Período 124 
    07/03/2006 - (TP 5)
        0314-D-06
  

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0314-D-06
Proyecto de ley
El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Derógase, perdiendo toda eficacia, la ley 18.004 dictada durante el gobierno de facto, el año 1968.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Julio C. Martínez. – Adrián Menem. – Mario A. Santander. – Alejandra B. Oviedo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 18.004 establece límites entre las provincias de La Rioja y San Juan, la misma fue promulgada el 23 de diciembre de 1968. Dicha ley fue fruto de un acuerdo celebrado por la intervención federal que detentara mi provincia durante la dictadura militar con sus similares de San Juan.

En la actualidad se plantea un conflicto entre las provincias de La Rioja y San Juan acerca de la pertenencia del glaciar El Potro, que se encuentra en el límite entre ambas provincias, por lo cual al momento de recurrir a la norma que supuestamente nos otorgaría la respuesta podemos observar que su articulado no es suficientemente claro para hacerlo. Lo cual se refleja en la actualidad cuando a pesar de la normativa existente, no queda claro a qué provincia pertenece el glaciar El Potro. El Instituto Geográfico Militar manifestó, en una nota periodística: “Para el instituto no existe una divisoria clara limítrofe entre San Juan y La Rioja”.

Por lo tanto creo propicio en este momento retomar el proyecto de ley del ex diputado nacional doctor Raúl Galván, presentado en dos oportunidades en ejercicio de sus funciones, una de ellas en el año 1973 y la otra en 1992.

El proyecto presentado en la primera oportunidad contó con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, luego siendo girado al Honorable Senado de la Nación donde caducó.

Debemos tener en cuenta por ser de suma importancia los antecedentes de la ley que se pretende derogar por el presente, ya que la misma surge de un acuerdo de fecha 12 de marzo de 1968, celebrado por el interventor de La Rioja Guillermo Iribarren y Edgardo Gómez, interventor de San Juan, en un momento donde nuestro país no gozaba ni de la autonomía ni de la libertad que hacen a la seguridad jurídica. Dicho acuerdo tenía como objetivo poner fin a una secular cuestión de límites. Es importante también, hacer referencia a la ley provincial 3.468 sancionada por la Legislatura de La Rioja, el 21 de diciembre de 1973; dicha norma en su artículo 1º desconoce el instrumento firmado en 1968 por un gobierno de facto estableciendo:

“Deséchase en todas sus partes el instrumento de límites con la provincia de San Juan, suscrito por el interventor de La Rioja, Guillermo Iribarren, y el interventor de San Juan, Edgardo Gómez.” A tal acuerdo se lo ha pretendido convalidar por la llamada ley 18.004. En tal sentido hago míos los fundamentos del doctor Galván en su proyecto de ley, expediente 1.975-D.-92 cuando expresa: “El convenio antes referido carece en absoluto de eficacia jurídica en cuanto importa flagrante violación de la Constitución Nacional –artículo 75, inciso 15–, por haber sido celebrado y aprobado por funcionarios de facto que se han arrogado facultades propias e indelegables del Congreso Nacional”.

Retomo este proyecto con la convicción de que la vigencia de la ley 18.004 que trata sobre los límites entre La Rioja y San Juan, no sólo no cumple con el objetivo previsto sino que además viola nuestra Constitución Nacional, que establece en su artículo 75, inciso 15:

“Corresponde al Congreso: arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.”

Por las razones aquí expuestas, creo propicio derogar la ley 18.004 (límite entre las provincias de La Rioja y San Juan), sin dejar de aclarar que el fin del proyecto no es obstaculizar las tratativas y negociaciones ya acordadas por los señores gobernadores de ambas provincias, para lo cual se formaría una comisión mixta entre los gobiernos, sino acompañar las mismas pero dejando claro que el único camino viable para que el acuerdo al que arriben tenga validez es que sea ratificado y convalidado por el Congreso Nacional conforme a lo establecido por la Constitución Nacional; de esta manera se estaría cumpliendo con la Ley Suprema de nuestro país por un lado y por el otro, se derogaría una ley que no tiene ningún sentido de ser.

Por todas las razones expuestas, que son de una relevancia indiscutida, es que solicito a mis pares quieran tener a bien apoyar el presente proyecto de ley.

Julio C. Martínez. – Adrián Menem. – Mario A. Santander. – Alejandra B. Oviedo.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.


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