San Luis

CAPITULO I

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS

Forma de gobierno

Art. 1. La Provincia de San Luis, con los límites que históricamente y por derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable de la Nación Argentina, en ejercicio de los derechos no delegados al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo el sistema republicano democrático y representativo de Gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.

Soberanía popular

Art. 2. Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la Provincia de San Luis, el que se ejerce por medio de sus legítimos representantes en la forma y modo que establece esta Constitución. También se reconoce igual legitimidad a otras formas de participación democrática.

Distribución de poderes

Art. 3. El poder del Estado Provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido en esta Constitución en funciones conforme a las competencias que ella establece.

Principios del sistema político

Art. 4. El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.

Sede de las autoridades

Art. 5. Las autoridades que ejercen el Gobierno residen en la ciudad de San Luis, Capital de la provincia.

Modificación de los límites

Art. 6. Para modificar los límites territoriales de la Provincia, por cesión, anexión o de cualquier otra forma, como igualmente para ratificar tratados sobre límites que se celebren, se requiere ley sancionada con el voto de las tres cuartas partes de los miembros que componen las cámaras legislativas y aprobación por consulta popular, sin cuyos recaudos no será promulgada.

Culto

Art. 7. La Provincia coopera al sostenimiento del culto católico, apostólico, romano. Sin embargo, es inviolable el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a su Dios, libre y públicamente según los dictados de su conciencia, y sin más limitaciones que las que establezca la moral, las buenas costumbres y el orden público. El registro del estado civil de las personas será llevado en toda la Provincia por funcionarios civiles, sin distinción de creencia religiosa, en la forma que la ley establezca.

Delegación de poderes y funciones

Art. 8. Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta Constitución.

Publicidad de los actos de gobierno

Art. 9. Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo que la ley determina, garantizando su plena difusión; en especial aquellos relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda enajenación o afectación de bienes del Estado Provincial. La violación a esta norma produce la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que le correspondan a los intervinientes en el acto.

Declaración de inconstitucionalidad

Art. 10. Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes. La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico vigente.

Límites de la reglamentación - Derechos implícitos

Art. 11. Todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta Constitución de conformidad con las leyes que reglamentan razonablemente su ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos en ella no pueden ser alterados por disposición alguna. Tales enunciaciones no son negatorias de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen de la libertad, igualdad y dignidad de la persona humana, de los requerimientos de la justicia social, de principios de la democracia, de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados universales o regionales de derechos humanos ratificados por la Nación.

Tampoco se ha de entender como negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta Constitución.

Responsabilidad del Estado

Art. 12. La Provincia puede ser demandada sin requisitos previos. Si fuese condenada a pagar suma de dinero, sus rentas pueden ser embargadas cuando la Legislatura no haya arbitrado el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses de la fecha en que la sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser embargados.

Respeto y protección de la vida

Art. 13. La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son intangibles. Su respeto y protección es deber de todos y en especial de los poderes públicos.

Evitar la desaparición forzada de personas es deber indelegable y permanente del Estado Provincia.

Torturas

Art. 14. Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a la autoridad que lo realice o permita. También es responsable la autoridad que por negligencia en sus funciones, produzca efectos similares. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida. El Estado repara los daños provocados.

Los funcionarios cuya culpabilidad es demostrada, respecto a los delitos mencionados en el presente artículo, son sumariados y exonerados del servicio al que pertenezcan, sin perjuicio de las penas que por ley les correspondan.

De la libertad y respeto a la persona humana

Art. 15. Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de su nacionalidad originaria o adquirida, por causas políticas o sociales. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados.

Los poderes públicos garantizan el derecho a la paz, la intimidad y la privacidad de la persona humana.

En la Provincia no rigen más inhabilidades que las que establecen esta Constitución y los tribunales por sentencia firme.

Igualdad ante la ley

Art. 16. Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza.

Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia.

Derecho de petición

Art. 17. Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no da lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que la formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la petición, está obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades que se determinen legislativamente.

Derecho de reunión y de manifestación

Art. 18. Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier índole sin que sea necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso previo para reuniones en lugares públicos abiertos. Asimismo queda asegurado el derecho a manifestar públicamente en forma individual o colectiva.

Sedición

Art. 19. Nadie puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, Los que lo hacen cometen delito de sedición.

Libertad de tránsito

Art. 20. Todos los habitantes del País tienen derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Provincia, llevando sus bienes sin perjuicio de terceros.

Libertad de expresión y derecho de información

Art. 21. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las ideas, ni trabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres de impresión, difusoras radiales, televisivas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, ni secuestrar maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo por resolución judicial. Aquel que abuse de este derecho es responsable de los delitos comunes en que incurre a su amparo y de la lesión que cause a quienes resulten afectados.

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información.

La libertad de expresión comprende también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin, y la facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación personal, la que debe publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley especial asegura la protección debida a toda persona o entidad contra los ataques a su honra, reputación, vida privada o familiar, cuando ésta es lesionada por cualquiera de los medios de difusión determinados en este artículo.

Todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a tomar conocimiento de lo que de ellos conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre la finalidad a que se destinan dichos registros y la fuente de información en que se obtienen los datos respectivos.

Derecho de asociarse

Art. 22. Queda asegurada en la Provincia la constitución de asociaciones que no contraríen el bien común, el orden público o la moral. Sólo pueden ser intervenidas conforme a la ley y tienen los recursos correspondientes ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta en forma compulsiva sino en virtud de sentencia judicial, en los casos y los modos que la ley establece.

Admisión e incompatibilidad en el empleo público. Estabilidad

Art. 23. Todos los habitantes de la Provincia, sin distinción de sexo son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. Los empleos públicos para los que no se establece otra forma de elección o nombramiento en esta Constitución o en las leyes especiales son provistos por concurso de oposición y antecedentes que garantizan la idoneidad para el cargo. A estos empleados se les reconoce el derecho a la estabilidad, a la sede o lugar de residencia para su desempeño cuando la exigencia del servicio lo permita, al escalafón y a la carrera administrativa, esta última según se reglamenta en la ley respectiva.

Una misma persona no puede acumular dos o más empleos a sueldo, aún que uno sea Provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con excepción de los cargos docentes o los de carácter técnico-profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última acumulación.

La caducidad es automática en el empleo o función de menor cuantía, quedando a salvo la facultad de opción del interesado.

Actividad política de los empleados públicos

Art. 24. La ley no puede impedir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad funcional

Art. 25. La Provincia no es responsable de los actos que sus funcionarios practican fuera de sus atribuciones. Son solidariamente responsables respecto del daño causado, los que ordenan y aceptan actos manifiestamente inconstitucionales de cualquier especie.

Honestidad de magistrados, funcionarios y empleados

Art. 26. Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, puede valerse de su cargo para realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualquier contrato u operación en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal desempeño de sus funciones.

Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a manifestar sus bienes, al ingreso y egreso de la función.

Lo hacen por sí, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de Gobierno.

Remuneraciones extraordinarias

Art. 27. No puede dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros, funcionarios o empleados de los poderes públicos por servicios prestados, o que se les encargan en el ejercicio de sus respectivas funciones y atinentes a las mismas, o a los que contratan con el Estado en cualquier forma, fuera de las justas compensaciones que el presupuesto o leyes especiales les concedan.

Deber y derecho de vindicación

Art. 28. Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se le imputan delitos cometidos en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, y goza del beneficio del proceso gratuito.

Enjuiciamiento de funcionarios y empleados

Art. 29. Los funcionarios y empleados públicos no sujetos a juicio político u otro especial establecido por esta Constitución, son judiciables ante los tribunales ordinarios por el abuso que cometen en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar ni declinar jurisdicción alegando orden o aprobación superior.

Validez de los nombramientos

Art. 30. Los nombramientos de empleados o funcionarios que hacen los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o exigidos por esta Constitución, carecen de valor y, en cualquier tiempo pueden esos empleados ser removidos de sus cargos.

Inviolabilidad de domicilio

Art. 31. El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada y familiar de la persona. No se puede efectuar registro domiciliario alguno sino en virtud de orden escrita de juez competente, en los casos y forma determinada por ley, siempre en presencia de representante del Poder Judicial o contralor de su morador o testigo.

Sin perjuicio de su responsabilidad penal, los infractores del precepto anterior están además obligados a indemnizar íntegramente a la persona dañada, conforme a la ley.

La ley limita el uso de la informática para preservar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Allanamiento

Art. 32. Toda orden de allanamiento de domicilio debe ser expedida por autoridad judicial competente y con las formalidades que determine la ley. La medida se ejecuta en horas de luz natural, salvo que el juez autorice expresamente hacerlo en horas nocturnas.

Inviolabilidad de comunicaciones y papeles privados

Art. 33. Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las comunicaciones telegráficas, telefónicas, teletipeado o de cualquier otra especie o por cualquier otro medio de comunicación, son inviolables y nunca puede hacerse registro de las mismas, examen o intercepción sino conforme a las leyes que se establecen para casos limitados y concretos. Los que son sustraídos, recogidos u obtenidos en contra de las disposiciones de dichas leyes, no pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos.

Allanamiento de estudios profesionales y lugares de culto

Art. 34. No pueden allanarse los estudios de profesionales, sin control del Colegio respectivo de la jurisdicción para el resguardo del secreto profesional; ni las iglesias ni demás locales públicos y registrados de culto, sin control de la autoridad religiosa respectiva, para su debido respeto.

Queda garantizado el resguardo al secreto profesional y a la confesión religiosa.

Derecho de propiedad

Art. 35. La propiedad es inviolable. Todos los habitantes tienen derecho a la propiedad de sus bienes. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común.

Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley y de expropiación por causa de utilidad pública, la que es calificada por ley y previamente indemnizada.

Juegos de azar

Art. 36. Queda prohibido el establecimiento público de juegos de azar. La ley puede autorizar juegos de azar, patentes de lotería y casinos en lugares de turismo; el producto de los juegos que son autorizados, se destinan exclusivamente a fines de asistencia social, mejoramiento de las condiciones de vida de la población y fomento del deporte y turismo.

Participación política

Art. 37. Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir información de carácter político, de manera individual o colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones Políticas con los requisitos establecidos por ley, tomar parte en la vida política y tener acceso en condiciones de igualdad y libertad; a las funciones públicas.

Partidos políticos

Art. 38. Se reconoce y asegura la existencia de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público no estatal.

Las candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular son nominadas exclusivamente por los partidos políticos. Deben garantizar la democracia participativa en su desarrollo institucional. Los partidos contribuyen democráticamente a la formación de la voluntad popular expresando el pluralismo político.

El Estado garantiza y promueve su libre acción.

Principio de inocencia

Art. 39. Toda persona es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada en debido proceso, ni puede ser penada o sancionada por acciones u omisiones que, al momento de producirse, no constituyen delito, falta o contravención.

Todos tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente. Nadie puede ser juzgado o investigado por comisiones o tribunales especiales, sea cual fuere la denominación que se les dé.

Nadie puede ser acusado o juzgado dos veces por un mismo delito, falta o contravención.

La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma, posterior al hecho de la causa, puede agravar la situación del imputado, procesado o condenado.

La duda actúa en favor del imputado.

Detención de las personas

Art. 40. Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción de la misma, sin orden escrita de autoridad competente en virtud de grave sospecha o indicios vehementes de la existencia de hecho punible y motivos fundados de su presunta culpabilidad.

Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado que esta Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional.

En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva, se cumplen en las cárceles públicas destinadas a penados, ni pueden éstos ser enviados a establecimientos fuera del territorio de la Provincia; tampoco pueden prolongarse, las tres primeras, por más de veinticuatro horas sin ser comunicadas al juez competente, poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes del caso, y la última, más allá del término fijado por la ley para la finalización del procedimiento, salvo sentencia condenatoria dictada con anterioridad a dicho término. Caso contrario recupera inmediatamente su libertad.

Toda persona arrestada o detenida, es notificada por escrito en el momento que se hace efectiva la medida, de la causa de la misma, autoridad que la dispuso y lugar donde es conducida, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta dentro de las veinticuatro horas a un familiar del detenido o a quien éste indique a los efectos de su defensa.

Dentro de las cuarenta y ocho horas de tomarle la declaración indagatoria al imputado, se dicta el auto de prisión preventiva o se decreta la libertad del mismo, El imputado puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución judicial a que se alude en el párrafo anterior, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa. Puede excarcelarse o eximirse de prisión al imputado o procesado por un delito, con o sin fianza. La ley establece los casos y las modalidades de la misma.

Custodia de presos

Art. 41. Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario, es pasible de las sanciones previstas por la ley vigente. La misma obligación de exigir la indicada orden, bajo igual responsabilidad, incumbe al ejecutor del arresto o detención.

Hábeas Corpus

Art. 42. Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad competente, o a quien arbitrariamente se le niegue, prive, restrinja o amenace en su libertad, puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante el juez letrado más inmediato, sin distinción de fuero ni de instancia, a fin de que ordene su libertad, o que se lo someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la suspensión, privación, restricción o poder de autoridad pública. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal.

El Juez, dentro de las veinticuatro horas examina el caso y hace cesar inmediatamente la afectación, si ésta no proviene de autoridad competente, o si no cumple los recaudos constitucionales y legales.

Dispone asimismo las medidas para que el juez competente juzgue sobre la responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó el acto.

Cuando un juez esté en conocimiento de que alguna persona se halle arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario, un particular o un grupo de éstos, debe expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus.

El Juez de hábeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre otro poder o autoridad pública.

Todo funcionario o empleado sin excepción de ninguna clase, esté obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el Juez de hábeas corpus. La ley establece las sanciones que correspondan a quienes rehusen o descuiden ese cumplimiento.

Defensa en juicio

Art. 43. Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite excepciones. Nadie puede ser obligado a declarar en causa penal contra sí mismo, su cónyuge, ascendiente, descendientes o hermanos.

No puede atribuirse a la confesión hecha ante la policía, valor probatorio. Es penada toda violencia física o moral, debidas a pruebas psicológicas o de cualquier otro orden que altere la personalidad del individuo, sujeto o no a alguna restricción de su libertad.

Queda abolido el secreto del sumario para las partes intervinientes. No puede ser incomunicado ningún detenido, salvo que medie resolución fundada del juez competente, en los casos y en las formas que la ley determine, no pudiendo exceder en ningún caso de cuarenta y ocho horas.

Quedan asegurados a los indigentes, los medios para actuar y defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.

Cárceles

Art. 44. Las cárceles de la Provincia deben ser sanas y limpias para seguridad y rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto de precaución, conduzcan a mortificar a los internos. No existen en las cárceles pabellones de castigo sino de corrección. No se aplican sanciones que impliquen disminución de ración alimentaria, agua, retiro de ropa y abrigo y destrucción de bienes de cualquier tipo, propiedad de los internos.

Es deber del Estado crear establecimientos para encausados, contraventores y simples detenidos; garantizando la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas.

La violación de las garantías expuestas es severamente castigada, no pudiendo el personal correccional de ningún grado ampararse en la eximente de la obediencia debida.

Acción de amparo

Art. 45. Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de particulares que en forma actual inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, algún derecho individual o colectivo, o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley, o no resulte eficaz hacerlo.

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública.

Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el juez de amparo.

La ley reglamenta la forma sumarísima de hacer efectiva esta garantía.

Amparo por mora

Art. 46. Toda persona que sufra un perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública en forma expresa o determinada, puede demandar ante el juez competente, la ejecución inmediata del o los actos que el funcionario o entidad pública rehuse cumplir. El juez, previa comprobación sumarísima de los hechos denunciados y el derecho invocado, libra el mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento inmediato del deber omitido.

Medio ambiente y calidad de vida

Art. 47. Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y, el deber de conservarlo.

Corresponde al Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión; ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados. Crear y desarrollar reservas y parques naturales así como clasificar y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico. Toda persona por acción de amparo puede pedir la cesación de las causas de la violación de estos derechos.

El Estado debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos los habitantes de la Provincia.

De la familia

Art. 48. La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, es objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.

El Estado concede subsidios y otros beneficios para amparar la familia numerosa carenciada. Debe contemplarse especialmente la situación de la madre soltera y su acceso a la vivienda.

Es deber del Estado crear e instalar tribunales especiales con competencia sobre la familia y la minoridad.

De la infancia

Art. 49. El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su nacimiento y, desde éste, hasta su pleno desarrollo.

Provee a la atención del menor, garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de las sociedades intermedias, y la atención física y espiritual de la niñez y juventud.

La Provincia asegura con carácter indelegable, la asistencia a la minoridad desprotegida y carenciada. Debe adoptar medios para que la internación de menores en institutos especializados, sea el último recurso a emplear en su tratamiento.

Para ello, fomenta la creación de centros de acción familiar en estrecha relación con la comunidad, que colaboren en la acción protectora de la minoridad. Es obligación del Estado Provincial atender a la nutrición suficiente de menores hasta los seis años y, crear un registro de la minoridad carenciada a efectos de individualizar los beneficiarios.

De la juventud

Art. 50. El Estado impulsa la participación de la juventud, en la construcción de una sociedad más justa, moderna y democrática.

Para ello debe contemplar su educación en las áreas políticas, sociales, culturales y económicas. En las zonas rurales, facilitar el arraigo a través del acceso y permanencia en la educación, capacitación laboral y trabajo.

De la tercera edad

Art. 51. El Estado asegura a los hombres de la tercera edad una protección integral que re valorice su rol como protagonista de esta sociedad. Propicia una legislación que contemple los múltiples aspectos que se plantean en el ámbito familiar, estimulando planes y programas que tiendan a su asistencia plena, por cuenta y cargo de sus familiares. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearon con ese fin; a una atención de carácter familiar, a establecimientos especiales enfocados con mentalidad preventiva, a los hogares o centros de día, a la asistencia integral domiciliaria, al acceso a la vivienda a través del crédito de ampliación, de adjudicación en propiedad y/o comodato de por vida, a promover su reinserción laboral a los fines de laborterapia y aprovechamiento de su experiencia y capacitación.

De los discapacitados

Art. 52. Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales y/o psíquicos, la asistencia apropiada, con especial énfasis en la terapia rehabilitadora y en la educación especializada.

Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros plenos de la comunidad.

De la vivienda

Art. 53. Los poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda digna.

Seguridad social

Art. 54. La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas frente a las contingencias limitativas en su vida individual o social.

El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad social y, estimula los sistemas e instituciones creados por la comunidad, con el fin de superar sus carencias.

Seguro social

Art. 55. El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter de integral e irrenunciable, coordinándose la acción y legislación Provincial con la nacional.

Los interesados participan en el gobierno del sistema que establece la ley.

Régimen previsional

Art. 56. El régimen jubilatorio Provincial es único para todas las personas y asegura la equidad y, la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.

El haber previsional es móvil y guarda estrecha relación con la remuneración del mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que la jubilación ordinaria sea, como mínimo el ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración correspondiente al cargo, oficio o función por el que haya optado el beneficiario, según la ley y que los demás beneficios sean discernidos en adecuada proporción con aquella.

Se considera remuneración, todo ingreso que perciba el titular del carga en actividad, a los fines de determinar proporcionalmente el haber previsional que corresponda.

Régimen de salud

Art. 57. El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas que lo aseguran para toda persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo.

La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con medidas concretas y, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a garantizar el derecho a la salud.

El Estado asigna a los medicamentos el carácter de bien social básico y procura el fácil acceso a los mismos. Confiere dedicación preferente a la atención primaria de la salud, medicina preventiva y profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas. Tiene el deber de combatir las grandes endemias, la drogadicción y el alcoholismo.

La actividad de los trabajadores de la salud debe considerarse como función social, reconociéndoseles el derecho al escalafón y carrera técnico-administrativa, de conformidad con la ley.

El Estado propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la solución de los problemas de salud mediante la capacitación, formación y la creación de institutos de investigación.

Derechos y garantías del trabajador

Art. 58. Todo habitante tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su ocupación. El trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana, de su familia y en la construcción del bien común.

El Estado Provincial en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en todas sus formas y aplicaciones y en particular vela por el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador, propugnando el pleno empleo y estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Promueve y facilita la colaboración entre empresas y trabajadores y la solución de los conflictos laborales individuales o colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje, como mediante el establecimiento de tribunales especializados con un procedimiento breve y expedito.

El Estado procura se reconozcan al trabajador:

1. Una retribución mínima vital móvil, suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

2. El derecho a la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza y calidad del mismo, con observancia del principio: a trabajo igual salario igual, reconociendo el que realiza el ama de casa.

3. Su formación cultural, técnica y profesional, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

4. La seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso, quedando prohibidos los despidos por motivos políticos, gremiales, ideológicos o sociales.

5. El derecho a la asistencia material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente en situación de desempleo.

6. El derecho a la obtención de una jubilación digna y móvil con un haber que permita mantener el nivel de vida precedente.

7. El derecho a estar representado en los organismos colegiados que administren fondos provenientes de aportes que se efectúen para el otorgamiento de beneficios previsionales sociales y de otra índole.

Derecho a la participación en las ganancias en las empresas con control de producción y colaboración o cogestión en la dirección. En las normas que la autoridad competente dicte sobre las condiciones en que el trabajo se realiza se ha de tener en cuenta que:

1. El trabajo manual e intelectual poseen idéntica dignidad social.

2. El trabajo nocturno ha de ser mejor remunerado que el diurno.

3. Se otorgue una esencial protección al menor que trabaja, quedando prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años en actividad incompatible con su edad.

4. Se limita la duración de las jornadas de trabajo en razón de edad y naturaleza de la actividad laboral.

5. Se garantice el descanso semanal, las vacaciones periódicas remuneradas, y el bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud y la moral estén debidamente preservadas Los trabajos peligrosos e insalubres deben ser convenientemente regulados y controlados.

6. La vivienda que se proporciona al trabajador debe ser higiénica funcional y resistente.

Procedimiento laboral

Art. 59. Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador o sus descendientes y las entidades gremiales. Se propende a que el procedimiento sea oral, sumario y substanciado ante tribunales laborales colegiados, con las limitaciones en materia de recursos que señale la ley.

En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalece la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las temáticas del derecho del trabajo.

Si la duda recae en la interpretación o alcance de la ley laboral, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se deciden en el sentido más favorable al trabajador.

Derechos gremiales

Art. 60. Los trabajadores y los dirigentes gremiales no pueden ser discriminados ni perjudicados por sus actividades gremiales.

Las organizaciones profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que establecen las leyes de la Nación y de la Provincia. Los sindicatos no pueden ser intervenidos, ni sus sedes clausuradas, ni sus fondos bloqueados, sino por orden del juez competente. Se procura sean reconocidos a los sindicatos los siguientes derechos:

1. De concretar contratos o convenios colectivos de trabajo, por los gremios más representativos de cada rama, los que tendrán fuerza de ley.

2. De huelga, como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de sus garantías sociales. No se puede tomar contra los participantes de ella ninguna medida represiva, mientras no pongan en peligro evidente la seguridad de la población.

3. De ejercicio pleno y sin trabas de la gestión de los dirigentes sindicales, la estabilidad en sus empleos y la licencia sindical.

4. De que los dirigentes gremiales no sean molestados por las opiniones que manifiesten o por las decisiones que adopten en el desempeño de sus cargos, ni interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por tales causas.

5. Tampoco pueden ser perseguidos ni arrestados durante todo su mandato, por sus actividades sindicales, es decir se establece para su protección el fuero sindical.

Policía de trabajo

Art. 61. El Estado crea por ley el organismo administrativo de aplicación, para ejercer el derecho indelegable de control o policía del trabajo. Por intermedio de esta dependencia se asegura el fiel cumplimiento en todo el territorio de la Provincia, de las leyes laborales, previsionales y, las convenciones colectivas de trabajo.

CAPITULO III

CULTURA Y EDUCACIÓN

Sentido, alcance y contenido

Art. 65. El Estado procura el desarrollo y afianzamiento de la conciencia y la identidad Provincial y nacional en una perspectiva latinoamericana difundiendo a través de la cultura y la educación los valores genuinos del pueblo, su experiencia histórica y su patrimonio cultural.

Principios fundamentales de nuestra cultura

Art. 66. La cultura es un derecho natural y por ello, el Estado asegura a todos los habitantes el derecho de acceder a la misma, y reconoce como sus principios fundamentales, el enriquecimiento espiritual e intelectual de la persona humana, la afirmación de los valores éticos, la profundización del sentido humanista, el pluralismo y la participación, la libertad, la tolerancia, la exaltación de la igualdad y la condena a toda forma de violencia, preservando la autodeterminación cultural, resguardando la identidad Provincial y nacional, eliminando toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural; considerando al hombre centro del esfuerzo, destinatario y protagonista trascendente de la cultura.

Cultura regional

Art. 67. El Estado promueve las manifestaciones culturales personales o colectivas, que contribuyan a la consolidación de la conciencia nacional, inspiradas en las expresiones de la cultura tradicional sanluiseña, argentina y latinoamericana y las expresiones universales en cuanto concuerden con los principios de nuestra nacionalidad.

Patrimonio cultural

Art. 68. Las riquezas prehistóricas, históricas, artísticas y documentales, así como el paisaje natural en su marco ecológico, forman parte del acervo cultural de la Provincia que el Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de las mismas, asegurando su custodia y conservación de conformidad a las disposiciones vigentes.

Participación en la cultura

Art. 69. El Estado promueve y protege las manifestaciones auténticas de nuestra cultura, coordina las acciones culturales con la participación de las organizaciones populares y apoya a quienes facilitan su conocimiento y desarrollo y la integran a la cultura nacional.

Derecho a la educación

Art. 70. La educación es un deber insoslayable del Estado y un derecho humano fundamental, entendida como un proceso de transmisión, recreación y creación de los valores culturales, para el pleno desarrollo de la personalidad en armonía con la comunidad.

La familia y la educación

Art. 71. El Estado reconoce y apoya a la familia como núcleo básico de la sociedad y, como tal, agente natural de cultura y educación. Le garantiza la libre elección de la educación para sus hijos.

Fines de la educación

Art. 72. El Estado reconoce como fin de la educación el desarrollo y la formación integral del hombre argentino que tenga por objeto:

1. La vida en paz y en democracia que fundamente la liberación política, económica y social de la Provincia y la Nación.

2. El desarrollo de la personalidad en sus aspectos individuales y sociales.

3. El logro de una escala jerarquizada de valores.

4. El logro y afianzamiento de los principios reconocidos y fijados en esta Constitución.

5. El desarrollo de la conciencia crítica y la participación activa de educando y educador en el proceso de formación, para reconocer y resolver creativamente problemas nuevos, la conducción de la comunidad y el logro del bien común.

6. La renovada adquisición del saber científico y humanista que responda a las necesidades de la Provincia y de la Nación, conforme a sus objetivos espirituales y materiales.

7. La integración de educación y trabajo, la comprensión inteligente de la capacidad productiva del medio y sus problemas, capacitándolo para las tareas vinculadas a los tipos de producción característicos de cada región.

Educación permanente

Art. 73. El Estado promueve la educación permanente como derecho del individuo que se extiende a lo largo de toda su vida, integrando las acciones de la educación formal con las de educación no formal a fin de que toda persona pueda iniciar, retomar, completar, actualizar o perfeccionar su formación en cualquier nivel, edad o circunstancia.

Sostiene y asegura la igualdad de oportunidades para la educación, mediante la ampliación de las posibilidades de acceso y permanencia en el sistema.

Promueve como una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación social, la de ser un agente de educación.

Derechos del docente

Art. 74. El Estado reconoce al trabajador docente como protagonista responsable en el campo socio-cultural y le asegura:

1. Libre ejercicio de la profesión.

2. Carrera profesional según sus méritos.

3. Ingreso y ascenso por concurso.

4. Estabilidad en el cargo.

5. Retribución justa y diferenciada.

6. Formación y capacitación permanente mediante sistemas de promoción, especialización e incentivos profesionales.

7. Todos aquellos derechos que le reconoce la ley pertinente.

Principios generales de la educación estatal

Art. 75. La Ley General de Educación de la Provincia responde a los principios reconocidos y fijados en esta Constitución, sujeta a las siguientes normas:

1. Las instituciones educativas de la Provincia se organizan en niveles articulados de integración y desarrollo progresivos.

2. Cuando las necesidades de la Provincia lo requieran, el Estado organizará la educación universitaria, sobre la base de un régimen autónomo de gobierno democrático, con participación de docentes, estudiantes, egresados y no docentes.

3. La educación en todos los niveles y modalidades, es gratuita, común, asistencial y pluralista

Es obligatoria en los niveles inicial y primario y su extensión será progresiva a los otros niveles hasta el límite que establezca la ley.

4. En las instituciones educativas estatales, la enseñanza religiosa sólo puede ser dada por los ministros o personas autorizadas de los diferentes cultos, a los alumnos de su respectiva comunión fuera de los horarios de clase, prestando atención a la religiosidad, que es parte integrante de nuestra identidad histórico-cultural.

5. Se preveen especialmente los medios necesarios para que se efectivice la escolaridad obligatoria y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo por medio de becas, comedores escolares, seguro escolar y otras providencias concurrentes al fin señalado.

6. Se prevé la organización de la Educación Especial, con el objeto de atender la formación y rehabilitación del discapacitado, posibilitando su integración al medio social.

7. Se establece la regionalización y descentralización en la conducción, organización y administración del sistema educativo a fin de adecuar su labor a las exigencias del desarrollo cultural, social y económico de cada región de la Provincia y la integración de los niveles de conducción central, regional, y local con la participación de docentes, no-docentes, padres, alumnos y miembros de la comunidad.

Gobierno y administración

Art. 76. El gobierno y la administración de la cultura y la educación son ejercidos por el Poder Ejecutivo a través de un ministerio especifico.

La ley crea los organismos necesarios para dar operatividad efectiva a los lineamientos constitucionales expuestos en el presente capítulo.

Educación privada

Art. 77. La educación privada, conforme a los fines y principios fijados en la presente Constitución, está sujeta a los controles del Estado Provincial a través de leyes que aseguren:

1. Que el desarrollo de sus planes y programas contengan el mínimo exigible por sus similares oficiales.

2. El respeto al marco jurídico de la Constitución y las leyes.

3. Que la conducción se efectúe a través de entidades sin fines de lucro.

4. Que la prestación del servicio educativo sea real y efectiva.

5. Que el Estado legitime la expedición de los títulos y certificados de estudio.

Financiación de la educación

Art. 78. Los fondos destinados a educación se forman: con las partidas previstas en el presupuesto Provincial asignadas a ese fin, los que no son inferiores al veintitrés por ciento de los recursos fiscales de la Provincia, adicionando los subsidios de la Nación, empréstitos, donaciones, herencias vacantes y, los demás recursos que fije la ley.

De este fondo se destina al menos, el cinco por ciento a la formación de una reserva permanente para financiar la adquisición de terrenos, construcciones, refacciones, y equipamiento de establecimientos educativos.

En ningún caso pueden trabarse embargos, ni seguirse ejecución sobre los bienes y rentas asignados a la educación.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Promoción y desarrollo de la economía

Art. 82. El Estado promueve el bienestar de la sociedad, mediante el desarrollo económico y social, fomentando la generación de la riqueza en todos los sectores de la economía, en especial la producción de las industrias madres y las transformadoras de la producción rural y minera, los programas y proyectos de promoción industrial que tengan por objeto el aprovechamiento y transformación de los recursos naturales, renovables y no renovables de la Provincia y de cualquier tipo de industria que se integre vertical u horizontalmente a la estructura productiva, mediante sistemas o regímenes de promoción, concesiones de carácter temporario, primas, recompensas de estímulo, exención de impuestos y contribuciones y otros beneficios compatibles con esta Constitución; y puede concurrir a la formación de sus capitales y al de los ya existentes, participando en tal caso en la dirección y distribución de sus beneficios. Igualmente debe fomentar y orientar la aplicación de todo sistema o procedimiento que tienda a contribuir a la mejor comercialización de la producción.

Colonización

Art. 83. El Estado promueve la inmigración, la colonización, la autocolonización, la formación de organismos o entes del Estado Provincial, centralizados o descentralizados, para el estudio, planificación y coordinación de obra de infraestructura y servicios públicos provinciales, de promoción y desarrollo económico y social de la Provincia. También puede implementar y explotar industrias o empresas que interesen al bien común.

Iniciativa privada y radicación de capitales

Art. 84. En la Provincia se establece un régimen que respeta y estimula la iniciativa privada, la radicación de capitales genuinos, la generación y transferencia hacia los sectores productivos de la ciencia y la tecnología, que tiende al desarrollo independiente de la Provincia y la Nación.

El Estado procura la participación de instituciones relacionadas con la actividad económica, para asesoramiento y defensa de la economía Provincial.

Cooperativismo

Art. 85. El Estado reconoce la función económica y social de la cooperación libre. Estimula el desarrollo de las mutuales, empresas de autogestión y cooperativas de distinto objeto social, procurando se asegure su carácter y finalidad.

Abuso del poder económico

Art. 86. En la esfera de su competencia, el Estado Provincial reprime toda forma de abuso del poder económico. Las empresas individuales y sociales de cualquier naturaleza que sean, al igual que las concentraciones de capital que obstaculicen el desarrollo de la economía o tiendan a dominar mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, son sancionadas según lo determina la ley.

Desarrollo integral

Art. 87. El Estado promueve el desarrollo integral y armónico de cada una de las diferentes zonas que integran el territorio Provincial. A tal fin dispone la facción del catastro económico básico indispensable.

Dominio de recursos naturales

Art. 88. La Provincia tiene la plenitud del dominio impresciptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, las fuentes naturales de energía hidráulica, geotérmicas, o de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su aprovechamiento puede realizarlo por si o por convenios con la Nación, con otras provincias o con terceros, nacionales o internacionales, para su prospección, exploración y/o explotación, como también su industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de las regalías o retribuciones a percibir.

El Estado Nacional no puede disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el previo acuerdo de ésta, expresado por ley.

Se declara de interés público general el patrimonio acuífero de la Provincia, reivindicándose su dominio dentro de su territorio, siendo incuestionables sus derechos sobre los ríos ínterprovinciales y limítrofes. El Estado debe procurar el aprovechamiento integral y el uso racional del agua, respetando las prioridades que derivan de las necesidades de la población y su desarrollo agro-industrial y minero. Todo lo referido al uso de las aguas públicas superficiales o subterráneas, est. a cargo del Estado Provincial en la forma que determina la ley.

Régimen tributario

Art. 89. En virtud del poder fiscal originario, es privativo de la Provincia la creación de impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las modalidades de percepción con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al gobierno federal, atento a lo dispuesto por la Constitución Nacional.

El régimen tributario de la Provincia se estructura sobre la base de la función económica-social de los impuestos y contribuciones.

La igualdad, la proporcionalidad y progresividad constituyen la base general de los impuestos, contribuciones y cargas públicas.

Tesoro Provincial

Art. 90. El Estado provee a sus gastos con los fondos del tesoro Provincial, formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley; por el producido de los servicios que presta por la administración de los bienes de dominio público, por la disposición o administración de los bienes de dominio privado, por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resultan de los poderes no delegados a la Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos recaudos por los organismos competentes, y por las reparaciones que obtenga del erario Nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobre los recursos tributarios o no tributarios.

Empréstitos

Art. 91. Pueden autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de títulos públicos y otras operaciones de crédito por ley, sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura.

En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas, puede comprometer más del veinticinco por ciento de la renta Provincial, a cuyo efecto se toma como base al cálculo de recursos menor de los últimos tres años.

Los recursos provenientes de este tipo de operaciones, no pueden ser distraídos ni provisoriamente de sus fines.

La ley que provea a otros compromisos extraordinarios, debe establecer los recursos especiales con que deben atenderse los servicios de la deuda y su amortización.

Presupuesto

Art. 92. La ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Provincial, puede fijar a éste por un año, o por períodos superiores hasta un máximo de tres años, pero en este último caso no puede exceder el período de la gestión del titular del Poder Ejecutivo o su reemplazante legal.

En el presupuesto deben figurar los gastos e inversiones del Estado Provincial por el correspondiente ejercicio, incluso los ordinarios o extraordinarios autorizados por leyes especiales. Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo.

La ley de presupuesto no puede contener disposiciones por las cuales se modifiquen, sustituyan o deroguen leyes, o normas de éstas.

La ley que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento. Sancionando un presupuesto, sigue en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de otro.

CAPITULO XVII

DE LOS MINISTROS

Número y funciones

Art. 158. El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a cargo de ministros, cuyo número, rango y funciones es determinado por ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo.

Reemplazo

Art. 159. En caso de licencia o impedimento accidental de alguno de los ministros, el Poder Ejecutivo encarga a otro el desempeño correspondiente a su cartera, por un término que no exceda de tres meses.

Requisitos

Art. 160. Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado, excepto la exigida en el inc. 3 del art., 104 de esta Constitución.

Informes

Art. 161. Los ministros presentan a la Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo, una memoria o informe sobre los negocios de sus respectivos departamentos dentro de los treinta días siguientes a la apertura de sus sesiones ordinarias, indicando en ellos las reformas y proyectos que aconsejan la experiencia y el estudio.

Despacho

Art. 162. Los ministros despachan de acuerdo con el gobernador y refrendan con su firma las resoluciones del mismo, sin cuyo requisito son ineficaces y nulas.

Responsabilidad

Art. 163. Los ministros son solidariamente responsables con el gobernador de las órdenes o actos que legalizan. No pueden por sí solos adoptar resoluciones salvo las de mero trámite y las concernientes al régimen interno de sus respectivos departamentos.

Participación en las sesiones legislativas

Art. 164. Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Legislatura, tomar parte de sus debates y llevar las opiniones del Poder Ejecutivo respecto de cualquier proyecto de ley, sea que hubiere nacido de éste o de la Legislatura. Tienen al efecto los mismos derechos e inmunidades que los diputados, excepto el voto. Juramento

Art. 165. Los ministros al recibirse del cargo, prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlo fielmente con arreglo a los preceptos de esta Constitución.

Sueldo e incompatibilidades

Art. 166. Los ministros gozan de sueldo y de los gastos de representación establecido por ley. No pueden desempeñar otro empleo, profesión u oficio, ni percibir otro emolumento, directa o indirectamente dentro o fuera de la Provincia.

Reemplazo de ministros

Art. 167. Cuando por falta de ministros algún empleado es autorizado por el Poder Ejecutivo para refrendar las firmas del gobernador, debe ser el de mayor jerarquía administrativa dentro de los ministerios y es solidariamente responsable con éste por todo lo que autoriza. No puede concurrir a las Cámaras Legislativas, pero sí a sus comisiones, a fin de suministrar y dar las explicaciones que se pidan.

Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo

Art. 168. El gobernador es el jefe de la Administración General de la Provincia, representa a ésta, ante los poderes nacionales y provinciales, y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

1. 1.Promulga y ejecuta las leyes de la Provincia, dictando al efecto decretos, reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu, Las leyes son reglamentadas si corresponde, en el plazo que ellas establecen y si no lo han fijado dentro de los ciento ochenta días de promulgada. Si vencido ese plazo no se las ha reglamentado debe hacerlo la Legislatura si corresponde por el procedimiento para la formación de las leyes y no pueden ser vetadas ni reglamentadas nuevamente.

En ningún caso la falta de reglamentación de las leyes pueden privar a los habitantes de los derechos que en ellas se consagran.

2. Participa en la formación de las leyes, con arreglo a esta Constitución.

3. Veta los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, en todo o en parte dentro de los diez días, expresando en detalle los fundamentos del veto; si no lo hace se consideran promulgados.

Pero si aquellos se sancionan nuevamente en uno de los dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede vetarlos.

4. Ordena la recaudación de los tributos y rentas de la Provincia debiendo los funcionarios encargados de aquella, ejecutar el cobro de conformidad a la ley.

5. Prorroga las sesiones ordinarias de la Legislatura o la convoca a sesiones extraordinarias cuando algún asunto de interés público lo requiera, sin perjuicio del derecho de aquella, una vez reunida para apreciar la necesidad de la medida.

6. Presenta a la Legislatura antes del treinta y uno de agosto el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y el pertinente plan de obras públicas.

7. Remite a la Legislatura las cuentas de inversión correspondientes al periodo anterior, antes del treinta de junio.

8. Informa por un mensaje, en la apertura de las sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa, sobre el estado general de la administración, indicando aquellas medidas o leyes que fueren necesarias para el mejoramiento, progreso económico y político de la Provincia,

9. Interviene en la designación y remoción de funcionarios en los casos y modos que esta Constitución o las leyes establecen, Los que son removidos con acuerdo del Senado, en su receso, el Poder Ejecutivo puede suspenderlos por causas justificadas dándole cuenta en el primer mes de sesiones para la confirmación o desaprobación de la medida, quedando en el primer caso separados de sus cargos.

10. Designa y remueve a los ministros y empleados de la administración pública cuyos nombramientos no requieren el acuerdo del Senado y no estén confiados a otros poderes, expide títulos y despachos a los que nombra.

11. Estando reunido el Senado, la propuesta de nombramiento para los cuales se requiere acuerdo, se hace dentro de diez días de ocurrida la vacante, no pudiendo insistir sobre un candidato rechazado durante ese año conforme a esta Constitución.

12. Provee interinamente los cargos que requieren acuerdo del Senado y aquellas para los cuales no se hubiesen prestado el acuerdo pedido oportunamente, En esos casos da cuenta a la Legislatura en el primer mes de las sesiones ordinarias con la solicitud de acuerdo para los nombramientos en propiedad.

Dichos nombramientos no pueden recaer en personas respecto a las cuales hubiere el Senado negando su acuerdo para el mismo cargo, en el corriente periodo legislativo.

13. Propone a la Legislatura la concesión de primas o recompensas de estímulo con arreglo a lo que dispone el Art. 82 de esta Constitución.

14. Celebra contratos con particulares para la construcción de obras u otro objeto de utilidad pública con sujeción a esta Constitución y las leyes que rigen sobre la materia, Cuando tales inversiones no hubieren sido previstas oportunamente deben ser comunicadas al Poder Legislativo para su aprobación; tratándose de suministros, solo para su conocimiento.

15. Celebra y firma tratados con la Nación, las provincias, municipios, entes del derecho público y privado, nacionales o extranjeros, para fines de utilidad común, especialmente de materia cultural, educacional, económica, salud y administración de justicia con aprobación legal en los casos que corresponda.

En los supuestos del Art. 107 de la Constitución Nacional se efectúa la pertinente comunicación al Congreso Nacional.

16. Moviliza las milicias de la Provincia durante el receso de la Legislatura, en caso de invasión exterior u otro peligro que no admita dilación dándole cuenta oportunamente de ello. Durante las sesiones en casos urgentísimos puede usar la misma atribución dando inmediata cuenta de la medida.

En ambos casos se da conocimiento al gobierno nacional.

17. Da a las milicias la organización y disciplina prescritas por el Congreso.

18. Indulta, conmuta o reduce las penas impuestas por delitos sujetos a jurisdicción Provincial, previo informe del Superior Tribunal de Justicia y de los organismos técnicos penitenciarios sobre las circunstancias del caso, oportunidad y conveniencia del indulto, conmutación o rebaja con arreglo a la ley reglamentaria que determina los casos y las forma en que se pueden ser solicitados, excepto cuando se trata de delitos contra los derechos humanos, en especial desaparición forzada de personas y/o torturas, siempre que tengan motivación determinante de naturaleza político-ideológica. Esa facultad tampoco se podrá ejercer para enervar los efectos de los pronunciamientos dictados por el Jurado de enjuiciamiento o Tribunal de Juicio Político y de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos con motivo de sus funciones electorales, o los cometidos contra la Legislatura y el Poder Judicial y/o sus miembros.

19. Presta el auxilio de la fuerza pública a todas las autoridades, siempre que lo soliciten, conforme a la ley.

20. Expide las ordenes necesarias para que toda elección popular se realice en la oportunidad debida.

21. Hace cumplir, como agente inmediato del Gobierno Nacional, la Constitución, leyes y decretos de la Nación.

22. Inspecciona todos los establecimientos de la Provincia, vela por su administración, pide informe a las oficinas públicas e inspecciona las asociaciones civiles v comerciales, con arreglo a la Ley.

23. Tiene a su cargo todo lo relativo a la policía de seguridad y vigilancia.

24. Conoce y resuelve en las causas contencioso-administrativas, sin perjuicio de la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia.

25. Decreta la inversión de las rentas con arreglo a las leyes; debe publicar mensualmente el estado de tesorería, dentro de los treinta días posteriores a su cierre.

26. Convoca a elecciones de gobernador y vicegobernador, diputados y senadores, según prevé esta Constitución.

27. Ejerce todas las demás facultades y deberes con sujeción a esta Constitución.

CAPITULO XXI

PODER JUDICIAL

Inviolabilidad funcional e independencia

Art. 189. El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros Poderes del Estado.

Exclusividad de la función judicial

Art. 190. En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas.

Composición

Art. 191. El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, integrado por cinco o más miembros, y por los demás tribunales inferiores y jurados que la ley establezca.

El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial y es ejercido por el Procurador General, Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales y Defensores, en el modo y la forma que la ley determine.

Intangibilidad de las remuneraciones

Art. 192. Los magistrados judiciales gozan de una retribución mensual y, no puede ser disminuida salvo los descuentos previsionales y de carácter general, mientras permanecen en sus funciones. La retribución es establecida por ley y, en ningún caso, un miembro del Superior Tribunal de Justicia, cobra una retribución inferior a la que percibe el funcionario mejor remunerado del Estado Provincial, salvo el titular del Poder Ejecutivo.

Prohibiciones

Art. 193. Prohíbese a los jueces y demás miembros del Poder Judicial intervenir en política de cualquier modo salvo la emisión del voto; practicar juegos de azar o concurrir a locales exclusivamente destinados a ello, o ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y la dignidad del cargo.

El quebrantamiento de esta prohibición se considera caso flagrante de mal desempeño que los hace pasibles de enjuiciamiento.

Incompatibilidad por parentesco

Art. 194. No pueden ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal de Justicia ni de las Cámaras, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y, en caso de parentesco sobreviniente el que lo cause abandona el cargo. Tampoco pueden conocer en asuntos que hayan sido resueltos por jueces o conjueces con quienes estuvieran ligados por el parentesco antedicho.

Ley Orgánica de procedimientos

Art. 195. La administración de Justicia se rige por una ley especial que deslinda las atribuciones y competencias respectivas de los Tribunales con arreglo a esta Constitución, y marca el orden de los procedimientos.

Nombramientos judiciales

Art. 196. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.

Los Magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en terna por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y éste designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senadores. Si se rechaza la propuesta por cualquiera de los poderes, es remitida por el Consejo de la Magistratura una segunda terna, en cuyo caso el rechazado por el Senado, no puede integrarla.

La designación en este último supuesto debe indefectiblemente efectuarse entre la segunda propuesta remitida.

Consejo de la Magistratura

Art. 197. El Consejo de la Magistratura está integrado por un miembro del Superior Tribunal, que lo preside; un magistrado o miembro del Ministerio Público por cada una de las circunscripciones judiciales; dos legisladores provinciales, abogados si los hubiere; un abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la Provincia, domiciliado en ella y que reúna las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y un ministro del Poder Ejecutivo.

Elección de sus integrantes

Art. 198. Los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma:

1. El Ministro del Superior Tribunal por sorteo entre sus miembros.

2. Los magistrados e integrantes del Ministerio Público de cada circunscripción judicial, por elección directa y secreta entre ellos.

3. Los legisladores por designación de la Cámara de Diputados.

4. Los abogados mediante elección directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, de cada circunscripción judicial y bajo el control de las entidades de ley que tienen a su cargo la matrícula en cada una de ellas.

5. El ministro por designación del Poder Ejecutivo.

En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El ejercicio de la función constituye carga pública y el mandato dura dos años pudiendo ser reelectos, con excepción de los mencionados en los incisos dos y cuatro del presente artículo.

Funciones del Consejo de la Magistratura

Art. 199. Son funciones del Consejo de la Magistratura:

1. Proponer por terna al Poder Ejecutivo, el nombramiento y traslado de los magistrados judiciales y titulares del Ministerio Público, que se especifican en el artículo 196 segunda parte.

2. Organizar y resolver los concursos de antecedentes merituando integralmente la personalidad del postulante, en función del cargo a discernir.

3. Dictar su reglamento de organización y funcionamiento.

Plazo de proposición de ternas

Art. 200. Comunicada una vacancia por el Superior Tribunal de Justicia al Consejo de la Magistratura, éste debe proponer la terna respectiva al Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días de recibida la comunicación.

Inamovilidad e inmunidades

Art. 201. Los magistrados y representantes del Ministerio Público son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta y observen fiel cumplimiento de sus funciones. La inamovilidad comprende el grado y la sede. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento. Sólo pueden ser removidos en la forma y por las causales previstas en esta Constitución.

Gozan de las mismas inmunidades que los legisladores.

Requisitos para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador General, Camarista y Fiscal de Cámara.

Art. 202. Para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador General, Camarista y Fiscal de Cámara, se requiere:

1. Ejercicio de la ciudadanía.

2. Treinta años de edad.

3. Poseer titulo de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión.

4. Diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial.

5. Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia.

Requisitos para ser Juez de Primera Instancia

Art. 203. Pata ser Juez de Primera Instancia se requiere:

1. Ejercicio de la ciudadanía.

2. Veinticinco años de edad.

3. Poseer título de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión.

4. Tres años de profesión de abogado o desempeño de alguna magistratura o funciones como fiscales, Defensores o Secretarios.

5. Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia.

Requisitos para ser Juez de Paz Letrado

Art. 204. Para ser Juez de Paz Letrado se requiere tener título de abogado y estar matriculado en la Provincia.

Juramento del cargo

Art. 205. Los miembros del Superior Tribunal prestan juramento ante el Presidente de desempeñar fielmente el cargo. El Presidente, jueces y demás funcionarios lo prestan ante el Superior Tribunal.

Turnos

Art. 206. El cargo de Presidente del Superior Tribunal se turnan anualmente entre sus miembros, comenzando por el de mayor edad.

Incompatibilidad de cargos

Art. 207. Los cargos de magistrados judiciales y funcionarios del Ministerio Público, son incompatibles con cualquier otro Provincial o nacional, excepto la docencia.

Supresión de Juzgados - Nulidad de los nombramientos

Art. 208. Toda ley que suprima juzgados se aplica cuando vacaren. La falta de requisitos constitucionales anula los nombramientos de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Procedimiento oral

Art. 209. El juicio oral, público, contradictorio y continuo, es obligatorio en todas las causas criminales por delitos graves, sin perjuicio de que la ley lo establezca para los demás juicios.

Aplicación del derecho

Art. 210. Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la Provincia, deben ser fundadas en el derecho vigente. El juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión de derecho. El juez a pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica.

El juez aplica el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un criterio jurídico de actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.

Acuerdo de los tribunales colegiados

Art. 211. Los tribunales colegiados acuerdan en audiencia pública sus sentencias, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito, según el orden que resulta del sorteo público previo.

Para que exista sentencia, debe concurrir mayoría de opiniones en cada una de las cuestiones esenciales sometidas a decisión.

Plazos para fallar - Reseñas

Art. 212. Todo juicio o recurso es fallado dentro de los términos que fija la ley. Los magistrados que reiteradamente no fallen en término, por morosidad u omisión, o impidan que los cuerpos colegiados de que forman parte fallen en término, incurren en causas suficientes de remoción, en cuyo caso el Procurador General o Agentes Fiscales de oficio, las partes agraviadas y/o cualquier abogado o procurador de la matrícula cuando lo estimen necesario, proceden a deducir acusación conforme a la ley, que establece los plazos y califica la reiteración.

El Procurador General y los Agentes Fiscales incurren en causal de remoción, si omiten la obligación de acusar y pueden ser acusados a su vez por las partes agraviadas y/o cualquier abogado o procurador de la matrícula.

Semestralmente, el Superior Tribunal, remite a la Legislatura una reseña de las causas sentenciadas y en estado de sentencia que hubieran radicado o radicaren en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia, de Paz Letrado, Cámaras y el propio Superior Tribunal, con indicación de la fecha en que quedó firme allanamiento de autos, fecha de los votos individuales emitidos en caso de Tribunales Colegiados y fecha de sentencia, así como una relación de los motivos de la demora en fallar.

Competencia del Superior Tribunal

Art. 213. Corresponde al Superior Tribunal:

1. Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por ésta Constitución y se controvierta por parte interesada.

2. Conocer y resolver originaria y exclusivamente de las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia, entre éstos y municipalidades, en los conflictos internos de éstas, y en los que se susciten entre los Juzgados de Primera Instancia o entre uno de estos y cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de la jurisdicción respectiva.

3. Decidir en única instancia y en juicio pleno, de las causas contencioso-administrativas, previa denegación del reconocimiento de los derechos que se gestionan. Habrá denegación tácita cuando no se resolviera definitivamente dentro de tres meses de estar al expediente en estado de decisión.

4. En las causas contencioso-administrativas el Superior Tribunal tiene la facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas y empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciera dentro de los sesenta días de notificada.

5. Los empleados a que alude este artículo son responsables por falta de cumplimiento de las disposiciones del Superior Tribunal.

6. Conocer y resolver en las demandas o recursos de revisión de causas criminales fenecidas, cualquiera que sea la pena impuesta en los casos que establezca la ley procesal.

7. Conocer privativamente de los casos de reducción de pena autorizados por el Código Penal.

8. Conocer originariamente en el recurso de casación con arreglo a la ley.

9. Conocer en los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores con sujeción a la forma y trámite que la ley de procedimientos establezca.

10. Juzgar en los demás casos que determinen las leyes de procedimientos.

Atribuciones y deberes

Art. 214. El Superior Tribunal tiene además, las siguientes atribuciones y deberes:

1. Representar al Poder Judicial.

2. Nombrar previo concurso público y, trasladar y remover previo sumario, los empleados subalternos de la administración de justicia.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el servicio interno y disciplinario del Poder Judicial.

4. Fijar el presupuesto del Poder Judicial y remitirlo en su oportunidad al Poder Ejecutivo, para que éste lo incorpore al proyecto de presupuesto respectivo.

5. Ejercer la superintendencia de toda la administración de justicia, siendo a su cargo velar por el buen servicio de la misma y exacto cumplimiento de los deberes de sus empleados.

6. Conceder licencia a los magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial y nombrar sus reemplazantes, conforme a la reglamentación vigente. Proveer con carácter provisorio toda vacante de magistrado que se produzca.

7. Proponer a la Legislatura cuanto estime corresponder en lo referente a la administración de justicia, pudiendo designar a alguno de sus miembros para que concurra al seno de las comisiones legislativas a fundar el proyecto o aportar datos e informes relativos al mismo.

8. Disponer y administrar sus bienes y los fondos asignados por ley.

9. Ejercer el control en el régimen interno de las cárceles y establecimientos de detenidos.

10. Comunicar en forma inmediata a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y a las municipalidades, sus pronunciamientos sobre inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas.

11. Organizar la escuela de especialización para magistrados, nombrando el personal de la misma.

Establecer y dirigir las escuelas e institutos de capacitación del personal judicial.

12. Pasar anualmente al Poder Legislativo una memoria sobre el estado de la administración de Justicia e indicar las reformas de procedimientos y organización de los tribunales que crea conveniente.

Jurados

Art. 215. Una vez que en el orden nacional se establezca el juicio por jurados, el Poder Legislativo dictará las leyes necesarias para el funcionamiento de esa institución en la Provincia.

Policía judicial

Art. 216. El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones. El Poder Legislativo propende a la creación y estructuración de la policía judicial, integrada por personal con capacitación técnica, exclusivamente dependiente del Poder Judicial.

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Art. 217. Los Tribunales de la Provincia deben informar y publicar periódicamente las causas que pasen a estado de sentencia consignando la fecha en que los autos quedan a disposición del tribunal para su resolución.

De la misma forma deben hacer conocer las causas que han sido sentenciadas. La ley regla- menta la forma en que se cumplen estas obligaciones.

Autonomía financiera, económica y funcional

Art. 218. La ley puede organizar un sistema de percepción de gravámenes por el propio Poder Judicial, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.

Justicia de Paz

Art. 219. El Poder Legislativo establece Juzgados de Paz en toda la Provincia, teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, su extensión territorial y su población.

La Justicia de Paz Letrada se establece en la Capital y en los demás distritos que la ley determina. Esta les fija la jurisdicción y competencia.

Jueces de Paz no Letrados

Art. 220. Los Jueces de Paz no letrados son nombrados por el Superior Tribunal, a propuesta en terna de las municipalidades y directamente donde no las hubiere.

Jueces de Paz no Letrados - Duración de su mandato. Remoción

Art. 221. Los Jueces de Paz Lego duran tres años en el ejercicio de sus funciones, sólo pueden ser removidos por el Superior Tribunal de Justicia, si concurren las causas enumeradas en artículo 234.

Requisitos

Art. 222. Para ser Juez de Paz Lego se requiere, ser ciudadano argentino, mayor de edad, vecino del partido y haber cursado estudios completos de nivel medio.

Justicia de Paz - Competencia y procedimientos

Art. 223. Los Jueces de Paz Legos son funcionarios exclusivamente judiciales y agentes de los tribunales de justicia y su jurisdicción, competencia y procedimiento son determinados por ley.