-  En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de mayo de 2010, a la hora 14 y 25:

 

- 1 -                         

izamiento de la bandera nacional

 

Sr. Presidente (Fellner).- Con la presencia de 140 señores diputados, queda abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha, conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número reglamentario.

          Invito al señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, don Francisco de Narváez, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

 

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Francisco de Narváez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos.)

 

 

 

- 2 -         

convocatoria a sesión especial

 

Sr. Presidente (Fellner).- Por Secretaría se procederá a dar lectura de la resolución dispuesta por esta Presidencia convocando a esta sesión especial.

 

 

 

Sr. Secretario (Hidalgo).- Dice así:

 

aquí pedido de sesión especial

 

- 3 -         

modificaciones al código civil sobre matrimonio

 

 

AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 197

 

Sr. Presidente (Fellner).- En consideración en general.

          Tiene la palabra la señora miembro informante del dictamen de mayoría.

 

Sra. Ibarra.- Señor presidente: tenemos en tratamiento un dictamen que propone habilitar el matrimonio para personas del mismo sexo en igualdad de condiciones, derechos y responsabilidades, y con los mismos requisitos y efectos, que corresponden al matrimonio para las personas de distinto sexo.

          Antes de ingresar a la discusión de la iniciativa quiero hacer algunos reconocimientos. En primer lugar deseo dejar en claro el reconocimiento a los militantes de las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y trans, cuyos integrantes vieron cercenados sus derechos y se sintieron discriminados durante años. En una lucha realmente incansable estuvieron trabajando codo a codo para poder llegar al día de hoy para ver si por primera vez en el Congreso de la Nación podemos tratar una iniciativa que reconozca sus derechos.

          El reconocimiento es entonces en primer lugar para todos los militantes, en la persona de María Rachid, presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, por su enorme militancia, y para la Comunidad Homosexual Argentina, que con leal apoyo ha acompañado este proyecto, bajo la presidencia de César Cigliutti.

          Asimismo quiero hacer un reconocimiento muy especial a la señora diputada mandato cumplido del Partido Socialista, Silvia Augsburger, quien está presente en este recinto.

          Ella es autora de una de las dos iniciativas. De manera que un proyecto es de su autoría, y ha sido acompañado por diputados de otros bloques, y otro es de mi autoría y también ha sido acompañado por distintos diputados. Cabe destacar que ella ha sido una luchadora incansable, por lo que realmente hubiésemos querido que en esta jornada histórica estuviera sentada en una de estas bancas.

          Como dije, el dictamen de comisión que vamos a tratar hoy es la síntesis de dos iniciativas: el proyecto de autoría de la señora diputada mandato cumplido Silvia Ausgburger y un proyecto de mi autoría, ambos acompañados por diputados de otros bloques. Hemos hecho una síntesis conjunta, hemos hablado con diversos bloques y queremos plantear el debate de hoy con el mayor respeto y con la mayor dignidad.

          Sabemos que en este debate se ponen en juego convicciones; en algunos casos, convicciones religiosas, y en otros, fuertes ideologías vinculadas con la igualdad, con cuestiones de discriminación, y diputados de muchos bloques hablamos hoy para dejar de lado cualquier disputa política y poder entrar en un debate vinculado con los derechos y con el contenido de esta norma, con todo el respeto que merece nuestra sociedad cuando tratamos estos temas.

          Dicho esto, paso a abocarme directamente al tratamiento del dictamen que nos ocupa.

          El dictamen propone habilitar el matrimonio para personas del mismo sexo con iguales requisitos, efectos, derechos y responsabilidades, sean los contrayentes de distinto sexo o del mismo. La centralidad del dictamen es una discusión vinculada con la igualdad. Estamos eliminando el requisito que tiene nuestro Código Civil de que presten consentimiento el hombre y la mujer y pasamos a hablar del requisito de que presten consentimiento “ambos contrayentes”. Además, estamos diciendo que no se constituyen en marido y mujer sino en cónyuges.

          Luego, el dictamen genera una serie de concordancias en todos los artículos donde el Código Civil hace mención al hombre y la mujer. Es decir, en todos esos artículos aludimos a “contrayentes” y hacemos las concordancias a los fines de la ley de nombre, de la ley de patria potestad y el régimen de inscripción en el Registro Civil, así como algunos temas vinculados con la curaduría por alguna incapacidad.

          Centralmente, de eso se trata el dictamen. Y termina con una cláusula interpretativa donde se establece que todo nuestro ordenamiento jurídico tiene que entenderse en el sentido de que los mismos derechos y las mismas responsabilidades atañen tanto a los matrimonios de personas de distinto sexo como a los de personas del mismo sexo.

          Para dar un abordaje desde el punto de vista del Estado, primero queremos plantear que lo que estamos tratando hoy es la modificación de leyes civiles en un Estado laico. No estamos abordando, ni podríamos hacerlo, el matrimonio de las distintas religiones. No abordamos el matrimonio católico, no abordamos el matrimonio de la religión judía, no abordamos el matrimonio de los musulmanes. Repito: estamos tratando leyes civiles en un Estado laico.

          Y en ese sentido, ya hoy el matrimonio civil es absolutamente distinto a los matrimonios religiosos. En la religión católica, por ejemplo, el matrimonio es un sacramento y es indisoluble. En cambio, en el ámbito civil de nuestras leyes civiles tenemos el divorcio vincular y acceden a este matrimonio civil las personas de todas las religiones y también aquellas que optan por no tener religión.

          El segundo punto para plantear es que necesariamente debemos abordar este tema desde el punto de vista de un Estado democrático constitucional. Nosotros tenemos un paradigma constitucional que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en el caso “Halabi”, entre otros, pero ha establecido que el vértice, el punto desde el cual se analizan todos los espacios de la relación entre el Estado y las personas es la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esta interpretación que hacemos desde la Constitución y desde los tratados de derechos humanos es pro homine; podríamos decir que es una mirada amplia y no restrictiva. Así lo ha establecido la Corte Suprema, porque cuando se habla de derechos humanos y del ejercicio de los derechos no existen catálogos ni restricciones; lo que existe es una visión amplia para garantizar la pluralidad de una sociedad.

          Lo que queremos decir es que constituimos una sociedad plural, como cualquier otra sociedad humana. Pertenecemos a distintas etnias y religiones, tenemos diferentes orientaciones sexuales y distintas opiniones políticas. Por lo tanto, lo que hacen la Constitución y las leyes es ubicar esa diversidad en un punto de igualdad ante la ley. De este modo la norma permite que cada persona pueda vivir su propia biografía y que realice sus propias elecciones en el marco de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los  magistrados.”

          En ese marco debo aclarar que la modificación que hoy proponemos no agravia derechos de terceros, la moral ni el orden público. Simplemente da derechos a aquellos que los tenían restringidos.

          La Corte Suprema ha dicho que en un estado constitucional de derecho no podemos reconocerles derechos a unos y quitárselos a otros sin un razonamiento plausible que nos permita explicar el porqué. En este sentido, deberíamos preguntarnos por qué podemos decidir distintas capacidades contributivas o la aplicación de diferentes impuestos. Precisamente porque hay razonabilidad en el hecho de entender que los impuestos se aplican de acuerdo con las distintas capacidades contributivas. Podríamos preguntarnos también por qué exigimos una determinada edad para acceder a cargos públicos o para conducir vehículos. La respuesta es que hay razonabilidad en la afirmación de que un chico de once o doce años no puede cubrir cargos públicos ni conducir un vehículo.

          Lo que no parece razonable –es más, está prohibido‑ es otorgar derechos a unos y quitárselos a otros en base a la orientación sexual. Digo esto porque existe una interdicción, una prohibición de nuestra Constitución y de los tratados internacionales, en el sentido de que no se puede discriminar, diferenciar o distinguir en base a la orientación sexual.

          Un párrafo aparte merece el tema de la adopción. Como se ha discutido mucho sobre este tema le quiero dedicar unos minutos de mi exposición. Al respecto, cabe señalar que el dictamen en tratamiento no da derecho a los homosexuales a adoptar niños; el derecho ya lo tienen. La ley en vigencia no permite ni impide que gays y lesbianas adopten en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que rigen para los heterosexuales. Hoy esto ya lo hacen. Hay cientos de niños que fueron adoptados por parejas homosexuales que crían a sus hijos en su familia. Esta es una facultad contemplada desde siempre en nuestra ley de adopción. Tal es así que el artículo 312 del Código Civil establece que nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Como pueden observar, la norma no exige orientación sexual; no se pregunta si el adoptante es homosexual o heterosexual. Hoy las parejas homosexuales adoptan a sus hijos y los crían, pero sólo uno de ellos queda registrado como adoptante. Esta es la realidad que estamos viviendo; no es algo que se establece a través de este proyecto. Lo que sí decimos en esta iniciativa es que los chicos criados por padres homosexuales, donde sólo uno de los integrantes de la pareja figura como adoptante, están en inferioridad de derechos frente a aquellos que fueron adoptados por parejas heterosexuales. Esos chicos tienen desamparo frente a la ley. En caso de fallecimiento del que no figura como adoptante no puede heredarlo y solo puede requerir alimentos al que figura como adoptante.

          Si el adoptante muere el chico queda huérfano y al otro, que a veces lo crió durante años y lo ha protegido y cuidado dándole salud y educación, no se le reconoce el vínculo legal con el niño. 

          En caso de que el padre que figura como adoptante quede sin trabajo, ese chico no puede tener la obra social del otro que lo ha criado.

          La diferencia que establece el proyecto que estoy informando es que a aquellas parejas homosexuales en las que solo uno figura como adoptante, les daremos el estatus legal de ser coadoptantes. De ese modo el chico tendrá la protección de heredar a los dos, tener una obra social garantizada, alimentos, y en caso de separación tener la posibilidad de pedir alimentos y heredar a ambos integrantes de la pareja.

          Nada estamos inventando con esta iniciativa; estamos protegiendo derechos de chicos que hoy reciben un trato desigual respecto de los adoptados por una pareja heterosexual. Tanto es así que si sancionáramos un proyecto de ley de matrimonio que impidiera adoptar a las personas homosexuales las estaríamos poniendo frente a la disyuntiva de casarse o adoptar, cuando hoy la ley ya les permite adoptar. Sin embargo, si quisieran casarse le tendríamos que decir que deberán optar entre casarse o adoptar.

          Para concluir con este tema, hoy hay adopción porque ella no exige una orientación social determinada.

          Quiero referirme brevemente a la alternativa unión civil o matrimonio. Si se habla de unión civil para homosexuales y matrimonio para heterosexuales estamos en un problema constitucional. Seguimos con la misma discusión vinculada a la igualdad. Sería como establecer un régimen para personas de color y otro para las blancas o un régimen para los judíos y otro para los católicos.

          Tenemos un Estado laico que reconoce la igualdad de las personas. Si lo que se está diciendo es que se pretende crear una unión civil para homosexuales y heterosexuales, para todos, pero dejar el matrimonio solo privativo para heterosexuales, seguiremos estando en un problema de desigualdad y teniendo sentencias de jueces que sostienen que es inconstitucional en razón de que otorga derechos a unos y los niega a otros por su orientación sexual.

          Después plantearé las inconsistencias del régimen de unión civil que se propicia. Los derechos no son los mismos; ni siquiera hay presunción de paternidad y hay una serie de problemas, por lo que, tratándose de un régimen nuevo, crearía una enorme cantidad de problemas en nuestro sistema civil.

          En los últimos minutos de mi exposición quiero decir desde una perspectiva histórica que en un tiempo el matrimonio estuvo vedado a los esclavos porque no eran libres. En otro momento estuvo vedado a los negros porque no eran blancos. En otro momento también estaban prohibidos los matrimonios interraciales. Así mismo estuvo prohibido para los homosexuales.

          Hasta hace muy poco las mujeres ‑en muchos lugares del mundo todavía sucede‑ no podían casarse en libertad e igualdad. Hasta no hace mucho las mujeres teníamos que pedir autorización a nuestros maridos para trabajar. Hasta no hace mucho las mujeres no podíamos ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos. Hasta no hace mucho las parejas estaban obligadas a convivir en matrimonio aunque el vínculo estuviera disuelto y la gente ya no quisiera mantener ese vínculo civil. Hasta no hace mucho las mujeres por ejemplo no podíamos votar.

          A veces nos cuesta explicar a nuestros hijos que hasta no hace mucho las mujeres  teníamos que pedir permiso a nuestros maridos para trabajar, como seguramente dentro de unos años nos va a costar trabajo explicar que a dos personas, sólo por querer elegir para compartir la vida una persona del mismo sexo, se les impedía acceder a una institución civil como es el matrimonio. Ahora muchos van a poder acceder.

          Pido autorización para leer las palabras del presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, frente al Parlamento cuando se sancionó la ley de matrimonio civil también para las personas del mismo sexo, porque se refiere a cómo impactó en una sociedad. Este no es un problema sólo de la comunidad homosexual sino de todos porque se trata de un problema de igualdad.

          Dijo Rodríguez Zapatero: “No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad. Es verdad que son tan solo una minoría, pero su triunfo es el triunfo de todos; también, aunque lo ignoren, es el triunfo de los que se oponen a esta ley porque es el triunfo de la libertad. La victoria nos hace mejores a todos porque hace mejor a nuestra sociedad.”

          Quiero destacar que desde el principio hicimos un trabajo en forma transversal con el esfuerzo de todos los bloques para poder conseguir hoy esta sanción. Se ha hecho un trabajo arduo, con mucho esfuerzo de parte de integrantes de todas las bancadas.

          Estamos tratando una cuestión de igualdad. No se trata de un tema religioso, ni de una cuestión sólo de una comunidad; estamos tratando un tema que hace a toda la sociedad argentina porque estamos discutiendo si le damos un lugar a la igualdad, a la dignidad, al respeto, y si ponemos la Constitución y los tratados de derechos humanos en plena vigencia para que no se pueda discriminar por orientación sexual.

          Pedimos a todos nuestros pares el acompañamiento en este proyecto y reconocemos la enorme tarea que se ha hecho desde las comisiones, sus integrantes y la militancia de todos los bloques que transversalmente han trabajado para esta iniciativa. (Aplausos prolongados.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Para informar sobre su dictamen de minoría tiene la palabra el señor diputado por Ciudad de Buenos Aires.

 

Sr. Pinedo.- Señor presidente: celebro el tono levantado de la exposición de la señora diputada miembro informante del dictamen de mayoría.

          Me parece que esto contribuye a tener un debate importante para nuestra sociedad, que tenemos que dar y que no es un debate más sino que se va a ver reflejado en la sanción de un proyecto de ley que modifica las condiciones de vida de personas de carne y hueso, de nuestros compatriotas y de los que viven en la Argentina.

          Esa circunstancia es la que ha motivado que los distintos bloques de esta Cámara hayan tenido la inteligencia y el sentido común de dar libertad de acción a sus miembros, a los efectos de que voten de acuerdono sólo con su conciencia sino también en función de lo que crean más conveniente para sus conciudadanos.

          En el caso de nuestro bloque –aclaro que no estoy hablando en su nombre en este momento- también procederemos de la misma manera y habrá manifestaciones en ambos sentidos. Un grupo de señores diputados y diputadas de esta casa ha elaborado un dictamen de minoría, y vengo a pedir el voto favorable de la mayoría de esta Cámara.

          Dicho dictamen de minoría tiene dos características. La primera es que a las personas adultas que quieran tener una relación conyugal les otorga más libertades que las que tienen actualmente los contrayentes de un matrimonio civil. La segunda característica está vinculada con el complejo tema de la adopción de menores.

          En ese sentido, en el debate de fondo nosotros no establecemos una regla fija de adopción de menores porque no queremos que, sin dar un debate amplio sobre la necesidad de modificar o no la ley de adopción vigente, se obligue a los jueces a adoptar determinadas posiciones otorgando pautas de adopción cuando podrían considerar que eso no es lo más conveniente para el caso de un menor concreto. Ellos y los legisladores tienen la obligación de poner los derechos del niño sobre los de los adultos, tal como está previsto en los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país.

          Hemos meditado bastante en materia de unión de adultos y los firmantes de este despacho de minoría consideramos que la institución del matrimonio civil que está orientada a la unión de los cónyuges y a la educación de los hijos es valiosa para nuestra sociedad.

          También creemos que la ley de matrimonio civil impone a los contrayentes una serie de limitaciones en sus libertades y en sus derechos que no tienen justificación –a nuestro criterio- en los casos en los que no existen hijos comunes de dichos contrayentes.

          Por eso, mientras discutíamos el dictamen de minoría  y analizábamos los diversos proyectos, algunos evaluamos la hipótesis de establecer una institución que permitiera igualdad de derechos aún para las uniones homosexuales.

          En otro momento, a otros –a mí en particular- nos pareció que esto era discriminatorio en relación con la comunidad homosexual y pensé que podía ser más útil establecer una institución que contemplara la situación de las parejas que no tuvieran hijos porque, en ese caso, no tenía sentido limitar sus libertades, tal como lo hace la ley de matrimonio cuando la limitación de libertades está orientada a proteger a esos hijos.

          Pero, finalmente el dictamen de minoría opta por establecer una nueva institución sobre la base de considerar que puede ser útil no sólo para los homosexuales sino también para los heterosexuales. A nadie escapa que una institución de este tipo sería beneficiosa para nuestra sociedad, dado que contempla la situación de los heterosexuales que quieren adherir a ella, como sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde hay más uniones civiles de contrayentes heterosexuales que homosexuales.

          Esa situación institucional y de derecho nos parece superior a la hipótesis de no tener ningún derecho, como ocurre en las uniones de hecho, aún cuando hay hijos. Por lo tanto, así como el dictamen de minoría considera que no es cuestión de contraponer instituciones ‑unión civil versus matrimonio‑, como si el triunfo de una fuera la derrota de la otra, nosotros entendemos francamente que es útil para la sociedad, para nuestros compatriotas, para la gente que quiere vivir en la Argentina, que existan dos instituciones que sumen y no resten entre sí.

          En materia de adopción hemos tenido largas cavilaciones y mucho estudio. Como bien dijo la señora diputada Ibarra, la actual ley permite la adopción por parte de personas no casadas, independientemente de su orientación sexual, es decir, de su condición heterosexual u homosexual. Para nosotros, esa es una situación indiscutiblemente valiosa y paso a explicar por qué.

          El régimen actualmente vigente prevé lo que nosotros creemos que debe prever: que los jueces decidan las adopciones en cada caso concreto evaluando, en primer lugar y como lo establece la Constitución Nacional, el interés superior, que es el del niño.

          Cuando hablamos de adopción no nos referimos al derecho de las personas adultas a adoptar como cuestión principal sino del derecho de los niños a ser adoptados, a tener padres. Desde este punto de vista nos parece absolutamente valioso que en un caso concreto los jueces consideren que Fulano de Tal, o Fulana de Tal, independientemente de su orientación sexual se hagan cargo de la crianza y de la educación de un chico en determinada situación.

          Nos parece que el dictamen de mayoría ha avanzado en ese punto, porque al establecer la igualdad de las uniones homosexuales y heterosexuales en el matrimonio en relación con la adopción –tema en el que avanza específicamente‑, fija una postura en la legislación que el juez tendrá que aplicar. Los jueces no pueden optar por aplicar o no una ley.

          Podría ser que en un caso concreto un juez crea que para determinado chico es mejor que el adoptante sea Juan en lugar de Pedro o María. Entendemos que el magistrado debe tener esa libertad, porque –insisto‑ en materia de adopción el tema primordial es el derecho superior de los niños. No es mi intención dictar cátedra ni dar una solución absoluta; por el contrario, debo reconocer ante los señores diputados mi ignorancia. Hay algunos que nos dicen que es importante para la formación de los chicos que tengan clara una diferenciación de roles, de padre y de madre, y que la diferenciación de roles forma parte de la personalidad de los chicos. Los roles en la educación ‑nos dicen algunos, yo no soy un especialista- conforman la personalidad de las personas. En consecuencia, es importante que estos roles existan no solamente en cuanto al padre y a la madre sino a los abuelos, que tienen características distintas.

          Yo no puedo decir lo que dicen otros, o lo que dicen los que piensan lo contrario, pero la verdad es que no sé si es lo mismo para un chico tener dos papás en lugar de tener un papá y una mamá. La verdad es que no puedo decir si es así o no; si es verdad o no es verdad.  Como legislador, tengo la obligación de resguardar, en primer lugar, el derecho superior del niño y no imponer una solución a un juez que lo haga apartarse de lo que él cree en el caso concreto en defensa del interés superior del niño.

          No estamos haciendo previsiones en este proyecto vinculado con la adopción de homosexuales, sino que estamos absolutamente convencidos de que esta situación merece un tratamiento más profundo, con especialistas que nos ilustren y con un conocimiento mayor del que todos los diputados, o la mayoría, creo que tenemos.

          Lo que estamos haciendo en esta materia es simplemente dejar este debate para cuando se discuta una modificación de la ley de adopción. Pero, insisto, no queremos privar a los jueces de su libertad y protección de los derechos superiores de los chicos.

          Finalmente, considero que la propuesta del dictamen de minoría garantiza mayores derechos a los contrayentes, mayores libertades en materia de administración de los bienes comunes o de cada uno y en materia de testamento.

          Hemos discutido este tema y ustedes saben que las personas que tienen hijos pueden disponer libremente de un quinto de sus bienes. Lo que nosotros proponemos como solución es hacer a la inversa en el caso de uniones civiles, estableciendo que al cónyuge supérstite le corresponde tener una legítima del 20 por ciento, de la que no se le puede privar porque nos parece que la convivencia en común genera situaciones de asistencia que deben ser contempladas en el derecho sucesorio.   

          También creímos que era importante incorporar el régimen patrimonial al instituto que promovemos –la señora diputada Ibarra se refirió a este tema-, ya que se trata de un esfuerzo serio de los legisladores. Se propone que las partes puedan acordar libremente entre sí lo que quieran. Si no acordaron, se establece un régimen patrimonial porque si no caemos en la situación actual en donde los jueces aplican por similitud el régimen de las uniones de hecho, que implica una responsabilidad enorme de cada uno de los cónyuges o socios por todas las acciones del otro cónyuge o socio, lo cual es inaceptable.

          Por último, hay otras obligaciones del matrimonio que considero están hechas en beneficio de los hijos y nosotros no creemos que en el enlace civil tengan que subsistir, como la obligación de convivencia, la obligación de fidelidad o de tener un trámite complejo para la disolución del vínculo.

          Entonces, insisto, en materia de relaciones entre adultos, nosotros estamos proponiendo un régimen de mucha mayor libertad para las partes que el régimen de matrimonio, que es restrictivo en beneficio de los hijos. En materia de adopción lo único que estamos haciendo es dándole libertad a los jueces para que juzguen, en el caso concreto, cuál es el interés superior del niño.

          Dicho esto les quiero pedir a mis colegas, del mismo modo que lo hizo la diputada Ibarra, que evalúen concienzudamente  su obligación  de actuar como legisladores, de cuidar los derechos que están al cuidado de los legisladores y de hacer prevalecer siempre ‑como dice nuestra Constitución, y por sobre los derechos de los adultos‑ los intereses superiores de los chicos. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.

 

Sra. Terada.- Señor presidente: habiendo presentado un dictamen de minoría, paso a dar sus fundamentos. Previamente me gustaría dejar sentado que desde nuestro bloque –Coalición Cívica - ARI- estamos a favor del reconocimiento de los derechos civiles, previsionales, de vivienda y de obra social de todas las personas, no solamente de las del mismo sexo sino también de aquellas que quieran constituir un instituto ampliado que denominamos unión familiar. ¿Por qué? Porque estamos en contra de cualquier tipo de discriminación y a favor de los derechos humanos, del respeto, de la dignidad y de la vida de todas las personas.  Hablo desde mis propias convicciones religiosas, como practicante budista.

          Es cierto que la realidad existe. Existen personas del mismo sexo que quieren constituir una unión;  pero también hay personas que sin tener lazos sanguíneos constituyen una familia, y eso pasa muy frecuentemente en el interior. En general, en el interior del país encontramos a los que denominamos hermanos o hijos de crianza, que sin llegar a ser adoptivos forman parte de la familia y también tienen derechos.

          ¿Qué pasa con aquellos amigos y amigas que sin tener ningún tipo de interés intersexual sí tienen una vocación de estar juntos y de constituir lo que denominamos unión familiar? Es cierto que esta realidad existe, y también es cierto que es función de los legisladores poder plasmar esto en las modificaciones que sean necesarias en la legislación vigente.

          Viene a mi memoria lo que sucediera cuando se sancionó la gran reforma del Código Civil a través de la ley 17.711. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Se constituyó una comisión con juristas de primer nivel, maestros del derecho civil como Spota, Borda y López Olaciregui, que realizó un trabajo profundo sobre las modificaciones necesarias. En realidad, ese trabajo reflejaba lo que Vélez Sársfield ‑quien constituyó lo que es la obra del Código Civil- había dejado plasmado para que en el futuro, atento a los grandes cambios que se producían, también se realizaran las adaptaciones a las normas. Vélez Sársfield era pragmático, y como hombre de derecho sabía perfectamente que en algún momento tendrían que hacerse algunos ajustes.

          En algunos casos que se presentan en el ejercicio profesional de la abogacía, a veces necesitamos recurrir a leyes ante determinadas situaciones para defender derechos legítimos. Nos pasó en el caso de un matrimonio con un solo hijo, en el que fallece el padre.  Cuando se hace la sucesión el hijo quiere vender la casa donde vivía su madre. Justamente el artículo 3.573 del Código Civil, que fuera sancionado con la ley 17.711 seis años después, acopla una modificación que permite que la viuda pueda tener ese derecho real de habitación. Cabe destacar la importancia de ajustar los cambios que se producen dentro de la realidad, como por ejemplo en la noción de hijo, que antes estaba estrechamente vinculada con el fruto de la unión del hombre y la mujer. Hoy, con el avance de la ciencia, hablamos de inseminación in vitro, fertilización asistida, bancos de semen o de óvulos y tantas cosas que requieren, por supuesto, el ajuste de nuestra propia legislación.

          Debemos tener esto en consideración y ver lo que pasa en la legislación comparada, donde también de acuerdo con la idiosincrasia y la historia de cada pueblo se produjeron modificaciones. Por ejemplo, en Inglaterra se habla de la asociación civil, una suerte de contrato que permite que personas del mismo sexo o de diferentes sexos puedan constituir un tipo de unión. Lo mismo pasa en Francia, con el famoso PACS, que es el pacto de convivencia solidaria, en virtud del cual personas del mismo sexo o de diferentes sexos pueden reglar sus relaciones. Y por qué no mencionar en este marco a Alemania, que también tiene un contrato de convivencia perpetua o vitalicia que regula este tipo de situaciones. Pero veamos qué ocurre.

          Cuando hablamos de parejas del mismo sexo en realidad nos estamos refiriendo a relaciones intersexuales, o por lo menos presumiéndolas. Pero, ¿qué sucede con este otro tipo de situaciones en donde el vínculo se da por la familiaridad de la que se hablaba recién? Me refiero, por ejemplo, al hermano y el hijo de crianza, dos amigas o dos amigos, o dos hermanas mayores que toda la vida han vivido juntas, que se brindan un apoyo mutuo y que al fallecimiento de una de ellas se encuentran en esta situación. Si no existe un instituto como la unión familiar, que contemple la situación de estas personas y defienda sus derechos –nosotros estamos a favor del reconocimiento de los derechos civiles y previsionales de estas personas-, ellas no encontrarán la contención adecuada.

          Lamento que las comisiones respectivas no nos hayan permitido un mayor y más democrático debate a quienes hemos ingresado recién el 10 de diciembre a los efectos de que esta reforma del Código Civil que se pretende hacer ahora pueda tener un alcance amplio y con una mirada total, y no contemplar solamente a determinados sectores dejando en un total desamparo a los otros.

          Creo que la familia es un instituto social que tiene numerosas connotaciones, y quizás el instituto del matrimonio no serviría para contener todas estas situaciones. Por eso, siendo respetuosa de las confesiones religiosas, que inclusive pueden considerar al matrimonio como un sacramento, me parece que eso forma parte de nuestra realidad, y los que habitamos en el interior lo sabemos porque lo vivenciamos a cada momento.

          Entiendo que podríamos dar un salto cualitativo, buscar un instituto mucho más amplio y más comprensivo de todas estas instituciones y situaciones que de hecho se producen, porque si no, creería que estaríamos discriminando a estas personas que no tendrían la contención necesaria.

          Es por eso que en este dictamen de minoría nosotros abogamos por una unión familiar, por una unión que comprenda todas estas situaciones y que contemple los mismos reconocimientos de los derechos civiles, hereditarios y previsionales, e incluso el derecho real de habitación, para todas aquellas personas que estén en esa situación.

          Estimo que al hacer una reforma del Código Civil deberíamos contemplar todas las miradas y los institutos correlacionados. Sin embargo, hoy hubo una reunión de comisión en la que se trató el instituto de la donación, dentro del cual está involucrado el artículo 1808, que establece que no podría ser donataria la mujer casada, sin el consentimiento del esposo o del juez. Si bien es un instituto que está en desuetudo, debería haber sido incorporado, por ejemplo, en esta reforma que hacemos hoy en relación con la institución del matrimonio, con todos los elementos, aristas e instituciones que están vinculados a él.

          Por supuesto, la base de todo esto es el principio constitucional establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que se refiere a la igualdad ante la ley. Pero creo que esta igualdad tiene que ser plasmada en su verdadera dimensión.

          En este sentido me gustaría citar la opinión de Joaquín V. González acerca del principio de igualdad ante la ley. Él sostenía que según la ciencia y el espíritu de la Constitución, la igualdad de todas las personas ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Y agregaba que de ahí se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley a los casos ocurrentes según las diferencias que los constituyen y caracterizan, y que cualquier otra inteligencia o acepción a este derecho es contraria a su propia naturaleza o al interés social.

          De esto deviene el apoyo que pedimos a los pares legisladores respecto de este dictamen de minoría y del instituto de la unión familiar, porque estamos a favor del reconocimiento de todos los derechos y en contra de cualquier tipo de discriminación. Entendemos que la discriminación se daría en estas situaciones que he narrado, en las cuales evidentemente esas personas quedarían desamparadas. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis, como miembro informante de otro dictamen de minoría.

 

Sr. Merlo.- Señor presidente: voy a compartir mi tiempo con la señora diputada Ivana Bianchi.

          La primera pregunta que nos surge al tratar este tema es qué estamos discutiendo. Entiendo que lo que estamos discutiendo en este proyecto no es una posición más humanitaria respecto de la homosexualidad sino el instituto del matrimonio, el concepto y la regulación del matrimonio que queremos los legisladores nacionales para todos los argentinos.

          El matrimonio es una institución de nuestra sociedad que se erige conforme a ciertos principios, entre los cuales está la complementariedad de sexos, clave para la procreación, socialización y educación de nuestros hijos.

          La unión entre un hombre y una mujer es una celebración milenaria que utilizaron los distintos pueblos y las grandes culturas del mundo para dar inicio a la célula básica de nuestra sociedad, que es la familia. La unión de un hombre y una mujer es racional para la sociedad, ya que el resultado es la procreación, asegurando la perpetuidad de la especie.

          El matrimonio establece no sólo roles de género de hombre y mujer, sino también de parentesco, dado por la descendencia. Constatar una diferencia no es discriminar. La naturaleza no discrimina cuando nos hace hombre o mujer.  Las convenciones internacionales no discriminan cuando exigen el requisito de hombre y mujer.

          El Código Civil tampoco discrimina cuando así lo exige. En realidad, tanto las convenciones como el Código Civil lo que están haciendo es reconocer una realidad natural. 

          No es verdadero que el matrimonio de heterosexuales discrimine.  Para que haya discriminación tiene que existir arbitrariedad, y este no es el caso de una distinción que se base en razones y en fundamentos.

          Es justo tratar igual lo igual; es justo tratar lo desigual como desigual, pero no es justo tratar lo desigual como igual y lo igual como desigual.  Con esto quiero decir que la equiparación en nombre y derechos de los ciudadanos que asumen el compromiso de las funciones sociales estratégicas, como es la procreación, no pueden ser considerados en las mismas condiciones;  en caso contrario,  se trataría  de  una  discriminación injusta.

          En conclusión, creo que no es el matrimonio la institución que razonablemente puede otorgar a las personas de condición homosexual la protección que se merecen.

          Nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y el Código Civil reconocen al matrimonio como base de la familia y de la sociedad. En primer lugar, en nuestra Constitución Nacional el artículo 14 bis contempla como deber el proteger a la familia.

          A partir de la reforma constitucional de 1994 se incluyeron los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Dichos tratados son muy claros al momento de hablar del matrimonio como unión de un hombre y una mujer.

          La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 17, inciso 2, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23,  inciso 2, también se reconoce el derecho del hombre y la mujer a fundar una familia.

          Lo mismo ocurre con la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 16 dice que los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a fundar una familia.

          Las convenciones sólo destacan la calidad sexual del hombre y la mujer en los artículos referentes únicamente al matrimonio. A la hora de considerar la posibilidad de adopción por parte de las parejas del mismo sexo, no hay que atender tanto al deseo de los presuntos adoptantes,  sino al interés superior de los niños.

          Aprobar la adopción por parejas homosexuales iría en contra del principio número 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que dice textualmente: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación.”

          Sin duda, se requiere hacer frente a las necesidades que hoy presenta la comunidad homosexual. El matrimonio, tanto en su sustancia como en su nomenclatura, no es el instituto adecuado para reconocer la igualdad de las personas de condición homosexual.

          Todos estos reconocimientos pueden ser suficientemente tutelados por el derecho común; incluso, la situación de daño patrimonial, que se deriva de dichas relaciones particulares, tiene vigente las vías de prevención y de reparación en nuestro régimen legal.

          En tiempos tan cambiantes como los de hoy, los legisladores debemos ser valientes para introducir nuevos paradigmas en beneficio de la comunidad y de los ciudadanos, pero a la vez debemos ser moderados y prudentes para juzgar cuáles son aquellos paradigmas que hacen que la Nación argentina sea un país mejor y cuáles no.

          Debemos velar por un respeto cada vez mayor por la libertad individual y trabajar incansablemente  por el destierro de la discriminación, pero no podemos dejar de reconocer las diferencias legítimas donde ellas estén. 

          Me parece oportuno que el Estado garantice la libertad de las personas del mismo sexo, pero no que la institución para solucionar este tema sea el matrimonio o la unión civil.

          La modificación al Código Civil hoy propuesta por el dictamen de mayoría afecta a un sinnúmero de normas y situaciones que, dada la celeridad con que se ha procedido en el debate, no han sido contempladas.

          Sería un error dar curso a un proyecto que propone un cambio sustancial en nuestro ordenamiento social y jurídico sin antes prevenirse de las complicaciones  prácticas que podría generar su aplicación y sin contar con estudios serios sobre las consecuencias de las modificaciones sustanciales que estamos produciendo en la organización social. 

          Podríamos modificar el Código Civil, pero no está dentro de nuestras facultades alterar las normas de jerarquía superior a la ley, sin incurrir en inconstitucionalidad.

          Aprobar este proyecto significaría violar la jerarquía normativa dispuesta por los artículos 31 y 75, inciso 22, de la Constitución nacional.

          En la idea que planteé al comienzo, lo que está en juego no es la consideración sobre las personas de condición homosexual ni el respeto a su libertad.

          Lo que está en juego es el concepto de matrimonio, que no debe responder a los intereses de un sector, sino a los intereses de todos los argentinos.

          Por todo lo dicho, me expreso en contra de la modificación del Código Civil para que puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.

 

Sra. Bianchi.- Señor presidente: quiero dejar en claro que no estoy en contra de las uniones homosexuales, y mucho menos, de su elección de vida. Quiero contarles que la vida me ha regalado grandes amigos y muchos de ellos son gays.              

          Los argumentos por los que me opongo al matrimonio entre personas del mismo sexo son básicamente dos. El primero de ellos es que el matrimonio es una institución especialmente heterosexual. Este es un dato antropológico del que el derecho suele limitarse a tomar nota. Una unión formal entre personas del mismo sexo será otra cosa, pero nunca un matrimonio.

          El segundo argumento por el que me opongo es que la unión entre personas del mismo sexo no cumple las mismas funciones sociales por las que el derecho regula y protege el matrimonio, por lo que no tiene sentido atribuirle toda la regulación jurídica del matrimonio.

          Un tema aparte es la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ya que basándose en esto se busca un nuevo modelo de familia, a la que no estamos preparados como sociedad ‑estoy segura de esto‑ para afrontar.

          Hasta ahora, nos guste o no, no se ha podido reemplazar el modelo de padre, madre e hijo como la forma más viable de la adopción para un niño. Muestra de esto son los kibbutz de Israel, donde una mujer o diferentes personas tomaban el lugar de padres para varios niños, o la madre en Rusia, donde el Estado se arrogó la función de padre. Ambas experiencias resultaron un fracaso y dejaron secuelas gravísimas para la sociedad.

          Nuestra cultura, quiérase o no, tiene parámetros fuertemente heterosexuales, conformados en el seno de esta educación familiar tradicional. Siento que un niño paternalizado por una pareja homosexual entraría necesariamente en conflicto en sus relaciones personales con otros chicos; se conformaría psicológicamente a un niño en lucha constante con él mismo y con su entorno.

          La finalidad de la adopción es una forma de filiación que quiere proporcionar a los menores un hogar estable y adecuado para su crecimiento físico, intelectual y moral, un entorno que sustituye todo aquello que su familia biológica le negó. Dos hombres podrán ser muy buenos padres, pero nunca podrán ser dos buenas madres, y viceversa.

          La familia tradicional ha pasado ya la fase experimental desde hace miles de años en la mayoría de las culturas y, muy especialmente, en la nuestra. Los resultados ‑buenos o malos‑ están claros, y están reflejados en la sociedad en la que vivimos.

          Pero de este nuevo modelo de familia no sabemos nada. Es más: siento que con la adopción por parte de parejas homosexuales estamos sometiendo a miles de chicos que han pasado por un hecho traumático, como es el abandono, a un nuevo experimento.

          Si esta norma finalmente se sanciona,  me pregunto: ¿cómo podríamos definir qué es una familia? No podemos decir que una familia es un grupo de personas que viven juntas, porque hay gente que vive junta y no son una familia. No podemos decir que una familia es un grupo de personas que se quieren, porque hay gente que se quiere y no son una familia. Tampoco podemos decir que una familia es el padre y la madre con sus hijos, porque tampoco es así, ya que hay familias de hijos con padres y madres, familias de hijos con madres solas y familias de hijos con padres solos.

          Podríamos decir que una familia es un núcleo de personas encabezado por dos de ellas, las cuales hacen el amor periódicamente. Pero esto tampoco sería correcto, porque hay personas que hacen el amor periódicamente y no son una familia.

          Entonces, la creación de esta nueva familia expondría a esos chicos a superar pruebas mayores que los chicos adoptados por parejas heterosexuales. Yo puedo entender el deseo de los homosexuales de ser padres, pero no deben imponer este deseo al interés del menor.

          Para finalizar,  quiero afirmar que no todo es válido, legal y legítimo en nombre del amor. Yo creo firmemente en el amor: el amor como base de una familia, como base de respeto, como algo esencial en la vida; pero en nombre del amor no todo puede ser válido ni aceptado.

           Hago hincapié en esto basándome en lo que para mí fueron dichos poco felices de la señora diputada Gil Lozano en la reunión conjunta de las comisiones, cuando dijo “¿Por qué no pensamos en uniones de tres o cuatro personas? ¿Por qué no nos animamos a una vida de placer?” Luego hizo alusión a la zoofilia, al decir que nos debemos permitir hacer el amor con un perro, si el perro está de acuerdo. Sinceramente, señor presidente, no podría describir mi estado y mi frustración al escuchar esas palabras y, sobre todo, mi impotencia al pensar que en ese momento morían en el mundo miles de mujeres y niños a causa de esas perversiones. Entonces, tengamos cuidado con el mensaje que damos a la gente y a los chicos.

          No podemos, en nombre del amor, movernos en un ambiente donde se desenfoca la sexualidad humana. La sexualidad debe ser un lenguaje de los sentimientos y del amor; el amor hétero y homosexual, pero el amor, y no el placer solo. Estoy cansada de escuchar a los llamados progres –entre comillas‑ que presentan a la sexualidad como un mero objeto de placer, y no como una donación de una persona hacia otra.

          Por eso,  creo que no debemos caer en un debate simplista, donde quienes estamos en desacuerdo somos conservadores y discriminadores, y quienes están a favor son progresistas, democráticos y priorizan el derecho a la igualdad.

          Para terminar, quiero dejarles a todos mis compañeros diputados una frase del biólogo Jean Piaget, que señala: “Denme a un niño en sus primeros años de vida y responderé por su edad adulta.” (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- En razón de haber sido aludida, tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Gil Lozano.- Señor presidente: lamento muchísimo que la señora diputada preopinante no haya podido interpretar una broma de mi parte.

          Además, le quiero recordar que en ese momento también hablé un poco del discurso que dio anteriormente la señora diputada Terada; es decir, que a mí el dictamen de mayoría que firmé me quedaba chico, porque me parecía que esta era una oportunidad para haber podido discutir otros tipos familiares. De ninguna manera planteaba una orgía y, mucho menos, la zoofilia.

 

Sr. Presidente (Fellner).- Señores diputados: creo que estamos llevando a cabo un debate importante, con mucha altura y respeto. Por lo tanto, evitemos las alusiones personales.

          Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. di Tullio.- Señor presidente: voy a intentar hablar en el mismo tono de respeto con el que se ha venido hablando. Lo quiero hacer en forma personal, como diputada de la Nación que juró por la Constitución Nacional, pero también lo quiero hacer como peronista y como miembro del bloque del Frente para la Victoria, es decir, desde mi condición partidaria. Yo me siento y soy profundamente peronista, y desde ese lugar quiero defender el dictamen de mayoría.

          También quiero defender el dictamen de mayoría desde el lugar de no sentirme mejor o superior por mi condición de heterosexual o por haberle dado dos hijos al Estado nacional en mi condición de mujer. Me siento igual a otros habitantes de este país; siento que tengo los mismos derechos y obligaciones que todos los ciudadanos que viven en la República.

          Quisiera señalar –sobre todo luego de haber escuchado a los miembros informantes de los dictámenes de minoría‑ que venimos trabajando en este proyecto desde octubre o noviembre del año pasado. Hasta diciembre ocupé la Presidencia de la Comisión de Mujer, Familia, Adolescencia y Niñez de esta Honorable Cámara, mientras que la señora diputada Vilma Ibarra continúa como presidenta de la Comisión de Legislación General. En los plenarios realizados por ambas comisiones escuchamos a más de treinta expositores.

          Por lo tanto, creo que todos los legisladores hemos tenido la oportunidad de nutrirnos de distintas visiones y también hemos contado con el tiempo suficiente como para adoptar nuestras propias decisiones. Somos todos adultos y es necesario que tomemos una decisión desde nuestro rol de legisladores de la Nación, porque este es el momento más adecuado para hacerlo.

          Voy a defender el dictamen de mayoría haciendo una breve historia de la forma en la que llegamos a la elaboración del texto en consideración. Esto fue posible, entre otras razones, por la decisión que adoptaron las dos comisiones y los diputados firmantes de los proyectos que sirvieron de antecedente para la elaboración del dictamen; me refiero a las propuestas de las señoras diputadas Vilma Ibarra y Silvia Augsburger, que en ambos casos contaron con la adhesión de legisladores de diferentes bloques.

          También quisiera comentarles cómo llegamos –en mi opinión‑ a la elaboración de este dictamen y por qué hoy los legisladores de la Nación podemos estar debatiendo un proyecto para modificar el Código Civil en lo atinente al instituto del matrimonio.

          En este sentido, estamos hablando del acceso irrestricto a todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. A eso apuntaban los dos proyectos que hoy se ven sintetizados en el dictamen de mayoría.

          ¿Cómo llegamos a la elaboración de esta propuesta? Tal como lo señaló la señora diputada Vilma Ibarra –durante su exposición expresó su reconocimiento y agradecimiento a la Federación de Gays, Lesbianas y Trans y a la CHA, cuyos representantes están aquí presentes‑, hay una porción de la sociedad a la que se le reconoce que es igual al resto de la población argentina en términos de obligaciones y deberes, pero que no tiene acceso a todos los derechos. Cuando ese sector reconoce que es igual en obligaciones y deberes, pero no en derechos, pugna para conseguir esa igualdad.

          Ese debate lo hemos tenido muchas veces en la Argentina, porque en más de una ocasión el Estado tuvo que decidir qué hacer, es decir, si seguía restringiéndole  derechos o si los universalizaba para un sector de la población que no gozaba de los derechos que la Constitución consagra para todos los ciudadanos.

          Por lo tanto, lo que hizo esa porción de la población es buscar a algún sector del Estado –como ha ocurrido en muchos otros casos‑ que pudiera pugnar en la misma dirección para alcanzar el reconocimiento de sus derechos. En este caso lo hicieron a través de los diputados de la Nación.

          Como acabo de señalar, esta no es la primera vez en la que el Estado argentino debate qué hacer. Hubo un momento en la Argentina en el que las mujeres debimos luchar por conseguir el estatus de ciudadanas plenas de derecho –de esto no hace muchos años‑, porque existía una norma –la ley Sáenz Peña‑, que ya había sido modificada, por la cual una porción de la población podía votar, mientras que a la otra porción –integrada por más de la mitad de la población- no la dejaban acceder a ese derecho. En aquel momento pasó lo mismo que ahora, porque había una porción de la población que se reconocía con las mismas obligaciones, pero que no tenía acceso a los mismos derechos de los que sí gozaban el resto de los ciudadanos. Por eso, lo que hizo fue pugnar por el reconocimiento de ese derecho.

          Así, las mujeres de la Argentina, más allá de haberse organizado, se encontraron con alguien que les sirvió de vehículo político para impulsar sus reclamos; me refiero a Eva Perón.

          La verdad es que en ese momento el Estado no se planteó -y tampoco se debatió en el Congreso Nacional- qué hacer con esa mitad de la población que no tenía acceso a los mismos derechos que los varones, dado que estos últimos sí podían votar. Nadie planteó que las mujeres podían elegir al presidente de una sociedad de fomento o de la Liga de Amas de Casa, mientras que los hombres podían elegir presidente y legisladores. Simplemente se peleó por el acceso a ese derecho. Se buscó que ese derecho fuera universal para que todos podamos elegir y ser elegidos.

          Tengamos en cuenta que aquí no estamos hablando de la creación de un nuevo derecho ni de un nuevo instituto. Lo mismo ocurrió respecto de los derechos de los trabajadores. Justamente por esta razón, cuando hablo lo hago en mi condición de peronista.

          Digo esto porque cuando un sector de la población se reconoce al margen de un derecho plantea sus reclamos de la mano del peronismo. En lo personal, me siento orgullosa de servir de instrumento para que este tema se debata dentro de la órbita del Estado, y así decidamos qué hacer.

          Este es el momento en el que el Estado tiene que decidir si sigue restringiéndole o no los derechos a un sector de la población. Reitero que no estamos hablando de la creación de un nuevo derecho ni de armar un nuevo instituto. Simplemente, estamos discutiendo si a ese instituto –el del matrimonio‑, que figura en el Código Civil, tendrán acceso o no todos los ciudadanos del país.

          A lo largo de la historia de la humanidad las peleas siempre se han dado en ese sentido, porque llega un momento en el que el Estado tiene que decidir qué hacer: si le sigue restringiendo o no los derechos a un sector de la población.

          Evidentemente, toda ampliación de derechos enfrenta a un poder; ese es el poder establecido. Realmente creo que vale la pena afrontar este deber que tenemos todos los legisladores. Como diputada de la Nación siento que tengo el deber de debatir este tema para definir cuál es el rol del Estado.

          Por otro lado, escuché con atención las argumentaciones vertidas por los miembros informantes de los dictámenes de minoría, y lo cierto es que no encuentro ninguna razón para seguir restringiéndole a nadie el acceso universal al instituto del matrimonio. La situación actual es algo que no puedo aceptar, porque no le corresponde al Estado decidir qué tipo de familia le sirve y cuál no. El Estado no regula la cantidad de hijos ni el tamaño de las familias de la Argentina. Esto es algo que al Estado no le interesa.                  Se me ocurría pensar qué pasa cuando una parte de la población no accede al instituto del matrimonio, teniendo en cuenta que es parte de la realidad, tal como se evidencia en el acompañamiento de este debate. Todos sabemos que las parejas del mismo sexo viven juntas. Hace un par de semanas asistimos al matrimonio de dos mujeres que hace 30 años viven juntas.

          También las parejas del mismo sexo tienen, crían, aman y educan a sus hijos.

          Así mismo es real que hay jueces que amparados en el derecho constitucional casan a parejas del mismo sexo, y que tales parejas adoptan niñas o niños en su seno. Si uno se pregunta qué pasa con esos chicos lo cierto es que están en el peor de los mundos pues no tienen los mismos derechos que los niños o las niñas de parejas heterosexuales, biológicos o adoptantes.

          El interés superior del niño es tener exactamente los mismos derechos que el resto de las niñas y los niños de este país. Respeto todas las visiones pero honestamente considero que nadie puede creer que el interés superior de un niño sea tener una mamá y un papá y no ser amado, cuidado y educado en el seno de una familia que decidió constituirse como tal y seguir amando, cuidando y protegiendo a esos chicos.

          En mi opinión si hay un interés superior que hay que cuidar es no ser discriminado, y el Estado no puede ser el que discrimine a esos niños que son amados y cuidados dentro de una familia que ha elegido constituirse.

          Por eso quienes trabajamos en el dictamen de mayoría propiciamos el acceso irrestricto a ese instituto del Código Civil, que está amparado en nuestra Constitucional Nacional y no solo en el artículo 16. Por otra parte recuerdo que la Argentina es signataria de distintos pactos internacionales que tienen rango constitucional, entre los cuales puedo mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

          Con el espíritu de ser coherentes con esa guía madre que tenemos los argentinos y las argentinas planteamos el acceso irrestricto a este instituto del Código Civil para todas las mujeres y los hombres de nuestro país sin distinción de su elección o condición sexual.

          Más allá de cómo vote cada diputada o diputado, lo cierto es que históricamente la Argentina ha sido un país de vanguardia y siempre ha empujado a la región en la conquista de los derechos universales. Me siento orgullosa de ser parte de este Parlamento que hoy discute  si el instituto del matrimonio es o no para todos los habitantes del país, y de ser ciudadana de uno de los pocos países que encara este debate.

          Ignoro cuál será el resultado de la votación pero espero que este cuerpo sancione el proyecto propuesto por el dictamen de mayoría, y todos los diputados y las diputadas podamos dar una muestra de responsabilidad en la construcción de la sociedad argentina. Todos queremos que este sea un país mejor, cada uno lo busca desde su visión, pero creo que si se sigue restringiendo el acceso a este derecho a una porción de la población no vamos por un buen camino. Me parece que todos debemos reconocer que este país será significativamente mejor si podemos sancionar el proyecto propuesto por el dictamen de mayoría. (Aplausos en las  bancas y en las galerías.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

 

Sra. Storni.- Señor presidente: en primer término quiero expresar mi reconocimiento en particular a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Comunidad Homosexual Argentina y todas las organizaciones nacionales e internacionales que durante décadas han luchado incansablemente por sus derechos.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Ricardo Alfonsín.

Sra. Storni.- El bloque de la Unión Cívica Radical ha dejado a sus diputados en libertad de conciencia para votar, por lo que es posible que votemos de manera diferente, como ocurre en otras bancadas. Por ello adelanto que votaré por la afirmativa el dictamen de mayoría.

          Tal como lo expresó la diputada Ibarra, quiero destacar que este dictamen es la síntesis de los proyectos de autoría de esta diputada junto con la diputada mandato cumplido Augsburger.

          Hoy estamos considerando una cuestión importantísima y trascendente: la reforma de varios artículos del Código Civil referida a la institución del matrimonio, particularmente el matrimonio civil, que en mi opinión debemos defender básicamente como una institución laica.

          Para abordar el tratamiento de este tema sería propicio delimitar el ámbito de debate evitando confusiones innecesarias que nos alejen del tema. Este debate pertenece al campo de la dignidad humana, al de los derechos que garantizamos a nuestros ciudadanos desde la Constitución Nacional, despojándonos por cierto de nuestras visiones naturales y de posibles vinculaciones de fe, prejuicios personales y marcos normativos que no se encuentran comprendidos en el orden del día, como es la ley de adopción.

          La familia como institución ha recibido constantes modificaciones legislativas, tanto cualitativas como cuantitativas. Los antecedentes nos ilustran: el reconocimiento de todos los hijos que otrora fueran llamados sacrílegos, la derogación de la incapacidad relativa de la mujer posibilitando la administración de los bienes gananciales, el establecimiento de la patria potestad compartida y la igualdad entre cónyuges.

          Junto con este cambio también podemos observar en forma paralela la protección que brinda la Convención Interamericana sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el caso de que cualquier persona decida tener hijos, porque siempre estuvo clara su finalidad y el interés superior del niño. Esta convención rige para todos los niños hijos de familias heterosexuales –si nos guiamos por una clasificación tradicional‑ y para todos los futuros hijos de nuevas familias, si nos guiamos por una actual y creciente clasificación, la de la inclinación afectiva.

          El significado de una vida en armonía con la dignidad humana fue cobrando dimensiones diferentes según las épocas, entendiéndose y exigiéndose el cumplimiento de nuevos derechos.

          En este sentido, debo destacar que la dignidad humana no es un atributo que cada persona tenga por sí misma con independencia de la existencia de otras personas, ya que la dignidad humana cobra su corolario como garantía del contexto social, de sus relaciones interpersonales y de relaciones de igualdad, y consecuentemente la pierde cuando es negada o degradada por otros.

          Con la mirada en la dignidad humana, evitando que sea una mera declaración de principios o un texto de buenas intenciones, necesitamos construir desde la modificación de algunas leyes del Código Civil un orden social más justo y solidario. El Estado es el que debe organizarse y hacer cumplir lo firmado. Así como en distintos momentos de la vida debemos asegurar ciertos derechos que cobran importancia primaria, como la alimentación y la salud en la infancia, también debemos garantizar en la vida adulta la posibilidad de elección, cualquiera sea la inclinación afectiva, pues la formación de la familia es la base esencial y el matrimonio la formalización de una situación de hecho.

          Cuando hablamos de esta reforma del Código Civil estamos refiriéndonos a derechos protegidos constitucionalmente, en particular por los artículos 16, 19 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional, estos últimos, incisos que otorgan rango constitucional a los tratados internacionales vinculados a los derechos humanos.

          En la conquista de los derechos humanos hemos recorrido un largo camino. Realmente estoy muy orgullosa y siento una profunda satisfacción por el nivel en el que está transcurriendo este debate, antes impensado. Recordemos las polémicas, la virulencia y el escándalo que en su momento generó la ley de divorcio. En este sentido, vaya mi reconocimiento como radical al presidente Raúl Alfonsín, que impulsó esta transformación del Código Civil para introducir la ley de divorcio ‑ante la necesidad de parejas que habían dejado de amarse y sin embargo tenían cuestiones en común‑ y también la ley de patria potestad.

          Esta situación fue regulada logrando el respaldo de amplios sectores de la población, y por cierto el rechazo de algunos que como hoy siguen pensando que estamos destruyendo a la familia. No; estamos intentando legislar a favor de la igualdad y dar cumplimiento al mandato constitucional. Queremos legislar en el sentido del reconocimiento de los derechos de las minorías.

          Es importante que podamos reconocer la existencia de los derechos considerados de cuarta generación, como es el derecho a ser diferente, que deriva del derecho a la libertad.

          Soy de la provincia de Córdoba, que fue pionera en la lucha por los derechos. Pertenezco a una universidad que marcó un hito en 1918, en un proceso de transformación que fue ejemplo en Latinoamérica. Esta reforma universitaria generó un avance significativo. En su Manifiesto Liminar rezaba “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. ¡Qué grandes palabras! ¡Qué vigencia tienen a la luz de este tema que hoy es motivo de un debate serio y responsable!

          Sin embargo, a la par de estos avances quedaban ciertos resabios que llegaron casi hasta ese siglo y que, valga la redundancia, fue la Justicia la que hizo justicia.

          Me estoy refiriendo al caso del Colegio Universitario Montserrat, que discriminaba absolutamente el ingreso de las mujeres amparándose en una supuesta tradición, francamente más digna de la Edad Media que de los tiempos actuales. Fue la Justicia la que hizo justicia amparando realmente los derechos humanos.

          Y hoy me llena de orgullo comentarles que me acaban de alcanzar una resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba –de la cual soy docente‑, que dice: “Visto la solicitud de la consejera estudiantil Lorena Bruno de adhesión al acto organizado por la Multisectorial por la Democratización del Matrimonio y de apoyo al debate y las discusiones por una sociedad más justa que no discrimine a las personas por género o por su orientación sexual; y considerando que la consejera Bruno presenta el proyecto de ley de reforma del Código Civil sobre los derechos en las relaciones de familia, incluyendo las personas del mismo sexo; por ello, en la sesión del día de la fecha, sobre tablas y por unanimidad, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología resuelve: Artículo 1°.- Apoyar el debate y la discusión por una sociedad más justa que no discrimine a las personas por género o por su orientación sexual. Artículo 2°.- Autorizar a la señora decana a que adhiera al acto público a favor del matrimonio para todas y todos, cuando esté disponible toda la información sobre horario, fecha y lugar. Artículo 3°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.” Esta resolución lleva el número 96 y es del mes de marzo del corriente año.

          Es decir que ha habido un profundo debate no solamente en la Facultad de Psicología sino también en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero quiero destacar este hecho porque mucho se ha hablado de los enormes riesgos que existen en el caso de un matrimonio pleno que pudiera incluir eventualmente la adopción de niños ya que se estaría incurriendo en una gravísima violación de la convención que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

          Señor presidente: no podemos equiparar homosexualidad con perversión. Existen perversos homosexuales y existen perversos heterosexuales. La mayor cantidad de casos de abuso sexual que conocemos trascurren en seno de familias heterosexuales y se trata de garantizar el interés superior del niño.

          Hemos avanzado notablemente despojando los prejuicios. La psicología y el psicoanálisis tienen mucho que decir al respecto pero no voy a abundar en esos detalles. Simplemente quiero destacar esta situación porque me parece que una prestigiosa institución académica que emite una resolución de ese tipo está avalándola, y jamás lo haría si hubiera algo que fuera contrario a cualquier tipo de derecho que involucre a niños y adolescentes.

          Recordaba que algunos siglos atrás se luchaba por la defensa de los derechos civiles, y un ícono fundamental fue la Revolución Francesa. ¿Cuál era su lema? Libertad, igualdad y fraternidad. Hoy podríamos decir que sigue teniendo vigencia el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad en la diversidad. Queremos ciudadanía plena para todas y todos los argentinos. Debemos desterrar la homofobia y terminar con toda forma de discriminación respetando el derecho de las minorías a gozar de una vida plena y de la libertad de elegir con quien compartir su vida y, si así lo resolviere, la libertad de hacerlo con una persona del mismo sexo. Se trata de la libertad de amar, de pensar, de sentir como ciudadanos de derechos plenos con absoluta dignidad.

          Es realmente notable que en la Argentina se haya dado este debate con la altura y con la profundidad que lo estamos haciendo. Tengamos en cuenta que en el 2003 en Holanda se sancionó la primera ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. En este momento siete países ya han legislado al respecto. Me parece importantísimo que todo esto salga a la luz pública y que se discuta en todos los ámbitos; no solamente en el Congreso.

           Quisiera hacer mías las palabras vertidas por el doctor Gil Domínguez en los debates que se llevaron a cabo en las reuniones de comisión durante el año pasado.

          Citando a ese gran maestro que fue Sigmund Freud, en “Tres ensayos sobre teoría sexual” se refiere a un niño de tres años al que cierta vez oyó dirigirse a su tía, desde la habitación en que lo habían encerrado de la siguiente manera: “Tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro”. Y la tía le respondió: “¿Qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme”. A esto el niño respondió diciendo: “No importa, hay mucha más luz cuando alguien habla”.

          De eso se trata la aplicación de la Constitución en este caso: de dar luz simbólica y normativa desde ese otro no absoluto y no inconmensurable a aquellas personas que hoy, desde la ley, están siendo discriminadas y no están siendo consideradas. Este no es sólo un tema normativo sino también de constitución subjetiva en el marco de un Estado constitucional de derecho donde el pluralismo y la tolerancia es el motor que todos los días nos guía.

          Por último, para concluir, también quisiera citar las palabras de Pedro Zerolo, licenciado en Derecho y concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista. Se trata de un activo militante por los derechos de la comunidad homosexual.

          Pedro decía: “La Argentina se merece llegar por primera vez puntual a la cita con la igualdad, y en sus manos está lograrlo. Les pido que participen activamente, que defiendan el carácter constitucional de la reforma y que también defiendan este proyecto con convencimiento y con patriotismo. La historia mira hoy a la
Argentina
y este desafío está hoy en vuestras manos”.

          En eso estamos hoy: en legislar a favor de la igualdad de los derechos protegidos constitucionalmente, y a favor de la inclusión de las minorías y de los derechos humanos.

 

Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra el señor diputado Buenos Aires.

 

Sr. Solá.- Señor presidente: voy a compartir mi tiempo con la diputada Celia Arena, quien pertenece a mi bloque.

          Como ya se ha visto tanto en el bloque que represento como en otros, el tema que nos trae hoy a la Cámara tiene posiciones divergentes. Como ya se ha visto también -y si así no fuere es bueno remarcarlo aquí- ninguna de esas posiciones divergentes va significar en ningún caso la ruptura o la modificación de las relaciones políticas, sociales y amistosas que mantenemos.

          Como no sé si se ha visto, es bueno recordar, y creo que lo sabemos los diputados presentes y los que no lo están –también lo saben quienes están en las gradas- que en este Parlamento, en líneas generales –y me puedo equivocar en algún caso- existe una división entre quienes quieren reconocer el matrimonio entre individuos de un mismo sexo y quienes quieren reconocer la unión civil de los mismos individuos. Dicho de otra manera, no sé si llamar “homofóbica” a la posición de los que buscan la unión civil.

          Soy el presidente de este bloque y junto con otros seis diputados vamos a votar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. (Aplausos.) Hay otros 24 diputados que quisieran que hoy se tratara la ley de unión civil. Me consta que no quieren discriminar, que tienen plena conciencia de la profundidad de lo que se trata, de la historia de la discriminación, de la homofobia y de la persecución durante siglos a quienes no eligieron el sexo que tienen sino que, simplemente, en forma natural se encontraron con él.

          Sin embargo, mis palabras no van a ser para defender a mis compañeros que sostienen esta segunda posición sino que servirán para defender mí posición, es decir, estar a favor del matrimonio del mismo sexo.

          Señor presidente: no puedo recurrir al derecho. No soy abogado ni tampoco soy de aquellos que creen que hay que citar cuestiones del derecho para lucirse en esta Cámara. Por el contrario; hay otros que lo hacen muchísimo mejor porque les sale naturalmente y saben de qué hablan.

          Sólo voy a recurrir a lo que me pasa como persona, que supongo es lo que le ocurre a muchos en la Argentina. Este no es un tema que pueda ser resuelto mediante una encuesta; tengo entendido que los resultados de las encuestas son favorables al matrimonio homosexual, aunque no me consta.

          Asimismo, tengo entendido que nuestra sociedad acepta con muchísimas más facilidad los vertiginosos cambios culturales que debe soportar el mundo, que quienes tenemos responsabilidades públicas. Alguien dijo que este mundo se parece mucho menos al de 1970, época en la que el hombre llegó a la Luna, que éste al mundo del Renacimiento. Este mundo, que es tan cruel en tantas cosas, es menos hipócrita en lo que respecta a la discriminación vinculada con la orientación sexual.

          Durante muchísimo tiempo varones y mujeres que se encontraron con su naturalidad sexual, por así decirlo, debieron reprimirse. Fueron años y años, y tal vez milenios, de sacrificios y de dolor.

          No estamos solamente legislando para el presente y el futuro; también estamos haciendo justicia frente al pasado terrible que debieron vivir quienes no eligieron su sexualidad, una sexualidad que al resto de la sociedad no le gustaba.

          Las palabras tienen un enorme valor; se sostiene que cuántas más palabras conocemos, mayor cantidad de imágenes podemos tener y, por lo tanto, más amplio puede ser nuestro pensamiento. Asimismo, se dice que un idioma restringido limita la capacidad de mirar el mundo.

          El término “matrimonio”, que encierra un valor prohibitivo para los varones y mujeres de buena voluntad que están en este recinto y que no quieren seguir discriminando a nadie, es justamente el término que implica igualdad de derechos para aquellos que no eligieron su sexualidad, que son homosexuales y que quieren tener la posibilidad de casarse. La palabra “matrimonio” es la única que ellos sienten que puede devolverles el derecho pleno. Ya que no hay igualdad social y económica, por lo menos que haya igualdad legal.

          La palabra “matrimonio”, que en su origen significa “función de madre” –no ser madre sino función de madre‑, es para muchos una enorme traba a partir de su adopción por las iglesias. Las iglesias, sobre todo las cristianas y en especial el culto católico, en el que me eduqué, consideran que está más cerca de Dios quien es perseguido –ya sea un pobre, un oprimido, un esclavo o lo que fuere‑ que aquel que lleva una vida con todos los derechos. En otras palabras, creen que está más cerca de Dios aquel que sufre, independientemente de cuál sea su condición.

          Si hablamos de cristianismo, no entiendo cómo se puede invocar a la Iglesia católica para negar a una minoría la igualdad ante la ley. No comprendo que se pueda actuar de esa manera en nombre de algo tan íntimo, tan personal, tan de puertas adentro como es la decisión de convivir, de brindar y de recibir amor independientemente de la condición sexual. No entiendo cómo a esta altura podemos creernos jueces para decidir respecto de lo que ocurre puertas adentro.

          Pienso que sólo se puede hablar de optar por la libertad cuantas más opciones de la libertad existen, y esto se logra aumentando los grados de libertad del individuo oprimido del mundo de hoy y no sólo de las minorías de las que hablamos.

          Aliviemos la situación de quienes pueden ser aliviados; no tenemos derecho de no hacerlo. Es mucho mayor el sufrimiento de quien no puede gozar de igualdad ante la ley que el sufrimiento de aquel que considera que esa igualdad lo ofende pese a que puede gozar de ella. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que se encuentra en una situación de desigualdad o el que, como es heterosexual, quiere legislar desde una posición sin problemas? ¿Por qué no nos sometemos un día a una cámara de homosexuales para que juzguen nuestros derechos?

          Por otra parte, quiero recordar que muchos  países avanzaron de a poco, como no lo está haciendo la Argentina. Pareciera que el tiempo no pasa; sin embargo, aunque aparentemente el tema no está maduro en el debate sí lo está en el pensamiento de la sociedad, que no asigna una importancia tan trascendental a los cambios supuestamente negativos que introduciría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

          Canadá primero les otorgó la condición de cónyuges a las personas del mismo sexo, lo que les permitía acceder y agilizar trámites vinculados con el derecho de pareja; por ejemplo, que uno tuviera la misma obra social del otro o de la otra.

          Luego vino la unión civil, que otorgaba todos los derechos menos los de adoptar y heredar.

          Finalmente vino el matrimonio; como es sabido, una sola persona puede adoptar si así lo habilita un juez, pero dos del mismo sexo no pueden hacerlo.

          Si hablamos de “personas” y si todos somos iguales ante la ley como lo establece nuestra Constitución Nacional, ¿por qué queremos asignar otro nombre a la unión definitiva entre parejas del mismo sexo? Estamos mostrando la hilacha; estamos mostrando discriminación, por sutil que sea. Esto es como decir: los blancos a la primera parte del ómnibus, aunque allí haga más calor, y los negros a la segunda parte del ómnibus aunque allí esté más fresco en verano.

          Por el contrario, frente a una naturaleza que no gobernamos y que fabrica desiguales en general, nuestra misión es equiparar a esos desiguales con igualdad ante la ley.

          Podría decir mucho más, pero sólo agregaré que mi experiencia familiar –no hablo de experiencia propia sino de la de mis hermanas‑ está ligada a la adopción en dos casos. En uno de ellos, mi hermana cuando enviudó adoptó un niño que había sido dado en guarda a dos parejas heterosexuales que por desavenencias entre ellas lo habían devuelto en ambos casos al terrible lugar en el que vivía. Traigo este ejemplo a colación porque la esencia central de la adopción es la responsabilidad y el amor. Todo lo demás, no importa. ¿Qué se le pide a quien va a adoptar? Básicamente, que pueda sostener al adoptado. De lo contrario, la adopción no tiene sentido.  Pero además se le pide amor.

          Hace muchos años, Florencio Escardó escribió un libro en el que  colaboró otro pediatra –mi abuelo‑, que llevó por título Amor y proteínas. Con ese nombre se quiso resumir lo que necesitan los niños; las proteínas dan la posibilidad de mantener la salud de un chico, mientras que el amor es aquello que lo rescata. Y el amor no es propiedad de los heterosexuales. (Aplausos.)

          El amor es lo que hace –que me perdonen los no adoptados, entre ellos yo mismo- que suelan ser más queridos aquellos hijos buscados en adopción, peleados en adopción durante meses, en un país donde es difícil adoptar, a menos que se entre en la corrupción de la adopción que conocemos. Como decía, el amor es lo que hace que esos hijos sean más queridos. Así cuando a veces la discapacidad de un hijo hace que sea el hijo preferido, el más querido, al que se le da más amor y del que se recibe más amor. Esto lo hemos visto muchas veces en familias con hijos discapacitados y hemos aprendido de la experiencia; no es una ley, es algo que la vida genera.

          No me van a negar ustedes que si una pareja, homosexual o heterosexual, tiene amor por un hijo adoptado, el niño no tiene las mejores condiciones para criarse. Lo demás es el prejuicio estético que hay contra el matrimonio homosexual, nuestros propios prejuicios.

          ¿Es mejor ser adoptado por un hombre solo, que se puede, o por una mujer sola, que se puede? Si el niño es adoptado por una pareja y uno de ellos muere, al menos el otro sigue cumpliendo la función de padre. Esa función no es tan natural como se dice, esa función se elige, a Dios gracias, se cumple y no importa el sexo que se tenga.

          Discúlpenme todos aquellos que crean, por la forma en que hablo, que trato de agredir para ganar hoy esta votación. De ninguna manera. Yo soy el primero en decir a todos los que están en las gradas, a los militantes, a los que se quieren casar o simplemente a los que quieren tener igualdad legal, que no he visto en mis compañeros, en mis colegas, otra idea que la de tratar de beneficiarlos, sólo que algunos tienen sus límites. De modo que si he dicho algo que pueda hacer sentir ofendido a alguien que no va a votar como yo, le pido disculpas por anticipado.

          Esta es mi posición, señor presidente, y decidí hacerla pública, después de consultar con mis compañeros que votan distinto y con mis compañeros que votan igual. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: en esta oportunidad voy a plantear la posición de una cantidad de diputados y diputadas del bloque de la Coalición Cívica que adherimos, acompañamos y vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

          En primer lugar, quiero hacer un expreso reconocimiento a todas las organizaciones de la comunidad civil, gays, bisexuales, lesbianas, travestis y transexuales que han acompañado con su activismo constante esta lucha, con el convencimiento de que si no fuera por este activismo y esta militancia no estaríamos hoy discutiendo este proyecto en el recinto.

          También quiero hacer un reconocimiento al diputado mandato cumplido Di Polina porque él fue quien primero presentó este proyecto con el acompañamiento de algunos otros señores diputados y posteriormente la señora diputada Silvia Augsburger siguió con la lucha. Me parece justo mencionarlo en esta ocasión.

          El dictamen que estamos tratando va más allá del derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, dado que tiene como objetivo central garantizar derechos de raigambre constitucional. Por eso no es una cuestión de mera decisión o algo a lo que tan sencillamente podamos optar quienes hoy somos representantes del pueblo. Esto escapa a la voluntad de todos nosotros porque es una cuestión –y me referiré después a esto- que está decidida por nuestra Constitución Nacional.

          Este proyecto refiere a cuestiones básicas de derechos humanos fundamentales de todas las personas y es crucial para la construcción de ciudadanía, entendida como el acceso al pleno goce y ejercicio de los derechos.

          Respecto de estos derechos fundamentales –y a ellos me he referido en más de una ocasión- Carlos Nino elaboró un marco sobre tres principios fundamentales: el de la autonomía, el de la inviolabilidad y el de la dignidad de la persona humana.

          Básicamente me voy a referir al primero de estos principios, que es el de autonomía, que puede reconocer una raíz kantiana y que se vincula con la posibilidad que cada persona tiene de optar libremente su plan de vida y de contar con los medios para poder materializarlo, efectivamente como se ha dicho acá, siempre y cuando no se afecte a terceros. Este principio es incorporado por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

          Ya se ha dicho claramente cómo este caso del derecho contra el matrimonio no afecta a otras terceras personas y, en todo caso, de qué forma las preferencias de las terceras personas no pueden sobreponerse a este ideal de autonomía que nosotros tenemos el deber de proteger.

          Esta misma línea de entendimiento fue adoptada en un fallo liberal de nuestra Corte Suprema, como ha sido el caso Ponzetti de Balbín, y no estoy diciendo absolutamente nada nuevo.

          Creo que aceptar que alguien, y más aún nosotros mismos, crucemos la línea de la autonomía personal, es un grave precedente en la violación de los derechos individuales que no nos está permitida.

          La gente nos vota para implementar políticas públicas, para defender, para garantizar derechos. ¿Por qué cualquiera de nosotros o nosotras va a saber más que una persona individual qué es lo que le conviene para su propio plan de vida? Sinceramente, ninguno de nosotros, ningún representante, tiene más competencia que ninguna de las personas que nos votaron para saber qué es lo que tienen que hacer con su sexualidad o con su vida privada. En realidad, considero que nadie tiene competencia para negar estos derechos y tomar medidas que no respeten estas decisiones personales. Es más, todo el diseño de derechos individuales fundamentales ha sido consagrado a los fines de evitar que aun mayorías circunstanciales puedan imponerse sobre estos derechos.

          En este sentido voy a citar a Dworkin, quien consideraba como una carta de triunfo, un as en la manga, una valla, aquellos derechos en los que las mayorías no pueden imponerse sobre las minorías. Ahora esta autonomía no es valiosa, independientemente de cómo está distribuida.

          Justamente los derechos, las oportunidades, los bienes y los recursos económicos, sociales, culturales y simbólicos deben ser distribuidos en forma igualitaria y esto es lo que estamos discutiendo hoy aquí, es decir, qué estándar de igualdad va a tener esta Cámara para todas las relaciones intersubjetivas, no solamente para cuestiones que tengan que ver con el derecho a contraer matrimonio.

     Esta noción de igualdad no es un ideal abstracto. Se encarna en cada decisión que tomamos. Por eso la posición que adoptemos realmente es de suma responsabilidad  para cada uno de nosotros, debido a que este estándar va a ser el que rija y el que luego deba regir relaciones entre varones y mujeres, personas con necesidades especiales, pueblos originarios, adultos mayores, personas de escasos recursos, distintos tipos de diversidades sexuales, y así podríamos seguir con una eterna lista en donde se plantean toda clase de relaciones intersubjetivas. Lo cierto es que nuestra Constitución Nacional ya nos dio un pie sumamente claro respecto de este principio de igualdad en el artículo 16 de la vieja versión. A partir de la reforma constitucional de 1994 este principio del artículo 16 se ha profundizado a través del reconocimiento de la jerarquía constitucional y de los tratados internacionales citados en el artículo 75, inciso 22, que incluye un principio más amplio aún que el viejo principio de igualdad: la prohibición de toda forma de discriminación.

     Justamente esto nos obliga a adoptar cláusulas más robustas para la protección de la igualdad y la no discriminación. La discriminación no sólo es una categoría sospechosa sino que también socava el ejercicio de otros derechos. El Estado se encuentra obligado a garantizar el ejercicio de estos derechos básicos para cumplir tanto con los tratados internacionales como con las obligaciones que se ha comprometido y asumido internacionalmente.

     La utilización del discurso de los derechos humanos en materia de este tipo de leyes tiene un efecto de doble vía. Ofrece los mejores argumentos y fundamentos a los fines de justificar este tipo de normas y medidas, pero a la vez permite construir una concepción más robusta de los derechos humanos y de la responsabilidad estatal por la omisión de garantizarlos.

     Por eso, este juego sistemático de los artículos 16, 19 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional es el que establece el marco de nuestro accionar en el día de la fecha.

     Como lo dijera el juez Warren en un fallo famoso de la corte norteamericana hay opciones que, como representantes del pueblo, no podemos tomar, dado que la propia Constitución Nacional ya ha tomado esta decisión por nosotros. El derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio es una de estas decisiones.

     Por este motivo resulta inconstitucional un régimen diferenciado y únicamente aplicado a personas del mismo sexo, como contemplan algunos de los dictámenes de minoría. Tal como se ha dicho acá, sería equivalente a la discriminación sufrida por las personas de color en materia de educación o transporte público en Estados Unidos, que eran relegados a lo que fue denominado régimen de segregados pero iguales, y cuya inconstitucionalidad fuera totalmente establecida por la propia corte norteamericana en el fallo que cité con las palabras del juez Warren.

     En el mismo sentido se pronunció nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo Delgado c/ Universidad de Córdoba, más conocido como Colegio Montserrat, que prohibió la discriminación contra mujeres que no podían ingresar a ese colegio, y utilizó exactamente los mismos fundamentos. Estos fundamentos son aplicables en el día de hoy.

     Ahora bien, también existen otros dictámenes. En este sentido, lo que debemos aclarar es que tampoco pueden mantenerse dos regímenes, aun cuando fueran para relaciones entre personas de igual o distinto sexo, que garanticen menos o diferentes derechos que otro régimen al que sólo pueden acceder personas heterosexuales. Nuevamente, este sería un claro caso de violación a la cláusula de prohibición a la discriminación, aún cuando se tratara ‑insisto- de un régimen aplicable a personas de igual o distinto sexo. Si tiene menos derechos que otro que sólo puede ser accesible a personas heterosexuales, este es un régimen discriminatorio.

     La identidad humana es indivisible, como lo son los derechos humanos y también los seres humanos. No tiene sentido asegurar la protección de los derechos humanos de una parte de nuestra identidad y al mismo tiempo dejar de proteger un componente central de la identidad humana como lo es la sexualidad. Por lo tanto, no es aplicable al caso la regla que sostienen algunos respecto de que debe darse tratamiento similar a quienes son iguales, y diferente a quienes se consideran distintos.

     Las mujeres ya hemos padecido durante siglos, y sobre la base de distintos argumentos, este tipo de justificaciones en su mayoría de base biologicista, que partiendo de una biología diferente justificaron una sistemática discriminación, violencia y exclusión. Este mismo sufrimiento es el padecido por quienes adoptan sexualidades diversas, ya sean gays, lesbianas, bisexuales, intersex, travestis, entre otros.

     Sostengo que no puede aplicarse esta regla que durante siglos perpetúa patrones de discriminación, subordinación y exclusión desde distintos ámbitos, incluido el derecho, porque lo que es relevante es la agencia moral de cada persona para tomar libre y en forma responsable sus propias decisiones en igualdad de condiciones. De esto se trata, y no de otra diferencia. Esta agencia moral es idéntica para todas las personas, entonces le corresponde idénticos derechos.

     El debate de esta ley tiene una dimensión simbólica y otra práctica.  En el ámbito de la dimensión simbólica la discusión excede la cuestión concreta de la institución matrimonial. Muchas veces hemos señalado los déficit de esta propia institución. La dimensión simbólica, tal como se ha sostenido, es de particular importancia a los fines de la reivindicación de los derechos.

     Voy a solicitar permiso para leer una cita de Hendrik Hartog que nos ilustra quiénes son los actores que se oponen a este tipo de leyes. En este sentido, señala: “existe una importante continuidad genealógica entre quienes se opusieron a la liberalización del divorcio -es decir, que trabajaron para mantener estrictas las reglas de salida-; quienes objetaron variedades de cambios en las reglas que permitían a las esposas reclamar una igualdad relativa respecto de sus esposos; quienes insistieron en la continua obligación de las esposas de encontrar sus identidades dentro de matrimonios controlados por los maridos; quienes lamentaron la incursión de las mujeres en la fuerza de trabajo; quienes querían restringir la expresión sexual a los confines del matrimonio, y quienes en la actualidad lideran la oposición al matrimonio gay”.

     El apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo es una apertura y madurez en la concepción de valores democráticos, el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a vivir en una sociedad que contemple y no ignore sus experiencias de vida, el derecho a verse reflejadas en su cultura y en su sociedad y no invisibilizadas, de vivir libres de discriminación, fundadas en la orientación sexual o en la identidad de género. El objetivo final debe ser la construcción de una cultura de derechos humanos que afirme una universalidad, pero a la vez sea respetuosa de la diversidad.

          Aquí se ha dicho, por ejemplo, que estamos cambiando el régimen de adopción. Esto no es así, tal como lo ha señalado la señora diputada miembro informante. En este momento una persona gay, lesbiana, bisexual, travesti, transexual puede adoptar, y de hecho hay casos judiciales en que se ha otorgado la adopción.

          Es más, efectivamente la Justicia está más avanzada: ha permitido que una pareja de lesbianas tenga la posibilidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida con la cobertura de su obra social. Yo realmente deseo que sea este Congreso el que asuma la responsabilidad, como representantes del pueblo que somos quienes lo integramos, de garantizar esos derechos y no dejar librada la decisión al Poder Judicial, como sucedió cuando el Congreso no tuvo el valor de consagrar la ley de divorcio y dejó la decisión en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

          Debemos ser nosotros quienes impulsemos los cambios normativos para que se ajusten a las realidades de nuestra sociedad. Como representantes del pueblo, nuestra obligación es honrar la Constitución. Es eso lo que juramos hacer y respetar y es eso lo que debemos hacer. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Alfonsín).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. González (G.E.).- Señor presidente: hoy tenemos la oportunidad, y asimismo la gran responsabilidad, de reconocer derechos a personas adultas que no gozan de ellos. Tenemos la oportunidad de reconocer las uniones homosexuales y de garantizar los derechos referidos a la previsión social, los derechos sucesorios, patrimoniales y migratorios.

          Esta gran responsabilidad nos exige observar la historia y la realidad. La historia nos dice que el matrimonio ha sido concebido como la unión del hombre y la mujer, que en su complementariedad natural única tienen una capacidad especial y distintiva: la de transmitir vida a sus hijos, la de procrear.

          El matrimonio, como unión entre hombre y mujer, tiene una significancia social de continuidad, de procreación. Así concebido, el matrimonio está en nuestro Código Civil, en los convenios y los tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional, pero del mismo modo en que tenemos que contemplar la historia debemos hacer lo propio con la realidad, y ésta nos dice que las personas se unen por amor, aun sin poseer esta capacidad natural y distintiva.

          Ante esta realidad y ante la historia el Estado tiene que proteger a las personas sin discriminarlas, pero circunscribir el matrimonio a la unión entre el hombre y la mujer no es discriminar injustamente, porque se trata de dos realidades distintas. Es un error plantear la diferencia y las dos realidades distintas circunscribiéndolas a la opción sexual.

 

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Susana Fadel.

 

Sra. González (G.E.).- No estamos diciendo que el matrimonio, concebido como unión entre hombre y mujer, es distinto a las uniones homosexuales, porque las personas contempladas en esas instituciones tienen opciones sexuales diferentes. Estamos diciendo que la unión entre el hombre y la mujer tiene la característica distintiva y natural de transmitir vida. Reconocer esta característica natural y distintiva es reconocer nuestra naturaleza humana. Es así que el matrimonio se constituye en la base de la familia y exige la tutela del Estado como institución diferente de la que proponemos nosotros en nuestro dictamen de minoría, como enlace civil, para contener y reconocer las uniones homosexuales.

          Se habla de igualdad. Ciertamente el Estado tiene que defender y garantizar el principio de igualdad, pero se trata –repito- de dos realidades diferentes.

          Cuando tuve oportunidad de participar en el debate lo cierto es que pude percibir una cierta visión negativa respecto de la institución del matrimonio. Cuando se hablaba de matrimonio se hacía referencia a la heterosexualidad compulsiva, a una institución propia del capitalismo, a la dominación del hombre sobre la mujer. La verdad es que percibí que se está utilizando la institución del matrimonio como una lucha política y que no hay un real interés en el matrimonio como una institución social, porque hay una visión negativa respecto de lo que el matrimonio ha sido y es.

          Por lo tanto, no parece justo tener que modificar la institución del matrimonio, porque hoy este Congreso, el Estado que somos, puede proteger ambas realidades distintas, puede legislar para ambas sin necesidad de modificar la institución matrimonial, que ha sido la base del ordenamiento jurídico familiar de nuestra sociedad.

          Dicho esto, me cabe reconocer que hay un consenso -y creo que esto es muy positivo- acerca del reconocimiento de las uniones homosexuales y de sus derechos, pero hay muchas más dudas que certezas respecto de avanzar en el derecho de la adopción.

          Aquí quisiera detenerme para separar entre quienes tenemos una posición tomada y aquellos que no la tienen acerca de la conveniencia de esta iniciativa, de qué es bueno para nuestros niños. En realidad, nos debemos un debate profundo en el seno de esta Cámara sobre la ley de adopción, porque hoy –tal como lo plantea el dictamen de mayoría- se estaría incluyendo el derecho a la adopción como un derecho más de las uniones homosexuales; estaríamos hablando del derecho de las parejas a tener hijos y no de lo que significa la adopción, que es el derecho de los niños a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, la mejor que se pueda tener.

          Por lo tanto, advierto una actitud como de empecinamiento en forzar una norma que, si tiene los votos, no tiene los consensos sociales necesarios e impide avanzar positivamente en el reconocimiento de los derechos y de las uniones homosexuales, en lo que creo que sí hay consenso.

          Insisto: este pleno se debe el debate de la ley de adopción, y en esto me permito dar una opinión personal porque sí tengo una posición al respecto. Pregunto si es lo mismo que un chiquito crezca y se desarrolle en el seno de una familia compuesta por una mamá y un papá o que lo haga en una familia con dos papás o con dos mamás. Me cuesta aceptar que, frente a la situación de tener que entregar en adopción a un niño –que ya de por sí tiene que pasar por la situación dolorosa de no tener a sus progenitores-, el Estado aplique como único criterio el orden de inscripción en el registro, es decir, qué pareja se anotó primero, sin considerar si se trata de una pareja integrada por mamá y papá o bien por uno de los binomios mamá-mamá o papá-papá. No podemos dejar de reconocer que si hoy no les damos a los jueces las herramientas para decidir respecto de las situaciones particulares de los chicos ‑tal cual lo manifestara el señor diputado Pinedo cuando hizo uso de la palabra estaríamos frente a situaciones y ante los ojos del dictamen de mayoría, de discriminación si el juez decidiese que ese chico es mejor que crezca y que se desarrolle en un seno donde hay una mamá y un papá.

          Tenemos hoy la oportunidad de dar derechos a las personas adultas, que no gozan de ellos, sin descuidar el interés superior de los niños y por supuesto, dándonos la oportunidad en esta Cámara de debatir profundamente la ley de adopción, además en este tema tan sensible y por supuesto tan controvertido, tan difícil para muchos incluso desde la fe, como se ha planteado.

          Por lo tanto, creo que nuestro dictamen de minoría, tal como lo planteamos, no sólo reconoce sino que además avanza sobre una figura con  menos restricciones y más libertades, entendiendo que ha sido parte de las demandas de la comunidad homosexual.

          Pero apelo a la razonabilidad de que la diferencia radica primero en que el matrimonio tiene estas características distintivas de generar vida, y en segundo lugar, esta Cámara se debe  dar un debate profundo sobre la adopción, tema en el cual no hay tanto consenso, para que avancemos en la votación de una figura como el enlace civil.

          Aquellos que tenemos certezas respecto de lo que conviene o no, de lo que está bien para un niño, para su crecimiento, podremos de esa manera debatir acerca de su oportunidad, y quienes tienen más dudas que certezas podrán poner como prioridad el interés superior de los niños, y no que hoy se vote como un derecho más entre los derechos que le reconocemos a las uniones homosexuales. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).-  Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Fein.- Señora presidenta: voy a ser muy breve, para dejar que el señor diputado Cortina dé los fundamentos. De todas maneras nos parecía importante desde el bloque socialista en primer lugar plantear nuestro unánime apoyo al dictamen de mayoría.

          Debemos reconocer este día tan importante donde por primera vez en la historia de nuestro país estamos discutiendo el acceso a la igualdad de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, igualdad consagrada en la Constitución nacional desde 1853.

          Debemos aprovechar un día como el de hoy, tan trascendente, para hacer algunos reconocimientos, porque como se ha planteado en otras discusiones y en otros países, creemos que cada derecho conquistado, cada libertad alcanzada ha sido fruto del esfuerzo y del sacrificio de muchas personas, que hoy queremos reconocer y enorgullecernos de ellas.

          Estamos tratando un dictamen que surge de proyectos de nuestro bloque, de la señora diputada mandato cumplido Silvia Ausburger, una compañera que ha compartido nuestro bloque hasta hace algunos meses y que sabemos que hoy comparte este día con nosotros los socialistas, que creemos tener la convicción y el deber de transitar este camino de la igualdad.

          También debe mencionarse el dictamen de la señora diputada Ibarra que ha trabajado en el marco de la comisión con un amplio consenso, con un amplio debate y que a partir de este dictamen ha comenzado a construir un proceso de igualdad social en nuestro país, sin discriminaciones. 

          Los socialistas no creemos que  la legislación deba establecer categorías diferenciadas en la orientación sexual de las personas y otorgar a las personas heterosexuales una protección superior, porque esto resultaría claramente discriminatorio.

          Así mismo creemos, como ciudadanos y ciudadanas, que tenemos la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley, una igualdad que respete las diferencias y que garantice la justicia de trato y oportunidades.

          Fundamentalmente, queremos decir que este debate de derechos civiles es también un debate de derechos humanos y en este proceso estamos hablando de los derechos de Diego que está enamorado de Miguel, de los derechos de Roberto y Pablo, de Juana y Marcela y también estamos con muchísimos nombres propios como los de Alex y José, como los de Norma y Ramona, que con sus historia contribuyeron a mostrar la realidad que es y a permitir un reconocimiento jurídico para que se cumpla el derecho de amor y felicidad.

          Por eso, este bloque va a apoyar por unanimidad el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Cortina.- Señora presidenta: ya ha sido dicho por la señora presidenta de mi bloque que vamos a acompañar este despacho de las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer y Minoridad.

          Seguramente estamos en una sesión histórica, con numerosos discursos que obran en la versión taquigráfica, sin duda muy importantes, tanto como cuando se discutió en la década de los 80 el divorcio o en el siglo XIX el casamiento por registro civil.

          Me gustaría dar lectura de algunos párrafos de un documento muy práctico que hizo la Federación Nacional de Lesbianas, Gays, Personas Trans y Bisexuales.  Creo que fue elaborado por el área de comunicación y prensa y publicado por el periodista Bruno Bimbi, en el Diario Crítica si mal no recuerdo, donde se hace hincapié en algunas cuestiones  que se plantean en contra de la sanción de este proyecto de ley.

          Entre estas cuestiones está por ejemplo aquélla que dice que la finalidad del matrimonio es la procreación, el cuidado de los hijos y la preservación de la especie.  Como han dicho algunos señores diputados aquí, el matrimonio asegura la procreación.

          Dice el documento que si así fuera debería prohibirse el matrimonio a las personas estériles o a las mujeres después de la menopausia.  Sería necesario instaurar un examen de fertilidad previo al casamiento y que cada pareja jure que va a procrear, bajo pena de nulidad si no lo hiciera en un determinado plazo.

          También se habla de las parejas de lesbianas que concurren a métodos de fertilidad asistida  para procrear.  Lo cierto, dice el documento, es que las personas no se casan para tener hijos, se casan porque se aman, tienen un proyecto de vida en común y quieren recibir la protección que la ley garantiza a los cónyuges. Algunas parejas se casan y nunca procrean, porque no pueden o no quieren y otras tienen varios hijos sin casarse nunca.

          Este tema de la procreación es muy importante y debe ser discutido en pleno siglo XXI porque si hay algo que se sabe científicamente a esta altura de la humanidad es que el ser humano es producto de una evolución que ha durado más de un millón de años.

          Efectivamente no hemos convivido con los dinosaurios y hay malas noticias para algunos grupos racistas en el mundo, que afortunadamente hoy en la Argentina no existen o son grupos minoritarios: descendemos todos de una mujer africana que se echó a andar hace cien mil años desde una remota pradera africana hasta poblar durante cien mil años todos los confines de este planeta.

          La civilización, tal cual nosotros la entendemos, tiene su origen hace aproximadamente 10 mil años

           Mucho antes de que existieran los matrimonios, el ser humano procreaba y llenaba de vida este planeta. Es una falacia asociar este tema de la procreación con la existencia o no de matrimonios heterosexuales u homosexuales. A esta altura del siglo XXI, por supuesto que eso es una falacia.

          A la pregunta de si el matrimonio es un sacramento religioso, el documento responde: “El matrimonio es un contrato entre particulares. Lo fue antes que la religión lo adoptara y lo transformara en un sacramento. Y lo es hoy en nuestro país, donde el matrimonio civil es el único que tiene efectos jurídicos.”

          Otra pregunta es si podríamos ofender a una mayoría religiosa en este país con la sanción de esta ley. Y el documento dice: “Por otra parte, jamás podría ser admisible que un sector de la sociedad alegase que le ‘ofende’ que otro sector de la sociedad disfrute de los mismos derechos que el resto.”

          Otras preguntas o polémicas son las siguientes: “La homosexualidad no es natural, no es normal” y “El matrimonio proviene de la naturaleza; el matrimonio homosexual no es natural.” A lo que el documento responde: “Si a lo largo de la historia y en todas las épocas y culturas hubo siempre una proporción más o menos estable de personas homosexuales, es evidente entonces que esa posibilidad es parte de la naturaleza de los seres humanos, entre otras especies. Cuando un hombre se enamora de otro hombre o una mujer de otra mujer, es porque esa es su inclinación natural. Por otra parte, muchas veces se confunde mayoría con normalidad y minoría con anormalidad.”

          Y continúa el documento: “El matrimonio homosexual es tan antinatural como el matrimonio heterosexual. La patria potestad, el apellido, la herencia, la obra social, los derechos migratorios, los bienes gananciales son invenciones humanas. El ser humano vivió sin matrimonio…” ‑como decía yo antes‑ “…por miles de años hasta que lo inventó; es un producto de nuestra cultura, de nuestra historia, y respondió a las necesidades de una época.” Y más adelante agrega: “No existe ninguna ley de la naturaleza que regule quién puede casarse. Del matrimonio se encargan las leyes civiles.”

          Y así hay un montón de fundamentos muy interesantes. Pero hay uno muy importante que tiene que ver con el nombre, que es el símbolo más importante en lo que se está discutiendo. Se pregunta: “¿Pero cuál es la importancia del nombre?” Y el documento responde: “El nombre puede ser inclusive más importante que los propios derechos que el matrimonio reconoce, que podrían conquistarse por otras vías.” Y más adelante agrega: “…habrá un mensaje simbólico muy fuerte, emanado de la autoridad pública, que dice que esas parejas, y por lo tanto quienes las forman, no merecen el mismo respeto como personas”, si no se sancionara una ley de estas características.

          Sigue diciendo el documento: “Está claro que eso es lo que quieren quienes se oponen, como cuando en España se aprobó el voto femenino y algunos planteaban que no se llamara ‘voto’ sino ‘derecho a la participación política de la mujer’ porque ‘el voto es un atributo esencialmente masculino’. Cuando a los negros los obligaban a sentarse en el asiento de atrás en los colectivos, todos los asientos eran igual de cómodos, pero aceptar la humillación de irse al fondo con la cabeza agachada significaba resignarse a ser tratados como escoria.”

          Señora presidenta: para nosotros esta sesión es un tramo más, muy significativo, muy importante, pero no deja de ser ‑como decía la señora diputada Fein‑ un largo camino el que ha recorrido el Partido Socialista en defensa de la diversidad sexual y la igualdad de género. Hemos colaborado y acompañado con tesón y perseverancia a todos los que han luchado por estos derechos. No lo hemos hecho desde una individualidad ‑por más brillante que sea su argumentación jurídica, por más comprometida que esté esa individualidad o por más mediática que sea‑, sino que lo hacemos desde una organización política que tiene convicciones y coherencia. Lo hacemos como partido, como Partido Socialista. El nuestro es un partido político que ha abordado este tema con militancia y con estudio, con amplitud y con rigurosidad, y sobre todo, con muchísimo respeto por aquellos que no comparten estas ideas.

          Luego de haber escuchado distintos discursos y argumentos y de haber leído varios artículos en estos últimos tiempos, he llegado a la conclusión de que a pesar de que hay innumerables argumentaciones a favor, hay dos que sintetizan a todas ellas. En primer lugar, un enfoque desde el punto de vista de las libertades: que en pleno siglo XXI nadie, y mucho menos el Estado, puede inmiscuirse en cómo ama y en cómo goza un ser humano, ya sea una mujer o un hombre, en este país, y ojalá pronto en todo el mundo. Quizás esta sea una concepción a la defensiva, que habla de la tolerancia.

          Pero hay otro enfoque mucho más preciso que tiene que ver con la igualdad de derechos, con el cumplimiento de nuestra Constitución, con que en este suelo argentino ‑si estamos a la altura de las circunstancias a pocos días de cumplir doscientos años como Nación‑ todos y todas tengan los mismos derechos y la misma protección y tutela del Estado. Por un lado, el respeto a que cada uno sienta, practique y exprese su amor y su goce de la manera en que lo decida, y por el otro, la justicia y la igualdad de derechos. Estos dos argumentos juntos son invencibles y nos parecen suficiente razón para apoyar este dictamen.

          Queremos agradecer a todos los bloques por estar presentes en esta sesión, incluso bloques muy importantes cuyo presidente o presidenta no está de acuerdo con este tema pero han mostrado madurez y están aquí presentes. Agradecemos al bloque del Peronismo Federal, ya que a pesar de que la mayoría de sus miembros no están de acuerdo ‑como decía el señor diputado Felipe Solá‑, están sentados en este recinto.

          También queremos agradecer las palabras de los miembros del bloque que preside el señor diputado Pinedo, e incluso sabemos que hay diputados de ese bloque que van a acompañar este dictamen. También agradecemos a la Coalición Cívica. Y sobre todo agradecemos, por su número, la presencia del bloque del Frente para la Victoria.

          A los socialistas nos parece que con este tratamiento y esta metodología hemos dado un salto cualitativo en el manejo de este Parlamento y, sobre todo, hemos hecho honor y hemos reconocido la militancia de todas las organizaciones de la Argentina ‑como la LGBT‑, porque son ellos los verdaderos protagonistas de que hoy podamos estar sancionando esta ley histórica. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado López Arias, quien compartirá su tiempo con el diputado Morejón.

 

Sr. López Arias.- Señora presidenta: efectivamente, hemos decidido compartir el tiempo con el señor diputado Morejón. Seré muy breve pero no quiero dejar de fijar postura sobre este tema, que es muy importante.

          Después de los tantos desencuentros y peleas que tuvimos en los últimos meses en este recinto, realmente me siento muy gratificado de que seamos capaces de discutir este tema con la profundidad y el nivel de respeto con que lo estamos haciendo en este momento, más allá de la posición que cada uno tenga sobre el particular.

          En lo personal, señora presidenta, uno de los valores permanentes durante toda mi vida ha sido estar en contra de cualquier tipo de discriminación. He sido consecuente con esta posición en todos los actos de mi vida pública y cotidiana. También soy absolutamente respetuoso de las elecciones sexuales de todo ser humano, cualquiera sea su sexo, y estoy absolutamente convencido de que cuando dos seres humanos eligen un proyecto de vida en común, esto genera derechos que tienen que ser reconocidos por la ley. Por eso creo que esta sesión, cualquiera sea el resultado, va a ser un paso importante en ese sentido.

          Luego de este pequeño introito debo decir también que luego de mucho conversar en nuestro bloque y analizar las distintas situaciones, nos hemos inclinado por acompañar el primer dictamen de minoría. No lo hacemos por una razón de discriminación ni mucho menos, sino porque estamos absolutamente convencidos de que lo conveniente y lógico es crear una institución especial que no discrimine y que rija tanto para las parejas homosexuales como heterosexuales. Hacemos esta propuesta por una razón muy simple, que no guarda ninguna relación con la discriminación: toda la estructura jurídica y el entramado de derechos y obligaciones de la institución del matrimonio ha sido proyectada, sobre todo, para la concepción y crianza de los hijos. Por lo tanto, considero que ese entramado de derechos y obligaciones no se puede adaptar a otro tipo de situaciones, porque eso nos obligaría a hacer un reacomodamiento de toda la legislación civil, lo cual no resulta conveniente en este momento.

          Por esas razones, nuestro bloque va a acompañar el primer dictamen de minoría. Creo que con esta decisión no incurrimos en ningún tipo de discriminación, porque estamos convencidos que esa es la mejor forma de reconocer estos derechos. Nuestro voto no es negativo; es un voto afirmativo hacia esa institución que entendemos debe crearse, que constituirá un enorme avance para toda la sociedad.

          Una última reflexión que no quiero eludir se refiere al tema de la adopción. Personalmente soy enemigo de cualquier tipo de discriminación en materia de adopción. Pero también estoy convencido de que la legislación y las instituciones jurídicas de la Argentina siempre privilegiaron el interés del menor a ser adoptado. Por lo tanto, no debemos establecer fórmulas rígidas, no debemos incurrir en ninguna clase de discriminación ni prohibir ningún tipo de adopción. Sin embargo, creo que debemos reivindicar y fortalecer el principio de que en el momento de otorgar la adopción el primer interés a tener en cuenta es el del menor adoptado. (Aplausos.) 

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

 

Sr. Morejón.- Señora presidenta: venimos a esta sesión en apoyo a la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas y de los individuos, en este caso en particular de un sector de la sociedad, que es el de los homosexuales.

          En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución señala: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.” 

          Nuestra propuesta está en consonancia con los tratados internacionales, que luego de la reforma de 1994 adoptaron jerarquía constitucional, y con el artículo 16 de la Carta Magna, que obliga a garantizar la igualdad ante la ley, prohibiéndose todo tipo de discriminación.

          Entendemos que es nuestro deber respetar profundamente las libertades individuales de los ciudadanos, incluso de los que desean unirse en parejas de un mismo sexo.

          Más allá de eso, cabe hacer algunas consideraciones. Estamos de acuerdo con ofrecer una alternativa para las parejas que desean unirse pero no formar una familia en términos tradicionales, como lo es el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, que es lo natural para una sociedad como condición para la procreación a fin de asegurar la preservación de la especie. Un matrimonio del mismo sexo se vería imposibilitado de cumplir esos roles.

          Además, los tratados internacionales con jerarquía constitucional son muy claros al hablar de matrimonio. La Declaración Universal de Derechos Humanos habla de “hombres y mujeres” en el inciso 3 del artículo 16; la Convención Americana de Derechos Humanos habla de “un hombre y una mujer” en los incisos 1 y 2 del artículo 17, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hace mención a “un hombre y una mujer” en los incisos 1 y 2 del artículo 23.

          Entonces, estamos de acuerdo con dar derechos a las parejas de personas de un mismo sexo y, en particular, que obtengan un nuevo estado civil –como posición jurídica que da lugar a derechos y obligaciones‑ que afecte a sus derechos patrimoniales propios de una vida compartida, basándose en el principio general de la libertad de las partes para celebrar convenciones que establezcan el régimen de administración y disposición de bienes.

          Como bien dice el dictamen de minoría, se propone este sistema jurídico porque la omisión llevaría a asimilar el caso a las sociedades de hecho, que conllevan responsabilidades ilimitadas de las partes por obligaciones asumidas por la otra. Pero lo más importante es que un régimen patrimonial como el que estamos proponiendo no crea parentesco ni da patria potestad a los descendientes.

          Por ello, como muy bien define el artículo al enlace civil, éste se configura con la “voluntad de convivir y compromiso de asistencia recíproca”.

          El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio genera parentesco, filiación y requiere de una mujer y de un hombre para procrear.

          El dictamen de mayoría modifica el artículo 172 del Código Civil en el sentido de que es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes –no habla del varón y de la mujer, como ocurre hoy‑ ante la autoridad competente para celebrarlo. A partir de ahí el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de distinto sexo.

          Por su parte, el artículo 42 del dictamen de mayoría dispone lo siguiente: “Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo.”

          De esos dos artículos se desprenden todos los efectos personales y patrimoniales del matrimonio. En este sentido, cabe señalar que los efectos del matrimonio no sólo incluyen los patrimoniales, sino también los personales, que abarcan la patria potestad y el parentesco, como ya mencioné.

          Por eso, debemos mantenernos atentos a las modificaciones que hoy están en juego. Aún no se sabe qué tipo de consecuencias puede generar en los menores a nivel psicofísico y emocional durante su período de formación   una maduración absolutamente distinta de aquella que a lo largo de toda la historia de la humanidad dio sustento a la supervivencia de la raza humana; estamos hablando del padre y de la madre.

          El régimen legal del casamiento y adopción de personas del mismo sexo ha sido debatido en muchos países del mundo, aunque no ha sido aprobado en la gran mayoría de ellos. El conjunto mayoritario de las naciones desarrolladas de la Tierra todavía no ha dado curso a este régimen.

          La adopción es la cuestión central del debate, que está implícito en la modificación del matrimonio civil. El dictamen sólo se refiere al uso del nombre ‑hablamos del apellido‑ de la persona adoptada. Pero la realidad nos indica que hoy las personas homosexuales no encuentran óbice para adoptar, ya que para ello se requiere ser mayor de treinta años. Si se trata de un matrimonio, no es necesario que acrediten esa edad, pero deben tener más de tres años de casados. Por último, si se trata de un matrimonio que acredita la imposibilidad de tener hijos, los cónyuges no tienen obligación de acreditar los años exigidos en los puntos anteriores. Pero lo importante –esto es lo que quiero destacar‑ es que hoy nadie puede ser adoptado por más de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges. Esto implica que una pareja ‑independientemente de su sexo‑ que vive en concubinato, es decir que no está casada, podrá adoptar a través de uno u otro de sus integrantes, pero no los dos conjuntamente.

          El proyecto contenido en el dictamen de mayoría modifica el artículo 324 del Código Civil en relación con la guarda cuando se refiere al cónyuge sobreviviente. La norma establece: “Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse la adopción al sobreviviente y el hijo adoptivo lo será del matrimonio.” Actualmente se refiere a la viuda.

          Es muy importante lo que acabo de señalar, porque como hemos visto en el caso de dos convivientes, si no están casados, el conviviente no adoptante no puede adoptar. Pero al equipararse los requisitos y efectos del matrimonio, ya sea que esté conformado por personas del mismo o distinto sexo, se incorpora la posibilidad de que matrimonios sin distinción puedan adoptar.

          Además, aunque se sostenga que, a partir de la sanción de la ley de adopción 24.779, el juez o Tribunal deberá valorar, en todos los casos, el interés superior del niño, no puede dejarse en manos judiciales la decisión de si la supuesta adopción es conveniente para el niño.

          Por eso, encontramos inaceptable que en la figura de la adopción los niños queden obligados a crecer y a formarse en la ausencia de las naturales aportaciones de lo masculino y lo femenino, en la figura de un padre y una madre.

          Aceptamos que las conductas de la sociedad van más rápido que las normas que se encargan de regularlas, pero debemos hacernos cargo de lo que nos compete.

          Apoyo los efectos patrimoniales a favor de las parejas de un mismo sexo, pero considero que es inadmisible el matrimonio homosexual en los términos del Código Civil, en tanto está en juego algo más que un vínculo jurídico. (Aplausos en las galerías.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. Linares.-  Señora presidenta: aclaro que compartiré mi término con mi compañero de bancada Fabián Peralta.

          Tal como lo hizo el diputado Roy Cortina, en primer término quiero agradecer el trabajo desarrollado por las dos diputadas que trabajaron muy fuertemente en el dictamen de mayoría, que el bloque GEN acompañará con su voto, y también reconocer el trabajo militante de las organizaciones sociales.

          Reconocemos su labor para que hoy este tema se esté debatiendo en este recinto y, fundamentalmente, que se hayan tomado el tiempo para hablar con cada diputado y diputada que quiso escucharlas. Contaron las angustias propias de cada una de sus historias y, además, la discriminación diaria que aún hoy se produce en la Argentina.

          También quiero agradecer a todos los diputados que hoy estamos en nuestras bancas,  brindando un ejemplo de madurez política y responsabilidad social. Esta actitud nos permite demostrar a la ciudadanía que este cuerpo trabaja en las comisiones todas las semanas, y que nuestra presencia en el recinto un martes, un miércoles o un jueves sólo es uno de los hechos de los cuales debemos rendir cuentas los legisladores.

          A mi entender, cuando uno ocupa una banca lo hace pensando en que es un representante del pueblo y que nuestra obligación es representar a todos y a todas. Aquí no debemos tener en cuenta las convicciones religiosas ni las construcciones subjetivas y culturales que cada uno y cada una de nosotros tiene -ni lo que pensamos en nuestros partidos políticos-, sino -ni más ni menos- cómo el Estado debe regular los temas que hoy debatimos. En ese sentido, no tengo duda alguna de que el Estado –nosotros desde nuestro rol de legisladores‑ debe regular la igualdad de derechos para todas y todos los habitantes de la Argentina.

          Estamos debatiendo en este recinto situaciones que ocurren cotidianamente en nuestro país. Hoy contraen matrimonio –esta institución jurídica y laica‑ heterosexuales y homosexuales. En verdad, la justicia va bastante más rápida que nosotros, por lo cual lo que estamos considerando es algo que ya se está llevando a cabo. Lo único que podríamos lograr es agilizar esta situación que, insisto, es un hecho cotidiano y periódico.

          Estamos discutiendo la modificación del Código Civil para promover el reconocimiento de los derechos jurídicos para contraer matrimonio a personas que, por otro lado, están protegidas constitucionalmente. Se trata de reconocer la libertad que tiene cada ciudadano de elegir con quién vivir en pareja, que está regulada por el matrimonio. La intención es otorgar iguales derechos y obligaciones con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo.

          Más de diez años atrás, durante 1999 el Comité de Derechos Humanos de la ONU propuso que los Estados incluyan en sus constituciones la prohibición de todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual. Esto resulta operativo en virtud de los tratados internacionales que después de la reforma constitucional de 1994 tienen jerarquía constitucional.

          Cada cual podrá leer la parte que desee de los tratados internacionales, pero a mi entender en el artículo 2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los artículos 2º y 7º de la Declaración Universal de  los Derechos Humanos, en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –ley 23.313‑, y en los artículos 2º, 5º y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo se otorga igualdad ante la ley a todos los ciudadanos de cada uno de los países. Es en este marco en el cual nosotros hemos realizado nuestro análisis.

          No alcanzamos a comprender cuáles son los argumentos contra el reconocimiento igualitario de derechos y obligaciones y también deberes que otorga la posibilidad de contraer el matrimonio laico y jurídico. ¿Cuál es la razón que el Estado tiene para negar a algunas personas ese derecho por el solo hecho de poseer una identidad sexual diferente? En mi opinión tiene más que ver con un prejuicio, el desconocimiento y la falta de escucha que tenemos en este país respecto de estos grupos que, si bien parecen minoritarios, tienen mucho para decir. Pero además es necesario señalar que todavía en la Argentina la homofobia es muy fuerte para algunos, por lo que sutilmente hoy están tratando de poner esto en otras palabras. Hoy esto existe y hay que tratar de modificarlo. (Aplausos en las galerías.)

          Como ya lo expresó el diputado Felipe Solá, etimológicamente matrimonio tiene que ver con la función de madre, pero nosotros creemos que los conceptos son elaboraciones humanas y construcciones culturales y sociales que deben ser reflexionadas y modificadas en el tiempo.

          ¿Acaso alguna abuela o bisabuela –en mi caso abuela‑ o una tía mayor no les ha comentado que se casaron con quien la familia les elegía y no con quien ellas querían? ¿No les contaron que no se habían casado enamoradas? El tema era que las personas se casaban para toda la vida. ¿No escucharon algo así? Yo sí. Por eso no podemos decir que en la década del veinte el matrimonio es lo mismo que en la del sesenta, ni mucho menos en la actualidad.

          Los jóvenes hoy dicen: “Nosotros no nos casamos”, y esto tiene que ver con que ellos han tomado al matrimonio como una institución que no es tan importante. Para ellos lo trascendente es el amor y la responsabilidad que una persona toma cuando se va a vivir con alguien.

          Creo que todas estas cosas son las que nos deben hacer reflexionar. No hay que tomar los conceptos tanto desde lo etimológico, porque de ser así, cuando hablamos de patrimonio y patria potestad, estaríamos hablando sólo de varones; sin embargo, hay una ley que consagra la patria potestad compartida. Me parece que hay que ser más flexibles, amplios y permitir que cada uno de nosotros pueda comprender la realidad social que hoy existe cotidianamente en las calles.

          Creo que no hay duda alguna de que hay dos artículos que claramente avalan la posibilidad de contraer matrimonio –como institución jurídica y laica‑ a personas del mismo sexo. Me refiero al artículo 16, que dispone que todos los habitantes somos iguales ante la ley, y al artículo 19, que es bastante claro cuando plantea la protección de la libertad individual para diseñar y llevar a la práctica un plan de vida. La Corte Suprema, no sólo la progresista actual, sino también la liberal de la década del 80 –que de progresista tenía poco‑, interpretó esa norma constitucional con ese alcance.

          El artículo 19 contempla que no haya un daño a terceros. A mí entender, si ha habido un daño a terceros en juego, es el que se ha producido a los grupos que han sido tratados de un modo indebido y ofensivo durante décadas, y justamente es el daño que venimos a reparar. Se trata de formas de vida diferentes, que merecen reconocimiento en la medida que quien la lleva adelante no está dañando a otros. Se trata de que el Congreso otorgue un instrumento legal para empezar a saldar parte de las deudas que el Estado tiene con estas personas.

          No se trata sólo de discutir la igualdad de derechos civiles, sino también el reconocimiento de derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la igualdad de trato, a la igualdad jurídica y a la igualdad de oportunidades, y del derecho a la vida, la salud y el trabajo.

          Ojalá que la sanción de esta ley nos permita avanzar hacia una reforma social y cultural donde la diversidad sexual, política, de opiniones y religiosa sea aceptada naturalmente y respetada por toda la sociedad.

          Ojalá que la sanción de esta ley contribuya a terminar con la discriminación que sufren hoy aquellas personas que sienten atractivo por personas de su mismo sexo.

          La verdad es que hoy estamos hablando solamente  de igualdad de derechos; esto es, tener obra social, derechos previsionales iguales, la posibilidad de heredar los bienes de su compañero o compañera y no quedar en la calle –sumado a la angustia de perder a su ser querido‑ por ser expulsados de sus casas por los familiares que no aceptaron la diversidad sexual elegida por su hijo o hija. También significa tener igualdad ante los bienes gananciales y los derechos migratorios.

          Ojalá que esta ley termine con la discriminación y estemos contribuyendo a mejorar la justicia social.

          El bloque del GEN acompaña no sólo la igualdad jurídica de lesbianas, gays, bisexuales y trans, y la ley de matrimonio para todos y todas, sino que también queremos la ley de identidad de género para todas las personas trans (Aplausos.), la modificación de la ley antidiscriminatoria para que incluya la diversidad sexual, la derogación de los códigos de falta y contravencionales en todas las provincias del país.

          Necesitamos saber si queremos estar en un Estado de derecho donde la libertad y la igualdad sean banderas irrenunciables e insustituibles o deseamos continuar con los prejuicios propios del desconocimiento, que hace que en esta sociedad se siga discriminando la diversidad sexual. Se trata de decidir si queremos que el Estado nacional –es decir, nosotros‑ elabore políticas y acciones concretas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, a quien le restan dos minutos para compartir el tiempo con la diputada preopinante.

 

Sr. Peralta.- Señora presidenta: voy a hacer uso de la palabra cuando sea mi turno, utilizando los siete minutos que me corresponden.

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

 

Sr. Sabbatella.- Señora presidenta: adelanto nuestro voto a favor del dictamen de mayoría. Éste fue elaborado como producto de un trabajo intenso, comprometido y militante de muchos años por parte de las organizaciones sociales, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y la Comunidad Homosexual Argentina. A ellos y ellas, un profundo reconocimiento. También fue elaborado con el esfuerzo de muchos diputados y diputadas que están hoy aquí, y de otros y otras que pasaron por esta Cámara.

          Este dictamen ha sido fuertemente militado por nuestra compañera de bancada y autora de uno de los proyectos, la diputada Vilma Ibarra, junto a diputados y diputadas de distintos bloques, que aportaron mucha intensidad y esmero a esta propuesta. También a ellos y ellas el mayor de los reconocimientos de todos y todas.

          Señora presidenta: nos encontramos a punto de dar un paso fundamental a favor de la igualdad y de la libertad mediante un proyecto que ha conseguido un importantísimo aval en la comisión, que es el fruto maduro de miles y miles de voluntades que, trascendiendo las pertenencias partidarias y superando -no sin debate- matices, diferencias y discusiones, hicieron primar la coincidencia en terminar de una vez y para siempre con la injusta discriminación que por su opción o deseo sexual padecen ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

          De eso se trata esta discusión: poner fin a una situación enmarcada en nuestro Código Civil, que impide que muchos y muchas iguales sean reconocidos y reconocidas en esa igualdad. No es una opción partidaria, señora presidenta. Que todos los habitantes de este país seamos iguales ante la ley es un imperativo ético al que es imposible e indeseable renunciar.

          Comentaba la diputada Vilma Ibarra la frase del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación de esta iniciativa en su país. Las voy a repetir porque me parecen profundas e importantes: “Una sociedad más decente es aquella que no humilla a sus miembros”.

          No se trata entonces de concederle un beneficio a una minoría. Lo que este dictamen propone, y nosotros venimos a refrendar con nuestra opinión y voto, es avanzar en que todos y todas quienes formamos este inmenso y diverso colectivo social tengamos los mismos derechos y responsabilidades en esta democracia.

          Estamos aquí para saldar de una vez por todas una inmensa deuda al equiparar ante la ley los derechos de todas las parejas, más allá de su opción o deseo sexual.

          Esto que viene a resarcir definitivamente una tremenda humillación que padecen algunos y algunas es un beneficio para el conjunto de la sociedad, porque es la sociedad toda la que sube varios peldaños por la escalera de la igualdad y la libertad.

          Cualquier miembro de una pareja del mismo sexo debe tener derecho a heredar al otro, como lo hacen los heterosexuales; cuando eso no sucede, hay desigualdad.

          Cualquier miembro de una pareja homosexual debe poder ser beneficiario o beneficiaria de la obra social del otro u otra, como sucede con las parejas heterosexuales; cuando eso no ocurre, hay discriminación.

          Cualquier pareja debe poder adoptar un hijo o hija con los mismos derechos que otra; cuando eso no pasa, hay una inmensa injusticia, que es nuestro deber corregir.

          Cualquier persona debe poder percibir la pensión por su pareja fallecida; cuando eso no sucede, hay un destrato o maltrato con el que debemos terminar.

          El Estado debe garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas. Eso debe traducirse en la concreción de la legislación necesaria y la corrección de aquella que niega la aplicación de esos derechos.

          Señora presidenta: además de la igualdad consagrada por nuestra Constitución Nacional hay numerosos tratados, acuerdos y convenciones internacionales que la enmarcan y que no pueden ser obviados.

          Por eso, no tengo dudas de que este Congreso será recordado por el paso que estamos a punto de dar. No será sólo un capítulo glorioso en la historia de numerosas organizaciones sociales referentes y militantes que lucharon democráticamente sin parar en contra de la discriminación y la desigualdad. Conocemos y reivindicamos esa lucha, esa constancia y ese compromiso, el de muchos y muchas que hoy acompañan este debate con la esperanza de dar finalmente el paso tan deseado.

          Señora presidenta: lo que hoy estamos debatiendo busca consagrar esos derechos negados; negación que se traduce en miles de pequeñas y gravísimas discriminaciones y humillaciones.

          Pero vamos a dar un paso que es trascendente para todos y no para algunos. Vamos a dar un paso a favor de una sociedad mejor que la que tuvimos hasta hoy, porque cuando desde esta Honorable Cámara impulsamos leyes que consagran derechos y terminan con las injusticias, honramos la democracia, la igualdad, la libertad, la memoria de los que no se resignaron, la sociedad en que vivimos y el futuro que queremos construir.

          Quiero felicitar a las organizaciones que sin descanso vienen luchando por esta causa. Quiero felicitar a los muchos y las muchas que intervinieron en esta iniciativa.

          Señora presidente: estoy seguro de que la aprobación de este proyecto de ley será un homenaje a todos los que lucharon y luchan por la igualdad de derechos, además de que constituye una transformación impresionante y feliz en la vida de miles de parejas de nuestro país que fueron y son discriminadas.

          Esta iniciativa no es contra nadie. No le falta el respeto a ninguna convicción ni anhela herir a quienes desde otros pensamientos y sentires también intentan construir una sociedad más justa y solidaria.

          Esta ley es a favor de todos y de todas. Esta ley está a favor de la igualdad y, por eso, cuenta con nuestro impulso y militancia.

          Amén de querer escuchar con interés las opiniones de todos los bloques sobre este proyecto, adelanto nuevamente el acompañamiento por unanimidad de nuestra bancada al dictamen de mayoría, y lo hago con la alegría de saber que estamos a punto de dar un paso más a favor de la equiparación de derechos y de la igualdad. Se trata de un paso más para construir esa democracia profunda y verdadera que soñamos para todos y todas: para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Se trata de un paso más en la construcción de derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales que, insisto, soñamos para el conjunto de la población.

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por Nuequén.

 

Sra. Comelli.- Señora presidenta: como anticipara oportunamente, voy a compartir mi tiempo con la diputada Guzmán, quien va a hacer su primera alocución en esta Cámara.

          Como presidenta del Movimiento Popular Neuquino quiero expresar que en esta ocasión nuestro bloque va a votar en forma dividida: en forma afirmativa lo hará la diputada Guzmán y quien habla, y en forma negativa, el señor diputado Brillo.

          Entendemos que el presente debate obviamente es de una enorme trascendencia, mucho mayor que la de todos los temas que se han mediatizado, porque nos ha enfrentado a nuestra historia, a nuestros miedos, a nuestros prejuicios y a nuestras convicciones.

          Festejo que hoy podamos haber llegado al recinto después de casi 25 años de aquella reforma de 1987, que para algunos pasó desapercibida y que en realidad quería consolidar el modelo de la exclusión y de la discriminación.

          Cuando iniciábamos este estudio yo me planteaba qué es lo que me correspondía hacer como legisladora. En realidad lo que nos corresponde es dar una respuesta como Estado, es decir, cómo se para frente al otorgamiento y a la garantía de derechos cuando éstos no existen.

          A partir de allí, con total e íntima convicción, entiendo que el Estado debe garantizar la no discriminación étnica, religiosa o política. En este caso, quien no puede acceder al matrimonio tal cual está contemplado en el Código Civil, está siendo discriminado.

          No somos ajenos a los planteos relacionados a la fe que respetuosamente nos acercan nuestros colegas, pero en este año del Bicentenario nos ponemos a rever la historia y la actuación de muchas instituciones.

          Mirando hacía atrás, siendo muy chica, tengo presente el recuerdo de Jaime de Nevares quien siempre nos decía que el último fin que debíamos tener en la vida era trabajar, luchar y bregar por la igualdad y la libertad. Cuando teníamos seis años seguramente no hablábamos del tema que estamos considerando hoy en esta Cámara, pero él se encargó muy fuertemente de dejarnos esa impronta tendiente a no discriminar, a no temer, a respetar la diversidad y estos nuevos modelos de familia que iban apareciendo.

           Seguramente en los territorios del sur de nuestro país se viven más situaciones monoparentales, porque existe una inmensa mayoría de madres solas.                

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sra. Comelli.- Creo que tenemos la profunda obligación de defender y garantizar los derechos constitucionales de todas y de todos. Por respeto a todas las creencias y a todos ustedes, no debemos aplicar nuestro propio código moral.

          Por ello, con la salvedad del señor diputado Brillo, este bloque va a apoyar el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.

 

Sra. Guzmán.- Señor presidente: no voy a hablar sólo como diputada nacional sino como militante de la justicia social y de la igualdad.

          Como representante del pueblo y en cumplimiento de mi mandato legislativo, me propuse trabajar por la igualdad de oportunidades y de acceso a una vivienda digna, por una salud integral, por una educación de calidad, por la protección de un ambiente saludable y sustentable y por la justicia social, para que no haya más pobres, indigentes ni hambre en nuestro país.

          Acabo de enumerar temas que, desde mi punto de vista, son prioritarios. Son las cuestiones que, según mi humilde opinión, deberían constituir el eje de nuestros debates, es decir, las que nos insuman el tiempo, el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros.

          Sin embargo, he comprobado que la agenda legislativa es muy parecida a la mediática, y que algunos grupos tienen más poder de lobby que otros, porque a veces no se escuchan los reclamos de los que no tienen voz.

          Admito que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo no estaba en mi agenda, pero fue uno de los temas sobre el que tuve que ponerme a pensar, a analizar, a profundizar durante el corto mandato en esta Cámara.

          Porque soy coherente con mi militancia por la igualdad y la justicia social es que votaré a favor de la modificación del Código Civil.

          En primer lugar, quiero circunscribir el tema que estamos debatiendo. El proyecto de ley en tratamiento tiene por objeto modificar el Código Civil en lo que se refiere al matrimonio. Se cambia la fórmula “marido y mujer” o “esposo y esposa” por “contrayentes” o “cónyuges”. A fin de que la reforma sea coherente, se introducen modificaciones a diversos artículos del Código Civil.

          Los impedimentos para contraer matrimonio se encuentran muy bien detallados en el artículo 166 ‑entre otros‑ del Código Civil. Ninguno de los nueve incisos del mencionado artículo hace referencia a la necesidad de que los contrayentes sean de diferente sexo.

          Para fundamentar mi postura citaré las palabras de algunos especialistas que participaron de las reuniones informativas celebradas en la Cámara de Diputados de la Nación durante el año pasado y el corriente año, ya que utilizaron argumentos que me ayudaron a tomar una decisión respecto de este tema tan complejo.

          El articulo 16 de la Constitución Nacional establece que en la Nación Argentina todos los habitantes son iguales ante la ley. ¿Por qué entonces algunos pueden contraer matrimonio con la persona que quieren y otros no?

          Me permito citar al doctor Roberto Saba, quien en la exposición que hizo el año pasado decía: “El principio de igualdad se refleja en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que básicamente señala que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué significa esto? Nuevamente me apoyo en antiguas y muy consistentes interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que el artículo 16 de la Constitución Nacional no nos dice que el Estado debe tratar a todas las personas del mismo modo, lo cual sería absurdo. El Estado permanentemente tiene que hacer distinciones.”

          Más adelante, el doctor Saba manifiesta: “Aquí la discusión es cuáles distinciones están permitidas constitucionalmente. Me refiero a qué diferencias el Estado puede hacer entre las personas y cuáles no desde el punto de vista constitucional.

          La Corte Suprema de la Argentina ha señalado en reiteradas oportunidades que las distinciones que el Estado está autorizado a hacer en materia de regulación de derechos son las razonables. Los criterios que utilice el Estado para hacer diferencias entre personas tienen que ser razonables, aunque por supuesto puede haber diferentes perspectivas sobre lo que es razonable. La Corte también ha elaborado el significado de razonable en la Constitución Nacional. Razonable es la relación de funcionalidad entre el requisito que imponemos y el fin buscado. Se refiere a los criterios que escojamos para hacer diferencias entre las personas con el fin de otorgar derechos en forma diferenciada.”

          Luego, dice: “La pregunta que queda por responder es si el sexo de las personas, mejor dicho, si el requisito de que ambas personas tengan sexos diferentes para poder contraer matrimonio, es razonable para lograr el fin de su regulación. Entonces, si no lo fuera, ese requisito es inconstitucional.”

          Finalmente, el doctor Saba expresa: “Y ninguno de los fines de la regulación parece dejar ningún espacio para que el sexo diferente sea un requisito razonable...”

          Queda claro que pese al principio constitucional de igualdad ante la ley el Estado hace algunas distinciones. Un ejemplo evidente que se aplica en la regulación de varios derechos es la edad. A los diez años, ninguna persona puede viajar sola al exterior o casarse. Entonces, la pregunta en este caso puntual es si la imposición de pertenecer a diferentes sexos para contraer matrimonio está o no justificada.

          Frente a algunos argumentos que suelen exponerse, en una reunión de comisión el doctor Gargarella decía: “Me parece que también sería un error tratar de resolver la cuestión apelando a cuál es el concepto de matrimonio, que es el tradicional en la Argentina. Primero, porque los conceptos son elaboraciones humanas sobre las cuales necesitamos reflexionar...” –de manera permanente- “...Entonces, no podemos pensar que la idea o el concepto de matrimonio es el que se definió en los años 20 o en los años 60...”

 

Sr. Presidente (Fellner).- La Presidencia solicita a la señora diputada que redondee su exposición.

 

Sra. Guzmán.- Sí, señor presidente.

          Durante el debate en comisión escuché argumentos  a favor y en contra. Algunas de las razones esgrimidas para oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo denotan una fuerte cultura homofóbica, aunque también he tomado nota de fundamentaciones impecables a favor del proyecto de ley.

          Por experiencia de vida, por herencia cultural o por formación, quizás uno tiene como ideal la imagen de la llamada “familia tradicional”: madre, padre e hijos. Nací y viví en una familia así; formé mi familia de la misma manera, que quizás sea –desde mi punto de vista‑ la deseable. Sin embargo, entiendo que dos personas tienen el derecho de elegirse entre sí, basadas en el amor y el respeto. Tienen el derecho de formar una familia, de ser reconocidos por la sociedad y ante la ley. Es hora de dejar los prejuicios de lado y de ser menos egoístas. Es momento de incluir y no de excluir. Demostremos que la Argentina está dando un paso hacia adelante.          

          Finalmente quiero dejar en este recinto una reflexión que en alguna oportunidad hizo Margaret Mead: “No dudes jamás de la capacidad de tan sólo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así.” (Aplausos.)

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

 

Sra. Merchán.- Señor presidente: antes de referirme al tema en discusión quiero celebrar un hecho que seguramente celebrará la totalidad de los presentes: acaba de ser apresado Martínez de Hoz,...

- Aplausos prolongados y manifestaciones en las bancas y en las galerías.

Sra. Merchán.- ...quien ha sido el símbolo del genocidio económico de nuestro país.

          Hablaré en nombre del interbloque Movimiento Proyecto Sur. Para ser sincera –creo que todos se habrán dado cuenta‑, me vuelve el alma al cuerpo porque ha sido una semana difícil para quienes peleamos duramente a fin de que este tema se tratara hoy en el recinto.

          Para nuestro interbloque, como para otros sectores de esta Cámara, no estamos ante un tema de conciencia o de ideas individuales sino ante una profunda convicción política en el sentido de que esta es una cuestión central que merece ser debatida. No está en un segundo ni en un tercer plano sino en un primer plano, y a nuestro juicio debe formar parte de cada una de las banderas que levantamos y llevamos adelante.

          Decía que me ha vuelto el alma al cuerpo porque hemos pedido esta sesión especial teniendo dudas acerca de si íbamos a ser capaces de estar todos presentes en este recinto. Ahora veo que estamos dando este debate con una altura increíble y lo celebro absolutamente. Por eso me gustaría hacer un poquito de historia, tal como lo hicieron los señores diputados preopinantes, quienes han dicho muchas cosas que nosotros también pensamos. Insisto: tengo ganas de hacer un poquito de historia acerca de cómo se fue dando este debate aquí en el Congreso.

          Muchos diputados dijeron que este proyecto fue responsabilidad de las organizaciones y efectivamente así sucedió. Las organizaciones que están a favor de la diversidad sexual han trabajado de una manera increíble.

          En este sentido, quiero retomar algunos de los debates que se presentaron de una manera mucho más fuerte y virulenta en las comisiones. Allí se dio la misma situación que tuvimos aquí con respecto a si teníamos quórum o no, porque este debate es político, profundo y nos atraviesa fuertemente.

          Uno de los debates más claros que se llevó a cabo se basaba en que el matrimonio era una institución pensada para la continuidad de la especie y la procreación. La verdad es que esto fue ampliamente discutido en nuestra comisión, a punto tal que muchos diputados que pensaban de esa forma modificaron su opinión y tuvieron la capacidad de ver que esto no era así.

          Creo que el tema es muy claro. De otro modo, ¿cómo hubiéramos hecho tantas madres solteras para continuar la especie si no nos casábamos? ¿Cómo se hacía antes de que existiera el matrimonio para que efectivamente pueda continuarse la especie? ¿Por qué pensamos que va a desaparecer la pareja heterosexual si simplemente queremos reconocer que ya existen parejas homosexuales?

          Creo que esta discusión se fue acabando dentro de las comisiones y aquí se han escuchado muy pocas opiniones de diputados que vuelven a hacer referencia a esta cuestión.

          Por otro lado, se plantea el problema de la adopción. Creo que en algún lugar esto tiene que ver con el resultado de algunas encuestas que plantean que el conjunto de la sociedad está de acuerdo con que haya matrimonios del mismo sexo, pero dudan con respecto a si tiene que haber o no adopción.

          Nosotros tenemos la convicción absoluta de que tiene que haber adopción, como ya dijeron varios señores diputados, porque es una realidad que ya existe.

          En cuanto al interés superior de los niños, me gustaría hacer una comparación con el divorcio. Yo era muy pequeña, vivía en una familia de madre y padre separados pero esto no se podía decir. Durante años los hijos de familias de padres separados teníamos que estar ocultando una realidad, que efectivamente era que nuestros padres no vivían juntos; algo tan simple como eso. Cuando se discutía respecto de los intereses de los niños y el matrimonio ‑parecía que íbamos a quedar todos en la calle-, no se tenía en cuenta que estábamos obligados a ocultar nuestra propia realidad. Creo que exactamente hoy pasa lo mismo con los niños y niñas que son criados por parejas del mismo sexo.

          Incluso hay otro debate político que tiene que ver con las minorías y las mayorías. Nosotros creemos que no hay minorías y mayorías sino diversidad; este también  es un debate político y tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a esta realidad. De qué manera nos planteamos claramente que queremos la igualdad absoluta ante la ley para ser, dentro de la sociedad, todo lo diverso que queramos ser. Me parece que también este es un elemento importante y fundamental.

          También escuchamos durante este tiempo algunas hipótesis en el sentido de que las personas que gustaban de otras del mismo sexo tenían problemas psicológicos, que las lesbianas odiaban profundamente a los hombres o que la familia es sólo de mamá y papá, cuando esa realidad no puede ser vista en ningún lado o en muy pocos lugares.

          Creo que aquí se puede percibir la fuerte acción que llevaron a cabo las organizaciones durante todo este tiempo y me siento muy contenta de haber sido parte de esta pelea, junto con diputados de todos los bloques, en todo el país.

          No solamente algunos señores diputados soportaron insultos en las reuniones de la comisión sino que además tuvieron la capacidad de dar el debate, con altura, de modo que en todo el país hoy no estamos discutiendo si está mal o está bien que existan parejas del mismo sexo, cuestión con la que iniciamos el debate y parecía que era algo anormal.

          Hoy nadie puede decir que sea anormal la existencia de parejas del mismo sexo. Estamos peleando, y creo que hoy vamos a lograrlo, para que estas parejas sean reconocidas del mismo modo que son reconocidas las parejas heterosexuales. En ese sentido, creo que esta pelea tiene mucho más que ver con la realidad y con una condición cultural y social.

          Seguramente muchísimas parejas del mismo sexo no tienen ganas de casarse, igual que muchas parejas que no son del mismo sexo, y la verdad es que está bien porque tienen derecho a elegir si se quieren casar o no. Pero sí estoy segura de que a partir de ahora, si logramos la sanción de esta ley, las parejas van a poder salir de la casa tomadas de la mano, van a poder ir al supermercado y abrazarse, van a poder decir a sus padres que efectivamente son pareja y lo van a poder hacer no sólo en la Capital Federal sino en las provincias conservadoras, los pueblos, el campo, en todas las localidades, y van a poder mostrarse tal como son. Creo que la verdad es lo que nos hace bien a todos.

          Para nosotros la igualdad jurídica es un elemento fundamental a fin de alcanzar la igualdad y la justicia social. Observen que esta ley tiene algo muy interesante: genera un avance enorme en justicia social y no va a pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, va a generar un enorme avance en cuanto a la justicia social en nuestro país y creo que eso es algo que también tenemos que celebrar. Esto nos tiene que poner muy contentos y vamos a ver los resultados muy rápidamente en el conjunto de nuestra sociedad.

          Por último, seguramente hay mil cosas que se quedan en el tintero pero que mis compañeros van a reforzar, quiero decirles que a veces la política se ve en blanco y negro y nos dicen que tratemos de verla en sus grises. Hay gente que ve la realidad en blanco, negro y gris. La verdad es que nosotros tenemos muchas ganas de ver la realidad en colores. (Aplausos prolongados en las galerías y en las bancas.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

 

Sr. Macaluse.- Señor presidente: estoy contento porque estamos demostrando que, pese al disenso, que en muchos casos es fuerte, la Cámara de Diputados puede funcionar y debatir respetuosamente sin que nadie resigne un ápice de sus convicciones.

          Creo que éste es el resultado de la convocatoria que hemos impulsado junto con otros bloques. La reunión del día de hoy no era para ver quién juntaba tres o cuatro diputados más a fin de vencer al otro bloque sino que se trataba de juntarnos para debatir ampliamente un tema en el que la dirigencia política estaba en deuda con la sociedad. Creo que éste puede ser un camino para bucear y profundizar de manera que podamos resolver, con el mismo respeto, con la misma altura, con la misma dignidad, otros temas que la sociedad nos está demandando. Tenemos que funcionar y resolver.

          Quiero señalar, para no abundar en otras cuestiones ya manifestadas por otros compañeros con anterioridad, que los derechos se consagran institucionalmente después de una lucha que expresa un entramado  muy complejo de vínculos sociales y políticos, y que la mayoría de las veces son fruto de largos padecimientos, temores, discriminaciones y angustias. Este creo que es el caso. Por eso queremos saludar a las organizaciones y a quienes no perteneciendo a ellas se animaron a dar este debate en el seno de la sociedad.

          Hoy estamos desmontando una barrera discriminatoria, y digo “desmontando” y no “derribando” porque está claro que en esta discusión hay serenidad y no la violencia verbal que sí hubo en otros momentos de la historia donde debimos derribar barreras. Esto se produce porque la sociedad ha aceptado culturalmente lo que la dirigencia todavía no ha resuelto. Por eso, desde el Poder Legislativo hemos obligado a la Justicia para que interprete lo que nosotros deberíamos señalar inequívocamente. Esto es lo que vamos a resolver hoy.

          Además, esto muestra una sociedad que va delante de la dirigencia; una dirigencia que resuelve con retraso algunos problemas que la sociedad ya ha asumido. Tal vez en la disputa cotidiana, en el cronograma y en la agenda electoral estemos perdiendo la perspectiva de mediano y largo plazo. Cuando la dirigencia política  y cultural de un país se pierde en la disputa cotidiana y deja la perspectiva de largo plazo, el país camina en círculos y no puede avanzar.

          Nosotros tenemos un desafío enorme como dirigencia, más allá del lugar en el que nos puso la sociedad al votarnos, sea oficialismo u oposición.  Tenemos el desafío de cohesionar una sociedad que por diversos motivos está fracturada, fragmentada, y en algunos casos enfrentada y dañada. La epidermis social está dañada por lo que aconteció, sobre todo, en los años 90, y tenemos la obligación de reparar esa epidermis social a través de los debates y las resoluciones.

          La generación de los años 80 se autoimpuso un desafío enorme: cohesionar a una sociedad diversa; y lo hizo con una estrategia que dio resultados disímiles. Lo que logró cohesionar a través del impulso de la educación pública lo degradó después, porque esa cohesión también implicó la homogeneización cultural, la pérdida de la diversidad e incluso el desconocimiento del otro, a veces en términos simbólicos y muchas otras veces en términos físicos, ya que generó un genocidio para provocar dicha cohesión social.

          Tenemos un desafío muy similar, pero creemos que aprendiendo de la historia podemos tomar un camino diferente: intentar la cohesión a través de políticas de inclusión. Esta es una política de inclusión. La sociedad nunca va a estar cohesionada si todos no nos sentimos parte, si no nos sentimos incluidos, si alguno de nosotros se siente discriminado y no puede ser partícipe de todos los derechos y obligaciones.

          Tenemos que intentar buscar la cohesión de nuestra sociedad a través de la perspectiva del respeto a la diversidad  y del pensamiento distinto del otro, y no de un paradigma o modelo que señala qué es lo que hay que copiar para llegar a ser algo superior a lo que somos.

          Es imprescindible que todos demos este debate, más allá de las diferencias partidarias que tenemos. Debemos tomar en nuestras manos un desafío que no es menor: incluir en términos sociales y económicos a miles y miles de excluidos en los últimos años en nuestro país. Esta es la obligación y el desafío que tenemos todos nosotros, y en esa tarea nos van a encontrar junto a ustedes, sean del partido que sean, si pretenden avanzar rectamente en este camino. (Aplausos.)  

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Prieto.-  Señor presidente: me honra integrar esta Cámara que ha tenido la oportunidad de sancionar estas leyes que en muy poco tiempo van a ser reconocidas como transformadoras e impulsoras de cambios necesarios y democráticos.

          Hoy venimos a tratar justamente una de esas leyes. No estamos hablando de una norma que tendrá consecuencias institucionales y que nos interesan fundamentalmente a los políticos, sino de una ley que ha interesado a toda la sociedad.

          Lo hacemos en un marco en el que estamos despojados, en gran medida, de pertenencias partidarias, mandatos políticos, a fin de dejar librado nuestro voto a la conciencia de cada uno. Por supuesto que esto no significa que esta decisión no sea política y sumamente importante.

          La libertad es el primer gran objetivo que tanto ha costado conseguir, y la democracia es un instrumento útil para ello. Tal vez pareciera que es un objetivo que ya se ha conseguido, pero como todos los grandes objetivos, implica caminar hacia el horizonte. Siempre podemos hacer algo más en función de dicho objetivo. Creo que la sanción de este proyecto va a significar un paso más en ese camino hacia la consecución de la libertad.

          La democracia como sistema no sólo debe garantizar una eficiente toma de decisiones colectivas sino también que cada individuo pueda llevar adelante su propio plan de vida, hacer sus elecciones y tomar sus decisiones en el mismo plano de igualdad que los demás.

          Este es uno de los casos en el que el pensamiento de las mayorías no debe imponerse sobre el de las minorías, porque estamos hablando de los derechos básicos y fundamentales del hombre. Hoy vamos a impregnar a nuestro Código Civil de una mayor cuota de legitimidad, como concepto moral y no como sanción jurídica del Congreso. Vamos a dar legitimidad a esta ley que regula la legislación en general a fin de que resulte más aceptable para todos y cada uno de los individuos, reconociendo las elecciones y brindando igualdad a los distintos contrayentes de un matrimonio.

          El otro gran objetivo que tenemos las sociedades en general y que se da en las democracias en particular es la consecución de la igualdad. Pareciera que la igualdad jurídica ya estuviera conquistada, que ya es un capítulo obtenido y que sólo nos debemos preocupar por la igualdad de oportunidades y la igualdad en materia económica. Pero cuando analizamos asuntos como el que hoy estamos tratando nos damos cuenta de que tampoco en todos los casos la igualdad jurídica está estrictamente conseguida, porque si bien todos somos iguales frente a la ley, la ley no es igual para todos.

          Con la sanción de esta ley vamos a teñir de igualdad al Código Civil para que todos tengan los mismos derechos que generosamente nuestra Constitución otorga a los extranjeros en igualdad de condiciones que a los nacionales, como el derecho a casarse, sujeto a lo que establezca la ley, y hoy la ley se va a adecuar a los tiempos y lejos de imponer en el Código Civil un pensamiento religioso o siquiera mayoritario, va a permitir que aun los que piensen de manera distinta o tengan otra orientación sexual puedan tener igualdad ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones en el plano de las relaciones de familia, en orden a hijos, alimentos, derechos de sucesión, de pensión, etcétera.

          Pasamos entonces de una idea de igualdad de derechos a la de igualdad en los derechos. Hoy vamos a hacer posible que en la Argentina haya más iguales que antes.

          Proyectos como éste significan una adecuación a los tiempos y organizar la sociedad hacia el futuro reconociendo los cambios y las transformaciones que en ella se producen. Pero básicamente sanciones como la de hoy significan un paso más en la consecución de esos grandes objetivos: el primero –del que hablaba al principio-, el de la libertad, y el segundo, el de la igualdad.

          Si la igualdad es un ideal que nos debemos esforzar para alcanzar, actuar para apoyarlo es una obligación moral.

          Por eso el bloque de la Concertación va a acompañar la sanción de este proyecto. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

 

Sr. Ledesma.- Señor presidente: primero quiero resaltar el hecho de que los presidentes de bloque hayan sometido esta gran decisión al libre albedrío de los señores diputados. Y cuando decimos “libre albedrío” nos estamos refiriendo a un párrafo bíblico, algo que Dios nos legara, en cuanto a la posibilidad de elegir entre el camino correcto y el camino incorrecto.

          En esta oportunidad voy a expresar la posición de nuestro bloque fundándola en la fe. En este sentido, me voy a referir a los capítulos I y II del Génesis, donde podemos leer: “Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.” “Luego, con la costilla que había sacado del hombre el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: ‘¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará mujer’”. “Y los bendijo, diciéndoles: ‘Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla’”.

          El artículo 2° de nuestra Constitución Nacional dice: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.” Es por eso que vengo a defender mi posición desde la fe, pero también desde el derecho.

          Mucho se ha hablado del derecho: del derecho constitucional, del derecho individual, del derecho colectivo y del derecho internacional. Yo también voy a hacer algunas menciones a estos derechos.

          El ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Esta imagen no sólo se refleja en la persona individual sino que se proyecta en la complementariedad y reciprocidad –varón y mujer-, en la común dignidad y en la unidad indisoluble de los dos, llamada desde siempre “matrimonio”.

 

Sr. Presidente (Fellner).- Señor diputado: la señora diputada Carrió le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

 

Sr. Ledesma.- Cómo no, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Fellner).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Carrió.- Señor presidente: para garantizar la pluralidad del debate es bueno que cada uno de nosotros hable de su propia fe y de su propia interpretación de ella, porque hay otros que también somos católicos practicantes y hemos leído todos los evangelios y sólo conocemos que la primera ley es la del amor, la del amor en la diversidad y la no exclusión. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

 

Sr. Ledesma.- Gracias, señor presidente y señora diputada.

          El matrimonio es la forma debida en que se realiza una comunión singular de personas, y ella otorga sentido plenamente humano al ejercicio de la función sexual. A la naturaleza misma del matrimonio pertenecen las mencionadas cualidades de distinción, complementariedad y reciprocidad de los sexos, así como la admirable riqueza de su fecundidad. El matrimonio es un don de la Creación; no hay una realidad análoga que se le pueda igualar. No es una unión cualquiera entre personas: tiene características propias e irrenunciables que hacen del matrimonio la base de la familia y de la sociedad. Así fue reconocido en las grandes culturas del mundo; así lo reconocen los tratados internacionales, a algunos de los cuales voy a hacer referencia. Muchos de ellos están contemplados en el artículo 75 inciso 22) de nuestra Constitución Nacional.

          La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 16: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.”

          La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

          El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.”

          La Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, dice en su artículo 17, con referencia a la protección de la familia, que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta Convención.

          Corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre el varón y la mujer con la protección de las leyes para asegurar y favorecer su función irremplazable y su contribución al bien común de la sociedad.

          Si se otorgase un reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo o se la pusiera en un plano jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina. 

          Para concluir, voy a citar a Su Santidad el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Sumo Pontífice dijo que en el caso de que  en una asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar en contra del proyecto de ley. Conceder el sufragio o el propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad y de la familia es un acto gravemente inmoral.

          Por eso nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto de ley. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Lozano.- Señor presidente: es un placer, por lo menos para mí, sentirme tan expresado por los planteos que han hecho varios de los señores diputados preopinantes, la señora diputada Vilma Ibarra, la señora diputada Merchán, el señor diputado Solanas, el señor diputado Macaluse y la señora diputada Fein.

          En verdad quisiera reivindicar el hecho profundamente democrático que supone estar dando este debate y como todos lo esperamos, estar dando el paso de votar favorablemente el dictamen de mayoría.

          Digo esto no sólo por las apreciaciones que se han hecho en relación a la cuestión del Estado de derecho y de la igualdad sino desde el plano más sustancial de la cuestión democrática.  Por lo menos para nosotros, un régimen social es democrático en tanto es capaz de garantizar la autonomía de las personas.

          Por autonomía se entiende la capacidad de cada persona de poder construir su propia historia. Desde la experiencia del Movimiento Proyecto Sur es que hoy venimos a apoyar lo que hoy estamos discutiendo, es decir el matrimonio de personas del mismo sexo, con la misma fortaleza con la que reclamamos las garantías en materia de ingresos por encima del umbral de dignidad, en fin las garantías para que toda persona pueda trabajar y participar del proceso de producción de la riqueza social, las garantías al acceso universal, a la salud y a la educación, a la participación en la creación cultural y en las decisiones.

          Como no podía ser de otro modo, también está la necesidad de garantizar la posibilidad de decidir y de tener libertad a la hora de definir su orientación sexual. Es en este plano donde nosotros estamos tratando de cuestionar el intento de perpetuar un imaginario colectivo, que es tramposo y que sostiene una situación cultural opresiva, un imaginario colectivo que nos propone mirar por un lado una mayoría supuestamente normal, sana, versus una minoría que puede ser negada y humillada y en el medio de la relación entre mayoría y minoría, tamizada por la intolerancia.

          Quiero ser muy claro en este punto: lo que estamos votando hoy, lo que estamos discutiendo, este planteo normativo no obliga a nadie.  No estamos diciendo que deben casarse con las personas del mismo sexo. Estamos reconociendo una realidad.

          No supone una imposición absoluta a nadie. Estamos poniendo una norma a la altura de la realidad que en todo caso estamos teniendo. Y en este sentido creemos que resulta absolutamente pernicioso transformar en una suerte de determinismo biológico a la biología, en una suerte de cárcel de la libertad  y la opción que en materia sexual pueda tener una persona.

          En este plano también nosotros entendemos que toda sociedad que niega es una sociedad que produce enfermedad, es una sociedad que paraliza y que angustia. Toda sociedad que construya sus normas recogiendo la verdad enaltece y dignifica.

          En este sentido descreemos de aquellas posturas que vienen a plantear hoy, como se ha demostrado en varias de las intervenciones, que el carácter del matrimonio tiene que ver con la procreación.  Está claro que eso no es así, porque habría que reclamar un examen de fertilidad a cada uno de los que se casan.

          También habría que evitar que lo hagan personas con mayor  edad que la necesaria para procrear. Eso no tiene ni pies ni cabeza.  Es otra la discusión que se está dando en este sentido y por esa razón es que creemos que acompañar este tipo de normas y este dictamen de mayoría supone hoy decirle basta a un determinismo biológico que se transforma en opresión cultural y social.

          Asimismo, decirle basta a una estrategia de negación que humilla y margina, y decirle que estamos dispuestos a acompañar toda estrategia normativa que suponga y tenga como sustrato el reconocimiento de la verdad. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Solanas.- Señor presidente: voy a agregar algunas ideas a todo lo dicho, solidarizándome con tantos legisladores y conceptos vertidos esta tarde. Bien se ha dicho que es una tarde muy peculiar y que nos llena de satisfacción.

          Después de varias semanas en que esta Cámara no encontraba el rumbo, hoy nos encuentra unidos en el tratamiento de una iniciativa que viene a contestar una larga injusticia pero lo más lindo es que legisladores de distintas corrientes de opinión, de distintos partidos políticos estamos coincidiendo en la idea de más democracia, de más justicia y de más igualdad en la Argentina. 

          Por eso, saludo a todos los legisladores que hoy van a dar su voto al proyecto de la mayoría. Saludo a los autores del proyecto, la señora diputada Vilma Ibarra, y los diputados que la acompañaron, Cecilia Merchán, Liliana Parada, Lozano, Macaluse y tantos otros. Saludo sobre todo esa lucha solitaria  y firme que llevó adelante la comunidad homosexual argentina, la Federación Argentina de Lesibianas, Gays, Bisexuales y Trans, luchando por la igualdad, contra la hipocresía, contra la discriminación y contra la persecución.

          La Argentina ha librado grandes batallas culturales en el siglo pasado y las sigue librando hoy, y deberemos librar grandes batallas para demostrar que se puede transformar esta sociedad, que la podemos transformar en una sociedad más solidaria, una sociedad de cooperación, pudiendo realizar el sueño de la Argentina que hemos soñado.

          Simplemente quiero decir, para no reiterar todos los otros argumentos que ya se vertieron sobre el derecho al matrimonio, que es un derecho universal y que no hay ningún código, ningún paradigma ni ninguna religión que pueda encorsetar los sentimientos, los afectos o el amor que está en la base de cualquier relación humana.

          No hay Patria sin identidad y sin memoria, señor presidente. La Patria ha sido la acumulación de esfuerzos extraordinarios motivados por el amor a la tierra, el amor a las comunidades que acá se asentaron, la integración con los pueblos originarios; y la Argentina –recordémoslo‑ es una formación plural que debe agradecer los aportes plurales de distintas corrientes migratorias, de distintos pensamientos, culturas y religiones, generando una comunidad abierta. Precisamente la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 19, reconoce que el Congreso debe proteger la identidad y la pluralidad cultural. Sería obvio decir que en lo más hondo de la identidad y de la condición humana está ese territorio misterioso de los afectos y los sentimientos y la sexualidad. Pretender reglar, encorsetar o meter los sentimientos humanos dentro de reglamentaciones, acciones y códigos que fueron coercitivos es la historia del atraso, de la reacción de los ultramontanos. La literatura ha retratado una gran variedad de historias y relaciones humanas que nos mostraron que todos esos esfuerzos represivos fueron vanos.

          Por eso, señor presidente, en respeto a la identidad, a la libertad, a la libre elección de las parejas y de la sexualidad y porque es obligación del Estado proteger a las familias, nosotros apoyamos decididamente este dictamen de mayoría y volvemos a saludar a todos para que esta tarde se corone con una gran votación el matrimonio civil de personas de igual sexo. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

 

Sr. Fortuna.- Señor presidente: hoy estamos afrontando la tarea de debatir una cuestión compleja y controvertida que genera opiniones encontradas y que obviamente torna dificultoso el intento de acercar posiciones entre miradas que son diferentes.

          Sin embargo, desde mi opinión, como peronistas no podemos obviar que la familia siempre ha sido uno de los ejes doctrinarios fundamentales y que da sustento al pensamiento justicialista. Esto es así porque para el Justicialismo la familia es el núcleo primario en el cual los seres humanos participan, se pueden expresar en todas sus facetas y esperan ser aceptados tal cual son.

          La familia es el primer lugar de la formación, de la educación y donde realizamos nuestra primera experiencia de convivencia. En definitiva, la familia es el lugar de transmisión de la cultura y de los valores; es el lugar de transmisión de las visiones del mundo y de la vida, y también de la construcción de la confianza.

          De allí la importancia que tiene la familia. Tanto es así que esa Constitución que impulsó el Justicialismo durante su primera gestión, allá por el año 1949, en su artículo 37 tenía cuatro apartados: sobre los derechos del trabajador, sobre los derechos de la familia, sobre los derechos de la ancianidad y sobre educación y cultura. Eso resalta la centralidad que tiene la familia en el pensamiento y en el proyecto del Justicialismo.

          La relevancia de la familia se asienta en que ella es el ámbito donde cada niño puede absorber los valores que lo convertirán en el ciudadano que necesita nuestra comunidad y no en un sujeto indiferente. En ese sentido, el Justicialismo reconoce como núcleo básico de la familia al vínculo entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio, y ello es así por la necesaria complementariedad de los sexos que permite la procreación y la continuidad de la especie humana como una de sus funciones fundacionales.

          Sin embargo, señor presidente, debemos reconocer que en nuestra sociedad actual existen sectores que sin adoptar el modelo enunciado logran un vínculo estable y que son parte de la comunidad homosexual y de la diversidad de la sociedad en su conjunto, en la que todos nosotros compartimos y convivimos.

          Frente a esa realidad no nos podemos mantener al margen ni silenciosos. Debemos ocuparnos de la problemática de esos grupos que forman parte de nuestra realidad. Esta es una realidad innegable de nuestra sociedad y como legisladores no debemos obviarla. Por el contrario, la debemos reconocer e incorporar a nuestro debate.

          Tenemos muy en claro que hay derechos que surgen precisamente de la convivencia entre los seres humanos. En este sentido, creo en la necesidad de ir revisando progresivamente la legislación que mencionaba anteriormente, que nos exige contemplar la posible protección por parte del Estado de aquellas personas que hoy se encuentran en una situación de desamparo legal.

          Fíjese, señor presidente, que hoy en nuestra provincia de Córdoba la Caja de Jubilaciones de la provincia otorgó la primera pensión por el fallecimiento de uno de los convivientes de una pareja homosexual. Esto se pudo hacer porque se ha ido avanzando en esa legislación, creando un registro de convivientes en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Hoy, mediante un convenio con la Caja de Jubilaciones, se logra reconocer ese derecho de convivencia otorgando una pensión cuando muere uno de los componentes de esa unión civil.

          Al mismo tiempo, creo que tenemos que ir revisando esa legislación. Para ello, debemos abordar el debate partiendo de un diálogo sincero que se dé en un marco de tolerancia, lejos de presiones y de apuros, ya que estamos discutiendo un tema que es de gran importancia para el futuro de nuestra sociedad.

          Es una realidad que en torno a esta cuestión existen diversas barreras -culturales, ideológicas y religiosas- que aún no han madurado en el seno de la sociedad. Por lo tanto, esta es una instancia que como legisladores no podemos obviar.

          Por estas razones, estimo que es fundamental continuar con el diálogo y con la discusión tolerante sobre cuestiones tan caras a nuestra idiosincrasia.

          En ese sentido, no podemos negar que existen cuestiones conexas al matrimonio de personas del mismo sexo, que aún no han sido debatidas con la profundidad y extensión que su relevancia ameritan. A título enunciativo podemos señalar en relación con el concepto de matrimonio que el derecho romano lo definió como la cohabitación de dos personas de distinto sexo; así fue receptado por nuestra legislación. Además, la doctrina sostuvo al respecto que la diversidad de sexo de los contrayentes es una cuestión casi esencial para la existencia misma del matrimonio; creo que esto ni siquiera haría falta enunciarlo.

          Por otro lado, el tema de la adopción también forma parte de una de esas cuestiones conexas que tampoco ha sido abordada con la amplitud y profundidad que requiere. Este es un aspecto que trasciende lo meramente normativo, porque va atado a una realidad cultural de gran raigambre en nuestro país.

          Por ende, no se trata sólo de incorporar nueva legislación o de modificar un Código; se trata de superar concepciones que aún tienen vigencia.

          Reconocemos que este es un debate que ya se viene dando en el seno de nuestra sociedad, pero sabemos también que las cuestiones en juego nos exigen continuar transitando por la senda del diálogo y del respeto. Este es el único camino que en el futuro nos permitirá contar con una norma que tenga como sustento fundamental el consenso mayoritario de la sociedad.

          Entonces, como estamos convencidos de la necesidad de profundizar el debate que se viene llevando adelante, los integrantes del bloque Córdoba Federal no vamos a acompañar el proyecto contenido en el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Robledo, que compartirá su tiempo con la señora diputada Regazzoli. Sin embargo, el señor diputado Vargas Aignasse le está solicitando una interrupción. ¿La concede?

 

Sr. Robledo.- Sí, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Fellner).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

 

Sr. Vargas Aignasse.- Señor presidente: el señor diputado preopinante comenzó la defensa de su posición hablando del Partido Justicialista; incluso, dijo que lo hacía en nombre de ese partido y de su doctrina.

          En ese sentido, como militante del Partido Justicialista quiero dejar en claro que este no es un debate doctrinario acerca de la doctrina del partido, como tampoco es un debate sobre el sacramento del matrimonio o sobre la sexualidad de alguien. Este es un debate sobre derechos civiles y libertades individuales. Por eso, los exhorto a que demos un gran debate sobre este tema.

          Traer a la discusión cuestiones vinculadas con la fe católica –a las que adhiero fervientemente por ser católico apostólico romano‑, creo que no es conveniente. Existen postulados de la Iglesia Católica en los que creo, pero que son inaplicables en este caso. Reitero que no estamos hablando de cuestiones religiosas ni del sacramento del matrimonio. Este es un gran debate sobre derechos civiles y libertades individuales.

          Por lo tanto, los exhorto para que demos un gran debate sobre el tema en discusión. Les pido que no seamos funcionales a un sector que pretende convertir esta discusión en pequeña, chica y minimalista sobre la base de improntas y de latiguillos que discriminan y ofenden, que no tienen nada que ver con este gran debate que debemos dar. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Señor diputado Robledo: el señor diputado Fortuna le solicita una interrupción. ¿La concede? La Presidencia le aclara que todas estas interrupciones forman parte del tiempo del que usted dispone para hacer uso de la palabra.

 

Sr. Robledo.- Sí, señor presidente.

 

Sr. Presidente (Fellner).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

 

Sr. Fortuna.- Señor presidente: cuando en nuestro rol de diputados emitimos un juicio o una opinión sobre un proyecto de ley –como ocurre en este caso‑ que tiene connotaciones especiales, lo hacemos desde nuestras convicciones. También discutimos sobre los derechos de la sociedad sobre la base de nuestras convicciones políticas e ideológicas.

          En ese sentido, no se puede recortar la visión que uno tiene sobre cada uno de los temas para acercarse a la opinión del señor legislador, a quien respeto absolutamente. No creo que estemos minimizando el debate al traer a este recinto cuestiones que tienen que ver con nuestra manera de pensar o con el proyecto político que cada uno defiende. Justamente, hay legisladores de otros partidos y de otras ideologías políticas que hoy se han expresado con un profundo sentido político.

          Por lo tanto, no comparto la posición del legislador preopinante, aunque la respeto. (Aplausos.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

          Esta Presidencia le reitera que ha sido parte de su tiempo el que se ha utilizado en estas interrupciones.

 

Sr. Robledo.- Señor presidente: considero que por la característica del debate correspondía dar lugar a estas interrupciones sin que ello implicara que se esté insumiendo parte de mi tiempo. Si le permito una interrupción a un diputado, tengo que darle al otro la posibilidad de contestar. Entonces, para que mi compañera de bloque también pueda expresarse solicito que se amplíe el tiempo del que disponemos para hacer uso de la palabra.

          En primer término, como peronista deseo dejar en claro desde qué óptica fundo mi opinión respecto del matrimonio de personas del mismo sexo.

          La doctrina que el general Perón nos legó considera a la familia como la célula básica y, como tal, debe ser protegida por el Estado. En este sentido, el matrimonio que da origen a la constitución de la familia, para nosotros no surge como una categoría de libre interpretación ideológica y representa mucho más que la unión civil entre dos personas, más allá de su sexo. Para nuestra ideología el matrimonio y la familia sólo tienen sentido si los remitimos a la doctrina social de la Iglesia.

          El peronismo es la versión política de la doctrina social de la Iglesia. A ella hacía referencia Perón cuando hablaba del efectivo gobierno. Desde nuestra doctrina política el sentido de progreso de la humanidad no es otro que el de avanzar hacia un sistema en el que –según palabras de nuestro líder‑ no exista la explotación del hombre, donde seamos todos colaboradores de una obra común para la felicidad común, vale decir, la doctrina esencialmente cristiana.

          El matrimonio es una institución particular, autónoma y anterior al Estado, con propósitos determinados que requieren de la complementariedad entre el hombre y la mujer por su capacidad única de concebir unión y concordancia, formando a la sociedad por el camino de la maternidad y la paternidad.

          Bien se sabe que en todas las comunidades la diferenciación entre mujeres y hombres es un dispositivo esencial de la organización social. Todas las sociedades registran relaciones de matrimonio y vínculo familiar y le conceden expectaciones reguladas a los roles de maridos y esposas, padres e hijos, y a veces a otras relaciones en el interior de familias ampliadas. Pues, el matrimonio es una institución creada por la historia y la realidad como la unión de un hombre y una  mujer que, por su complementariedad única garantiza la continuidad del orden de toda la sociedad.

          La humanidad debe su conservación a la familia instituida sobre el matrimonio. El efecto ineludible del reconocimiento legislativo de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se transforma en una institución que en su condición legítimamente reconocida inutiliza la referencia principal a los agentes atados a la heterosexualidad, tales como la acción de procrear y la de formar. De darse esta posibilidad la definición del matrimonio sobrellevaría un cambio primordial, con peligroso deterioro del bien común.

          En las alianzas homosexuales están totalmente alejados los componentes biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia que lograrían implantar juiciosamente el reconocimiento legal de tales uniones. Éstas no están en circunstancias de aseverar convenientemente la fecundación y la conservación de la raza humana.

          Como se puede manifestar en la realidad, la ausencia de la práctica de la maternidad o de la paternidad afecta en el desarrollo de los niños.

          El Papa Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio” de noviembre del año 1981, escrita a la luz de lo que la Iglesia avizoraba como un avance sobre la institución de la familia cristiana, indicaba que: “La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal.”

          Sigue diciendo: “Esta totalidad, exigida por el amor conyugal, corresponde también con las exigencias de una fecundidad responsable, la cual, orientada a engendrar una persona humana, supera por su naturaleza el orden puramente biológico y toca una serie de valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución perdurable y concorde de los padres.” Continúa: “El único ‘lugar’ que hace posible esta donación total es el matrimonio.” Y agrega: “La institución matrimonial no es una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad ni la imposición intrínseca de una forma, sino exigencia interior del pacto de amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo, para que sea vivida así la plena fidelidad al designio de Dios Creador.”

          Concluyentemente tal experiencia sería peligrosamente inmoral y se pondría en franca contradicción con el principio, reconocido por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos del Niño, según el cual el interés supremo que siempre hay que resguardar es el del niño.

          El bien común requiere que las legislaciones reconozcan, beneficien y resguarden la unión matrimonial como pedestal de la familia, elemento esencial de la humanidad. Registrar legítimamente las uniones homosexuales o compararlas al matrimonio, representaría cegar valores esenciales que conciernen al capital común de los  hombres.

          En orden a estos fundamentos, creemos que, primero, las personas del  mismo sexo merecen tener derechos jurídicos que les permitan llevar su vida en común. Esos derechos expresados en una unión civil  no pueden desde nuestro punto de vista hacerse extensivos al concepto de familia que defendemos desde nuestra doctrina ya que como explicara se encuentra fuertemente enraizada con la Doctrina Social de la Iglesia.

          Por otra parte, tampoco estoy de acuerdo con la adopción plena o simple para el caso de uniones civiles de personas del mismo sexo. La misión trascendente de la familia en tanto no se trata de algo puramente biológico afecta una serie de valores que trascienden en la educación de los hijos y para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución de ambos padres. Al respecto creemos que podría incluirse una modificación de la ley 24.779, de adopción, de manera tal que se permita la tutela o potestad de menores para el caso de dos personas de igual sexo en unión civil.

          Por estas razones, aunque creemos finalmente que el voto de una norma de estas características debe quedar librada a la libertad de conciencia del legislador, adelanto mi voto negativo al proyecto de ley en consideración.

 

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por La Pampa.

 

Sra. Regazzoli.- Señor presidente: debemos reconocer la realidad. Vivimos insertos en una sociedad globalizada que gracias a los adelantos tecnológicos, informativos y sus correlatos sociales hacen que cada vez más sepamos y asumamos situaciones que permanecieron y permanecen ocultas debajo de la alfombra.

          Pareciera que aquí tratamos solamente la posibilidad de que dos personas de un mismo sexo puedan unirse legalmente o, como algunos prefieren, en matrimonio. Pero, señores diputados y diputadas, hablamos de reconocer derechos e igualdades a personas que se encuentran viviendo esta situación desde hace mucho tiempo.

          Lo que se está debatiendo hoy en este recinto excede el marco meramente ideológico. Hoy estamos aquí trayendo  a la luz y dándole marco legal a una realidad social universal. Desconocer que en nuestro país y en el mundo existen personas del mismo sexo conviviendo es querer tapar el sol con las manos.

          Este debate y las posturas tan marcadamente encontradas me trae el recuerdo de los primeros años de la democracia, cuando se discutió la ley del divorcio. Muchos seguramente creyeron, en todo su derecho, que se vendría una avalancha de divorcios y de familias desmembradas. El tiempo demostró lo contrario: esa ley sirvió para blanquear situaciones que en algunos casos venían de años, y no aumentó la cantidad de separaciones legales en las parejas. Lo que sí demostraron las estadísticas es que la gente se casa menos, y no creo que sea por esa ley.

          Situaciones y opciones personales que antes eran vergonzantes, hoy están aceptadas por la sociedad y contempladas en los derechos de las personas, pudiendo acceder a beneficios que antes eran impensables. Veamos si no cómo era vista una madre soltera hace treinta años, y cómo hoy son contempladas, valorizadas y privilegiadas en situaciones como en la entrega de viviendas públicas, los sistemas de salud, programas sociales, etcétera.

          Esta reforma al Código Civil debe mirarse ni más ni menos que como una adaptación del Código a las realidades sociales. Somos las personas las que debemos consensuar el código que rige nuestras relaciones y debemos hacerlo acorde a las exigencias que los tiempos nos demandan.

          Además, si hay algo que debemos rescatar del tratamiento de este proyecto de ley es el espíritu de debate que generó, y que es una de las principales características del sistema democrático.

          La hora exige que asumamos posturas de contemplación y tolerancia, tanto con los que piensan como nosotros y más aún con los que difieren de nuestras costumbres. Así es la democracia, la misma que nos permite estar sentados en estas bancas.

          Creemos que lo que hoy votamos no es concluyente, seguramente deberemos hacer ajustes más adelante. Pero necesitamos traer a la superficie y reconocer esta realidad para ir perfeccionando la letra de la ley.

          No vamos a llegar a nada con ocultar y negar una realidad. Ya pasamos varias veces por estas situaciones en la historia de nuestro país y de nada sirvió. Tarde o temprano hubo que asumir las realidades que nos componen como sociedad.

          Por todo ello, voy a acompañar la sanción de esta modificación (aplausos), aun con algunas dudas que pueda tener en algunos aspectos, pero confiando en que aquí se trata de oportunidades de equidad e igualdad ante la ley, de reconocer a personas insertas en una sociedad que quiere ser moderna, pero que hasta el día de hoy carecieron de derechos fundamentales, como el de que su amor tenga un marco legal.

          Como dijo la diputada Merchán, hoy la política se viste de colores. (Aplausos en las bancas y las galerías.)

 

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

 

Sra. Vázquez.- Señor presidente: yo también voy a celebrar con mis compañeras y compañeros diputados que estemos llevando adelante esta sesión porque implica un reconocimiento a la política. ¿Política en qué sentido? En el sentido de que la semana anterior, cuando discutimos en la Comisión de Labor Parlamentaria, la diputada Vilma Ibarra y quien habla pedimos al conjunto de los bloques que nos apoyaran para que en la sesión tratáramos primero el proyecto de ley de matrimonio de personas de igual sexo,  y en ese momento no conseguimos el apoyo de algunos bloques de la oposición, y ahora celebro que hayamos entendido que esta es una prioridad y un compromiso que tenemos para con toda la sociedad, fundamentalmente con un conjunto de argentinos y argentinas que han estado presentes en los debates de la comisión y que la semana pasada esperaban este debate y ahora aguardan que demos sanción a un proyecto que los habilite en igualdad con los derechos que tenemos los heterosexuales.

          También es una celebración a la política, porque del mismo modo los diputados y diputadas que pedimos una sesión especial para mañana, al ver que había otra sesión especial solicitada para hoy, pero privilegiando que el primer tema fuera la ley del matrimonio, vinimos a dar quórum y debatir para aprobar este proyecto que todos están esperando.

          Creo que se han dado muchísimos argumentos en torno a esta cuestión, pero me parece que centralmente hay dos derechos que nuestra Constitución Nacional consagra de manera categórica: la igualdad ante la ley, en el artículo 16 –igualdad que no diferencia entre homosexualidad o heterosexualidad‑ y el artículo 19, que deja librado a la conciencia de cada uno las acciones privadas de los hombres, refiriéndose a los hombres y mujeres en su conjunto y sin excluir a la homosexualidad.

          La realidad es que nuestra ley de matrimonio civil –aquí discrepo con muchos de los diputados preopinantes‑ ha sido y es, hasta que no sea modificada, inconstitucional, por cuanto ha agravado las exigencias establecidas en el texto de nuestra Carta Magna al establecer un condicionamiento que dispone la diferencia de sexo entre los contrayentes. Eso no es así en nuestro texto constitucional ni en las convenciones internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que a partir de la reforma de 1994 integran nuestra Constitución Nacional.

          Entonces, no es que hoy venimos a otorgar un derecho que no es tal. Si sancionamos este dictamen de mayoría, venimos a cumplir con un deber constitucional, que es adaptar nuestro Código Civil a los preceptos que contiene la ley superior de los argentinos.

          ¿Por qué esto es importante? Porque no es la única cuestión en nuestro Código Civil que de alguna manera está violentando los preceptos que consagra nuestra Constitución Nacional.

          Mucho se ha hablado aquí sobre el matrimonio como institución, y tenemos que hacer una conceptualización sobre qué queremos decir cuando hablamos de matrimonio.

          El matrimonio ha sido concebido desde antes del Imperio Romano, en la civitas romana, en el siglo IV antes de Cristo, como una cuestión vinculada a la protección del derecho a la herencia y la propiedad, relacionada fundamentalmente con la figura del jefe de la familia o pater familias, y al lugar de la mujer en esa conformación particular de familia.

          ¿Hablamos de este matrimonio, una institución que lleva 2.400 años cuando hoy estamos legislando sobre matrimonio civil? ¿Hablamos del matrimonio concebido en la Edad Media, como una herramienta o instrumento legal que institucionalizaba las concepciones, filosofías y dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Hablamos de ese matrimonio, cuando estamos legislando en esta Cámara de Diputados en 2010? ¿Hablamos del matrimonio concebido como un contrato entre la familia, vinculado fundamentalmente a los intereses económicos y totalmente desvinculado del amor?

          Hablamos del matrimonio a partir de la Revolución Francesa y los cambios que en la cultura empezaron a modificar instituciones como ésta, donde evidentemente la igualdad, entre otras cuestiones, significó un cambio en el patrón de la cultura, porque el matrimonio basado en el amor, que a todos nos resulta tan natural, en realidad tampoco tiene nada de natural. Es una institución que como tal es una construcción cultural que ha ido variando a lo largo de los siglos y milenios de la historia de la humanidad, y se ha ido adaptando a las particularidades de los deseos y las demandas de las épocas en que vivimos los seres humanos.

 

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Susana Fadel.

 

Sra. Vázquez.- Esa institución de 2.400 años no puede ser la misma que debatimos, porque nada se mantiene –ni siquiera la biología‑ en términos estables por semejante cantidad de tiempo. ¿Cómo podríamos entonces pensar hoy que desde la cultura podríamos sostener instituciones con los mismos rasgos que hace 2.400 años o siquiera con cien años?

          Por eso, remitiéndonos a nuestro propio ordenamiento jurídico y para ser realmente fieles a la interpretación que tienen las normas, necesitamos adecuar esta institución que, como sostengo absolutamente, viola las exigencias contenidas en los preceptos constitucionales y debe ser adaptada a las circunstancias actuales.

          La pregunta es si la homosexualidad y la heterosexualidad son actuales. A lo largo de toda la historia de la humanidad han tenido lugar la homosexualidad y la heterosexualidad; lo que está sucediendo simplemente es que en la evolución de la cultura somos capaces de aceptar la diversidad y entender que lo maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos diferentes unos de otros, que no tenemos que parecernos ni respetar un patrón o ser similares a tal o cual; no tenemos que ser como la media o la norma.

          La realidad es que hoy estamos más cerca de poder aceptar la diversidad y la pluralidad, y estamos más cerca de institucionalizar a través de nuestras leyes ese derecho que sí es absolutamente natural. No pertenece a la cultura, sino exactamente a los derechos naturales de todo ser humano el ser reconocido en su identidad, en su singularidad, en su individualidad y en sus diferencias, porque justamente ellas son las que nos enriquecen. De eso se trata también nuestro sistema democrático y que hayamos podido consensuar para llegar a esta sesión.

          Debemos respetar el derecho de las mayorías y proteger y resguardar el de las minorías, preservando ante todo la igualdad de derechos ante la ley y, fundamentalmente, el derecho sobre el que se basa toda la construcción del estado de derecho y de la democracia, es decir, el derecho a elegir.

          Entonces, me voy a permitir responder a quienes, haciendo uso parcial de fragmentos del Antiguo Testamento, plantean una situación que este último ni siquiera contempla. Aclaro que no lo digo desde una convicción religiosa ni desde una pertenencia a tal o cual religión; lo hago desde una concepción que implica el respeto absoluto a aquellos mitos fundadores que tiene nuestra cultura occidental.

          El derecho más importante que tienen los seres humanos, el derecho que según esa misma génesis nos ha otorgado el Dios de la Biblia, es el de elegir. El libre albedrío está consagrado en las propias Escrituras. En la creación, Dios otorgó ese libre albedrío incluso para que los seres humanos elijamos el camino del mal. Si en ese mito, en ese contexto somos capaces, según nuestro propio creador, de elegir siempre el camino, ¿cómo no se nos reconocerá la capacidad a los seres humanos de la elección sexual que cada uno quiera?

          Sencillamente, estamos hablando de legislar desde la responsabilidad absoluta sobre el amor entre los seres humanos. ¿Qué poder le podemos reconocer al Estado, más allá del que el propio Dios de las antiguas escrituras le ha otorgado al hombre? Hablamos de la capacidad de elegir, que es un derecho irrestricto e inalienable de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo es el que más nos acerca a Dios.

          Por lo tanto, por todos estos argumentos, nuestro bloque va a apoyar este proyecto de ley. Quiero decir que, sinceramente, tenía dudas respecto al tema de la adopción, pero los discursos que he escuchado en esta misma Cámara me han convencido de apoyarlo absoluta y totalmente. (Aplausos prolongados.)

          ¿Saben por qué? Porque me puse a pensar: ¡qué injusto es el sistema jurídico y qué injustos podemos ser entre los seres humanos! Hay personas que por su sola condición de heterosexuales, aún siendo apropiadores de hijos de desaparecidos, pueden adoptar. ¿Y en este recinto negaríamos esta posibilidad a mujeres y hombres de bien, a personas con capacidad de amar, de construir, sin psicopateadas, que quieren hacerse cargo de la vida de otros –no para usarlos con otros fines-, por la sola condición de la homosexualidad? No me lo permitiría bajo ningún punto de vista.

          Este proyecto de ley constituye un cambio cultural importante. En la Cámara de Diputados estamos dando el debate y agradecemos profundamente a todos ustedes, a las organizaciones, a los que padecieron y padecen la discriminación en la sociedad, las que nos ponen en el apriete de venir a este recinto para sostener nuestras convicciones más profundas.

          La verdad es que los agradecidos somos nosotros, porque tenemos la oportunidad de dar un debate de cuestiones que son centrales y ancestrales. Aquí no estamos solamente cambiando una norma del Código Civil de la República Argentina; esta noche estamos a punto de desmoronar el muro de la discriminación, de la cultura única, del pensamiento homogéneo y del autoritarismo, que todavía sigue corroyendo buena parte de la cultura nacional. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

 

Sra. Belous.- Señora presidenta: a medida que avanza el debate realmente es sorprendente y reconfortante escuchar algunas posturas, y otras no tanto.

          En esta oportunidad quiero recordar que fue justamente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la que represento, en la que gracias a la decisión de la gobernadora Fabiana Ríos de acatar y hacer cumplir un fallo de la justicia se pudo realizar el primer matrimonio de personas del mismo sexo.

          Es muy difícil ser progresista en una provincia tan pequeña como la nuestra, en la que no hay elites académicas ni intelectuales, como ocurre en las grandes ciudades, que ayudan, legitiman y nutren toda la política progresista. No obstante, estamos gobernando la provincia y enfrentando muchas dificultades económicas, aunque aquellos que tienen un discurso progresista, a la hora de igualar derechos, son los que más discriminan.

          Por eso, la oposición a esta decisión, en particular por parte de los grupos conservadores a todo nuestro programa de gobierno, ha sido y es sumamente feroz y lamentable. Pero nosotros seguimos trabajando en políticas no discriminatorias, porque Fabiana Ríos no ha perdido el objetivo.

          Por eso, esta decisión, al igual que muchas otras, se enmarca en la búsqueda del bienestar y la igualdad de todos los habitantes de nuestra joven provincia.

          Todos recordamos los momentos difíciles que tuvieron que pasar José y Alex al ver frustrado su deseo de materializar su amor ante la justicia, pero pudieron hacerlo gracias a la convicción de no discriminar que tiene nuestro gobierno.

          Además, es de destacar que el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo tuvo lugar en el fin del mundo, pero este acto de igualdad y no discriminación no provocó el fin del mundo, de la civilización ni de la familia, como algunos argumentan, sino que, simplemente, el Estado dio los mismos derechos de los que gozamos las parejas heterosexuales de elegir libremente con quién queremos unirnos y de qué manera.

          Las  personas con una sexualidad diversa a la hegemónica se encuentran hoy con un trato ilegítimamente discriminatorio. Y más allá de que nos hemos acostumbrado a esta terrible palabra, no existe obstáculo mayor para vivir una vida digna. No existe actitud más denigrante que la discriminación.

          Hoy estamos discutiendo si el Estado va a reconocer distintos derechos, que no son ni dádivas ni aisladas concesiones benéficas. Son derechos que les corresponden a todas las personas por el hecho de ser personas, seres humanos. Allí radica la diferencia entre el totalitarismo y la democracia, el respeto por la diferencia y el reconocimiento de la diferencia, pero sin que esa diferencia acarree desigualdades jurídicas.

          Hoy, diputados y diputadas debatimos el futuro de nuestros representados y representadas.  Hoy tenemos la posibilidad de reconocer derechos de muchos mandantes, derechos que son negados ilegítimamente, pero que se encuentran consagrados no sólo en nuestra Constitución Nacional, sino también en tratados internacionales de derechos humanos.  Hoy tenemos la posibilidad de incrementar la felicidad de las personas a través de los instrumentos legales necesarios para que puedan llevar adelante una vida plena en sociedad; pero, principalmente, hoy tenemos la posibilidad de saldar una deuda pendiente con un grupo históricamente sojuzgado, objeto de discriminación y de desprestigios, que es una vergüenza en una sociedad democrática. 

          No se trata de quitarle nada a nadie; se trata de hacer de nuestros habitantes personas más felices y con igualdad de derechos.  Por eso acompaño con profunda convicción la decisión de la gobernadora de mi provincia, quien tuvo el coraje de hacer cumplir una sentencia que no le gustaba a algunos grupos de poder al permitir la primera boda entre personas del mismo sexo en América Latina.

          Por las razones expuestas, hoy mi voto es por un presente sin discriminación, por la igualdad y a favor del derecho de formar una familia para todas las personas que habitan en la República Argentina.  (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

 

Sr. Paroli.- Señora presidenta: como integrante del Frente Cívico y Social de Catamarca, un espacio donde convergen más de diecisiete partidos y diversas agrupaciones sociales, expondré mi posición en este debate, que considero histórico. 

          Hoy se discute en un sentido amplio el concepto de familia como institución fundacional de nuestra sociedad y si la sanción de este proyecto de ley afecta o no los modelos de matrimonio y de familia, tal como los conocemos. 

          Hablar del matrimonio y de la familia, que se constituye a partir de él, es hablar de la base sustancial de la sociedad, de la razón de ser y de trascender, de la trasmisión y de la enseñanza de valores, normas y preceptos que hoy y en esta instancia, más que nunca, es necesario preservar y revalorizar.

          En la génesis del matrimonio entre un hombre y una mujer y su devenir en familia, que se va conformando con la llegada de los hijos, se generan los umbrales para la construcción de sus personalidades.  Las familias funcionan como estructuras de humanización y lugares de contención y transformación de nuestros niños desde su mismo nacimiento, mediante el inestimable poder del amor paternal, maternal y familiar y la preparación para su inserción, interacción y convivencia en sociedad.

          El significado unitivo y procreativo de la sexualidad se funda en la realidad antropológica de la diferencia sexual y en la vocación al amor que, naciendo de ella, predispone a la procreación.

          Este conjunto de significados personales hace de la unión corporal entre el hombre y la mujer en el matrimonio la expresión de un amor por el que se entregan mutuamente, de tal modo que esa donación recíproca llegue a constituir una auténtica comunión de individuos, que, a medida que sus convicciones sean plenas, irán conformando el seno más apto para la llegada de nuevas vidas.

          Las prerrogativas legales vigentes en nuestro país han sido otorgadas a los matrimonios que se celebran entre un hombre y una mujer, que en una comunión de valores cargada de compromiso espiritual, emocional, intelectual y sexual constituyen el ámbito propicio que predispone a la procreación y conservación de la especie humana.

          Resulta de trascendencia para la formación integral de los niños que estos tengan definida la imagen paterna inculcada por el hombre y la imagen materna por parte de la mujer.  De esta manera, las figuras de padre y madre resultan fundamentales para construir la identidad sexual de los individuos.

          El matrimonio y la familia han sido protegidos por el Estado, que ha dictado diversos ordenamientos legales para ratificar la constitución del matrimonio y los derechos de familia.  En su último párrafo, el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna dispone que en especial la ley establecerá la protección integral de la familia.  Sin embargo, el matrimonio es más que la suma de derechos de los contrayentes; por ello, quienes lo conforman adquieren a su vez diferentes obligaciones.

          El inciso 23 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional establece: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen (...) el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres...”

          Un ejemplo de tratado internacional que legisla sobre esta materia es el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 17, inciso 2, dispone: “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia...” De la misma manera, el artículo 17, inciso 1, consigna que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y que debe ser protegida por el Estado. 

          Por lo expresado precedentemente y ante la modificación legal que se intenta introducir en nuestro Código Civil, tenemos el deber de recordar que el matrimonio –en el marco de la legislación vigente‑ no puede ser contraído más que por personas de distinto sexo; es decir, una mujer y un hombre.

          Se dice entonces que el Estado tendría la obligación de eliminar la discriminación, que, según la opinión de personas con identidades sexuales diversas y sus organizaciones, impide acceder al matrimonio. Es ciertamente necesario proteger a los ciudadanos contra toda discriminación, pero es igualmente necesario proteger a la sociedad de las pretensiones particulares de grupos o individuos. 

          En el marco legal vigente no es posible que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Por lo tanto, que las leyes lo impidan no supone discriminación alguna.  En cambio, sí sería injusto y discriminatorio que la institución histórica del matrimonio fuera tratada igual que una unión de personas del mismo sexo, que no tiene ni puede tener el mismo significado psico-socio‑simbólico.  De ninguna manera resulta razonable que se intente que relaciones que son distintas, sean consideradas iguales.

          A veces se arguye en contra de estas afirmaciones sosteniendo que la sexualidad puede ir separada de la procreación, y que de hecho así sucede por la aplicación de técnicas que, por un lado, permiten el control de la fecundidad y, por el otro, hacen posible la fecundación en laboratorios.  Sin embargo, será necesario reconocer que estas posibilidades técnicas no pueden ser consideradas un sustitutivo válido de las relaciones personales íntegras que constituyen la esencial realidad antropológica del verdadero matrimonio. 

          No hay razones antropológicas ni éticas que permitan hacer experimentos con algo tan fundamental como es el derecho de los niños a conocer a su padre y a su madre o, en su caso, a contar al menos con un padre y una madre adoptivos capaces de representar la polaridad sexual conyugal.

          La relevancia del único y verdadero matrimonio para la vida de los pueblos es tal que difícilmente puedan encontrarse razones sociales más poderosas que las que obligan al Estado a su reconocimiento, tutela y promoción. Se trata, en efecto, de una institución más primordial que el Estado mismo, inscripta en la naturaleza de la persona como ser social.

          Los legisladores tenemos hoy la responsabilidad superior de contribuir a la solidez de la sociedad y favorecer, con los ordenamientos legales que dictemos, a que nuevas generaciones tengan un concepto claro de lo que significa formar una familia y su trascendencia.

          En particular, y humildemente desde mi cosmovisión personal, ratifico en plenitud la experiencia de nacer, crecer y educarse en el seno de un matrimonio conformado por un hombre y una mujer, como ejemplo a conservar para las futuras generaciones.

          No obstante, y reconociendo la existencia de otras formas de relaciones, considero podrían establecerse nuevas figuras legales para los casos de parejas constituidas por integrantes no heterosexuales.

          Señora presidenta: creo firmemente que requiere suma responsabilidad el legislar para personas, que como los niños, pertenecen a uno de los segmentos etarios más indefensos de la sociedad. Las medidas que aquí se tomen afectarán el devenir de nuevas generaciones y no es posible ni está probado que sea necesario alterar el modelo de la institución familiar tal como ha trascendido a través del tiempo de existencia de la organización humana.

          Por estas razones, y en consonancia con el juramento “...Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios…” que expresara en oportunidad de incorporarme a ésta Honorable Cámara, manifiesto mi voto negativo respecto del presente proyecto y su dictamen de mayoría. (Aplausos.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Hotton.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero comenzar por aclarar en qué marco y en qué forma se gestó este debate, porque aquí hay muchos diputados que hablan de tolerancia y de no discriminación pero el año pasado, cuando comenzó este debate, yo recibí una amenaza de muerte, mis páginas han sido hackeadas y la Cámara de Diputados tuvo que poner personal de seguridad a mi disposición.

          Este año, cuando la diputada Claudia Rucci, presidenta de la comisión, inició el tratamiento de este tema, también recibió una amenaza de muerte. Solamente lo digo porque desde ese lugar nosotros hemos comenzado a dar este debate, estamos aquí y lo estamos llevando a cabo. (Aplausos.)

          Es llamativo también que quienes promueven la igualdad y la no discriminación se manejen en estos términos. Asimismo, me llama la atención que en los medios ocupen más lugar 300 personas tirando huevos en una catedral que 10 mil personas autoconvocadas en cuatro días a favor de la familia. No los vimos, pero esos ciudadanos estaban.

- Aplausos en las galerías.

 

Sra. Hotton.- Por otro lado, tampoco hemos podido debatir, por ejemplo, los dictámenes de minoría sobre unión civil y enlace civil que hoy se están presentando y que tienen que ver con la defensa de los derechos de personas del mismo sexo. No los hemos debatido en la comisión y hoy es la primera vez que estamos discutiendo el alcance de estos derechos. ¿Saben por qué? Porque en la comisión hubo presión para que se tratara el matrimonio homosexual sí o no. Por supuesto que a esa posición, que incluye la adopción, me opongo.

          Como diputados no podemos tener la responsabilidad de modificar el Código Civil sin un debate serio. Es claro que nuestro voto debe depender no solamente de nuestras convicciones, no sólo estamos aquí como Cynthia Hotton o Patricia Fadel, a nosotros hay mucha gente que nos votó y que también en este momento tenemos que representar.

 

- Aplausos en las galerías.

Sra. Hotton.- ¿Los escuchamos? ¿Los tenemos en cuenta?

          Le pregunto a usted, señora presidenta, qué piensa el pueblo de su provincia, Mendoza y pregunto lo mismo a los otros señores diputados de la misma provincia. ¿Saben qué piensa su gente?

          Tengo la convicción de defender el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer pero, además, mi convicción está respaldada porque estoy segura de que represento el voto de millones, millones y millones de argentinos que piensan esto.

- Aplausos en las galerías.

Sra. Hotton.- Sé que somos modernos pero no nos quedemos solamente con lo que piensan los porteños o lo que dicen los medios de comunicación; hablemos con nuestra gente.

          El 25 de mayo de 1810 en el Cabildo abierto la gente decía: “El pueblo quiere saber de qué se trata”. Estamos muy cerca de festejar el Bicentenario, ¿no creen que el pueblo se merece ser consultado? ¿No creen que el pueblo tiene que participar de este debate, que tiene que ver con una gran transformación de nuestra sociedad? Yo los consultaría.

          Por ese motivo he presentado un proyecto de ley, contenido en el expediente 2.579-D.-2010, en donde justamente pido a los diputados que consideremos la posibilidad de consultar al pueblo sobre qué es lo que piensa.

          Por otro lado, tal como decía anteriormente, no ha sido debatido en la comisión el alcance de los derechos y estamos dispuestos a hacerlo.

          Voy a mencionar algunos países, para que sepamos los años que han llevado los debates. Por ejemplo, Francia ha tenido doce años de debate y todavía no hay matrimonio homosexual ni tampoco adopción por parte de homosexuales. Brasil lleva cuatro años de debate y ni siquiera se ha legislado todavía por unión civil. En Cuba, país al que quizás a alguno le interesa lo que piensa, no existe matrimonio homosexual ni adopción; tampoco en Chile. En Venezuela, que quizás también a alguno le pueda interesar, en la última reforma de 2009 se estableció que se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer y se dijo que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirían los mismos efectos que el matrimonio. ¿Estos países son retrógrados o fascistas?

          Traigo estos ejemplos porque muchísimas veces nosotros hemos escuchado la descalificación: “A usted no le importan los derechos de las personas del mismo sexo, no los está respetando”.

          Considero que necesitamos un debate mucho más largo y siento que hay señores diputados que piensan lo mismo. Ha habido una imposición, una presión de un sector y creo que tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Estamos dispuestos, por esa presión, a cambiar todo el sistema institucional de las familias y de los hogares?

          En la Argentina todavía la gente se sigue casando y decide que quiere la unión entre un hombre y una mujer. Escuchémoslos y escuchémonos.

          Por otro lado, quiero expresar que los tratados internacionales a veces han sido mal citados. Soy diplomática de carrera y conozco la relación de los distintos tratados, por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla de los hombres y las mujeres que tienen derecho a casarse. El Pacto de San José de Costa Rica se refiere al derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. Me parece bastante claro. En la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o sea, la Convención de Belém do Pará ‑no hay ninguna más progresista en este sentido-, se habla del matrimonio y de los derechos del marido y de la mujer. El artículo 23 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona el derecho de contraer matrimonio entre un hombre y una mujer. En este sentido, me parece que los tratados internacionales también son claros.

          Por otro lado, para aquellos que dudan en decir matrimonio sí, adopción no, les comento que no podemos separarlos. Si decimos que el matrimonio lo extendemos a la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan casarse, ahí sí tendríamos que respetar todos los derechos, porque de lo contrario, no darles la adopción sería discriminatorio.

          Hay ocho países en el mundo que aceptan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De ellos, siete lo aceptan con adopción. El único país que no acepta la adopción es Portugal, porque se acaba de firmar en 2010. Por lo tanto, seguramente dentro de dos meses van a pedir que se incluya también la adopción, lo cual es entendible.

          No podemos separar una cuestión de la otra. Cuando hablamos de matrimonio como unión única y de complemento entre un hombre y una mujer, el Código Civil argentino establece límites por cantidad, sexo, consanguinidad y edad. Si decimos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y consideramos que dos personas del mismo sexo no pueden casarse, con lo cual los estamos discriminando, ¿qué ocurriría si el día de mañana un grupo de tres personas quiere contraer matrimonio? Si no accedemos a dicho pedido estaríamos discriminándolos.

          Lo mismo sucedería si se tratara de dos hermanos. Hace diez días aparecieron por televisión dos hermanos, un hombre y una mujer –no sé si los vieron- diciendo que habían tenido un hijo y que se sentían discriminados porque no podían casarse. Estos argumentos me parecen casi ridículos.

          En la reunión de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia la señora diputada Gil Lozano –vuelvo a mencionarla- dijo textualmente: “¿Por qué no podemos pensar en una unión de tres o de cuatro personas?” Si ustedes revisan la versión taquigráfica advertirán que en ese momento hubo una ovación por parte de la comunidad homosexual, lo cual me sorprendió mucho. En un momento dudé en traer a este recinto el argumento de la poligamia. Tanto es así que a los dos días tuve un debate con la señora Rachid –que sé que está presente- y le pregunté si esto era posible. Ella me contestó que había algunos que tenían esa posición, pero que en ese momento no lo estaban pidiendo. Entonces, me pregunto ¿estamos preparados también para esto? La señora diputada Ibarra decía que hasta hace no mucho tiempo pasaba esto y lo otro.

          Repito: matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Si hoy empezamos a decir que personas del mismo sexo podrán contraer matrimonio –no me refiero exclusivamente a sus derechos-, el día de mañana también podremos estar permitiendo el matrimonio entre tres o cuatro personas, entre hermanos o entre un mayor y un menor si se aman y hay consentimiento, etcétera. Realmente no sé si estamos preparados para todo esto.

          Ahora quiero hablar del tema de la adopción, porque es una cuestión que me preocupa muchísimo y también me duele. Hay diez mil chicos en la Argentina que están esperando ser adoptados, y diez mil padres anotados para adoptarlos. Al respecto, el señor diputado Solá mencionó lo que cuesta adoptar un niño. El año pasado presenté un proyecto de ley para agilizar este tema pensando en los chicos, porque la adopción ‑como ya tanto se ha dicho‑, es el interés superior de los niños. Presenté dicha iniciativa en esta comisión tan sensible y progresista, lo hablé con la señora diputada Ibarra y lo primero que me preguntó fue si había incluido el tema de la adopción por parte de las parejas homosexuales. Le dije que no, porque consideraba que estábamos hablando sólo de adopción y le sugerí que debíamos tratar ese tema en otro debate.

          Hace un año que esa discusión se postergó por el derecho de las personas del mismo sexo a poder adoptar aquellos chicos. Reitero que son diez mil niños que están esperando ser adoptados; no tienen carteles ni lobbies, de modo que me gustaría verdaderamente empezar a priorizar estos derechos. Este es un tema que me duele, y espero que el día de mañana nos demos cuenta de que progresismo es defender los derechos de los más débiles.

- Aplausos en las galerías.

 

Sra. Hotton.- Le pido dos minutos más, señora presidenta, ya que tantos aplausos me están interviniendo.

          Cuando damos estos debates tan a las apuradas –aclaro que en otros países estos temas se analizaron diez o cuatro años como en Francia o en Brasil‑ estamos dejando muchas desprolijidades. Por ejemplo, cuando se habla de adopción en el Código Civil las parejas casadas tienen que esperar tres años para adoptar, a menos que demuestren que poseen una imposibilidad física. Este aspecto no ha sido modificado en el proyecto de ley que estamos considerando. Por lo tanto, si se aprobara dicha iniciativa, el día de mañana las parejas homosexuales tendrían prioridad, porque biológicamente está demostrado que no pueden tener chicos, sobre las parejas heterosexuales. ¿No deberíamos revisar todas las consecuencias...?

 

Sra. Presidenta (Fadel).- La Presidencia aclara a la señora diputada que ha vencido el tiempo que disponía para hacer uso de la palabra. De todos modos, la señora diputada Córdoba le solicita una interrupción, ¿se la concede?

 

Sra. Hotton.- Sí, señora presidenta.

 

Sra. Presidenta (Fadel).-  Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.

 

Sra. Córdoba.- Señora presidenta: simplemente quería saber si se tendrá la misma tolerancia para los demás señores diputados en cuanto al tiempo para hacer uso de la palabra.

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Esta Presidencia ha tomado la misma decisión que el anterior presidente a cargo en el sentido de permitir al orador redondear su exposición.

          Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sra. Hotton.- Como para mí el respeto es un valor muy importante, voy a terminar aquí mi exposición.

 

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

 

Sra. Areta.- Señora presidenta: es para mí un día realmente muy especial.

          Le cuento mi historia: salí de  mi provincia de Corrientes hoy a las cinco de la mañana para estar presente en este debate. Lógicamente he tenido conversaciones con la gente de mi provincia, pero indiscutiblemente por el hecho de mi profesión y de mi militancia social estoy completamente convencida de que es absolutamente fundamental analizar la historia, porque si no lo hacemos jamás podríamos entender el motivo por el cual hoy estamos sentados en este recinto debatiendo sobre la legalidad del matrimonio homosexual. Conocerla es imprescindible para enfrentarnos a la realidad, porque la perspectiva histórica nos da la posibilidad de comprender que las cosas no son irremediables, que no han sido tal y como hoy las conocemos, y sobre todo que pueden cambiar.

          La historia nos permite comprender que la homosexualidad, conocida hasta hace poco como un vicio antinatural, ha sido considerada en otras sociedades como algo natural e incluso bueno.

          El término “homosexualidad”, tal y como hoy en día se utiliza e interpreta, no es aplicable a la Grecia clásica. Muchos griegos eran bisexuales. El amor erótico entre dos hombres adultos era un modelo que había ganado la tolerancia social; tal como lo demuestran documentos, el amor entre hombres en la Grecia clásica era normal. Como ejemplo podemos mencionar la relación entre Alejandro Magno y el novio de su juventud, Hefestión,  o la de Aquiles y su mejor amigo y amante, Patroclo.

          Las relaciones con muchachos más jóvenes estaban mal vistas, igual que hoy en día; una característica de madurez de un muchacho era la capacidad de “pensar por sí mismo” frente a las atenciones de un hombre adulto. Era una de las tradiciones fundamentales de la vida griega que se practicaba y disfrutaba al máximo. De hecho, era una necesidad social de cuya exploración no prescindían ni poetas ni filósofos; era un asunto del que se debatía en público como parte integrante de las reflexiones de las mentes más elevadas.

          El breve renacer de la cultura clásica en el siglo II de nuestra era fue también testigo de una historia de amor real que parecía un reflejo de la leyenda de Zeus y Ganímedes, la del emperador romano Adriano y Antinoo, un simple joven griego, quienes fueron compañeros inseparables durante muchos años, hasta que el joven murió ahogado en el Nilo a los diecinueve años de edad. Adriano, trastornado por el dolor, ordenó a los sacerdotes que convirtiesen a Antinoo en un dios. Tras su deificación, el joven constituyó el último gran motivo del arte griego, poco antes de su declive final. Las estatuas y retratos nos dan fe de su melancólica belleza y de su naturaleza enigmática. Su culto sobrevivió en las partes orientales del imperio hasta el surgimiento de la cristiandad, en el siglo IV, cuando el fervor religioso, unido al político, empezó a destruir todos los restos de la religión y la cultura clásicas. Las enseñanzas de quien predicó el amor fueron utilizadas para dar el golpe de gracia a un amor sin fin, sobre el que cayó el peso de un silencio que iba a durar varios siglos.

          En contra de lo que se cree, durante la Alta Edad Media apenas había leyes que prohibían la homosexualidad y no se producían juicios ni castigos en contra del pecado de sodomía, como se lo denominaba.

          Carlomagno, en el siglo IX, se lamentaba de que en su reino hubiera monjes sodomitas, pero no proponía ninguna jurisprudencia que los castigara.

          Pero en el siglo XII todo cambia bruscamente. En Europa se comienzan a promulgar leyes que sancionan los actos de sodomía con la castración, el descuartizamiento o la hoguera. Según los historiadores, los factores que propician este cambio son, entre otros, el hecho de que la sociedad de la época se encuentra con una serie de enemigos ante los cuales es conveniente alentar el odio: el Islam, los judíos y los herejes.

          Para algunos historiadores el puntapié inicial lo dio Felipe IV de Francia, cuando acusó a los templarios de dedicarse a prácticas de sodomía. En Francia se detuvo a todos los templarios en una noche y bajo aberrantes torturas se los hizo confesar que así era. Ordenó que todos fueran quemados en la hoguera y, por supuesto, que todos sus bienes y riquezas, que por cierto eran cuantiosas, pasaran a la corona.

          Desde entonces, cuando no se ha sabido de qué acusar a un enemigo con el que se quiere acabar se lo acusa de homosexual.

          Si nos trasladamos a los siglos XIX y XX nos encontramos con ilustres artistas, poetas, pintores, gente común, que sufrió y tuvo que ocultar su condición homosexual. La invisibilidad de dicha condición les permitía desarrollar una vida pseudonormal y no ser juzgados como locos.

          Tras su estancia en Nueva York y Cuba, Lorca comenzó a ser más audaz en la representación de la homosexualidad. Lejos de su familia y los valores conservadores españoles, fue capaz de concebir y comenzar a escribir su obra más abiertamente homosexual: Oda a Walt Whitman, la pieza dramática El público y la inconclusa La destrucción de Sodoma.

          La homosexualidad de Wilde ‑que debía ser secreta‑ y la necesidad de ser aceptado socialmente pudieron haber sido factores para la unión con una joven, Constance Lloyd. Esa unión produjo rápidamente dos hijos. Inició la práctica constante de la homosexualidad en 1886, cuando conoció a un joven en Canadá, Robbie Ross, que iba a ser su amigo fiel y finalmente su albacea literario.

          El éxito temprano de Josephine Baker debe mucho a la sexualidad intensa que proyectaba en sus presentaciones. Su traje más famoso es el de un cinturón de plátanos. Conocida como “la Venus negra”, se deleitaba con su seducción en el escenario como fuera, y sus conquistas sexuales entre los hombres fueron legendarias.

          Lo que mantuvo cuidadosamente oculto de su público lleno de adoración eran sus enlaces sexuales con muchas mujeres, que siguieron desde la adolescencia hasta el final de su vida. Entre las más conocidas de sus amantes lesbianas estaba Clara Smith, una cantante negra de blues y la artista mexicana Frida Kahlo. Tras su muerte se celebraron tres funerales, uno en París y dos en Mónaco, a los que asistieron gran parte de la élite del gobierno francés y personalidades del entretenimiento.

          La vida privada de las primeras estrellas del cine, como Nazimova, Greta Garbo, Marlene Dietrich y otras muchas actrices de los años 1930, 1940 y 1950, fueron parte de lo que entonces se denominaba en el argot gay “círculos de costura”, una expresión acuñada por Nazimova para describir las reuniones discretas de las lesbianas de Hollywood.

          Como diputada de la Nación, acérrima defensora de los derechos humanos y psicóloga no puedo dejar de mencionar el dolor, el oprobio y los graves problemas psicosociales que aun hoy sufre la comunidad gay. Tengo un compromiso ideológico con la libertad y la igualdad de derechos de las personas.

          Como ya lo he expresado, este es un momento histórico del Congreso Nacional. Por primera vez estamos debatiendo el derecho civil de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, colectivo social que tiene vulnerados sus derechos al acceso a la protección y reconocimiento del Estado para sus parejas y familias.

          De qué manera se puede sostener que los textos de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos son contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que no alcanzo a comprender. Primero, la lógica más elemental indica que garantizar una cosa no implica condenar otra similar. En este caso, garantizar el matrimonio heterosexual no implica de ninguna manera condenar el matrimonio homosexual. Pero ni siquiera hace falta ese razonamiento, porque en ninguno de los textos se hace mención al matrimonio heterosexual como la única forma válida de matrimonio. Es cierto que los textos mencionan el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, pero hay que ser muy manipulador para interpretar que el derecho se limita a un hombre con y sólo con una mujer, y no que simplemente se los menciona a ambos porque ambos tienen ese derecho.

          A veces en la Argentina tenemos la tendencia, por miedo a los cambios, a invisibilizar los conflictos sociales y las prácticas sociales que generan exclusión. Es necesario romper con los prejuicios de que hay una única forma de familia. Hay muchas formas de familias y esta es una institución dinámica y no estanca, que se adapta a través de los tiempos por las demandas culturales. Así está conformada hoy la sociedad. Es un hecho consumado; darle forma legal no es nada más que reconocerlo.

          No podemos, como dirigentes, quedar atrás de los cambios culturales que la sociedad y los ciudadanos nos están pidiendo. Tenemos que acompañarlos.

          Los argentinos debemos recuperar el liderazgo que nos caracterizó siempre en América latina, estando adelante en lo referente a la inclusión y derechos humanos.

          Como diputada de la Nación, militante social, mujer, madre y profesional es mi mayor deseo que en el día de hoy comprendamos todos que esa libertad e igualdad que mencionó Zapatero en su discurso es un derecho; que debemos terminar con el sufrimiento y el dolor de las personas a las que representamos, porque tuvimos un pasado de dolor que no queremos transitar nuevamente, y que los Torquemada actuales son los mismos que pretendieron quebrar nuestros ideales y a nuestra sociedad.

          Es mi ferviente deseo que mi país encuentre el camino del consenso en todas sus manifestaciones y espero que no seamos el último país en legitimar el derecho de las personas, sino que estemos entre los primeros. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Sr. Bonasso.- Señora presidenta: verdaderamente creo que hay varias razones para celebrar en el día de hoy. La primera, en el orden del tiempo, la expuso rápidamente como buena noticia nuestra compañera de bloque Cecilia Merchán, contándonos que ese genocida llamado José Alfredo Martínez de Hoz está finalmente preso. Es una muy buena noticia.  Otra muy buena noticia es esta sesión, y en esto yo le pediría a los colegas trabajadores de prensa de los distintos medios que la tomaran muy en cuenta, no en beneficio de este Parlamento ni de esta dirigencia política actual sino de la democracia argentina.

          Parecía que esta sesión  no se iba a realizar y se está realizando de manera exitosa con un debate serio y de altura.  Para utilizar una vieja palabra, en desuso, podemos hablar de un debate transversal que recorre a los distintos bloques, aparentemente algunos bloques grandes e importantes, sin distingos de oficialismo u oposición, puntualmente en torno del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.

          Tal vez, yendo un poco más al fondo, este debate tiene que ver con algo aún más abarcador y todavía más trascendente, que es la subsistencia o el cambio del país autoritario.

          Mi generación conoció diversas formas de persecución y de discriminación, mucho antes digamos de que la dictadura más feroz de la historia argentina  tomara el poder el 24 de marzo de 1976.

          Eran formas aparentemente, no diría benignas porque eran perversas, que estaban aceptadas. Porque ser joven era sospechoso, estaba aceptado que tener el pelo largo también era sospechoso. Se le pedía documentos a cualquiera, de cualquier manera, en forma intempestiva, y no sólo  en los gobiernos militares sino también en los civiles hostigados, presionados, acechados y finalmente derribados por los gobiernos militares. 

          Ni hablar de las preferencias sexuales, que merecían la discriminación, el insulto soez, la brutalidad y la violencia.  Algunos hemos hecho el servicio militar y sabemos qué pasaba en relación con la homosexualidad en dicho servicio.

          Entonces, creo que hay motivos para celebrar el tema que estamos considerando, y que no sólo hay que destacar simplemente cuando dos diputados se agarran a los gritos.  Digo esto por los colegas trabajadores de prensa, porque a veces las buenas noticias también deberían ser noticia, deberían ser motivo de publicación.

          Es una buena noticia para la política argentina el hecho de que estemos discutiendo este tema. Efectivamente, creo que hace al mejoramiento del país.

          Si pudiéramos sintetizar las distintas exposiciones, podríamos decir que hay algunos aspectos que sobresalen, desde mi manera de ver o hacer la crónica.  Uno es el de la adopción, como objeción al matrimonio entre personas del mismo sexo, y otro es la propia semántica de la palabra matrimonio.

          Me voy a referir un poco más en detalle a estos dos aspectos. En primer lugar yo me pregunto por qué es un límite para la adopción que el matrimonio sea entre dos personas del mismo sexo.  Efectivamente, no lo es como muchos lo han señalado para personas que están separadas o divorciadas y que adoptan.  Lo que pasa es que plantearlo como objeción incluye al prejuicio de una manera subrepticia.

          ¿Qué inmoralidad le pueden legar a nuestra infancia si hay un matrimonio de personas del mismo sexo? Eso es lo que está virtualmente como sospecha. Es muy curioso que haya algunos prelados, a los que no les preocupó que se entregaran en adopción a los hijos de los desaparecidos, a comisarios, a represores, y a genocidas y sí les preocupa la adopción por parte de personas del mismo sexo.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

 

Sr. Bonasso.- Vayamos a las aberraciones grandes de esta sociedad o no nos vamos a entender nunca, porque cuando hay amor, no hay aberración. 

          El segundo aspecto al que me iba a referir es el semántico de la palabra matrimonio, que preocupa a algunos señores legisladores y también a algunos prelados.

          La palabra matrimonio, en el encuadramiento que le damos, como en muchas otras sociedades judeocristianas, la vinculamos a la santidad, al sacramento, a la familia heterosexual, con lo cual generamos un estereotipo del lenguaje.  El matrimonio es eso y sólo puede ser eso porque esa es la etiqueta que se le ha puesto desde un determinado molde dogmático y cultural.

          Pero podríamos tener una definición distinta de matrimonio y sugiero la siguiente que voy a leer: “El matrimonio es una institución social que representa un compromiso público de amor entre dos personas para toda la vida o por el tiempo en que sigan amándose.” 

          Porque también, obviamente, estoy a favor del divorcio.

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

 

Sr. Bonasso.- Quiere decir entonces que la cuestión referida a la reforma del Código Civil, por otra parte no es una institución sagrada  sino histórica como la Constitución.  La Constitución se  modifica porque en determinado momento las condiciones de un determinado pacto social que permite que haya una Constitución cambian, también cambia el pacto social y lo mismo la Constitución. Incluso la ley suprema cambia.

          Entonces, ¿cómo no va a cambiar el Código Civil? Se habló del derecho romano, que no respetaba a los gladiadores y permitía que los leones se comieran a los cristianos.  En definitiva, ¿voy a recalcitrar una y otra vez en un derecho tan desprestigiado desde el punto de vista de quien era devorado por los felinos? No.

          Incluso creo que hasta podríamos modificar los código napoleónicos. Un señor diputado, muy buen abogado me está mirando y yo le digo que creo que se pueden modificar los códigos napoleónicos.

          Finalmente, diría que yo creo en iguales derechos entre ciudadanos y ciudadanas y he peleado toda mi vida por esa igualdad.  Soy coherente con lo que he peleado toda mi vida.

          No estoy dispuesto a que el Estado o alguna otra institución me diga con quién puedo o debo casarme y con quién no debo o no puedo casarme.  El matrimonio tiene que ver con un compromiso público de amor entre dos personas y negarle ese derecho a casarse a dos personas que viven bajo leyes civiles de una república laica es una violación a la dignidad humana.

 

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

 

Sra. Presidenta (Fadel).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

 

Sr. Favario.- Señora presidenta: no soy creyente religioso y hago esta afirmación para liberarme al inicio de que se pueda pensar en que alguna influencia confesional pudo o puede tener mi pensamiento.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

Sr. Favario.- Creo que el tema que estamos debatiendo no encierra cuestiones ideológicas, sino que es una definición de la conciencia, de las conductas, de las creencias religiosas de algunos. De ninguna manera podría aceptar el planteo de que votar a favor del dictamen de mayoría significa sostener posiciones progresistas y votar en contra de ese dictamen o a favor de una alternativa distinta importa adscribirse con posiciones de derecha. Y menos aun podría aceptar, señor presidente, que simplifiquemos esto diciendo que es la opción entre el autoritarismo y la libertad. Ejemplo de ello son las posturas contradictorias que existen en todos los bloques ‑o en casi todos, para ser más preciso‑, ya que algunos de sus miembros votarán a favor y otros en contra de este tema.

          Asimismo, abonando mi tesis de que no es una postura ideológica la que se define hoy, vale recordar que a lo largo de la campaña electoral no hubo ningún partido político que exhibiera en su plataforma, en sus temas específicos de debate o en las exposiciones preelectorales para captar el voto de la gente, la imperiosa necesidad del tratamiento de este tema.

          Sí creo que hay una realidad social que no puede ser ignorada, esconderse debajo de la alfombra o disimularse, como se hizo a lo largo de tanto tiempo invocando razones de vergüenza, de pudor o de simple hipocresía. Reconocida esa realidad, entiendo que hay que adaptarse a ella.

          Y porque nos encontramos en una Argentina que aparte de nuestras propias contradicciones políticas indudablemente ha madurado, podemos hoy afrontar respetuosamente este debate sin que nadie pueda decir que alguien se está rehusando a fijar su posición.

          Se pretende modificar el Código Civil para posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Adelanto mi posición contraria al dictamen de mayoría y mi decisión de votar a favor del dictamen de minoría que reconoce el enlace civil.

 

- Aplausos y manifestaciones en las galerías.

Sr. Favario.- Es decir, no voy a