pueda detener este proceso de concentración en manos extranjeras del dominio de
la tierra rural y preservar este recurso estratégico. Todos sabemos de la
riqueza que tiene nuestro país. Todos conocemos el valor estratégico vinculado
con la seguridad alimentaria global, y esto se va a acentuar en los próximos
años.
Si queremos
detener este proceso de extranjerización, no entendemos por qué se plantea el
límite del 15 por ciento.
Si la propia
presidenta de
Por lo tanto,
después del relevamiento que plantea el registro, queremos que se detenga y no
se autorice más este tipo de operaciones.
En cuanto a
la unidad de las mil hectáreas, coincidimos en que son excesivas. Debemos estar
en
Por último,
quiero señalar que vamos a proponer modificaciones al artículo 12 durante el
tratamiento en particular. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).-
-Asentimiento.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por
Sra. Parada.-
Señor presidente: habida cuenta de la hora, voy a usar menos de tres minutos.
Desde el
Frente Parlamentario contra el Hambre ‑integrado por diputados y
senadores del Congreso-, que responde a una iniciativa de
A raíz de esa
audiencia surgió un informe que hemos entregado a los presidentes de las tres
comisiones que trataron el tema en consideración. Algunas sugerencias fueron
tomadas, pero muchas quedan por ser analizadas en esta Cámara.
Finalmente,
solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones la versión taquigráfica
de la audiencia pública celebrada oportunamente. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Piemonte.-
Señor presidente: hoy es un día contradictorio para nosotros, porque aquí se
han aprobado leyes a las que nosotros nos opusimos en forma contundente, pero
también hemos apoyado otras. En particular, este proyecto que se está tratando
ahora tiene para nosotros un valor fundamental, porque es casi fundacional de
nuestro partido.
Es cierto que,
tal como refirieron varios señores diputados, este proyecto se presentó en
Desde
Quiero hacer
una breve mención y un reconocimiento a la lucha que se llevó a cabo en la
provincia de Río Negro a raíz de la compra de tierra que había hecho Joe Lewis
alrededor del lago Escondido, que ha impedido el libre acceso de todos los
argentinos a dicho lago.
A partir de
la iniciativa de legisladores de dicha provincia, como la compañera Magdalena
Odarda, quien presentó una acción de amparo en
En honor a la
brevedad, quiero rescatar tres cuestiones vinculadas a este proyecto de ley. En
primer lugar, limitar y restringir la adquisición de tierras por parte de
extranjeros significa regular y evitar el avasallamiento corporativo de
extranjeros sobre los bienes naturales productivos argentinos, previniendo una
mayor concentración de tierras argentinas en manos de grupos financieros de
capitales transnacionales.
La segunda
cuestión que quiero remarcar es que al
proteger la tierra estamos preservar los recursos naturales, que
constituyen un activo fundamental para el desarrollo de los pueblos.
En tercer
lugar, deseo referirme a dos cuestiones que hacen a la característica de
nuestro dictamen –a diferencia del de mayoría‑ y que necesariamente debemos
discutir. Una de esas cuestiones se vincula con la zona de seguridad. En este
sentido, el dictamen de mayoría propone hacer lo mismo que en la actualidad.
Digo esto porque hoy funciona
Sin embargo,
nosotros sostenemos que la prohibición tiene que ser taxativa, porque no se
pueden vender tierras a corporaciones o extranjeros en zonas de seguridad, por
el riesgo que eso implica.
La otra
cuestión a la que me quiero referir también marca una diferencia entre nuestro
dictamen y el de mayoría, porque el proyecto del Poder Ejecutivo fija un límite
de mil hectáreas, mientras que nosotros sostenemos que tiene que restringirse a
las unidades productivas, que incluso están dentro de las potestades de las
provincias.
Para nosotros
este es un paso importantísimo. En este sentido, varios diputados han señalado
que es un paso trascendental, pero que es sólo eso, es decir, un paso, porque
la pelea que se viene es por la concentración de la tierra, por el agua y por
la defensa de los recursos naturales. Esta pelea la seguiremos dando para
evitar que suceda lo mismo que hoy ocurre con la minería a cielo abierto.
Por último,
debo señalar que
Para nosotros
este es un día importante, ya que vamos a aprobar un proyecto sumamente
relevante para que
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre
Ríos.
Sra. Re.- Señor
presidente: tal como lo manifesté en el plenario de las comisiones que se
reunieron el 13 de diciembre próximo pasado, no puedo dejar de referirme al
apuro y la improvisación con que el Ejecutivo y el bloque oficialista han
abordado esta temática compleja.
Como señalé
en su momento, no existe nada que impida que este tema sea abordado en el
período de sesiones ordinarias del año próximo, y que su resultante sea fruto
de una elaboración legislativa seria, en contribución a la calidad
institucional tantas veces declamada por nuestra presidenta.
Quisiera
remarcar que
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente
(Domínguez).-
Continúa en
el uso de la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra. Re.- Señor
presidente: nuestro bloque ha presentado un dictamen de minoría que, a
diferencia del de mayoría, avanza en una clara y razonable prohibición hacia
quienes no son argentinos de adquirir tierras en zonas de seguridad o de
frontera. Este no es un tema menor, pero pese a nuestro reclamo no ha sido
incorporado en el dictamen oficial, apartándose curiosamente de lo que la
legislación comparada resuelve en este sentido.
Digo “curiosamente”,
porque esa legislación comparada es la que tantas veces se cita en el mensaje
remitido por el Poder Ejecutivo a este Parlamento como la razón fundamental
para legislar sobre la restricción en la adquisición de tierras por parte de
extranjeros.
Si me
permite, a continuación pasaré a detallar los fundamentos por los cuales no
acompañaré el dictamen oficial, y para eso mencionaré desde mi punto de vista
alguna de las problemáticas que posee esta iniciativa del Poder Ejecutivo y que
hoy se piensa sancionar.
Uno de los
defectos más importantes es el problema de la definición de tierras rurales y
el desconocimiento total de la cosa sobre la que se está legislando, es decir,
como sostienen los expertos, se define a la tierra rural como aquella que no es
urbana o como aquélla ubicada fuera de los ejidos urbanos de manera negativa,
dejando una zona gris a la agricultura periurbana, o sea aquella que se
desarrolla en el borde de las ciudades, justamente en ese borde que nunca se
define muy bien si es urbano o rural, sin determinar sus características ni
ubicación.
Pero lo más
grave de definir a la tierra rural de esta manera es que no conocemos la
superficie con aptitud agrícola o productiva con la que cuenta nuestro país y
esto es grave, ya que no podemos legislar seriamente sobre aquello que no
tenemos definido y de lo cual desconocemos su extensión.
Es más, esto
nos coloca en un segundo problema grave también. No podemos hablar de límites o cantidades de
superficie de la que pueden ser propietarios un extranjero o la totalidad de
ellos, si no conocemos sobre qué estamos legislando.
Es decir, no
podemos hablar de un límite del 15 por ciento sobre
Pero eso no
es todo, ya que el mecanismo indicado en el dictamen de mayoría en su artículo
12 no soluciona el problema. La razón es
sencilla: en nuestro país no tenemos catastro tecnificado ni hay información
unificada de elos catastros que permitan determinar estos datos.
Además, como
nos dicen correctamente los especialistas, el catastro no define la identidad o
el origen del dueño de la tierra, o sea que pretender hacer en 180 días lo que
no hicimos en 200 años es verdaderamente un despropósito.
Tampoco se
puede decir como en el proyecto oficial que se asegura la soberanía
nacional. La soberanía estatal es una
atribución que el Estado tiene para ejercer el poder de policía,y aquí lo que
importa es el poder del Estado para que compruebe planes de población, de
desarrollo, de colonización o de inmigración.
Llenar los espacios y dar facilidades a aquellos que quieran acceder a
la tierra.
En
definitiva, vamos a tener soberanía nacional en la medida en que todos nuestros
compatriotas estén incluidos en el sistema…
Sr. Presidente (Domínguez).- Ha vencido su término, señora
diputada.
Sra. Re.- Ya
concluyo, señor presidente.
Quiero decir
que no es un recurso natural no renovable y que además somos conscientes que
debemos avanzar en una regulación sobre este tema, pero no solamente lo haremos
con esta norma prohibitiva sino que son las políticas proactivas o de estímulo
las que asegurarán un campo con agricultores.
Queremos que sean los propios argentinos los dueños y defensores de esta
soberanía.
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Comi.- Señor presidente: para terminar con la
intervención de
Pero eso no empaña en nada todo el
trabajo que hemos desarrollado en esta Cámara en todos estos años, donde muchas
de las propuestas y muchos de los programas que se llevaron adelante en este
país han surgido de ideas de nuestro bloque.
La asignación universal por hijo es
también hija –valga la redundancia‑ de un viejo proyecto de nuestro
bloque, y hoy es calificada como la medida más revolucionaria en política
social en los últimos 50 años. También
es un proyecto de Elisa Carrió la asignación universal por hijo.
Sr. De Petri.- ¡También de
Sr. Comi.- ¡Es nuestro, compañero, léalo, porque salió
antes!
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Comi.- Saludablemente existe aquí un registro de
expedientes, desde hace varios años, muchos anteriores a los de
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Domínguez).- Sírvanse
no dialogar los señores diputados y respetar al orador.
Sr. Comi.- También este proyecto y esta vieja pelea es un
proyecto de la diputada Carrió, de la diputada Carca, de la diputada Susana
García y también de
- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. Comi.- Y también la diputada Conti.
Sra. Conti.- La senadora Conti.
Sr. Comi.- Y también la senadora Conti, pero
también de la doctora Carrió.
En verdad,
estamos muy orgullosos. Además, siempre hemos estado en el mismo lugar y
siempre hemos venido al Congreso a defender estas ideas. Como decían “Chito”
–así le digo cariñosamente al diputado Forte‑ u Omar Barchetta: este es
un día histórico, ya que se van a discutir y sancionar estos temas.
Hoy vemos
contentos por esto a algunos señores diputados que han sido voceros, caras,
espadas y alfiles del mayor proceso de entrega del patrimonio nacional, de
concentración de la tierra y de destrucción de la economía en la década del 90.
Creo que este es un gran cambio para el país y habla bien de este proceso
político.
Hace algunos
años decían otra cosa. Nosotros, nos vaya bien o mal, siempre estamos en el
mismo lugar y venimos a defender las mismas ideas. Por eso vamos a votar a
favor de este proyecto.
Celebramos
este día y también hacemos nuestras las palabras de los compañeros de
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: me habían dado diez minutos, pero ya me “afanaron” tres. De todas
formas no se trata de cuánto hablar, sino de qué decir.
Está
calculado cuántas hectáreas trabajables desde el punto de vista agropecuario
hay en
No está
calculada cuánta tierra extranjera hay en
A título
comparativo, hay estados norteamericanos en los que no se puede invertir si se
es extranjero, como Iowa, pero también hay otros en los que cualquiera puede
comprar tierras, como Texas.
En Canadá, en
la zona triguera, que está al Oeste, no se puede comprar ni una piedra. Si se
va a la zona Este, lechera, donde están los franceses, la cosa es más abierta.
En Brasil
está en vigencia una ley desde el año 1951, que dice que un extranjero puede
comprar hasta cuarenta módulos, que suponemos que sería la unidad económica
agraria.
En Uruguay,
el 25 por ciento de la totalidad de la tierra es extranjero, y ahora el
presidente Mujica le pide al Congreso que empiece a estudiar el tema, sin que
haya enviado un proyecto de ley.
Me parece que
esta iniciativa no tiene por qué ser la mejor ni la que solucione los problemas
estructurales muy fuertes, como la concentración. Podríamos tener un día de
debate entero sobre la concentración agrícola-ganadera, especialmente la
agrícola.
Se trata de
una concentración en el número de empresas más que en la tierra en sí. Cada vez
un menor número de empresas opera sobre un número de propietarios que se
mantiene más o menos estable, pero que han salido del proceso productivo por
falta de escala, por la agricultura moderna y por la tecnología. En la
Argentinala agricultura va exactamente al mismo ritmo que Estados Unidos, el
más rápido del mundo. Al mismo tiempo están aquí y allá las innovaciones,
porque éstas son las mismas, no dependen del manejo de las personas sino de los
insumos que se compran. Las innovaciones están en las semillas, en los
pesticidas y sobre todos en los herbicidas.
¿Por qué me
parece que no tenemos que pedirle nada extraordinario a esta ley, ni siquiera
que sea totalmente clara? Porque para mí es un punto de partida, y esa es la
importancia que le asigno.
Uno de los
compañeros de
La compra de
tierras por parte de extranjeros no es estratégica en
En este
momento la compra de tierras por extranjeros se convierte en estratégica por la
situación del mundo desde hace varios años. Esta crisis, casi civilizatoria,
hace que los capitales puedan llegar sorpresivamente y en un número inusitado,
y que nadie pueda preverlo.
Entonces,
esta ley es estratégica porque empieza a preocuparse por un tema que no es
limitar la inversión en
La tierra es
un bien finito, pero bien dice Buryaile que es un recurso renovable. De lo
contrario, en Italia no se podría sembrar ni una hectárea, porque en Etruria se
viene sembrando desde hace 2.500 años. Si se trata bien a la tierra será
renovable en un tiempo incluso más breve.
En
definitiva, me parece que el cambio del concepto de inversión es un hallazgo y
es fundamental.
La definición
del artículo 10 es muy mala, pero no importa. No es para acusar a nadie. No
importa que lo dejemos abierto. La zona núcleo puede tener hectáreas que valgan
desde 5 mil a 15 mil dólares, porque existe una dispersión muy grande, con lo
cual el concepto de las mil hectáreas resulta difuso. Quedará en manos de los
organismos que se crean.
Creo que ni
por asomo vamos a tener en 180 días un registro de extranjeros con tierras en
Entonces, no
nos preocupemos demasiado si hay algunas indefiniciones, porque lo que importa
es que el objetivo está logrado.
Para
terminar, quería decir que la agricultura moderna se sigue ampliando, y algún día
Monsanto va a producir un gen resistente a la sequía, con lo cual va a haber
que caminar rápido para que no le siembren a uno el traste con soja. (Risas.)
Si uno toma
un auto de acá hasta el Amazonas va a pasar por un inmenso océano verde desde
aquí hasta Paraguay, Mato Grosso Sur, Mato Grosso, y cuando llegue al Amazonas recién
ahí empezará a ver selva, donde una parte está desforestada y el resto se
encuentra absolutamente sembrado de soja. Esto demuestra la importancia…
Sr. Presidente
(Domínguez).- Por favor, señor
diputado….
Sr. Solá.-
Permítame concluir, señor presidente.
Finalmente,
como antes hablábamos del trabajo rural, la categorización que hoy se hizo por
la geografía en la que se trabaja y no por la naturaleza del trabajo, es
errónea; ello, porque la agricultura moderna saca a la gente del campo y crea
trabajo en las ciudades rurales. Por lo tanto, cada vez será más débil el
gremialismo rural si sólo juzgamos como “rurales” a quienes están en el campo.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Rodríguez.-
Señor presidente: sin perjuicio de solicitar autorización para insertar parte
de mi discurso en el Diario de Sesiones, efectivamente, Cristian Ferreyra fue
asesinado pero no por Benetton. En realidad, según sus compañeros del MOCASE
Vía Campesina, fue asesinado por mercenarios bajo las órdenes de José Ciccioli,
que es un terrateniente santafesino.
Por otro
lado, si recordamos a los muertos por el brutal desalojo del ingenio Ledesma,
advertiremos que tampoco fueron asesinados por la defensa de los intereses de
una multinacional extranjera; fueron muertos por la policía de la provincia en
defensa de los intereses del ingenio.
Ello pone de
manifiesto que, efectivamente, el problema de la tierra es grave, pero no se
trata de una cuestión simplemente de banderas. Sé que acá han dicho que estoy
pretendiendo la reforma agraria, pero es evidente que no he sido la única que
en el curso de estas discusiones se ha referido a la concentración como al
mayor problema que debemos enfrentar en relación con la democratización de la
tierra.
Yo puedo
creer en las buenas intenciones del mensaje y que no se trata de una cuestión
de xenofobia; pero si presumimos que el extranjero va a apropiarse de los
recursos, del agua potable, de los bosques nativos, de la riqueza del suelo; si
pensamos que los argentinos no harán eso y actuarán en defensa de las personas
de escasos recursos, del derecho de los
pueblos originarios sobre sus tierras, y del agua potable, creo que estamos
siendo muy ingenuos.
En realidad,
pienso que hay que poner un límite inteligente a la extensión territorial del
dominio rural. Esta idea de confundir el ejercicio de derechos de nacionales y
extranjeros no sólo genera problemas de índole constitucional; y los problemas
no se encuadran dentro de la lectura que podría hacer nuestro liberalismo
vernáculo en el sentido de lo que habitualmente se interpreta, sino que es
posible hacer una interpretación con una enorme potencia progresista diciendo
que nuestra Constitución justamente está alentando una distinción entre
empresarios y trabajadores, con el propósito de impedir la concentración
abusiva de riquezas y la explotación del trabajo.
La tierra
deben tenerla quienes la trabajan. Así, una reforma agraria es urgente. Hay que
poner un límite absoluto en relación con cuál es la posibilidad de compra, de
la misma forma que hay que imponer tributos a la tierra ociosa, porque lo que
tratamos de hacer es alentar el trabajo, impidiendo fines especulativos. Lo que
digo va más allá de lo que planteaba el señor diputado Yoma. Hay que poner
tributos para los que no trabajan la tierra y garantizar el acceso a la
semilla.
Cuando se
sancionó la ley de medios se fue en contra de los grandes grupos económicos, de
los grandes oligopolios y de los monopolios. En el caso de Papel prensa y de la
ley de medios nos encontramos con que todo esto se ha hecho porque este
gobierno tiene una enorme legitimidad popular. Por lo tanto, si no es ahora,
¿cuándo?
Lo cierto es
que son muchos los que creen que hay que estar alentando y que lo que hay que
restringir son intereses de capitalistas y de ciertos latifundistas. Se debe
alentar el derecho de los trabajadores. Si son esos los derechos que quieren
alentar, háganlo, porque
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada
por el Neuquén.
Sra. Comelli.- Señor presidente: obviamente que mi bloque va
a apoyar el proyecto, ya que se corresponde con las presentaciones que hemos
hecho desde abril de 2009.
Si no les parece mal, voy a insertar mi
discurso. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por
Sr. Robledo.-
Señor presidente: si me permite, pretendo seguir el principal pensamiento
ideológico que se encuentra en la escritura misma del pensamiento nacional.
Para nosotros la titularidad, tenencia y uso de la tierra rural constituye un
derecho irrenunciable del Estado para ejercer su soberanía en nombre del pueblo
y de las generaciones futuras.
En los mismos
términos se expresó usted, señor presidente, en esta Honorable Cámara, cuando
fundamentó la importancia de este proyecto cuando se desempeñó como ministro
del área. La tierra básicamente no es un bien, sino un bien de trabajo. El
trabajo dignifica, decía Perón.
En el
contexto del pensamiento nacional, fue el propio general Perón quien aportó una
visión estratégica acerca del desarrollo sustentable de las actividades
agropecuarias y la preservación de los recursos naturales como parte de la
riqueza del país. Lo hizo en el libro Modelo
Argentino para el Proyecto Nacional.
Decía lo
siguiente: “El mundo actual observa, con creciente preocupación, el paulatino
agotamiento de los recursos naturales, al punto de temer el desencadenamiento
de una crisis en materia de productos esenciales para la subsistencia de la
humanidad.
“Nuestro
país, en tal sentido, resulta un privilegiado de la naturaleza y una esperanza
para la sociedad en la etapa universalista”.
De allí que
la definición de una política estable y definida para el agro constituye una
responsabilidad ineludible de las generaciones del presente para con las del
futuro. Pero fue más allá Perón cuando reflexionó específicamente sobre el
régimen de tenencia de la tierra y dijo: “Esta política debe señalar, con
precisión, los objetivos a alcanzar en materia de colonización,
infraestructura, régimen de tenencia de la tierra, explotación, investigación,
capacitación e incentivos, para lograr, a la vez, una fuente continua de
riqueza para el país y un aporte vital para el mundo del futuro, con criterio
de solidaridad universal.”
Entendemos
que la tenencia de la tierra implica la responsabilidad de no atentar contra la
finalidad social que debe satisfacer la explotación agraria. Dicha finalidad
social sólo se cubrirá cuando la tierra sea explotada en su totalidad y en
relación con la actitud real y potencial, tomando al lucro como un estímulo y
no como un fin en sí mismo.
En línea con
esta corriente de pensamiento nacional, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner dijo en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias de
este año que es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos que
van a ser vitales para el siglo XXI sigan precisamente en la órbita y
competencia nacional. Expresó también que no significa desalentar las
inversiones extranjeras. Nuevamente reafirma el derecho irrenunciable del
Estado a ejercer su soberanía sobre los recursos naturales para definir su uso
estratégico: alta escuela peronista.
Este
proyecto, que es también un viejo anhelo de
Por las
razones expuestas, adelantamos nuestro voto favorable al proyecto en
tratamiento. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Rossi- Señor
presidente: voy a ser muy sintético. Yo
le había solicitado a usted que hiciera uso de la palabra porque en su carácter
de ministro de Agricultura ha sido una pieza clave en la elevación de este
proyecto por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de
Usted dijo
que no quería entorpecer el desarrollo de la sesión y que le parecía que había
que seguir acelerando los tiempos. Pero en nombre de nuestro bloque ‑esto
seguramente es compartido por el resto de
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado
por Entre Ríos.
Sr. Rogel.- Señor
presidente: dado que esta noche, como dijo recién el presidente de la bancada
justicialista, el Congreso de
Yo no he
hablado porque no quiero ser “todólogo” y hay gente en el bloque que merece
mayor respeto...
Sr. Presidente (Domínguez).- Gracias, señor diputado.
Sr. Rogel.-
Déjeme terminar, señor presidente. Hace ocho años que
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar en general el dictamen
de mayoría de las comisiones de Legislación General y otras recaído en el
proyecto de ley sobre protección al dominio nacional sobre la propiedad,
posesión o tenencia de las tierras rurales (Orden del Día N° 9).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 182 señores
diputados presentes, 153 han votado por la afirmativa y 26 por la negativa,
registrándose además una abstención. No se ha computado el voto de un señor
diputado.
Sr. Secretario (Bozzano).- Se han registrado 153 votos por la afirmativa y 26 por la
negativa. (Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2º.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 3º, que corresponde al capítulo III.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cigogna.-
Señor presidente: proponemos que después de las palabras “personas jurídicas”
se agregue una coma y la expresión “según el marco previsto en el artículo 32
del Código Civil,”. Luego la redacción sigue igual.
Asimismo, a
continuación del inciso c) proponemos que se agregue un inciso, que sería el d), con el siguiente
texto: “Simples asociaciones en los términos del artículo 46 del Código Civil o
sociedades de hecho, en iguales condiciones respecto de su capital social, a
las previstas en el inciso b) de este artículo.”
Proponemos
que el artículo se vote con esos dos agregados.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Solá.- Señor
presidente: si bien es un detalle, me parece que en lugar de poner “mayor al 51
por ciento” podríamos poner “mayor al 50 por ciento”.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cigogna.- No
aceptamos las modificaciones propuestas, señor presidente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 4º, que corresponde al capítulo III.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.-
Señor presidente: solicito que se incluya un artículo 4º que diga lo siguiente:
“Las sociedades anónimas titulares de inmuebles rurales deben convertir sus
acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de la
presente ley.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor miembro informante del dictamen de mayoría.
Sr. Cigogna.- No
aceptamos la modificación propuesta, señor presidente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 4º.
-
Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 5º a
9º.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
artículo 10.
Tiene la
palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. de Prat Gay.-
Señor presidente: para ahorrar tiempo quisiera preguntar al miembro informante
si va a estar dispuesto a aceptar modificaciones. Si no lo está, queremos fijar
las dos grandes diferencias que tenemos: una, referida a la unidad económica de producción, que
creemos que debería ser el límite y no un número de hectáreas, y la otra, vinculada
a una serie de restricciones que nosotros quisiéramos proponer en reemplazo del
artículo 13 para la zona de seguridad.
Por eso
pregunto antes, para ahorrarnos el tiempo de enumerarlas y después el diputado
Cigogna me diga que no las acepta. Además, no queda claro lo que dice, porque
cuando se enciende el micrófono no se entiende si dijo que no las acepta o que
las acepta.
Sr. Cigogna.-
Seré preciso: no las aceptamos. (Risas y
aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.
Sr. Barchetta.- Señor presidente: nosotros proponemos que en
vez de mil hectáreas sean 500 hectáreas, o superficie equivalente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Cigogna.- No
se acepta la modificación, señor presidente.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el
artículo 10.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 11 y
12.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Duclos.-
Señor presidente: también estaba registrado para hablar sobre el artículo 8º...
Sr. Presidente
(Domínguez).- No lo tengo
registrado...
Sr. Duclos.- ¡Sí!
Sr. Presidente
(Domínguez).- ...y ya está votado.
Estamos considerando el artículo 13.
Sr. Duclos.- Pero
en el artículo 12...
Sr. Presidente
(Domínguez).- Ya fue votado, señor
diputado.
Sr. Duclos.- Pedí
la palabra.
Sr. Presidente
(Domínguez).- No lo tenemos
registrado, señor diputado.
Sr. Duclos.- Fui hasta el estrado y la secretaria
parlamentaria me anotó. Me registré.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Ya fue votado, señor
diputado. Quedará registrada su opinión.
En
consideración el artículo 13.
Tiene la
palabra el señor diputado por
Sr. de Prat Gay.-
Señor presidente: justamente para ahorrar tiempo me adelanté al “no se acepta”
del señor diputado Cicogna.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el capítulo IV, artículos 14
y 15.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- En consideración el
capítulo V, artículos 16 y 17.
Se va a
votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr. Cicogna.-
Señor presidente: proponemos agregar un artículo 18, con lo que el de forma
pasaría a ser el 19, que dice así: “Cláusula transitoria: toda adquisición,
transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación
y extensión temporal que le impongan las partes, a favor de personas físicas o
jurídicas extranjeras en los términos del artículo 3°, que se realice en el
período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación
por el Poder Ejecutivo Nacional, queda alcanzada por las disposiciones de la
presente ley y sujeta a las consecuencias previstas en el artículo 7°.”
Sr. Presidente
(Domínguez).- Se va a votar el artículo 18 del dictamen de
la mayoría.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 19 es de forma.
Sr. Presidente
(Domínguez).- Queda sancionado el
proyecto de ley.
Se comunicará
al Honorable Senado.
- 12 -
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el diputado de nuestro
bloque, Edgardo Depetri, estuvo trabajando durante todo el día de ayer y hoy
porque queríamos aprobar un proyecto de declaración que firmamos todos los
presidentes de bloque, para el cual necesitamos apartarnos del reglamento y
demás, que expresa nuestro reconocimiento al rol y labor que cumplieron las
Madres de Plaza de Mayo durante estos últimos 35 años en la lucha por los
derechos humanos y la construcción social.
Lo hemos
firmado todos los presidentes de los bloques y solicito a
Por otra
parte, mientras juntamos el quórum –esto lo había hablado con el señor diputado
Gil Lavedra y otros‑, aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a quien
fue diputado nacional hasta el 10 de diciembre de este año, nuestro compañero
Gerónimo Vargas Aignasse. (Aplausos.)
Ustedes saben
que a través de un trabajo del equipo de antropología forense encontraron y
descubrieron los restos de su padre, que fue detenido y desaparecido durante la
dictadura militar. Había sido senador por la provincia de Tucumán. Sabemos de
la consternación que esto produjo. Se encontraron una cantidad de restos de
cuerpos en Tucumán y toda la ciudad y la provincia está muy consternada.
Queríamos
especialmente mandarle este abrazo a Gerónimo porque fue nuestro compañero, por
todo el momento que está viviendo. (Aplausos.)
Sr. Presidente
(Domínguez).- Tiene la palabra el señor diputado por
Sr. Gil Lavedra.-
Señor presidente: el bloque de
Por otro
lado, también queremos sumarnos a la congoja por haberse encontrado los restos
del padre de Gerónimo Vargas Aignasse. Quiero destacar que este equipo de
antropología forense nació de la mano de
un antropólogo americano, Clyde Snow, que vino a declarar en el juicio a las
juntas y trajo una técnica que aquí era desconocida, que consiste en ir
separando lentamente cada uno de los pedacitos que se encuentran, tal como lo
hace un arqueólogo.
Aquí formó un
equipo de chicos que comenzó a trabajar en la década del 80, y luego de hacer
un trabajo maravilloso
Este equipo
extraordinario que ha venido trabajando con abnegación ha permitido la
recuperación de los restos del ex senador Vargas Aignasse, y vaya todo nuestro
reconocimiento para ellos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Domínguez).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Donda Pérez.-
Señor presidente: simplemente quiero sumarme al reconocimiento, por supuesto, a
las Madres de Plaza de Mayo y a su trabajo, por el símbolo que ellas
representan para el pueblo argentino.
Asimismo,
quiero enviar un abrazo a quien fuera nuestro compañero, el ex diputado Vargas
Aignasse, que se encuentra en este momento recuperando los restos de su padre.
También
manifestamos nuestro apoyo incondicional a
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración la moción de apartamiento del reglamento
formulada por el señor diputado Rossi para considerar sobre tablas el proyecto
de declaración por el que se expresa el reconocimiento al rol y labor cumplido
por las Madres de Plaza de Mayo.
Se va a
votar. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobada la moción.
En
consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Se va a
votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda aprobada la moción.
aquí proyecto de declaración del señor diputado depetri
Sr. Presidente (Domínguez).- En consideración el proyecto de
declaración.
Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Zabalza.-
Señor presidente: había pedido el uso de la palabra, pero la señora diputada
Donda Pérez ya expresó el sentir del Frente Amplio Progresista.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Queda sancionado el proyecto de declaración.
Se harán las
comunicaciones pertinentes.
Se va a votar
si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los
señores diputados.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Domínguez).- Se harán las inserciones solicitadas.
Quiero
aprovechar esta oportunidad para desearles a todos los presentes una Feliz
Navidad. Esta ha sido una jornada intensa de trabajo. Cada uno debe tener
sensaciones encontradas. Nosotros sentimos la satisfacción de cumplir con
nuestra labor como legisladores, y esta jornada de trabajo habla del compromiso
republicano de este Parlamento.
Les deseo una
Feliz Navidad, y que todos juntos podamos estar a la altura de las expectativas
del pueblo argentino. (Aplausos.)
Queda
levantada la sesión.
- Es la hora 5 y 59 del día 16.