Inicio, Estructura de la DIP, Bases de datos, Información especial, Enlaces parlamentarios

Volver a Constituciones Provinciales

 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Sancionada por la Honorable Convención Constituyente El Día 28 de Noviembre de 1957

Texto ordenado año 1994 Contiene las enmiendas introducidas por Ley 2039

Aprobada por Referéndum popular del día 20 de Marzo de 1994

 

 

 

Preámbulo

Primera Parte

Capítulo I: Declaraciones y Derechos. (artículos 1 al 51)

Capítulo II: Garantías Sociales. (artículos 52 al 63)

 

Segunda Parte

Capítulo I: Régimen Electoral. (artículos 64 al 70)

 

Tercera Parte

Capítulo I: Del Poder Legislativo. (artículos 71 al 100)

                Atribuciones del Poder Legislativo. (artículo 101)

                De la formación y sanción de las leyes. (artículos 102 al 110)

Capítulo II: Del Poder Ejecutivo. (artículos 111 al 124)

                  De los Ministros. (artículos 125 al 133)

                  Atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo. (artículo 134)

Capítulo III: Del Juicio Político. (artículo 135)

Capítulo IV: Del Fiscal del Estado, Contador y Tesorero de la Provincia.(artículos 136 al 141)

Capítulo V: Del Tribunal de Cuentas. (artículos 142 al 148)

Capítulo VI: Del Poder Judicial. (artículos 149 al 166)

                   Atribuciones del Poder Judicial. (artículos 167 al 172)

                   Del Jurado de Enjuiciamiento. (artículos 173 al 175)

                   De la Justicia de Paz. (artículos 176 al 181)

 

Cuarta Parte

Capítulo I: Del Régimen Municipal. (artículos 182 al 211)

 

Quinta Parte

Capítulo I: Régimen Económico. (artículos 212 al 254)

 

Sexta Parte

Capítulo I: Educación. (artículos 255 al 286)

Capítulo II: Asistencia Social. (artículos 287 al 294)

Capítulo Único: Reforma de la Constitución. (artículos 295 al 300)

Capítulo Único: Disposiciones Transitorias. (artículos 301 al 313)

 

Apéndice Constitucional: Declaración de los Derechos Humanos.

 

 

 

 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

 

PREAMBULO

 

Los representantes del pueblo de la Provincia del Neuquén, reunidos en Convención General Constituyente por su voluntad y elección, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, a los efectos de organizar los poderes públicos, para hacer efectivo el uso y goce de todos los derechos no delegados expresamente al gobierno nacional, en una sociedad sin privilegios, y consolidar las instituciones republicanas dentro de los principios del federalismo, afianzar la justicia, fortalecer el régimen municipal, garantizar la educación primaria, mantener la paz interna, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, de la democracia y la igualdad, objeto y fin de nuestra nacionalidad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo, que quieran habitar el suelo de la Provincia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.

 

 

 

 

PRIMERA PARTE

CAPITULO I

DECLARACIONES Y DERECHOS

 

Art. 1 - La Provincia del Neuquén, como estado autónomo e inseparable de la Nación Argentina, organiza su gobierno bajo el sistema republicano representativo, manteniendo para sí todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal en la Constitución Nacional, a la que reconoce como ley suprema.

 

Art. 2 - La Provincia del Neuquén se incorpora a la Nación Argentina en absoluta igualdad con las demás Provincias, con los mismos deberes - derechos que corresponden a las demás, acatando todas las delegaciones de poder al gobierno nacional que las otras hubieran hecho en igual medida que todas ellas y reclamando por las invasiones sobre sus derechos y patrimonio que se le impongan con carácter particular, por consideradas violatorias de la organización federal que la Constitución Nacional establece.

 

Art. 3 - Neuquén es una Provincia indivisible, laica, democrática y social. La soberanía reside en el pueblo, quien no gobierna sino por sus representantes con arreglo a esta Constitución y sin perjuicio de sus derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria.

 

Art. 4 - Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden; no podrán mortificarse sino por ley confirmada por un referéndum popular que deberá obtener mayoría absoluta para su validez.

 

Art. 5 - Mantiénese la actual división política de la Provincia, la que podrá ser modificada por ley, no pudiéndose cambiar sus actuales denominaciones departamentales.

 

Art. 6 - La capital de la Provincia es la Ciudad de Neuquén, lugar de residencia de las autoridades superiores del gobierno.

En caso de plantearse en la legislatura un proyecto de cambio, la decisión en tal sentido será objeto de un referéndum popular, el que nunca se efectuará antes de diez años de promulgada esta Constitución y su decisión, cualquiera sea el resultado, no podrá reverse en un término menor de cincuenta años.

 

Art. 7 - Los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no podrán delegar sus atribuciones, ni los magistrados y funcionarios sus funciones bajo pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente acordadas por esta Constitución y las Leyes que reglamenten su ejercicio.

 

Art. 8 - Es completamente nula cualquier disposición adoptada por las autoridades a requisición de fuerza armada o de reunión sediciosa.

 

Art. 9 - En caso de intervención del gobierno federal, la Provincia sólo reconocerá validez a los actos administrativos ejecutados durante la intervención en observancia de la Constitución y leyes provinciales.

 

Art. 10 - En ningún caso podrá el gobierno de la Provincia suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas.

 

Art. 11 - La Provincia adopta para su gobierno el principio de la descentralización de los poderes y reconoce las más amplias facultades a los municipios, en forma tal que sean éstos quienes ejerzan la mayor suma de funciones del gobierno autónomo en cada jurisdicción, equivalente a ponerlo en manos de los respectivos vecindarios. Lo que exceda la órbita local corresponderá a las autoridades provinciales, las que decidirán también cuando las obras o medidas a resolver involucren a varias comunas.

 

Art. 12 - Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la Ley, sin distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza.

Deberán removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impidan el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia.

 

Art. 13 - Los habitantes de la Provincia gozan en su territorio de todos los derechos y garantías enumerados en la Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a las Leyes que reglamenten su ejercicio y de los Derechos del Hombre sancionados por la organización de las Naciones Unidas en París en 1948, los que se dan por incorporados al presente texto constitucional.

 

Art. 14 - Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de su nacionalidad originada o adquirida por causas políticas o sociales. Nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe. Ningún servicio personal será exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados.

En la Provincia no regirán más inhabilitaciones que las dispuestas por los tribunales competentes en sentencia firme.

 

Art. 15 - Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no dará lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que las formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la petición, estará obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que deberá producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades que se determinará legislativamente.

 

Art. 16 - Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier índole, sin que sea necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso previo para reuniones en lugares públicos abiertos.

 

Art. 17 - Nadie podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición.

 

Art. 18 - Queda garantizada la libertad de asociación para fines lícitos. Ninguna asociación podrá ser compasivamente disuelta o impedida sino en virtud de sentencia judicial.

 

Art. 19 - Todos los habitantes del país tienen derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Provincia, llevándose sus bienes, en cuanto no constituya perjuicio a terceros.

 

Art. 20 - Es inviolable la libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, sin censura previa. No será trabado el libre acceso a las fuentes de información. No podrá dictarse ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite la libertad de prensa. Solamente podrán considerarse abusos a la libertad de expresión los hechos constitutivos de delitos comunes. Su calificación y juzgamiento corresponde a los jueces y tribunales, pero en ningún caso podrá considerarse al hecho como flagrante ni disponerse la clausura ni secuestro de imprentas, talleres y demás instalaciones, principales o accesorias, como instrumento del delito.

 

Art. 21 - No se podrá trabar la circulación ni distribución de las publicaciones, ni obstaculizar por restricciones en el suministro de materia prima su impresión, ni serán expropiabas los medios de difusión del pensamiento.

 

Art. 22 - Toda persona afectada en su reputación por una referencia o información periodística, tendrá derecho a la réplica o aclaración gratuita por el mismo órgano que sirvió de vehículo a dicha referencia o información.

 

Art. 23 - El funcionario o empleado público a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, gozando del beneficio del proceso gratuito.

 

Art. 24 - La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad y religión, a casarse y fundar una familia, disfrutando de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. La maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial del Estado. Todos los niños nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tendrán derecho a igual protección social; no se considerará declaración alguna diferenciando los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción de aquellos, ni en los certificados, ni en las copias referentes a la filiación.

 

Art. 25 - Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Nadie será obligado a declarar, bajo ningún concepto, su creencia religiosa. El Estado no podrá dictar leyes u otras medidas que restrinjan o protejan culto alguno.

 

Art. 26 - La propiedad, dentro del alcance y naturaleza que esta Constitución le asigna, es inviolable. Ninguna persona puede ser privada ni desposeída de ella, ni limitada en su uso, sino por sentencia firme fundada en ley. Podrá expropiarse por razones de utilidad o bienestar general, por ley de la Legislatura, indemnizando previamente, en todos los casos, sin excepción.

Si la finalidad no se cumpliere o fuere desvirtuada, el expropiado podrá reclamar la devolución, fijándose las compensaciones a que hubiere lugar. El mismo procedimiento corresponderá cuando no se realicen, dentro de un término prudente, las obras para las cuales se hayan efectuado donaciones y cesiones de propiedad, aún cuando estuviesen escrituradas.

 

Art. 27 - Todo autor o inventor es propietario de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerde la ley.

 

Art. 28 - El Estado garantiza el libre funcionamiento de todos los partidos políticos que se establezcan, con arreglo a la ley, en el territorio de la Provincia, por el solo hecho de su constitución, sin injerencia estatal, policial u otra en su vida interna y en su actividad pública.

 

Art. 29 - Ninguna ley o reglamento podrá hacer distinción entre el extranjero o el nativo en el ejercicio de los derechos civiles y gremiales.

 

Art. 30 - Toda ley, ordenanza, decreto u orden contratos a esta Constitución, no tienen ningún valor y los jueces deben declararlos inconstitucionales.

La inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de su jurisdicción originaria, produce la caducidad de la ley, ordenanza, decreto u orden en la parte afectada por aquella declaración.

 

Art. 31 - Quedan suprimidos todos los títulos y tratamientos honoríficos de excepción para los magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera sea su jerarquía.

 

Art. 32 - Se declara inviolable la seguridad individual. Con ese carácter serán respetados: la conciencia, la integridad física, la defensa en juicio, la correspondencia de toda índole, los papeles privados, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas u originadas por cualquier otro medio, así como el normal ejercicio del trabajo, profesión o medios de vida.

 

Art. 33 - El domicilio es inviolable. Nadie podrá penetrar en él sin permiso de su morador, sin orden escrita de juez competente y nunca después de las diecinueve ni antes de las siete horas, salvo en caso de crimen o accidente.

Solo por orden escrita de juez competente con semiprueba del hecho punible podrán ser allanados los domicilios durante el día o intervenida la correspondencia, los teléfonos o papeles privados.

La conformidad del afectado no suplirá el requisito del mandato judicial.

 

Art. 34 - El Estado garantiza el secreto profesional. Los jueces o magistrados no podrán exigir al defensor la violación del secreto profesional y serán castigados con las penas que la ley determine quienes violaren o incitaron a violar dicho secreto en perjuicio de terceros.

 

Art. 35 - Ningún habitante de la Provincia puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces preconstituídos por la ley antes del hecho de la causa. Siempre se aplicará, aún por efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni es lícito hacerlo contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, ni puede ser compelido a deponer contra sus demás deudos hasta el cuarto grado, quedando rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a ese objeto.

 

Art. 36 - Nadie puede ser detenido sin que proceda indagación sumaria de la que surja semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso de ser sorprendido in-fraganti, circunstancia en que todo delincuente puede ser detenido por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez o de la autoridad policial más próxima. Tampoco podrá ser constituido nadie en prisión si no en virtud de orden escrita de juez competente.

 

Art. 37 - Todo detenido deberá ser interrogado y puesto a disposición del juez competente conjuntamente con los antecedentes del caso, dentro de las veinticuatro horas de su arresto; en caso contrario recuperará su libertad. Con la detención de una persona se labrará acta que será firmada por ella misma si es capaz y donde se le comunicará la razón del procedimiento, el lugar donde será conducida y el magistrado que interviene. El hecho que afecte la integridad personal, la seguridad o la honra del detenido será imputable a sus aprehensores o a las autoridades, salvo prueba en contrario.

 

Art. 38 - Las cárceles y todos los demás lugares destinados al cumplimiento de penas de privación de libertad, en la Provincia, serán sanas y limpias y organizadas sobre la base de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, mediante el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos física o moralmente, hará responsable al que la ejecuta, autoriza o consienta.

 

Art. 39 - No podrán crearse organizaciones o secciones policiales especiales de tipo represivo. Los que torturen, vejen o maltraten a detenidos serán penados con el máximo rigor de la ley, lo mismo que los que ordenen, consientan o instiguen estos crímenes de ilesa humanidad. La obediencia a órdenes superiores no excusa la culpabilidad.

 

Art. 40 - Toda medida que, so pretexto de precaución, conduzca a mortificar a presos o detenidos, hará responsable civil y criminalmente al juez que la autoriza o consienta, por actos u omisiones, y será causa de inmediata destitución de los funcionados y empleados que la ordenen, apliquen, instiguen o consientan, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran. Ningún procesado o detenido podrá ser alojado en cárceles de penados ni sometido a régimen penitenciario. La Provincia indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de la disposiciones constitucionales.

 

Art. 41 - En los establecimientos penales no podrá privarse al individuo de la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, con arreglo a la ley y reglamentaciones que se dicten. En ningún caso los penados serán enviados a establecimientos carcelados existentes fuera del territorio de la Provincia.

 

Art. 42 - No se dictará auto de prisión sino contra persona determinada, en virtud de prueba plena de la existencia del delito y estar acreditada por semiplena prueba la culpabilidad del imputado, quien deberá ser asistido por su defensor al prestar declaración y en forma permanente. Queda abolido el secreto del sumario. Las declaraciones del imputado, tomadas por la policía, carecen de valor probatorio en su contra. Cuando se trate de delitos cometidos por medio de la palabra hablada o escrita, sólo estará justificada la privación de la libertad cuando ella provenga de sentencia definitiva.

 

Art. 43 - Toda persona detenida arbitrariamente podrá recurrir por sí o por intermedio de un tercero, ante el juez inmediato aunque forme parte de un tribunal colegiado, pidiendo que se le haga comparecer a su presencia, investigue la forma y causa de su detención y decrete su inmediata libertad, si resultare no haberse llenado los requisitos legales pertinentes. Los jueces tienen la obligación ineludible de amparar inmediatamente a todo individuo contra la privación o restricción de la libertad, ya provenga de actos de autoridad o de particulares. Una ley especial reglamentará la forma sumarísimo de hacer efectiva esta garantía, no pudiendo el juez excusarse de intervenir por falta de la reglamentación respectiva.

 

Art. 44 - La acción de hábeas corpus procede en todos los casos de privación, restricción o amenaza de impedir o restringir a las personas las inviolabilidades que forman la seguridad o el ejercicio de alguno de sus derechos individuales, con exclusión de los patrimoniales. El juez de hábeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública. La acción de hábeas corpus puede entablarse sin ninguna de las formalidades procesales. Basta que se haga llegar ante el juez escogido los datos indispensables.

 

Art. 45 - En los casos que se trate de libertad física, el juez hará comparecer a la persona afectada y al autor de la afectación dentro de las veinticuatro horas. Examinará el caso y hará cesar inmediatamente la afectación si ella no proviene de autoridad competente o si no cumple los requisitos constitucionales y legales, disponiendo las medidas que correspondan a la responsabilidad de quien expidió o realizo el acto. Cuando un juez tenga conocimiento y prueba satisfactoria de que alguna persona es mantenida en prisión, confinamiento o custodia por funcionario o particular y fuere de temer que sea trasladado fuera del territorio de su jurisdicción o que se le hará sufrir algún perjuicio corporal arbitrariamente, puede expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus.

 

Art. 46 - Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las ordenes que imparta el juez de hábeas corpus. En caso de que se rehusare o descuidara ese cumplimiento, será arrestado por orden del juez de hábeas corpus, sin perjuicio de su responsabilidad por el delito de violación de los deberes de funcionario público y por los perjuicios que origine su conducta. El procedimiento será inapelable.

 

Art. 47 - La responsabilidad penal es personal. Los jueces no podrán ampliar por analogía incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en perjuicio del imputado. La instrucción penal se realizará en forma contradictoria. La Legislatura establecerá el procedimiento por el que se realizará el juicio oral.

 

Art. 48 - Nadie puede ser encausado dos veces por un mismo hecho delictuoso. La sentencia en causa criminal debe ser definitiva, absolviendo o condenando al acusado.

 

Art. 49 - No podrán establecerse procedimientos sumarios en causas graves ni reabrirse procesos fenecidos, salvo en materia penal cuando la revisión sea favorable al reo y el caso esté autorizado por ley.

 

Art. 50 - Los procedimientos judiciales serán públicos salvo los casos en que la publicidad afecte la moral, la seguridad o el orden público, según lo determine la ley. Queda establecida la libre defensa y representación en causa propia.

 

Art. 51 - Los derechos y garantías consagradas por esta Constitución y por la Constitución Nacional, no podrán ser alterados, restringidos, ni limitados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

 

 

 

CAPITULO II

GARANTIAS SOCIALES

 

Art. 52 - El trabajo es un deber social y un derecho reconocido a todos los habitantes. Cada habitante de la Provincia tiene la obligación de realizar una actividad o función que contribuya al desarrollo material, cultural y espiritual de la colectividad, según su capacidad y propia elección. Al ejercer esta actividad, gozará de la especial protección de las leyes las que deberán asegurar al trabajador las condiciones de una existencia digna.

 

Art. 53 - La legislación social garantizará un nivel decoroso de vida para el trabajador y su familia. Además tendrá un carácter orgánico y sistematizado para que, mediante la creación de fuentes de trabajo que posibiliten la ocupación plena, establezca las condiciones para hacer efectivo este derecho y lo garantizará mediante la indemnización a la desocupación forzosa.

 

Art. 54 - La Provincia, mediante la sanción de leyes especiales, asegurará a todo trabajador en forma permanente y definitiva lo siguiente:

a)        Libre elección de su ocupación;

b)        Salario vital mínimo móvil;

c)        Jubilaciones y pensiones móviles, que no serán menores del ochenta por ciento de lo que perciba el trabajador en actividad;

d)        Fijación de salarios informes para toda la Provincia;

e)        La igualdad de salario por igual trabajo, con prescindencia de sexo y edad;

f)          Vacaciones anuales pagas;

g)        Semana legal de cuarenta y cuatro horas, en jornadas de ocho horas como máximo, con reducción a un máximo de seis horas diarias para el trabajo nocturno, insalubre y peligroso y de los menores de dieciocho años; con descanso semanal de treinta y seis horas consecutivas como mínimo. Dicha jornada se ira reduciendo, sin que por ello se reduzca el salado, a medida que se vayan introduciendo mejores métodos técnicos en los procesos de producción;

h)        Prohíbese toda medida que conduzca a aumentar el esfuerzo de los trabajadores, como condición para determinar su salario, en trabajo incentivado;

i)          Prohibición de la ocupación de menores de dieciséis años y de mujeres en tareas insalubres y peligrosas;

j)          Estabilidad en el empleo con prohibición absoluta del despido en masa;

k)        Condiciones de trabajo que aseguren la salud, el bienestar, la vivienda, la educación y la asistencia médica y farmacéutica;

l)          Seguro social para casos de enfermedad, desempleo, invalidez, vejez y muerte;

m)      Derecho al salario familiar, instituido en forma tal que no se traduzca en una discriminación desfavorable al padre de familia;

n)        Régimen de prevención e indemnización de accidentes y enfermedades, sean o no profesionales;

o)        Rehabilitación integral de los incapacitados.

 

Art. 55 - Se reconoce el derecho a la huelga como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de las garantías sociales. Los trabajadores no podrán ser perseguidos ni arrestados por sus actividades sindicales, las que serán reguladas por el fuero laboral a legislar.

 

Art. 56 - Todo individuo puede defender sus derechos y sus intereses por la acción gremial y adherirse al sindicato de su rama, siendo esto optativo. Las asociaciones obreras gozarán del reconocimiento legal sobre la base de la libertad sindical, que asegure un régimen de democracia interna en los sindicatos y su total autonomía frente a los empleadores y el Estado. Serán reconocidos jurídicamente como partes contratantes en los contratos colectivos de trabajo.

 

Art. 57 - Los dirigentes gremiales no podrán ser perseguidos ni arrestados durante todo su mandato, por sus actividades sindicales, las que quedan aseguradas por esta Constitución mediante el establecimiento del fuero sindical.

 

Art. 58 - Se asegura a los empleados y obreros la participación en las ganancias de las empresas, la que será fijada por ley.

 

Art. 59 - Los empleados públicos, provinciales y municipales, serán designados por concurso de antecedentes y oposición, previa prueba de suficiencia. Los estatutos respectivos determinarán también el régimen de estabilidad, ascenso y cesantía, garantizándoselas el derecho de defensa ante tribunales especiales y las indemnizaciones pertinentes en caso de arbitrariedad.

La ley no podrá impedir la actividad política de los empleados públicos, desarrollada fuera del ejercicio de sus funciones.

 

Art. 60[1] - No podrán ser empleados, ni funcionados, los deudores de la Provincia que ejecutados legalmente y con sentencia firme no hallan pagado sus deudas; los inhabilitados con sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los incapaces por derecho.

 

Art. 61 - Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas, aún cuando uno fuere provincial y el otro nacional o municipal, con excepción del cargo de convencional constituyente. En cuanto a los profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean compatibles.

 

Art. 62 - Existiendo diferencia entre las legislaciones de trabajo de la Provincia y de la Nación, se aplicará la cláusula que resulte más beneficiosa para el trabajador.

 

Art. 63 - Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución Nacional y los que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad política, económica y social.

 

 

 

SEGUNDA PARTE

CAPITULO I

REGIMEN ELECTORAL

 

Art. 64 - La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejerce el derecho electoral.

 

Art. 65 - El sufragio popular es un derecho que corresponde a todos los ciudadanos y a la vez una función política que tienen el deber de ejercer con arreglo a esta Constitución y a la ley respectiva.

 

Art. 66[2] - Las bases a la que se ajustará la ley electoral serán las siguientes:

1.        El sufragio será universal, directo, igual, secreto y obligatorio.

2.        Tendrán derecho a voto todos los argentinos residentes en la Provincia, inscriptos en el Registro Cívico Nacional o Provincial, en su caso, sin distinción de sexos, mayores de dieciocho años, con ciudadanía natural o legal. Los extranjeros serán electores y elegibles para los cargos municipales.

3.        El gobernador y vicegobernador se elegirán por voto directo a simple pluralidad de sufragios, por fórmula completa.

4.        La elección de legisladores se efectuará de la siguiente manera:

a)        Cada partido o alianza electoral que intervenga en la elección deberá oficializar una lista de candidatos titulares en número igual a la totalidad de los cargos electivos y una de candidatos suplentes iguales a la mitad del número de titulares. Los candidatos titulares que no resulten electos quedarán en su orden, en cabeza de la lista de suplentes a los fines de cualquier reemplazo.

b)        El escrutinio se practicará por lista. El total de votos obtenidos por cada lista que alcance como mínimo el tres por ciento (3%) del total de votos válidos emitidos, será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3), y así sucesivamente hasta llegar al número de cargos que se eligen.

c)        Los cocientes resultantes con independencia de la lista de que provengan serán ordenados de mayor a menor en igual número al de cargos a cubrir.

d)        A cada lista le corresponden tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en los incisos b) y c).

e)        En el supuesto que resultaron iguales cocientes las bancas corresponderán: primero, al cociente de la lista más votada, y luego al otro u otros cocientes por orden de mayor a menor. En el caso de igualdad total de votos se proveerá por sorteo ante la Justicia Electoral.

5.        El territorio de la provincia será considerado distrito electoral único, a los efectos de su organización y funcionamiento; para la instalación de mesas inscriptoras y receptoras de votos, se dividirá en circuitos. Los circuitos tendrán tantas mesas receptoras de votos como sedes de doscientos cincuenta ciudadanos inscriptos como máximo se hubieran formado, considerándose que hubo elección sólo en los circuitos donde la hubiere en la mayoría de las mesas.

6.        Ningún ciudadano podrá inscribirse fuera del circuito de su residencia, ni votar sino en la mesa en que estuviera registrado, salvo en los casos previstos por la ley.

7.        Las elecciones ordinarias se efectuarán en épocas fijas determinadas por la ley; pero si fueran extraordinarias deberán practicarse previa convocatoria que se publicará por lo menos con sesenta días de anticipación en todo el ámbito de la Provincia.

8.        El Poder Ejecutivo sólo podrá suspenderla convocatorias elecciones en caso de insurrección, invasión, movilización de milicias o cualquier otro accidente o calamidad pública que las haga imposibles, dando cuenta a la Legislatura dentro del tercer día; si se hallare en receso, la convocará al efecto.

9.        Toda elección será llevada a cabo en el día, sin que las autoridades o particulares puedan suspenderlas por motivo alguno. Durante el acto aleccionado, las autoridades del comicio dispondrán en forma exclusiva de la fuerza pública necesaria para hacer cumplir sus órdenes.

10.    El escrutinio provisorio será público, debiendo realizarse en el mismo lugar del comicio inmediatamente de terminado el acto electoral. Se consignará el resultado en el acta de apertura, firmando las autoridades de la mesa y fiscales de los partidos políticos.

11.    Los electores no podrán ser arrestados cuando se dirijan a votar ni luego de retirarse del comicio hasta fenecido el plazo fijado para el mismo, salvo en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.

12.    Ningún soldado, marinero, vigilante o bombero de cuerpos oficiales podrá votar en las elecciones de orden provincial o municipal.

13.    Ninguna autoridad civil o militar podrá hacer reuniones ni citaciones con el objeto de llevar a los ciudadanos a las urnas electorales. Quien obstaculice, coaccione o impida en cualquier forma el libre ejercicio del sufragio, se hará pasible de las penalidades que la ley establezca, calificándose el hecho como delito de acción pública.

14.    Podrán intervenir en las elecciones todos los partidos reconocidos hasta treinta días antes del comicio respectivo.

 

Art. 67 - Se constituirá una Junta Electoral permanente, integrada por el presidente y dos miembros del Tribunal Superior de Justicia, el miembro del ministerio público actuante y un juez letrado de la capital de la Provincia.

 

Art. 68 - Son funciones de la Junta Electoral, sin perjuicio de lo que disponga la ley:

a)        Resolver toda cuestión relativa al ejercicio del derecho del sufragio;

b)        Practicar en acto público los escrutinios, computando solamente los votos emitidos a favor de las listas oficializadas por el tribunal;

c)        Decidir, en caso de impugnación, si concurren en los electos los requisitos legales para el desempeño del cargo;

d)        Calificar las elecciones, juzgando definitivamente sin recurso alguno sobre su validez o invalidez, y otorgar los diplomas respectivos a los que resultaren electos;

e)        Dar libre acceso a los apoderados de los partidos políticos legalmente constituídos, quienes tendrán derecho a asistir a cualquier sesión de la Junta Electoral, sin voz ni voto.

 

Art. 69 - No podrán ser electos para los cargos representativos: Los eclesiásticos regulares, el jefe y comisarios de policía; los jefes, oficiales y suboficiales de las tres armas de guerra que estuviesen en actividad y los en retiro efectivo, únicamente después de cinco años de haber pasado a esa categoría; los enjuiciados contra quienes exista ejecutoriado auto de prisión preventiva, los fallidos declarados culpables, los afectados de imposibilidad física o mental y los deudores del físico condenados al pago, en tanto no sea éste satisfecho.

 

Art. 70 - El registro cívico nacional regirá para todas las elecciones de la Provincia; pero cuando el mismo no se ajuste a los principios fundamentales establecidos en esta Constitución para el ejercicio del sufragio, la Legislatura mandará confeccionar el registro cívico de la Provincia, bajo la dirección y responsabilidad de la junta Electoral.

 

 

 

TERCERA PARTE

CAPITULO I

DEL PODER LEGISLATIVO

 

Art. 71[3] - El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Cámara de Diputados elegidos directamente por el pueblo en Distrito Unico, a razón de uno (1) por cada veinte mil (20.000) habitantes, con un mínimo de treinta y cinco (35) diputados.

El aumento de la cantidad de diputados sobre el mínimo establecido, requerirá la existencia de un censo de población aprobado por la Legislatura.

 

Art. 72[4] - Para ser diputado provincial se requiere:

a)        Tener ciudadanía natural en ejercicio legal, después de cinco años de obtenida;

b)        Ser mayor de veintiún (21) años de edad;

c)        Tener cuatro o más años de residencia inmediata en la Provincia.

 

Art. 73 - Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos y podrán ser reelegidos; la Cámara se renovará totalmente al cumplirse dicho término.

 

Art. 74 - Es incompatible el cargo de legislador provincial:

a)        Con el de funcionario o empleado público de la Nación, de la Provincia o de otras provincias o de las municipalidades, con excepción de los cargos docentes y de las comisiones honorarias eventuales, necesitando para estas últimas autorización de la Cámara;

b)        Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial, municipal o de otra provincia;

c)        Con el de director, administrador, gerente, Propietario o mandatario por sí o por asociado de empresas privadas que en cualquier forma contraten con el gobierno nacional, provincial o municipal o la prestación de servicios profesionales a las mismas empresas;

d)        Los comprendidos en el artículo 69.

 

Art. 75 - Todo diputado que se sitúe en algunas de las incompatibilidades enumeradas en el artículo anterior quedará por este solo hecho separado del cargo, siendo sustituido por el suplente que corresponda.

 

Art. 76[5] - Es presidente de la Legislatura el Vicegobernador de la Provincia, con voto sólo en caso de empate.

En cada período ordinario la Cámara elegirá un Vicepresidente primero y un Vicepresidente segundo, quienes deberán reunir las condiciones que se requieren para ser gobernador y en ese orden reemplazarán al Vicegobernador en la Presidencia de la Cámara.

La designación del Vicepresidente primero recaerá en un Legislador perteneciente al mismo partido o alianza electoral que se impuso en las elecciones provinciales para cubrir los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia.

 

Art. 77 - Antes de finalizar cada período ordinario, la Cámara elegirá una comisión observadora constituída por cinco miembros, que actuará durante el receso parlamentario y cuyas funciones serán las siguientes:

a)        La observación de los asuntos de primordial importancia, interés político, social, jurídico y económico de la Nación y de la Provincia, para su oportuno informe a la Cámara;

b)        Convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias cuando graves asuntos de competencia legislativa así lo requieran, debiendo ésta decidir por mayoría sobre la oportunidad y necesidad de la convocatoria.

 

Art. 78 - La Legislatura se reunirá en sesiones ordinarias todos los años, automática e indefectiblemente, desde el 12 de mayo hasta el 31 de octubre, invitando al Poder Ejecutivo a su primera sesión, para que concurra a dar cuenta de su administración. Prorrogará sus sesiones por voto dé la mayoría de sus miembros, cuando sea necesario, o a solicitud del Poder Ejecutivo. Podrá ser convocada a sesiones extraordinarias cuando un asunto de interés o de orden público lo requiera, por el Poder Ejecutivo, o por sí misma, a pedido de la cuarta parte de sus miembros.

 

Art. 79 - En las sesiones de prórroga o en las extraordinarias, la Cámara no podrá ocuparse de ningún asunto que sea ajeno a los que motivaron la convocatoria. Antes de tratarlos, el cuerpo se pronunciará sobre si reúnen o no las condiciones de interés o de orden público previstas en el artículo anterior.

 

Art. 80 - La Cámara necesita para funcionar mayoría absoluta; pero en minoría podrá acordar las medidas que estime necesarias a fin de compeler a los inasistentes.

 

Art. 81 - Puede también, en los días ordinarios de sesión, reunirse con la tercera parte de sus miembros para dar entrada a proyectos, escuchar informes o proseguir deliberaciones, sin adoptar resoluciones de ninguna especie.

 

Art. 82 - La Cámara es juez exclusivo de los diplomas de sus miembros, sin perjuicio de la acción de los tribunales para castigar las violaciones a la ley electoral. El juzgamiento del diploma deberá hacerse, a más tardar, dentro del mes de sesiones posterior a su presentación incorporándose entre tanto el electo. En caso de postergación, el interesado tiene el derecho de someter la validez de su título a la decisión del Tribunal Superior, el que se expedirá dentro del término de quince días, con audiencia del interesado y de cualquier candidato reclamante que hubiera obtenido votos en la misma elección. La resolución de la Cámara o del Tribunal Superior de Justicia no podrá reverse.

 

Art. 83 - Durante el período ordinario de sesiones, la Cámara no podrá suspenderlas por más de seis días hábiles, sin resolución de dos tercios de votos.

 

Art. 84 - La Legislatura elegirá sus autoridades y dictará su reglamento interno, el que no podrá ser modificado sobre tablas y en un mismo día. En los casos en que proceda como juez, la Cámara no podrá reconsiderar sus resoluciones, ni aún en la misma sesión.

Las decisiones de la Legislatura serán adoptadas a pluralidad de votos, salvo los casos previstos en esta Constitución.

Las sesiones se celebrarán en local fijo y serán públicas a menos que se resuelva declararlas secretas, cuando algún grave interés público lo exija o esta Constitución lo disponga.

 

Art. 85 - La Cámara podrá corregir disciplinadamente con arresto que no pase de treinta días a toda persona de fuera de su seno que viole sus prerrogativas o altere el orden en la sesión, y pedir su enjuiciamiento a los tribunales ordinarios, poniendo a su disposición la persona que hubiera sido detenida.

 

Art. 86 - La Cámara podrá corregir y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por el voto de los dos tercios de los diputados en ejercicio, por indignidad o inconducta reiterada en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente después de su incorporación. Podrá también resolver por simple mayoría sobre la renuncia que hiciere de sus cargos.

 

Art. 87 - Los legisladores que dejen de asistir a la mitad de las sesiones del año parlamentario cesarán en su mandato, salvo los casos de licencia o suspensión del cargo. Se entiende por año parlamentado el período ordinario de sesiones.

 

Art. 88 - Los diputados deberán prestar juramento al recibirse del cargo, de desempeñarlo fielmente con arreglo a lo preceptuado en esta Constitución, haciéndolo por la patria, y en los términos que le dicte su conciencia.

 

Art. 89 - Ningún diputado podrá ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o votos que emita en el recinto de la Cámara.

 

Art. 90 - Ningún diputado, desde el día de su elección, puede ser arrestado excepto en el caso de ser sorprendido en flagrante delito que merezca pena de prisión mayor de seis años, debiéndose dar cuenta del arresto a la Cámara, con información sumaria del hecho, para que resuelva sobre su inmunidad personal.

 

Art. 91 - Cuando se deduzca acusación por acción pública o privada contra cualquier diputado, podrá la Cámara, examinado el mérito del sumado, suspender las inmunidades del acusado poniéndolo a disposición del juez competente, por dos tercios de votos.

 

Art. 92 - Demostrada la inocencia del imputado o dictada sentencia que disponga su absolución el diputado podrá reintegrarse a sus funciones con sólo la presentación del testimonio de la resolución judicial que acredite uno de los extremos indicados. La negativa de la Legislatura al desafuero hace cosa juzgada y no podrá volverse a su tratamiento aunque el pedido se reiterase. La implantación del estado de sitio no suspenderá las inmunidades parlamentarias.

 

Art. 93 - La Legislatura tiene facultad para llamar a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirles los informes y aclaraciones que considere necesarios, previa indicación de los asuntos a tratar, estando obligado a concurrir a dar esos informes en la sesión que el cuerpo fije. Además, por medio de sus comisiones, podrá examinar el estado del Tesoro público provincial y pedir a las oficinas administrativas los informes que necesite, estando éstas obligadas a darlos en el tiempo en que les sean exigidos y a exhibir sus libros y papeles.

 

Art. 94 - Todas las reparticiones públicas, nacionales o provinciales, autárquicas o no y las empresas concesionarios de servicios públicos, tienen la obligación de dar los informes escritos que los legisladores en forma individual o colectiva les soliciten.

 

Art. 95 - La Cámara tiene facultad de nombrar comisiones investigadoras, reuniéndolas de los poderes necesarios al ejercicio de sus funciones.

 

Art. 96 - La Cámara sancionará su propio presupuesto, acordando el número de empleados que necesite y su remuneración, conforme a la legislación en vigencia; esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo.

 

Art. 97 - Los legisladores serán remunerados por el Tesoro de la Provincia con una dotación mensual que fijará la ley que no podrá ser reajustada en el período de su mandato, salvo situaciones económicas anormales.

 

Art. 98 - Los legisladores residirán en la Provincia mientras dure el ejercicio de sus funciones.

 

Art. 99 - La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de declaraciones o resoluciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto de interés general.

 

Art. 100 - Ningún diputado, durante el período para el que fue elegido, ni aún renunciando a su cargo, podrá desempeñar empleo rentado creado durante su mandato, ni tener participación en los contratos vinculados con leyes sancionadas por el cuerpo de que forma parte, salvo acuerdo previo del mismo.

 

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

 

Art. 101[6] - Corresponde al Poder Legislativo:

1.        Dictar todas las leyes necesarias para hacer efectivas las disposiciones de esta Constitución sin alterar ni contradecir su espíritu.

2.        Aprobar o desechar los tratados o convenios celebrados con la Nación o con otras provincias.

3.        Legislar sobre educación e instrucción pública.

4.        Organizar el régimen municipal, según las bases establecidas en esta Constitución.

5.        Dictar la ley de organización policial de la Provincia.

6.        Establecer la división civil o territorial para la mejor administración de la Provincia, requiriéndose dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros para alterar la división departamental.

7.        Dictar la legislación impositiva estableciendo impuestos y contribuciones cuyo monto fijará en forma equitativa, proporcional o progresivamente, de acuerdo con el objeto perseguido y con el valoro mayor valor de los bienes o de sus réditos, en su caso.

8.        Sancionar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. En el primero deberán figurar todos los servicios ordinarios y extraordinarios de la administración provincial, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se consignan en el presupuesto del año siguiente las partidas para su ejecución.

En ningún caso la Legislatura podrá votar aumentos de gastos que excedan al cálculo de recursos. Si el Poder Ejecutivo no presentara el proyecto antes del tercer mes de sesiones ordinarias, la Legislatura podrá iniciar su discusión tomando como base el que esté en ejercicio, y si no fuere sancionado ninguno, quedarán en vigencia hasta el año siguiente las leyes existentes de impuestos y presupuestos en sus partidas ordinarias. Las leyes impositivas regirán en tanto la Legislatura no las derogue o las modifique por leyes especiales.

9.        Aprobar o desechar anualmente las cuentas de inversiones de la administración.

10.    Facultar al Poder Ejecutivo con el voto favorable de la mayoría absoluta de todos sus miembros, a contraer empréstitos de acuerdo con las disposiciones expresas de esta Constitución.

Las leyes que autoricen la contratación de empréstitos serán dictadas en sesión especial de la Cámara, convocada al efecto con tres (3) días de anticipación.

11.    Dictar la Ley Orgánica del Crédito Público. Autorizar el establecimiento de bancos y otras instituciones de crédito y ahorro, y crear bancos oficiales, requiriéndose para ello los votos de la mayoría absoluta del total de sus miembros.

12.    Autorizar la cesión de terrenos e inmuebles fiscales con objeto de utilidad social expresamente determinada, debiendo contar con lo! votos de la mayoría absoluta de todos sus miembros.

13.    Reglamentar el uso y la enajenación de los bienes fiscales, penando rigurosamente la utilización abusiva de los mismos.

14.    Legislar sobre reforma agrada y régimen de la tierra pública.

15.    Crear y suprimir empleos con sujeción a lo dispuesto en esta Constitución, determinando las funciones, responsabilidades y remuneración.

16.    Dictar los códigos de aguas, rural, de f altas, de procedimientos, fiscal y bromatológico.

17.    Conceder amnistías generales por delitos o infracciones de jurisdicción provincial.

18.    Conceder estímulos por tiempo determinado a los autores, inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse en la Provincia.

19.    Dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y subsidios.

20.    Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios y empleados públicos y la responsabilidad subsidiaria del Estado.

21.    Dictar la ley general de elecciones.

22.    Declarar los casos de expropiación por causas de utilidad pública o interés social, por leyes generales o especiales.

23.    Prestar o denegar acuerdo al Poder Ejecutivo en todos los casos y designaciones en que tal medida sea requerida, entendiéndose prestado el acuerdo para el nombramiento si dentro de los treinta días de recibida la comunicación del Poder Ejecutivo la Legislatura no se hubiese expedido.

24.    Declarar por dos tercios de votos de sus miembros la necesidad de la reforma parcial o total de esta Constitución y efectuar la convocatoria de la Convención que la lleve a cabo.

25.    Tomar juramento al gobernador y vicegobernador Y concederles o negarles licencias o autorización para ausentarse de la Provincia. Admitir o desechar su renuncian declarar por dos tercios devotos de la totalidad de sus miembros los casos de impedimento del mismo por inhabilidad física o moral.

26.    Organizar la carrera administrativa.

27.    Resolver en única instancia sobre las acusaciones a los funcionarios sujetos a juicio político.

28.    Determinar las formalidades con que se ha de llevar uniformemente el registro del estado civil de las personas.

29.    Dictar leyes sobre fomento economice, bosques, turismo, navegación interior, minería, geología y energía hidroeléctrica.

30.    Disponer y autorizar la ejecución de las obras públicas exigidas por el interés de la Provincia.

31.    Aprobar o desechar los contratos que hubiera celebrado el Poder Ejecutivo, cuando corresponda.

32.    Elegir senadores nacionales, cuando no corresponda hacerlo por elección directa.

33.    Dictar leyes de acción y previsión social y sanitaria, que aseguren la protección del Estado a las asociaciones que tengan estos mismos fines.

34.    Autorizar la reunión y la movilización de las milicias o parte de ellas, en los casos previstos por la Constitución Nacional.

35.    Dictar el estatuto de las profesiones liberales, de la magistratura, de los empleados públicos y de los docentes.

36.    Dictar leyes reglamentarias de los juegos de azar.

37.    Convocar a elecciones provinciales, si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la anticipación determinada por la ley.

38.    Crear reparticiones autárquicas, pudiendo darles facultad para designar su personal y administrarlos fondos que se le asignen, de acuerdo a la legislación en vigencia.

39.    Legislar sobre los derechos de amparo en los dos aspectos del mandamiento de ejecución y de prohibición.

40.    Corresponde a la Cámara la iniciativa en las leyes de impuestos.

41.    Dictar leyes de montepío civil, sobre la base de la mutualidad, sin excluir los aportes del fisco.

42.    Legislar sobre partidos políticos, estableciendo los principios esenciales en forma que aseguren a los mismos su libre funcionamiento, la publicidad de sus finanzas y su régimen democrático interno.

43.    Autorizar el establecimiento en el territorio de la Provincia de líneas aéreas y fluviales, empresas ferroviarias y de transporte automotor, respetando la jurisdicción municipal respectiva.

44.    Dictar disposiciones para preservar los bienes naturales. Establecer la adecuada protección de los animales y especies vegetales útiles, la forestación y reforestación en las explotaciones arbóreas, penando los daños y destrucciones innecesarias que sobrepasen en amplitud el margen expresamente autorizado.

45.    La Legislatura procederá a ratificar, revisar o anular los convenios, contratos y demás disposiciones de gobierno que hayan suscripto las intervenciones federales o funcionarios directamente dependiente del Poder Ejecutivo nacional, por no tener éstos facultades para comprometer el patrimonio y los destinos de la Provincia más allá del término de sus mandatos transitorios.

46.    Crea, con los votos de la mayoría absoluta de todos sus miembros la Lotería Provincial y patentes de hoteles de casino en los lugares de turismo a los que no tendrán acceso los menores de dieciocho años (18) de ambos sexos. El beneficio de las patentes de la Lotería Provincial y de los hoteles se destinará exclusivamente a fines de asistencia social y educación.

47.    Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público en general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto no correspondan privativamente al Congreso Nacional.

 

DE LA FORMACION Y SANCION DE LAS LEYES.

 

Art. 102 - Las leyes se iniciarán en la Legislatura por proyectos presentados por uno o más de sus miembros o por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del derecho de iniciativa popular.

 

Art. 103 - Quedará sancionado todo proyecto de ley aprobado en la Cámara, si remitido al Poder Ejecutivo, éste no lo devolviera observado dentro del Término de diez días hábiles.

 

Art. 104 - Si antes de ser observado por Poder Ejecutivo, hubiese tenido lugar la clausura de la Legislatura, el proyecto deberá enviarse con el veto a la comisión observadora permanente, la cual podrá convocar a sesiones extraordinarias para que la Cámara resuelva sobre su tratamiento, si razones de urgencia o interés público lo aconsejaran.

 

Art. 105 - Vetado un proyecto por el Poder Ejecutivo, volverá con sus observaciones a la Cámara, la que lo discutirá de nuevo y si lo confirmase por dos tercios de votos de los miembros presentes, pasará convertido en ley al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Las votaciones serán de este caso nominales por "si" o por "no", debiéndose publicar inmediatamente por la prensa los nombres de los sufragantes, con el fundamento de su voto y con las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. La Cámara deberá pronunciarse respecto del veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de sesiones después de producido, entendiéndose rechazado el proyecto si así no lo hiciere.

 

Art. 106 - Ningún proyecto de ley desechado totalmente por la Cámara podrá volver a tratarse en las sesiones de ese año. Tampoco podrá ser tratado en el mismo día un proyecto en general y en particular.

 

Art. 107 - Cuando la Cámara no tenga dos tercios de votos para insistir en su primera sanción y el veto sea parcial, el proyecto, con las enmiendas del Poder Ejecutivo, será ley si Pilas son aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes.

El Poder Ejecutivo, no podrá poner en ejecución una ley vetada parcialmente, con excepción de la ley de presupuesto, que podrá cumplirse en la parte no vetada.

 

Art. 108 - Si el proyecto vetado y no insistido por mayoría necesaria tiene una nueva sanción dentro de los primeros dos períodos ordinarios siguientes, el Poder Ejecutivo está obligado a su promulgación.

 

Art. 109 - Todo proyecto no sancionado definitivamente en cuatro períodos consecutivos de sesiones, caduca; sólo podrá ser considerado si se le inicia como nuevo proyecto.

 

Art. 110 - En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia del Neuquén sanciona o decreta con fuerza de ley".

 

 

 

 

CAPITULO II

DEL PODER EJECUTIVO

 

Art. 111 - El Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador o en su defecto por un vicegobernador elegido al mismo tiempo, en la misma forma y por igual período que el gobernador.

 

Art. 112 - Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere: tener ciudadanía natural o por opción, con cinco años de ejercicio de la misma, ser mayor de treinta años de edad y tener cinco años de residencia inmediata en la Provincia.

 

Art. 113 - El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesan indefectiblemente el mismo día en que expire el período legal.

 

Art. 114[13] - El gobernador y el vicegobernador podrán ser reelectos por un nuevo período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos para ninguno de esos cargos sino con el intervalo de un período legal.

Quienes ejerciendo los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Ministro del Poder Ejecutivo, Jefe o Subjefe de la Policía, se postulen para cargos electivos, deberán obligatoriamente tomar licencia en sus cargos dos (2) meses antes de la elección.

 

Art. 115 - El vicegobernador reemplaza al gobernador, por el resto del período legal, en caso de muerte, destitución o renuncia o hasta que haya cesado la inhabilidad temporal en caso de enfermedad, suspensión o ausencia.

 

Art. 116 - En caso de inhabilidad temporaria del gobernador y vicegobernador, El Poder Ejecutivo será desempeñado en su orden por el vicepresidente 1º y 2º de la Cámara de Diputados, hasta que cese la inhabilidad de uno de ellos. Si la inhabilidad de ambos fuese definitiva por muerte, destitución o renuncia, se procederá en igual forma al reemplazo, hasta finalizar el período si faltase menos de un año. Si el plazo fuese mayor, deberá convocarse a elección de gobernador y vice dentro de los sesenta días, para completar el período.

 

Art. 117 - Si no existiera la posibilidad de reemplazo en las formas previstas, la Legislatura designará de su seno al gobernador provisorio, que tendrá las mismas obligaciones establecidas en el artículo anterior.

 

Art. 118 - El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus funciones residirán en la capital de la Provincia y no podrán ausentarse de ella por más de quince días sin permiso de la Legislatura y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este requisito; en el receso de la Cámara, sólo podrán ausentarse por un motivo urgente o de interés público, comunicándolo a la comisión observadora y permanente.

 

Art. 119 - Gozarán de un sueldo a cargo del Tesorero de la Provincia que no podrá ser alterado en situaciones económicas normales durante el período de su mandato, en el cual no podrán ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento.

 

Art. 120 - El gobernador y el vicegobernador gozarán de las mismas inmunidades personales que los legisladores.

 

Art. 121 - Al asumir sus cargos el gobernador y el vicegobernador prestarán juramento ante la Legislatura en los mismos términos establecidos para los legisladores provinciales.

 

Art. 122 -El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate, la Legislatura en votación nominal y por mayoría de dos tercios de los miembros presentes, decidirá cuales de ellos ocuparán los cargos. En segunda votación bastará simple mayoría.

 

Art. 123 - Si antes de recibirse el ciudadano electo gobernador muriese, renunciase o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a nueva elección de gobernador para el mismo período. Si el día en que debe cesar el gobernador saliente no estuviese proclamado el nuevo, hasta que ello ocurra ocupará el cargo quien deba sustituirlo en caso de acefalía.

 

Art. 124 - El resultado de la elección deberá ser comunicado a los candidatos electos y a la Legislatura, la cual reunida en mayoría procederá a proclamar a los elegidos. Estos comunicarán su aceptación dentro de los cinco días de recibida la comunicación y prestarán juramento ante la Cámara el día fijado, antes del cese del gobernador y vicegobernador salientes, a quienes se efectuará igual comunicación.

 

DE LOS MINISTROS

 

Art. 125 - El despacho de los asuntos administrativos estará a cargo de ministros designados por el gobernador, cuyo número, que no será inferior a tres, lo determinará la ley distribuyendo los ramos y funciones. Estos funcionarios gozarán de los mismos fueros e inmunidades que los legisladores.

 

Art. 126 - Para ser ministro se requiere tener treinta años de edad y reunir las demás condiciones personales que para ser diputado y no ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de quien ejerza la función de gobernador.

 

Art. 127 - Los ministros refrendarán y legalizarán con su firma las resoluciones del gobernador, sin lo cual éstas no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.

Sólo podrán resolver por sí mismos en lo referente al régimen interno y disciplinario de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite. Son responsables de todas las resoluciones y órdenes que autoricen y solidariamente de lo que resuelvan con sus colegas, sin que pueda eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de órdenes del gobernador.

 

Art. 128 - En los casos de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de uno de los ministros, los actos del gobernador podrán ser refrendados por alguno de sus colegas y, en el orden interno, serán reemplazados por el subsecretario respectivo.

 

Art. 129 - Gozarán de un sueldo establecido por ley, que no podrá ser modificado para los que estén en ejercicio, sino en las mismas condiciones que las del gobernador y diputados. Tendrán las mismas incompatibilidades que se establezcan para el gobernador.

 

Art. 130 - Dentro de los treinta días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, presentarán a la misma la memoria detallada del estado de administración de sus respectivos ministros, aconsejando las reformas que conceptúen convenientes.

 

Art. 131 - Los ministros tienen la facultad de concurrir a las sesiones de la Cámara de Diputados y la obligación de informar ante ella cuando se los llame; pueden asimismo tomar parte en los debates, sin derecho a voto.

 

Art. 132 - Los ministros podrán ser removidos de sus cargos por el gobernador sin expresar las causas que determinen la medida y ser sometidos a juicio político. La aceptación o rechazo de las renuncias que presentaran deberán ser resueltas privativamente por el gobernador.

 

Art. 133 - Los ministros prestarán juramento ante el gobernador al recibirse de sus cargos en los mismos términos establecidos para éste.

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO

 

Art. 134 - El gobernador es el jefe de la administración de la Provincia y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

1.        Representar a la Provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás Provincias, con las cuáles podrá celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común, especialmente en materia cultural, educacional, económica y de administración de justicia, con aprobación de la Legislatura.

2.        Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución; ejercer el derecho de iniciativa ante la Legislatura; participar en la discusión por sí o por medio de sus ministros y promulgar o vetar las leyes.

3.        Expedir las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia, no pudiendo alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentadas.

4.        Nombrar y remover por sí mismo los ministros secretarios.

5.        Nombrar y remover a todos los funcionados y empleados de la administración pública, para los cuales no se haya establecido otra forma de nombramiento o remoción.

6.        Nombrar, con acuerdo de la Legislatura, todos aquellos funcionarios que por mandato de esta Constitución o la ley requiera anuencia legislativa. En el receso de la Cámara provee las vacantes que demanden acuerdo, por medio de nombramientos en comisión, debiendo comunicarlo de inmediato a la Legislatura para que los considere en sus sesiones ordinarias.

7.        Nombrar los titulares y adscriptos de los registros de contratos públicos de la Provincia a propuesta del Colegio de Escribanos o del organismo que para el control y fiscalización de los mismos se cree por ley, la que deberá organizar el fuero notarial y la constitución del Tribunal de Superintendencia Notarial formado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo y un delegado del Colegio de Escribanos o del organismo de control y fiscalización de mención precedente.

8.        Presentar, dentro de los tres primeros meses de sesiones ordinarias de la Legislatura, el proyecto de ley de presupuesto general de la administración y de las reparticiones autárquicas, acompañando el plan de recursos. El plazo de presentación es improrrogable.

9.        Dar cuenta a la Cámara, dentro de los dos primeros meses de sus sesiones ordinarias, del resultado del ejercicio anterior.

10.    Hacer recaudar y decretar la inversión de las rentas con arreglo a las leyes, debiendo hacer público bimestralmente al menos el estado de la Tesorería.

11.    Convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias y requerir la prórroga cuando lo exijan asuntos de interés público, debiendo especificar cada uno de ellos en forma taxativa.

12.    Efectuar la convocatoria a elecciones para su realización en la debida oportunidad, sin que por ningún motivo puedan ser diferidas.

13.    Acordar jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios sociales con arreglo a las leyes respectivas.

14.    Indultar o conmutar las penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, previo informe favorable del Tribunal Superior de Justicia, excepto en los casos de delitos electorales y con respecto al funcionado sometido al procedimiento del juicio político o del jurado de enjuiciamiento.

15.    Proveer al ordenamiento y régimen de los servicios públicos.

16.    Ejercer el poder de policía de la Provincia y prestar el auxilio de la fuerza pública a los tribunales de justicia, a la Legislatura y a los municipios, cuando lo soliciten.

17.    Conocer originariamente y resolver en las causas de orden contencioso - administrativo, siendo sus resoluciones apelabas ante el Tribunal Superior de Justicia.

18.    Es agente inmediato y directo del gobierno nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y leyes de la Nación.

 

 

CAPITULO III

DEL JUICIO POLITICO

 

Art. 135 - Podrán ser sometidos a juicio político: el gobernador miembros del Tribunal Superior de Justicia, magistrados y funcionarios que expresamente se determinan en esta Constitución y las leyes de acuerdo a las siguientes bases:

a)        Cualquier miembro de la Cámara, funcionario o ciudadano podrá denunciar a la Legislatura el delito o falta, a efectos de que se promueva la acusación;

b)        La Legislatura se dividirá, en cada caso y por sorteo, en dos Salas compuestas, respectivamente, de siete y doce miembros, para la tramitación del juicio político. La Sala primera será acusadora, y la segunda, juzgadora. Presidirá la primera un diputado elegido de su seno, y la segunda, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al asumir el cargo prestarán juramento;

c)        La Sala primera nombrará de su seno, en cada caso y por sorteo, una comisión investigadora de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funde la acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades;

d)        La comisión investigadora terminará sus diligencias en el término perentorio de cuarenta días hábiles y presentará dictamen con las pruebas a la Sala acusadora, la que lo aceptará o rechazará, necesitándose dos tercios de votos de los miembros de la misma cuando el dictamen fuese favorable a la acusación;

e)        Desde el momento que la Sala acusadora encuentre mérito, el acusado quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo;

f)          Admitida la acusación por la Sala respectiva, nombrará una comisión de tres de sus miembros para que sostenga la acusación ante la segunda Sala, constituida en juzgadora;

g)        Formalizada la acusación por la Sala acusadora, la juzgadora entrará a conocer la causa, admitiendo las pruebas que se le presenten y resolviendo en definitiva dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles;

h)        La Sala juzgadora deberá pronunciar sentencia dentro del término establecido en el inciso anterior, pasado el cual, si no hubiere resuelto, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones, abonándosela los sueldos impagos y no pudiendo repetirse el juicio por los mismos hechos;

i)          Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Sala juzgadora. La votación será nominal, consignándose en el acta el voto de cada diputado sobre cada uno de los cargos que contenga el acta de acusación;

j)          El fallo no tendrá otro efecto que la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos del inculpado, sin perjuicio de someterlo a la acción ordinaria de la Justicia si correspondiese;

k)        El acusado tendrá derecho al libre goce de todas las garantías constitucionales y en especial a ser oído e intentar su defensa, para lo cual podrá aportar toda clase de recaudos y probanzas y hasta interpelar a los acusadores y testigos ofrecidos por intermedio de la comisión y requerir los careos que considere convenientes.

El acusado no podrá ser privado en forma alguna de su defensa.

 

 

CAPITULO IV

DEL FISCAL DEL ESTADO, CONTADOR Y

TESORERO DE LA PROVINCIA

 

Art. 136 - Habrá un fiscal de Estado, encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte en los juicios contencios - administrativos y en todos aquellos otros en que se afecte directa o indirectamente intereses del Estado; tendrá también personaría para demandar ante el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales de la Provincia la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución contra dos a las imposiciones de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia; será también parte en los procesos que se formen ante el tribunal de Cuentas de la administración pública, al cual servirá de asesor; gestionará el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que hubiera intervenido como parte.

 

Art. 137 - El fiscal del Estado será inamovible mientras dure su buena conducta y sólo podrá ser removido mediante el jurado de enjuiciamiento.

 

Art. 138 - Para ser fiscal de Estado o asesor del gobierno se requieren las mismas condiciones que para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia.

 

Art. 139 - El fiscal de Estado será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, y no podrá ejercer la profesión de abogado mientras desempeñe estas funciones.

 

Art. 140 - El contador general y el tesorero de la Provincia serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

La ley de contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causas de remoción y las responsabilidades a que estarán sujetos.

El contador observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de la ley general de presupuesto o leyes especiales, de la ley de contabilidad y demás imposiciones sobre la materia. Cuando faltare a sus obligaciones será personalmente responsable. El tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ajustarse a otros recaudos legales, no hayan sido autorizados por el contador general. Será personalmente responsable en caso de infracción a esta disposición.

 

Art. 141 - Para ser contador o tesorero de la Provincia se requiere ser ciudadano argentino y tener treinta años de edad; la ley de contabilidad determinará las causas por las cuales pueden ser removidos y las responsabilidades a que estén sujetos.

 

 

CAPITULO VI

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

 

Art. 142 - Habrá un Tribunal de cuentas con jurisdicción en toda la Provincia y con poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia.

 

Art. 143 - El Tribunal de cuentas estará integrado por un presidente que deberá reunir las condiciones requeridas para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia y por lo menos dos vocales contadores públicos de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio, que hayan cumplido veinticinco años de edad y tengan tres años de desempeño en sus respectivas profesiones en la Provincia.

 

Art. 144 - Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y tendrán las mismas incompatibilidades, inmunidades, prerrogativas y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial.

 

Art. 145 - Todos los poderes públicos, municipalidades y cuantos empleados y personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido para su aprobación o desaprobación, debiendo el tribunal pronunciarse sobre ellas en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de hecho aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél. Las rendiciones a que se hace referencia en el párrafo anterior deben llegar al tribunal dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. Sus fallos serán sólo susceptibles de los recursos que está Constitución y las leyes establezcan para ante el Tribunal Superior de Justicia.

 

Art. 146 - Los fallos del Tribunal de Cuentas quedarán ejecutoriados treinta días después de su notificación y las acciones a que dieren lugar serán deducidas por el fiscal de Estado ante quien corresponda.

 

Art. 147 - Corresponderá además al Tribunal de Cuentas intervenir cuando el contador de la Provincia observe una orden de pago. Si el tribunal desecha la observación, la orden se cumplirá sin más trámite, pero si la comparte sólo podrá ser cumplida previa insistencia del Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros. En uno y otro caso el Poder Ejecutivo informará a la Legislatura transcribiendo la observación de la contaduría, la resolución del tribunal y el acuerdo de insistencia.

 

Art. 148 - Los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciables en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de primera instancia.

 

 

CAPITULO VI

DEL PODER JUDICIAL

 

Art. 149 - El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Tribunal Superior de Justicia y por los demás tribunales que establece esta Constitución o creare la ley.

 

Art. 150 - El Tribunal Superior de Justicia estará formado por cinco vocales por lo menos y tendrá su correspondiente fiscal y defensores de menores, pobres, incapaces y ausentes. La presidencia del cuerpo se turnará anualmente, ejerciéndola la primera vez el de mayor edad.

Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y su defensor serán designados, en sesión secreta, por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, efectuada en terna por orden alfabético y en pliego abierto.

 

Art. 151 - Los demás jueces, funcionarios de los ministerios públicos y empleados del Poder Judicial serán designados por el Tribunal Superior de Justicia. Para los jueces se requerirá acuerdo de la Legislatura.

 

Art. 152 - Para ser vocal, fiscal o defensor del Tribunal Superior de Justicia se requiere tener treinta años de edad por lo menos y cinco en el ejercicio efectivo de la abogacía o de una magistratura judicial o ministerio público; para ser juez de primera instancia, fiscal o defensor de menores, pobres, incapaces y ausentes veintisiete años de edad por lo menos y dos en el ejercicio efectivo de la abogacía o de una magistratura judicial o ministerio público. En todos los casos se requiere ciudadanía argentina y título nacional de abogado.

Para ser secretario del tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de primera instancia se requiere tener ciudadanía argentina, veinticinco años de edad por lo menos, título nacional de abogado, escribano o procurador y dos años de ejercicio profesional o desempeño de cargo judicial.

 

Art. 153 - Los magistrados judiciales y los funcionarios de los ministerios públicos a que se refieren los artículos 150 y 151 serán inamovibles mientras dure su buena conducta y no podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento; recibirán por sus servicios una retribución que será fijada por ley, no pudiendo la misma ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones; sólo podrán ser removidos previo enjuiciamiento en la forma establecida por esta Constitución, por mala conducta, negligencia, morosidad o desconocimiento reiterado y notorio en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes o cometidos en el desempeño de sus cargos.

 

Art. 154 - El retardo reiterado en dictar sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia o de los demás tribunales inferiores, o de los ministerios públicos en el cumplimiento de su misión específica, constituirá falta grave a los efectos del sometimiento a juicio político o al jurado de enjuiciamiento.

 

Art. 155 - Los jueces y los funcionados de los ministerios públicos al recibirse del cargo prestarán juramento de desempeñarlo fiel y legalmente ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y éste lo prestará ante ese Tribunal.

 

Art. 156 - Los jueces y demás funcionados judiciales efectuarán, al recibirse de sus cargos declaración jurada de sus bienes. Deberán, asimismo, residir en el territorio de la Provincia y en el lugar sede de sus funciones o dentro del radio que marque la ley.

 

Art. 157 - Los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial no podrán intervenir directa ni indirectamente en política ni ejecutar actos semejantes que comprometan la imparcialidad en sus funciones. No podrán, tampoco, ejercer otros empleos públicos o privados o comisión de carácter político nacional o provincial, ni el comercio; no podrán litigar por sí o interpósita persona en ninguna jurisdicción, salvo que se tratare de la defensa de sus intereses personales, de los de sus cónyuges o de sus hijos menores.

 

Art. 158 No podrán ser simultáneamente miembros del Tribunal Superior de Justicia los parientes o afines dentro del cuarto grado civil; en caso de parentesco sobreviniente, abandonará el cargo el que lo hubiere causado. Tampoco podrán conocer en asuntos que hayan resuelto, en instancia inferior, parientes o afines dentro del mismo grado.

 

Art. 159 - Los vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y demás jueces y funcionarios de los ministerios públicos deberán ser designados dentro de los sesenta días de producida la vacancia del cargo. Si se tratare de los de vocal del Tribunal Superior su fiscal o defensor, y si transcurriera el término indicado sin ser provista la vacante el Tribunal Superior procederá a efectuar la designación correspondiente con carácter interino.

 

Art. 160 - La Legislatura podrá crear cámaras de apelaciones de los juzgados de primera instancia. Igualmente creará otros tribunales y organismos judiciales cuando sea considerado necesario.

También podrá establecer la instancia única en base al juicio oral, en plenario, en las causas criminales y correccionales que determine la ley.

 

Art. 161 - No podrán formar parte del Poder Judicial en cargo alguno los que hayan sufrido pena infamante por sentencia en juicio criminal.

 

Art. 162 - Los procedimientos ante los tribunales de cualquier fuero son públicos; sus acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deberán llevar y custodiar, y en los autos de las causas en que conozcan, y publicarse en su respectiva sala de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien se tramiten la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso deberá ser declarado por medio de un auto.

 

Art. 163 - Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones que establezca la ley de la materia.

 

Art. 164 - Es facultad del Poder Judicial de la Provincia entender en los recursos de hábeas corpus contra mandamientos expedidos por los poderes del Estado.

 

Art. 165 - Es de exclusiva competencia del Poder Judicial de la Provincia todo lo relacionado con el registro de la propiedad, hipotecas, embargos e inhibiciones.

 

Art. 166 - Leyes especiales determinarán la competencia, jurisdicción y demás atribuciones de todos los tribunales y establecerán el orden de sus procedimientos.

Todas las sentencias serán motivadas, bajo pena de nulidad. Los tribunales colegiados acordarán, bajo igual sanción, en público las suyas, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito, según el orden que resulte por previo sorteo público.

Los tribunales de la Provincia, en el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando esta Constitución y los tratados provinciales como ley suprema respecto de las leyes que sancionara la Legislatura.

 

 

ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL

 

Art. 167 - Corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los tratados que celebre la Provincia y por las leyes de la Legislatura; de las causas que se susciten contra empleados o funcionarios que no estén sujetos al juicio político ni enjuiciamiento ante el jurado y de las regidas por el derecho común, según que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción provincial.

 

Art. 168 - La potestad del Poder Judicial es exclusiva y no podrá en ningún caso el Poder Legislativo o Ejecutivo ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ni revivir las fenecidas.

 

Art. 169 - El Tribunal Superior de Justicia tendrá las siguientes atribuciones generales:

a)        Representar al Poder Judicial de la Provincia, ejercer la superintendencia de la administración de justicia conforme a la legislación en vigencia; nombrar y remover, previo sumario, a todos los funcionarios y empleados de la misma, a excepción de aquellos que deban serio por procedimientos especiales establecidos en esta Constitución;

b)        Tomar juramento de fiel desempeño de sus funciones, antes de ponerlos en ejercicio, a todo magistrado o empleado, pudiendo delegar esta facultad en el magistrado o funcionario que designe;

c)        Dictar su reglamento interno y de los demás tribunales inferiores;

d)        Proponer anualmente a la Legislatura el presupuesto del Poder Judicial, que será suficiente y adecuado a las necesidades de la administración de justicia y que no podrá ser vetado total ni parcialmente;

e)        Presentar a la Legislatura proyectos de leyes de procedimientos y atinentes a la organización judicial y administración de justicia;

f)          Producir todos los informes relativos a la administración de justicia que le fueran requeridos por los poderes Legislativo o Ejecutivo. También remitirá anualmente a la Legislatura una estadística de la administración de justicia en el territorio de la Provincia;

g)        Ejercer la jurisdicción exclusiva en el régimen interno de las cárceles;

h)        Llevar la matrícula de abogados, procuradores, escribanos, contadores, martilleros, peritos y demás auxiliares de la justicia con arreglo a las leyes reglamentarias;

i)          Una vez organizado y constituido legalmente el respectivo colegio de cada profesión, la ley podrá conferir a éste la atribución contenida en el inciso precedente, pero corresponderá siempre al Tribunal Superior de Justicia la decisión final sobre las cuestiones que se susciten al respecto.

 

Art. 170 - El Tribunal Superior de Justicia ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva para conocer y resolver:

 

a)        En las cuestiones que se promuevan directamente ante el mismo, en caso concreto y por vía de acción sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución;

b)        En las causas de competencia o conflictos entre los poderes públicos de la Provincia o entre las ramas de un mismo poder, entre esos poderes y alguna municipalidad o entre dos o más municipalidades, o en conflictos internos de esas municipalidades y en las cuestiones de competencia que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva.

c)        En las cuestiones de competencia o de jurisdicción entre sus salas y en las quejas por denegación o retardo de justicia interpuestas contra las mismas;

d)        En las excusaciones o recusaciones de sus miembros, con exclusión del excusado o recusado;

e)        Conocer de los recursos de causas fenecidas, cualquiera sea la pena impuesta, así como en los casos de reducción de pena autorizada por el Código Penal.

 

Art. 171 - El Tribunal Superior de Justicia conocerá y resolverá en única instancia en las causas contencioso - administrativas, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada. La ley establecerá un término para este recurso y su procedimiento.

En tales causas el Tribunal Superior tendrá facultad para mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro del plazo que establezca la sentencia. Los empleados a quienes se dé la comisión serán responsables por la falta de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Superior.

 

Art. 172 - El Tribunal Superior de Justicia ejercerá jurisdicción como tribunal de última instancia:

a)        En las causas sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y que se hayan promovido ante los juzgados de primera instancia;

b)        En los demás casos y recursos establecidos por las leyes respectivas.

 

 

DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO

 

Art. 173 - Los miembros del Poder Judicial no sometibles al juicio político podrán ser removidos por mala conducta, negligencia, desconocimiento reiterado y notorio del derecho, morosidad en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o por los cometidos en el desempeño de las mismas, y por inhabilidad física o moral sobreviniente, pudiendo ser acusados por cualquier habitante de la Provincia ante un jurado de enjuiciamiento.

 

Art. 174 - El jurado de enjuiciamiento estará formado:

a)    Por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que presidirá el jurado, y por dos ministros del mismo, elegidos todos los años en el mes de diciembre. En el caso de impedimento legal del presidente será substituido por su reemplazante y los ministros por los otros miembros del Tribunal Superior;

b)   Por dos diputados, que la Legislatura elegirá todos los años en el primer mes de su período de sesiones ordinarias, juntamente con otros dos diputados en calidad de suplentes;

c)    Por dos abogados en ejercicio con las mismas calidades que para ser miembro del tribunal Superior de Justicia, residentes en la Provincia, designados por sorteo anualmente por la Legislatura, los que serán reemplazados por dos abogados suplentes elegidos en la misma forma y tiempo que los titulares.

Los miembros del jurado prestarán juramento en cada caso.

 

Art. 175 - El procedimiento será fijado por una ley especial dictada por la Legislatura.

 

 

DE LA JUSTICIA DE PAZ

 

Art. 176 - En cada departamento habrá uno o más jueces de paz con su jurisdicción respectiva y de acuerdo a lo que establezca la ley y cuya duración y funciones serán determinadas por ella.

 

Art. 177 - Los jueces de paz serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia de una terna propuesta por las municipalidades, comisiones municipales o vecinales respectivas y a falta de ésta por el Poder Ejecutivo.

 

Art. 178 - Para ser juez de paz se requiere ser ciudadano nativo, con dos años de residencia en la Provincia y demás requisitos que exija la ley.

 

Art. 179 - Los jueces de paz sólo podrán ser removidos durante el ejercicio de sus funciones por el Tribunal Superior de Justicia en razón de mala conducta en el desempeño de su cargo, por delitos comunes o por inhabilidad física o moral sobreviniente.

 

Art. 180 - Los jueces de paz, en sus resoluciones, aplicarán principios de equidad. Por ley se determinará su competencia general y especial.

 

Art. 181 - Por ley se reglamentarán las funciones y atribuciones de la justicia de paz.

 

 

CUARTA PARTE

CAPITULO 1

DEL REGIMEN MUNICIPAL

 

Art. 182 - Todo centro de población que alcance a más de quinientos habitantes constituye un municipio que será gobernado por una municipalidad, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley orgánica que en su consecuencia dicte la Legislatura y que estará investido de todos los poderes necesarios para resolver por sí los asuntos de orden local y de carácter eminentemente popular.

 

Art. 183 - La Legislatura hará la primera delimitación territorial de los municipios y las sucesivas que sean necesarias. Cuando se trate de anexiones serán consultados los electores de los distritos interesados cuando se trate de segregaciones serán consultados únicamente los de la zona que deba segregarse.

 

Art. 184 - Los municipios son autónomos en el ejercicio de sus atribuciones y sus resoluciones dentro de la esfera de sus facultades no pueden ser revocadas por otra autoridad.

 

Art. 185 - Los municipios se dividirán en tres categorías:

1)        Municipios de primera categoría, con más de cinco mil habitantes .

2)        Municipios de segunda categoría, con menos de cinco mil y más de mil quinientos habitantes.

3)        Municipios de tercera categoría, con menos de mil quinientos y más de quinientos habitantes.

Los censos nacionales, provinciales o municipales, legalmente aprobados, determinarán la categoría de los municipios, la que no podrá ser rebajada sin previo reajuste aprobado por ley a dictarse.

 

Art. 186[14] - Los municipios comprendidos en la primera categoría dictarán sus respectivas Cartas Orgánicas para el propio gobierno sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución.

La integración de los cuerpos colegiados deberá realizarse aplicando el sistema establecido en el inciso 4) del artículo 66.

 

Art. 187[15] - La Carta será dictada por una Convención Municipal convocada por el Concejo Deliberante de la ciudad, aplicando para la elección de los convencionales el sistema establecido en el artículo 66, inciso 4), de esta Constitución.

La Convención estará compuesta por un (1) miembro por cada cinco mil (5.000) habitantes, con un mínimo de doce (12) convencionales y un máximo de veinticinco (25), elegidos por el cuerpo electoral municipal conforme a los reglamentos electorales vigentes. Para ser convencional se necesitará ser elector municipal. La misma Caria dictaminará el procedimiento para las reformas posteriores.

La ordenanza de convocatoria determinará todos los demás aspectos del régimen electoral y establecerá el presupuesto de la Convención, la remuneración de los convencionales y el plazo dentro del cual deberán concluir su trabajo.

 

Artículo 188[16] - Las Cartas Orgánicas y sus reformas posteriores serán sometidas a la Legislatura, que las aprobará por mayoría absoluta de sus miembros o las rechazará por los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros.

La Cámara podrá, dentro de un plazo de noventa (90) días - a mayoría absoluta de sus miembros -, formular observaciones parciales, las que serán comunicadas a la Convención Municipal, que ratificará o rectificará el texto originado en el término de treinta (30) días.

Luego de recibida la comunicación, la Cámara de Diputados aprobará o rechazará.

 

Art. 189 - Los municipios de segunda categoría estarán gobernados por municipalidades compuestas por dos departamentos: uno deliberativo y otro ejecutivo.

El primero será ejercido por un concejo compuesto de siete miembros elegidos directamente por el pueblo, según el sistema electoral establecido por esta Constitución para la formación de la Legislatura provincia¡, y durarán cuatro años en sus funciones.

El segundo será ejercido por un ciudadano con el título de intendente, que deberá ser argentino nativo o naturalizado y reunir las mismas condiciones requeridas para ser diputado provincia¡. Será elegido a simple pluralidad de sufragios en elección directa y durará cuatro años en sus funciones.

El Concejo Deliberante será juez de la elección. El intendente podrá ser suspendido o removido por el Concejo Deliberante por dos tercios de votos, en razón de incapacidad o mal desempeño de sus funciones.

En los casos de acefalía del Departamento Ejecutivo, estas funciones serán desempeñadas por el presidente del Concejo Deliberante, quien procederá a convocar a nueva elección, dentro de los noventa días, salvo que faltare menos de un año para finalizar su mandato, en cuyo caso el residente determinará el período.

 

Art. 190 - Los municipios de segunda categoría se regirán por la ley orgánica que dicte el Poder Legislativo sobre las bases establecidas en esta Constitución.

 

Art. 191 - Serán electores en el orden municipal:

a)        Todos los argentinos inscriptos en el padrón provincial, con residencia efectiva dentro del ejido municipal.

b)        Los extranjeros de uno u otro sexo mayores de 18 años, con más de dos años de residencia inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción.

 

Art. 192 - La municipalidad colaborará con la junta electoral para la confección del padrón de extranjeros en la forma que la ley determine.

 

Art. 193[17] - Para ser concejal municipal se requieren las siguientes condiciones:

a)        Tener más de veintiún (21) años de edad y estar inscripto en los padrones respectivos;

b)        Ser argentino nativo, por opción o con carta de ciudadanía y tener una residencia continua de dos años en el municipio y ser contribuyente.

c)        Los extranjeros deberán acreditar una residencia de cinco años como mínimo y ser contribuyentes;

d)        No podrá haber más de tres extranjeros en el Concejo Deliberante.

 

Art. 194 - Los municipios de tercera categoría estarán gobernados por comisiones municipales, que se regirán por la ley general que determine su organización y funcionamiento, y se compondrán de cinco miembros e igual número de suplentes, que deberán tener unos y otros dos años de residencia inmediata por lo menos. Se elegirán por el mismo sistema que los de segunda categoría.

 

Art. 195 - Las comisiones municipales podrán ser inspeccionadas por el Poder Ejecutivo si veinte vecinos electores o uno de sus miembros lo solicitaren, fundados en algunos de los siguientes hechos:

a)        Falsedad en los balances;

b)        Falta de funcionamiento durante dos meses consecutivos;

c)        Existencia de incompatibilidad declarada por la ley;

d)        Malversación de fondos.

 

Art. 196 - Si como consecuencia de los hechos denunciados fuere necesario declarar el cese de algunos o de todos los miembros de la Comisión Municipal, serán reemplazados por los suplentes en el orden que la ley establezca, y en caso de acefalía se procederá a nueva elección.

 

Art. 197 - Las municipalidades reconocerán e impulsarán la organización de sociedades vecinales o de fomento que colaboren con ellas y a su vez planteen las necesidades de la población.

 

Art. 198 - Los electores del municipio tendrán los derecho de iniciativa, referéndum y revoca toda mediante el voto popular en la forma y bajo las condiciones que la ley establezca.

 

Art. 199 - Los miembros del Concejo municipal no incurrirán en responsabilidades por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones, no pudiendo autoridad alguna reconvenirlos ni procesarlos en ningún tiempo portales causas.

 

Art. 200 - Las autoridades y los funcionarios y empleados municipales responden personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento de sus deberes.

 

Art. 201 - La provincia podrá intervenir el municipio, por ley emanada de la Legislatura:

a)        Para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total;

b)        Para normalizar la situación institucional en caso de subversión;

c)        Las intervenciones en ningún caso podrán durar más de noventa días.

 

Art. 202 - El comisionado atenderá exclusivamente los servicios municipales de urgencia, de acuerdo con las ordenanzas vigentes al momento de asumir el cargo. No podrá autorizar, prorrogar o modificar concesiones, disponer nuevas obras públicas ni tomar disposiciones con fuerza de ordenanza. Estas atribuciones quedan reservadas a las municipalidades elegidas por el pueblo.

 

Art. 203 - Corresponden a los municipios todos los bienes fiscales situados dentro de sus respectivos límites, salvo los que estuvieron ya destinados a un uso determinado y los que fueren exceptuados expresamente por la ley. Esta no podrá desposeerlos de las tierras fiscales ubicadas dentro de los ejidos urbanos, que se limitan a las zonas pobladas y urbanizadas y a sus futuras reservas de expansión.

 

Art. 204 - Son atribuciones comunes a todos los municipios, con arreglo a sus cartas y leyes orgánicas:

a)        Las de su propia organización legal y libre funcionamiento económico, administrativo y electoral; las referentes a su plan edilicio, apertura, construcción y mantenimiento de calles, plazas, parques y paseos; nivelación y desagües, uso de calles y del subsuelo, tránsito y vialidad; transportes y comunicaciones urbanas, edificación y construcciones; servicios públicos locales; matanza, mercados, ferias populares y abasto; higiene, cementerios, salud pública, moralidad y costumbres; recreos, espectáculos públicos y comodidad; estética; organización de servicios fúnebres; y, en general, todas las de fomento o interés local;

b)        Crear recursos permanentes o transitorios estableciendo impuestos, tasas o cotizaciones de mejoras cuyas cuotas se fijarán equitativa, proporcional y progresivamente, de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o el mayor valor de los bienes o de sus rentas. La facultad de imposición es exclusiva respecto de personas, cosas o formas de actividad lucrativa sujetas a jurisdicción esencialmente municipal, y concurrente con la del fisco provincial o nacional cuando no fueren incompatibles;

Las cotizaciones de mejoras se fijarán teniendo en cuenta el beneficio recibido por los que deban soportadas. No se podrá gravar la introducción de artículos de primera necesidad ni la construcción, ampliación, reparación o reforma de la vivienda propia;

c)        Recaudar e invertir libremente sus recursos;

d)        Contratar empréstitos locales o dentro del país, con acuerdo de la Legislatura. Los empréstitos tendrán un fin y objeto determinado, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En ningún caso la totalidad de los servicios de los empréstitos comprometerá más de la cuarta parte de las rentas del municipio, ni el numerario obtenido de los mismos podrá ser aplicado a otros destinos que los determinados por las ordenanzas respectivas;

e)        Administrar los bienes municipales, adquirirlos o enajenarlos. Para este último caso se requerirán dos tercios de votos del total de miembros del Concejo. Cuando se trate de edificios destinados a servicios públicos, se requerirá autorización previa de la Legislatura provincial.

Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate o licitación pública, anunciados con sesenta días de anticipación;

f)          Contratar servicios públicos y otorgar concesiones a particulares, con límite de tiempo y rescatabas sin indemnización por lucro cesante;

g)        Votar anualmente su presupuesto de gastos y cálculo de recursos para costearlos y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas inmediatamente al Tribunal de Cuentas provincial;

h)        Destinar permanentemente fondos para la educación en general;

i)          Dictar normas edilicias tendientes a la seguridad y estética de las construcciones;

j)          Acordar las licencias comerciales dentro de su jurisdicción, llevando el correspondiente registro;

k)        Crear tribunales de faltas y policía municipal e imponer, de acuerdo con las leyes y ordenanzas respectivas, sanciones compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales como multas, clausuras de casas y negocios, demolición de construcciones; secuestros, destrucción y decomiso de mercaderías, pudiendo requerir del juez del lugar las órdenes de allanamiento que estime necesarias;

l)          Declarar de utilidad pública, con autorización legislativa, a los efectos de la expropiación, los bienes que conceptuare necesarios para el ejercicio de sus poderes;

m)      Suscribir convenios con otros municipios, con las reparticiones autárquicas, con la provincia o con la Nación, con fines de beneficio recíproco.

 

Art. 205 - Son recursos propios del municipio:

a)        El impuesto a la propiedad inmobiliaria, conforme a las disposiciones del artículo 204, inciso b);

b)        Los servicios retributivos, tasas y patentes;

c)        La participación en los impuestos que recaude la Nación o la Provincia por actividades realizadas dentro del municipio;

d)        La contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como consecuencia de una obra pública municipal;

e)        Las multas y recargos por contravención a sus disposiciones;

f)          Los fondos provenientes de las ventas de tierras fiscales que le correspondan;

g)        El impuesto a la propaganda, cuando en razón del medio empleado aquélla no exceda los límites territoriales del municipio;

h)        El producto del otorgamiento de concesiones para la explotación de servicios públicos cuando se hagan por empresas o personas privadas;

i)          Todos los demás que le atribuya la Nación, la Provincia o que resulten de convenios intermunicipales.

 

Art. 206 - Las municipalidades no deberán invertir más del treinta por ciento de sus rentas en pago de personal administrativo.

 

Art. 207 - Para las concesiones de servicios públicos por plazos mayores de diez años se requerirá licitación pública, ira aprobación por dos tercios de votos del Concejo Deliberante y su posterior sometimiento a referéndum popular. Ninguna concesión podrá ser, prorrogada antes de vencer el término acordado y sin previa licitación pública, Si la prorroga excediera de los diez años deberán observarse las mismas disposiciones que para las nuevas concesiones.

 

Art. 208 - La municipalidad convendrá con la Provincia el régimen de valuación de la propiedad.

 

Art. 209 - El municipio publicará mensualmente sus balances y anualmente una memoria general de la actividad realizada.

 

Art. 210 - El municipio prestara los servicios fúnebres, que serán atendidos exclusivamente por la municipalidad.

 

Art. 211 - Los conflictos internos de las municipalidades producidos entre sus órganos, como asimismo los que ocurran entre distintos municipios o entre éstos y otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por el Tribunal Superior de Justicia. El mismo Tribunal conocerá en las demandas de cualquier concejal por nulidad de actos de la mayoría del Concejo a que pertenezca y que se consideren violatorios de esta Constitución o de la ley orgánica municipal.

 

 

QUINTA PARTE

CAPITULO I

REGIMEN ECONOMICO

 

Art. 212 - La organización de ¡a economía y la explotación de la riqueza tienen por finalidad el bienestar general, respetando y fomentando la libre iniciativa privada, con las limitaciones que establece esta Constitución, para construir un régimen que subordine la economía a los derechos del hombre, al desarrollo provincia¡ y progreso social.

 

Art. 213 - El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con los fondos del Tesoro provincial, formado con los recursos provenientes de impuestos permanentes y transitorios o de servicios que esté en su facultad establecer, de la venta o locación de propiedades fiscales, de la explotación de sus riquezas naturales, de la renta de otros bienes de su pertenencia, de la participación que le corresponda percibir en los impuestos establecidos por la Nación y en las explotaciones a convenir con ella y con otras provincias y de los empréstitos u operaciones de crédito autorizados por la Legislatura para empresas u obras de bien común.

 

Art. 214 - Las leyes de impuestos permanentes son susceptibles de revisión anual.

 

Art. 215 - Los fondos provenientes de impuestos transitorios creados especialmente para cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplicarán exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesará tan pronto como éste quede cumplido.

 

Art. 216 - La Legislatura, a¡ dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad y el patrimonio mínimo individual o familiar. Se eximirá de impuestos a las cooperativas, entidades gremiales y culturales.

 

Art. 217 - La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base del impuesto y las cargas públicas, las que se establecerán inspiradas en propósitos de justicia y necesidad social. Se gravará preferentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas.

 

Art. 218 - Se propenderá a la eximisión de gravamen a las utilidades de capital que se inviertan en la Provincia para la construcción de viviendas y para el acrecentamiento de la producción del agro, minería e industrias. Quedarán eximidas de todo impuesto las donaciones con fines de beneficio público social justificado y la investigación científica.

 

Art. 219 - La Legislatura verificará permanentemente que el costo de recaudación de cualquier impuesto no supere cierto porcentaje de lo recaudado, propendiendo a que dicho impuesto deje el mayor saldo favorable sin ser aumentado. Es un deber de la administración provincia¡ la simplificación y agilización de los trámites burocráticos. Sólo se crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados. Se determinarán específicamente la responsabilidad y función relacionadas de los funcionarios y empleados de la Provincia.

 

Art. 220 - Por ley especial de la Legislatura podrá autorizarse la emisión de empréstitos o emitir fondos públicos con base y objeto determinado, no pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En ningún caso la totalidad de los servicios del empréstito comprometerán más de la cuarta parte de las rentas generales de la Provincia - salvo la excepción del artículo siguiente -, ni el numerario obtenido de los mismos podrá ser aplicado a otros destinos que los establecidos por la ley de su creación.

 

Art. 221[18] - Con fines de promoción económica la Provincia, - con el acuerdo de la mayoría absoluta de todos los miembros de la Cámara de Diputados - podrá suscribir empréstitos destinados a financiar obras productivas específicamente determinadas por el Consejo de Planificación, cuyos servicios financieros quedarán aseguradamente cubiertos por los rendimientos de la obra.

 

Art. 222 - Por lo menos una vez cada diez años, con propósitos de carácter impositivo, se realizará un relevamiento general estadístico y la valuación de bienes particulares, sin perjuicio de las modificaciones que en casos especiales la ley autorice. La valuación de la propiedad rural se hará estimando por separado la tierra y sus mejoras.

 

Art. 223 - La participación que en los impuestos provinciales corresponda a las municipalidades, consejos escolares, otras instituciones de la educación pública o autónomas les será entregada mensualmente por el gobierno de la Provincia, y del incumplimiento de esta obligación son personalmente responsables el contador y el tesorero, aparte de la que incumba al gobernador y sus ministros. Las municipalidades pueden ser facultades para cobrar los impuestos provinciales en que ellas o los consejos escolares tengan participación y en la forma y bajo las responsabilidades que la ley establezca.

 

Art. 224 - Toda enajenación de los bienes fiscales, compras, adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se harán por licitación y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos. Una ley general establecerá el régimen de excepciones.

 

Art. 225 - El Estado Provincia¡, por medio de una legislación adecuada, propenderá a mejorar las condiciones de vida y subsistencia social, fomentando y protegiendo el establecimiento de cooperativas de producción, consumo y crédito, reconociendo su función social y favoreciendo el acceso del ahorro popular a la vivienda propia.

 

Art. 226 - El bien de familia reglamentado por ley especial y los útiles, materiales y elementos de trabajo intelectual o manual son inembargables.

 

Art. 227 - En base a un plan vial, coordinado con la Nación, la política caminera de la Provincia propenderá a unir entre sí los centros de producción, consumo y turismo de los distintos departamentos y abaratar las tarifas del transporte. A tal efecto se intensificará la construcción y mejoramiento progresivo de los caminos e incitará la iniciativa y cooperación privadas para la prosecución de la obra vial.

 

Art. 228 - El espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio de la Provincia del Neuquén, pertenecen a su jurisdicción y dominio. Las fuentes energéticas son de propiedad provincial exclusiva y no podrán ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y/o consorcios de tipo cooperativo regidos por el Estado.

 

Art. 229 - No podrá otorgarse ninguna clase de concesión para la explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, salvo a una entidad autárquico nacional, que no podrá ceder ni transferir el total o parte de su contrato, y si así lo hiciere quedaría de hecho anulado el mismo y todas sus instalaciones y derechos en el ámbito provincial pasarían a ésta.

 

Art. 230 - La cesión de los yacimientos por la Provincia, al ente autárquico mencionado en los artículos 228 y 229, no será a título gratuito, asegurando a la Provincia una participación equitativa en su producido y en su gobierno, mediante convenio que será aprobado por los dos tercios de votos del total de los miembros de la Legislatura.

El convenio asegurará a la Provincia la provisión del gas natural que sus necesidades demanden.

 

Art. 231 - La Legislatura podrá disponer del aprovechamiento de yacimientos gasíferos aislados no conectados a gasoductos, como también de fuentes de energía hidráulico yacimientos de combustibles sólidos de escasa importancia, por ley especial para cada caso y con carácter limitado.

 

Art. 232 - Las utilidades provenientes de la explotación del petróleo, gas, carbón, energía hidroeléctrica y distintos minerales, deberán emplearse en la realización de obras productivas que constituyan beneficio permanente para la Provincia del Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentre ubicada la respectiva industria extractiva, u otras zonas con posibilidades especiales.

 

Art. 233 - Los contratos actualmente en vigencia de explotación de petróleo y gas por compañías extranjeras en el ámbito provincia¡, caducarán indefectiblemente a su término.

 

Art. 234 - Se dictará una ley de fomento para impulsar económicamente la minería, contemplando la solución integral de sus problemas.

 

Art. 235 - La Provincia propenderá a la consecución de nuevos mercados para su producción agropecuaria, a la implantación de industrias afines y convendrá con las autoridades de la Nación un régimen de comercio exterior que permita una solución integral en la materia.

 

Art. 236 - La industria será organizada con sentido regional y se procurará su diversificación e instalación en los lugares ordinarios de producción de materia prima y energía.

 

Art. 237 - Los servicios públicos estarán a cargo del Estado provincia¡, municipal, entes autárquicos o autónomos y cooperativas populares en las que podrán intervenir las entidades públicas. No se otorgarán concesiones que puedan constituir monopolio.

 

Art. 238 - El Estado se abstendrá de intervenir en la actividad privada comercial o industrial hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población, a la que defenderá mediante la legislación adecuada, de los monopolios, trusts y de toda otra forma de abuso del poder económico.

 

Art. 239 - La tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agrada integral con arreglo a las siguientes bases:

a)        Parcelamiento de las tierras fiscales en unidades económicas;

b)        Asignación de las parcelas a los pobladores efectivos actuales y a quienes acrediten condiciones de arraigo y trabajo o iniciativas de progreso social;

c)        Las parcelas otorgadas gozarán del privilegio del "bien de familia" para evitar el acaparamiento y que se eluda la reforma agraria;

d)        Serán mantenidas y aun ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y a la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho;

e)        La expropiación de los latifundios. Se considera latifundio a una grande o pequeña extensión de tierra, que teniendo en cuenta su ubicación y demás condiciones propias, sea antisocial o que no esté explotada integralmente de acuerdo a lo que económicamente corresponde a cada zona;

f)          Serán expropiados los latifundios sin explotar y las tierras sin derecho de agua, que con motivo de la realización de obras de irrigación u obras de cualquier índole por el Estado adquieran un mayor valor productivo o intrínseco.

 

Art. 240 - El Estado expropiará, de acuerdo con el desarrollo de los planes económicos que se dicten, los inmuebles que no cumplan con 1a función social que debe desempeñar la tierra, en el siguiente orden de preferencia:

a)        Los que se encuentren inexplotados;

b)        Los destinados a obtener rentas mediante la explotación por terceros;

c)        Los que estén en poder de sociedades anónimas y otras puramente de capital, que no cumplan con las leyes sociales y que no sean explotados racionalmente.

 

Art. 241 - Se reconoce la posibilidad y licitud de la colonización privada, siempre que no se oponga al bien común y tenga contralor estatal y responsabilidad moral, financiera y técnica proporcionada a la magnitud de las obras a realizar.

 

Art. 242 - El crédito agrado se otorgará sin otra garantía que la que signifique la capacidad de trabajo y la moralidad de los usuarios. Se destinará a la adquisición de la tierra y la vivienda, de herramientas y animales de crianza, a la mecanización de las labores rurales, a la subsistencia de los productores y a todo otro fin necesario a una racional explotación y a dignas condiciones de vida y de trabajo. Se adecuará un régimen de pagos y amortizaciones condicionando en tiempo y monto a las diversas etapas del ciclo agrobiológico y al rendimiento de la producción.

 

Art. 243 - El almacenamiento, transporte, comercialización e industrialización de la producción agropecuaria deberán ser controlados por la asociación de productores.

 

Art. 244 - Toda ampliación de centros urbanos, o creación de un nuevo centro, deberá ser previamente expropiado y urbanizado por el municipio o la Provincia, a cuyo efecto se arbitrarán los recursos económicos que le sean necesarios y la ley determinará la forma en que se urbanizarán.

 

Art. 245 - Los bosques situados en tierras fiscales son propiedad exclusiva de la Provincia. Su conservación, acrecentamiento y explotación deberá reglamentarse por ley que al efecto dictará la Legislatura.

 

Art. 246 - La ley de bosques será orgánica y de aplicación en todo el territorio de la Provincia. Establecerá normas silviculturales de práctica mundial más adelantadas, fomentará la iniciativa privada y colectiva tendiente a la creación de industrias, a la explotación racionase intensiva, al aprovechamiento integral y científico de la madera, simultáneamente con un plan de forestación y reforestación que asegure la perpetuidad y acrecimiento de los bosques y propenda al autoabastecimiento de productos forestales a la Provincia y a la Nación.

 

Art. 247 - Los bosques naturales situados en tierra de propiedad particular que no cumplan con los preceptos establecidos por ley, serán explotados con intervención del Estado Provincial.

 

Art. 248 - Se destinará un fondo permanente de socorro para casos de calamidades públicas.

 

Art. 249 - La Legislatura estructurará el Consejo de Planificación y reglamentará su funcionamiento de acuerdo a las normas que fija esta Constitución. Todas las entidades autárquicas, autónomas, públicas o privadas, tendrán obligación de colaborar con el Consejo de Planificación en la realización de relevamientos o prospecciones necesarios para determinar el potencial económico de la Provincia.

 

Art. 250 - Toda entidad pública o privada que deba realizar estudios, proyectos, investigaciones, censos o relevamientos topográficos y geológicos de cualquier orden, dentro de los límites de la Provincia, deberá recabar autorización para ello ante la autoridad provincial competente, y a su finalización o durante su transcurso, deberá entregar a la misma los resultados autenticados, con planos, memorias y todo otro material correspondiente que le fuere indicado. Solamente estarán exentos de esta obligación los trabajos de carácter secreto o encomendados por el estado mayor de las fuerzas armadas.

 

Art. 251 - La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y realización de la obra pública, responderá a una planificación integral que contemple todas las relaciones de interdependencia de los factores locales, regionales y nacionales.

 

Art. 252 - La planificación será dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura y compuesto por técnicos universitarios de todas las disciplinas conducentes a su fin y representantes de las fuerzas vivas del trabajo.

 

Art. 253 - El domicilio legal o fiscal de los contribuyentes y demás responsables del pago de impuestos, tasas y contribuciones que esta Constitución establezca y sobre las cuales se legislará, será la Provincia del Neuquén. Será obligatorio a toda clase de empresa comercial o privada, de existencia visible o no, inscribirse en el Registro Público de Comercio provincial.

 

Art. 254 - La Provincia, las municipalidades, las reparticiones autárquicas o autónomas, pueden ser demandadas directamente ante los tribunales provinciales sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de competencia federal, pero si fuesen condenadas a pagar suma de dinero no se hará ejecución ni se trabará embargo alguno en sus bienes o rentas, debiendo en tal caso la Legislatura, en el período de sesiones ordinarias inmediato a la ejecutoria, arbitrar las formas de efectuar el pago, cesando el privilegio si así no lo hiciere. En la misma forma se procederá con los bienes pertenecientes a las empresas de servicios públicos.

 

 

SEXTA PARTE

CAPITULO I

EDUCACION

 

Art. 255 - La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de educación, común, secundada, técnica y universitaria estimulando la libre investigación científica y tecnológica, las artes y las letras.

 

Art. 256 - Dictará asimismo las leyes que resuelvan la unificación de la enseñanza en cada uno de sus ciclos.

 

Art. 257 - Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberá ajustarse a las bases siguientes:

a)        La educación primaria será laica, gratuita y obligatoria, hasta completar el ciclo, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca, procurando que en todas las escuelas se imparta el ciclo de educación y enseñanza completo;

b)        La educación común tendrá entre sus fines el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones democráticas, la solidaridad humana, la familia y los principios de moral que respeten la libertad de conciencia;

c)        La difusión de la instrucción primaria será acentuada en la zona rural y centros de numerosa población obrera, adecuando planes, métodos y procedimientos de enseñanza;

d)        Se facilitará en lo posible a los que carezcan de recursos, ropa, útiles, merienda y demás medios necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar. Se establecerá los regímenes de concentración y traslado del alumnado, que la dispersión y distancia de la población aconseje como más conveniente;

e)        Es obligatoria la enseñanza del idioma, la geografía, la historia, realidades económica, social y política del país y del Neuquén en especial; de la Constitución Nacional y provincial e instituciones republicanas, federativas y comunales, en todos los establecimientos de educación, sean de carácter fiscal o particular. Juntamente con la enseñanza primaria se impartirán conocimientos prácticos relacionados con las actividades agrícolas, ganaderas, mineras o industriales, según la preponderancia de una u otra en los respectivos lugares donde funcionen.

 

Art. 258 - El mínimo de enseñanza primaria que el Estado se obliga a dar y los habitantes están obligados a recibir, deberá impartiese en las escuelas oficiales, particulares y en el hogar. Las escuelas particulares se sujetarán a las leyes y reglamentos escolares en cuanto al mínimo de enseñanza y régimen de funcionamiento.

El Estado fomentará el establecimiento de estas últimas siempre que funcionen en las condiciones previstas por la ley.

 

Art. 259 - Se propenderá al establecimiento de escuelas - hogar, urbanas y rurales.

 

Art. 260 - La enseñanza se impartirá obligatoriamente en idioma castellano y no se admitirá discriminación racial ni de ninguna naturaleza.

 

Art. 261 - En toda la Provincia se instalarán escuelas donde sea posible conseguir un mínimo de quince alumnos, a fin de lograr la más rápida alfabetización.

 

Art. 262 - La Provincia dará preferente atención a la educación de los inadaptados, infranormales y excepcionales.

 

Art. 263 - El Estado estimulará y fomentará la creación de bibliotecas populares y ayudará a las existentes.

 

Art. 264 - La dirección técnica de las escuelas públicas, la inspección y vigilancia de la enseñanza común, especial y particular estarán a cargo de un consejo provincial de educación, cuyas atribuciones deberán ser determinadas por la ley respectiva.

 

Art. 265 - La dirección técnica y la administración general de la enseñanza serán confiadas a un consejo provincial de educación, autárquico, integrado por representantes de docentes en actividad, de consejos escolares locales y del Poder Ejecutivo, cuyas condiciones y atribuciones serán determinadas por la Ley.

 

Art. 266 - Los consejos escolares funcionarán en cada uno de los distritos en que a tal efecto se divida la Provincia. Se integrarán por vecinos con instrucción, con residencia en el mismo lugar, y los representantes elegidos por el cuerpo de docentes en actividad de las escuelas oficiales del distrito. La forma y condiciones de elegibilidad de los vecinos serán las mismas que las municipales.

 

Art. 267 - Todos los miembros del Consejo Provincia¡ de Educación y consejos escolares durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

 

Art. 268 - Los consejos escolares velarán por el eficiente funcionamiento de las escuelas de sus distritos y por el cumplimiento de los preceptos de esta Constitución en materia educacional. Ejercerán funciones administrativas de control y distribución de fondos; no así en la parte técnica que será de competencia exclusiva del Consejo Provincial de Educación.

 

Art. 269 - La enseñanza media estará a cargo de establecimientos secundados y especiales, y la superior, de universidades. La organización de estos institutos se iniciará con un ciclo básico de cultura general, especializándose luego en las ramas que los cursos de orientación vocacional aconsejen, para el posterior ingreso a la universidad.

 

Art. 270 - La enseñanza tecnológica de grado secundado o superior fomentará con sentido nacional el trabajo y la movilización racional de la riqueza provincia¡. Comprenderá las ramas de investigación científica y de enseñanza profesional. Las empresas estatales que realicen explotaciones dentro del territorio de la Provincia procederán a la preparación y adiestramiento del personal para ocuparlo en sus tareas de modo que todas las vacantes futuras sean cubiertas con el mismo; el régimen contractual no podrá desvirtuar el espíritu de las presentes disposiciones.

 

Art. 271 - La enseñanza secundada, técnica y universitaria será gratuita, laica y autónoma, accesible a todos, a cuyo efecto se establecerá un régimen que facilite la libre concurrencia y la institución de becas y subvenciones en los casos que se requiera.

 

Art. 272 - La enseñanza pública, su dirección y administración serán costeadas con las rentas propias de la administración escolar, con el treinta por ciento como mínimo de las rentas generales de la Provincia y con los demás recursos que se establezcan. Las leyes referentes a recursos escolares serán permanentes y en ningún caso podrá rebajarse la asignación o presupuesto del año inmediato anterior.

 

Art. 273 - Habrá además un fondo permanente de escuelas depositado a premio o en fondo público de la Provincia, el cual será inamovible, sin que pueda disponerse más que de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios, a la adquisición de terrenos y edificios escolares. Las refacciones de urgente necesidad serán ejecutadas por procedimientos sumarios, en lo posible durante el período de vacaciones.

 

Art. 274 - Cuando la contribución escolar no sea suficiente para sufragar los gastos de educación, el tesoro público llenará el déficit que resulte.

 

Art. 275 - Los recursos destinados a la educación, serán entregados sin intermediarios ni discriminaciones, y no podrán distraerse para otros fines bajo pena de destitución. Estos fondos no podrán embargarse ni ejecutarse y, cuando existiera sentencia condenando al pago de una deuda, debe la Legislatura arbitrar los medios para efectuar el pago dentro de los cuatro meses del período de sesiones, so pena de ejecutarse aquélla en los bienes de la Provincia.

 

Art. 276 - La acción de la educación debe prolongarse en el sentido social. Los maestros, los representantes de los consejos escolares y visitadores recorrerán los hogares de los educandos interiorizándose de los problemas de la madre, alimentación, sanidad e higiene, dando los consejos y directivas que los allanen.

 

Art. 277 - Los organismos que se creen para impartir la enseñanza media o superior, técnica o no, tendrán como suprema finalidad servir al pueblo de la Provincia como parte integrante del todo nacional.

La enseñanza tecnológica de grado secundario o superior fomentará, con sentido nacional, el trabajo y la movilización racional de la riqueza provincia¡. Comprenderá las ramas de investigación científica y de enseñanza profesional. El fundamento de la enseñanza que se imparta será la universalidad de la ciencia, pero sin dejar de contemplar las características regionales que consolide el federalismo político, económico, social y cultural, cimentando los postulados de nuestras instituciones fundamentales.

 

Art. 278 - Con el aporte y la colaboración de las entidades autárquicas correspondientes, se crearán y funcionarán escuelas especializadas de las ramas del petróleo, minería, industriales y agropecuarias, sin discriminación de ingreso.

 

Art. 279 - La Provincia creará escuelas destinadas primordialmente a la enseñanza de adultos, aprendizaje de oficios y especializaciones corrientes, pudiendo ser con funcionamiento nocturno.

 

Art. 280 - La ley establecerá el mínimo de enseñanza a impartir en los respectivos cursos de escuelas nocturnas para adultos y la naturaleza de su obligatoriedad.

 

Art. 281 - El Consejo Provincial de Educación establecerá comedores escolares y colonias de vacaciones de carácter permanente para alumnos y maestros, con la colaboración de las cooperadoras escolares.

 

Art. 282 - La educación física será impartida y practicada con obligatoriedad, de acuerdo a su fundamental finalidad, en todas las escuelas públicas y privadas de la Provincia.

 

Art. 283 - La enseñanza especial, normal y secundaria será accesible para todos los habitantes de la Provincia, sea cual fuere su condición social o económica.

Los estudiantes secundados y universitarios, capaces y meritorios, cuyas familias no estén en condiciones de costear sus estudios, serán subvencionados por el Estado.

 

Art. 284 - La Legislatura creará consejos escolares provinciales de enseñanza secundaria o especializada, siguiendo los mismos principios de economía, descentralización administrativa y representación, estatuidos por esta Constitución para la educación común.

 

Art. 285 - La enseñanza superior y universitaria se ejercerá dentro de un régimen autónomo y será gobernada democráticamente en la misma proporción por profesores, estudiantes y egresados.

 

Art. 286 - La Legislatura dictará y reglamentará el Estatuto del Docente con los siguientes derechos básicos:

Ingreso, estabilidad, ascenso, traslado, vacaciones escolares, participación en el consejo escolar, perfeccionamiento cultura¡ y técnico, agremiación, rotación, jubilación, asistencia social y estado docente.

 

 

CAPITULO II

ASISTENCIA SOCIAL

 

Art. 287 - Es obligación ineludible de la Provincia velar por la salud y la higiene pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades, poniendo a disposición de sus habitantes servicios gratuitos y obligatorios en defensa de la salud, por lo que ésta significa como capital social.

 

Art. 288 - La Provincia reconoce que el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la población está condicionado a las premisas siguientes:

a)        Creación de fuentes de trabajo en todo el territorio de la Provincia;

b)        Medicina preventiva;

c)        Medicina asistencial adecuada;

d)        Efectivos servicios de asistencia social;

e)        Condiciones de salubridad en el trabajo;

f)          Implantación de un amplio régimen de amparo social.

 

Art. 289 - Se coordinará, en grado especial con los municipios, todos los servicios asistenciales de profilaxis preventiva y curativa, tendientes a asegurar la salud del individuo, de la familia y de la comunidad.

 

Art. 290 - La coordinación, planificación y formas de aplicación de estos servicios estarán a cargo de un consejo provincial de sanidad, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y durarán cuatro años en sus cargos, siendo reelegibles. La ley fijará las demás condiciones.

 

Art. 291 - El Consejo Provincial de Sanidad dará preferente atención a los lugares alejados carentes de recursos, y a la prevención y profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas, la represión del alcoholismo, las toxicomanías, las endemias y epidemias periódicas de origen animal, la desnutrición, falta de higiene, promiscuidad y enfermedades venéreas. Para el cumplimiento de tales fines podrá solicitar las órdenes de allanamiento necesarias.

 

Art. 292 - Dentro del primer año de su constitución, el Consejo Provincial de Sanidad deberá elevar simultáneamente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, la planificación general de la asistencia sanitaria médico - social preventiva y curativa de la Provincia. En el mismo período deberá proponer el código bromatológico que será de aplicación obligatoria total y general en la Provincia.

 

Art. 293 - El Consejo Provincial de Sanidad tendrá sus propios recursos, formados por aportes del Estado provincias, municipal y de los provenientes de donaciones privadas. Su presupuesto lo dictará la Legislatura en base al proyecto presentado por el consejo, evitando la dispersión de energías y de fondos que por concurso de la Nación y de la Provincia concurran al mismo fin.

 

Art. 294 - La Provincia asegurará por medio de una legislación orgánica la defensa y protección de la maternidad y la niñez, mediante la asistencia de la madre antes, durante y después del parto y del niño en su vida y salud en los períodos de primera infancia, preescolar, escolar y adolescencia, y la creación de establecimientos adecuados a tal fin.

 

 

CAPITULO UNICO

REFORMA DE LA CONSTITUCION

 

Art. 295 - Esta Constitución podrá ser reformada por una Convención Constituyente integrada por igual número de diputados que la Legislatura, que reúnan sus mismas condiciones y elegidos en la misma forma.

 

Art. 296 - La Legislatura determinará por ley especial la necesidad de la reforma, conforme a sus atribuciones.

 

Art. 297 - La Convención no podrá comprender en la reforma otros puntos que los expresados en la ley de convocatoria, pero no estará tampoco obligada a variar, suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución, cuando considere que no existe necesidad o conveniencia de la reforma declarada por ley.

 

Art. 298 - La Convención Constituyente, en su primera sesión, fijará el término que estime necesario para desempeñar su cometido, el que no podrá en ningún caso exceder de tres meses prorrogables por otro más a contar desde la fecha de la elección de sus miembros.

 

Art. 299[19] - El presupuesto de la Convención Constituyente y la remuneración de los Convencionales, será fijado por la Ley de la convocatoria.

 

Art. 300 - Para simples enmiendas, que no alteren el espíritu de la Constitución, la Legislatura podrá resolverlas por dos tercios de votos y quedarán en vigencia si las convalida el referéndum popular que la misma deberá convocar a tales fines.

 

 

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Art. 301 - Esta Constitución entrará en vigor, en todo el territorio de la Provincia, el día siguiente al de su primera publicación y comunicación al Poder Ejecutivo nacional.

 

Art. 302 - Hasta tanto la Legislatura provincia¡ dicte su propia ley electoral, la primera elección para constituir las autoridades provinciales y municipales se regirá por lo dispuesto en el artículo 611 del decreto ley del Poder Ejecutivo nacional número 3.838/57.

 

Art. 303 - Mientras la Provincia no dicte la ley de organización judicial, los actuales tribunales judiciales nacionales mantendrán su jurisdicción y competencia.

 

Art. 304 - Mientras la Provincia no dicte los códigos y leyes respectivas, regirán los códigos y leyes nacionales en vigencia a la época de sancionarse esta Constitución.

 

Art. 305 - Hasta tanto no se dicte la ley que organice el jurado de enjuiciamiento, los jueces serán enjuiciables por el procedimiento del juicio político.

 

Art. 306 - Las actuales autoridades provinciales y municipales continuarán en el desempeño de sus funciones hasta tanto asuman las suyas las autoridades electas.

 

Art. 307 - Hasta tanto la Legislatura dicte las normas sobre organización de la administración provincial y presupuesto, se faculta al Poder Ejecutivo para crear, organizar y poner en funcionamiento los ministerios y dependencias y asignarles personal y proveerlos de las partidas para gastos y sueldos, tomando con imputación a rentas generales los fondos necesarios para el inmediato y normal funcionamiento de la administración provincial.

 

Art. 308 - Por esta vez las elecciones municipales se realizarán utilizando el padrón cívico nacional actualizado, estableciéndose que al efecto de esta elección los municipios de primera categoría elegirán sus autoridades en la forma dispuesta en esta Constitución para los clasificados en segunda categoría. Los restantes municipios elegirán sus autoridades en la forma prevista en esta Constitución.

 

Art. 309 - El gobierno provincial convendrá con el gobierno nacional los traspasos de todo aquello que corresponda de conformidad con la ley 14.408 y decretos reglamentados.

 

Art. 310 - Dentro del primer año de la vigencia de esta Constitución, la Legislatura dispondrá el levantamiento de un censo general de la Provincia.

 

Art. 311 - Se confeccionarán cuatro ejemplares manuscritos de la Constitución sancionada, firmados por el presidente, secretarios que pertenezcan al cuerpo y convencionales que desearen hacerlo, sellados con el sello oficial de la Convención; de estos ejemplares, uno será entregado al señor comisionado federal y otro al Poder Judicial de la Provincia. Los dos ejemplares restantes se enviarán al Archivo histórico de la Provincia y al Archivo General de la Nación. Se copiará asimismo en el libro de actas de la Honorable Convención Constituyente para luego ser entregado a la Legislatura provincial.

 

Art. 312 - Esta Constitución será jurada solemnemente en toda la Provincia, a cuyo efecto las autoridades legítimas, una vez constituidas, adoptarán las disposiciones que sean necesarias.

 

Art. 313 - Promúlguese, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el territorio de la Provincia del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Convención Constituyente de la Provincia del Neuquén, a los veintiocho días del mes de noviembre del año mil novecientos cincuenta y siete.

 

 

APENDICE CONSTITUCIONAL

DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Naciones Unidas (París, 1948)

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado como la inspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre o se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar; en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

 

Artículo 1º - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse y fraternalmente los unos con los otros.

 

Art. 2º

1.        Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición.

2.        Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional, del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto así se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

 

Art. 3º - Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

 

Art. 4º - Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas e todas sus formas.

 

Art. 5º - Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 

Art. 6º - Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

 

Art. 7º - Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

 

Art. 8º - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

 

Art. 9º - Nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado.

 

Art. 10º - Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación cont7-a ella en materia penal.

 

Art. 11º -

1.        Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2.        Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerle no fueren delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

 

Art. 12º - Nadie será objeto de ingerencias arbitradas en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.

 

Art. 13º -

1.        Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2.        Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

 

Art. 14º -

1.        En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2.        Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

 

Art. 15º -

1.        Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2.        A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

 

Art. 16º -

1.        Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2.        Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3.        La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

 

Art. 17º -

1.        Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2.        Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

 

Art. 18º - Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

 

Art. 19º - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

 

Art. 20º -

1.        Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2.        Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

 

Art. 21º -

1.        Toda persona ti ene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2.        Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3.        La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 

Art. 22º - Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

 

Art. 23º -

1.        Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2.        Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salado por trabajo igual.

3.        Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4.        Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

 

Art. 24º - Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute destiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas.

 

Art. 25º -

1.        Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.        La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

 

Art. 26º -

1.        Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2.        La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos religiosos -, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3.        Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

 

Art. 27º -

1          Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2          Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

 

Art. 28º - Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

 

Art. 29º -

1.        Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2.        En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3.        Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones unidas.

 

Art. 30º - Nada en la presente Declaración podrán interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

 

 

 

Preámbulo

 

Sección Primera

Capítulo I: Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías. (artículos 1º a 70)

 

Sección Segunda. Poder Legislativo.

Capítulo I: De la Legislatura. (artículos 71 al 79).

Capítulo III: Del Senado. (artículos 80 al 90)

Capítulo IV: Disposiciones comunes a ambas Cámaras. (artículos 91 al 113)

Capítulo V: Procedimiento para la formación de las leyes. (artículos 114 al 123)

Capítulo VI: De la Asamblea General. (artículos 124 al 128)

Capítulo VII: De la apelación al pueblo. Formas de democracia semi-directa. (artículo 129)

 

Sección Tercera

Capítulo I: De la naturaleza y duración del Poder Ejecutivo. (artículos 130 a 142)

Capítulo II: De la elección de Gobernador y Vicegobernador. (artículos 143 al 148)

Capítulo III: De las atribuciones del Gobernador. (artículos 149 al 151)

Capítulo IV: De los Derechos Económicos Sociales

                     De los Ministros Secretarios. (artículos 152 al 159)

Capítulo V: Del asesoramiento al Poder Ejecutivo. (artículo 160)

Capítulo VI: De la responsabilidad del Gobernador y sus Ministros. (artículo 161)

Capítulo VII: Del Fiscal de Estado. (artículos 162 al 163)

Capítulo VIII: Del régimen administrativo y rentístico. (artículos 164 al 185)

Capítulo IX: De la Contaduría, Tesorería y Tribunal de Cuentas de la Provincia. (artículos 186 al 194)

 

Sección Cuarta

Capítulo I: De la naturaleza y duración del Poder Judicial. (artículos 195 al 202)

Capítulo II: Atribuciones del Poder Judicial. (artículos 203 al 210)

Capítulo III: De las calidades para ser  Juez y miembro del Ministerio Público. (artículos 211 al 215)

Capítulo IV: De la responsabilidad Judicial y de la remoción de los Jueces. (artículos 216 al 222)

Capítulo V: De la Justicia de Paz. (artículos 223 al 228)

 

Sección Quinta

Capítulo Único: Del Juicio Político. (artículos 229 al 231)

 

Sección Sexta

Capítulo Único: Régimen Electoral. (artículos 232 al 243)

 

Sección Séptima

Capítulo Único: Régimen Municipal. (artículos 244 al 262)

 

Sección Octava

Capítulo I: Régimen Cultural y Educacional. (artículos 263 al 278)

Capítulo II: Régimen Científico y Tecnológico. (artículos 279 al 280)

 

Sección Novena

Capítulo Único: Reforma de la Constitución. (artículos 281 al 290)

 

Sección Décima

Capítulo Único: De la inviolabilidad de la Constitución. (artículos 291 al 292)

 

Sección Undécima

Norma Complementaria

Sección Duodécima

Capítulo Único: Disposiciones Transitorias. (artículos 293 al 297).

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

 

 

PREAMBULO

 

Nos, los representantes del Pueblo de la Provincia de Catamarca, reunidos en Convención Constituyente, con el objeto de reformar la Constitución del 9 de Julio de 1895, a fin de adecuarla a las necesidades actuales, y especialmente, para incorporar los derechos sociales y económicos no contemplados en ella, y reorganizar los Poderes de Gobierno para hacer más eficiente su acción, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos la siguiente.

 

 

SECCION PRIMERA

CAPITULO 1 - Principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías

 

Art. 1º - La Provincia de Catamarca, como parte indivisible de la República Argentina, es un Estado autónomo constituido bajo la forma representativa, republicana y social.

Conserva todas las facultades no delegadas expresamente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional, y sus órganos de gobierno quedan obligados a ejercerlas.

El pueblo de la Provincia tiene asegurado, bajo esta Constitución, el ejercicio de sus derechos individuales y sociales, la protección de su identidad cultural, la integración protagónica a la región y a la Nación y al poder decisorio pleno sobre el aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales.

 

Art. 2º - El Poder político de la Provincia reside en su pueblo, quien lo ejerce a través de sus representantes y en las formas que esta Constitución establece.

 

Art. 3º - El poder de Gobierno de la Provincia estará dividido en tres Departamentos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno de ellos podrá arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas por esta Constitución, ni delegar las que la misma les acuerda, so pena de insanable nulidad que debe ser declarada de oficio por los tribunales de la Provincia.

 

Art. 4º - El Gobierno de la Provincia protegerá el Culto Católico Apostólico Romano, sin perjuicio de la tolerancia de cultos garantizada por la Constitución Nacional.

 

Art. 5º - La capital de la Provincia y el asiento de las autoridades superiores de su gobierno, es la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

 

Art. 6º - En el marco del sistema federal la Provincia de Catamarca promueve:

1.      1.        Un federalismo de integración y concertación, que facilita el desarrollo armónico de la Provincias y la Nación.

2.      2.        Una equitativa y eficiente distribución de competencias, entre los estados provinciales y el federal, para afirmar el poder de decisión nacional en las facultades que le han sido delegadas.

3.      3.        La descentralización geográfica y administrativa de las empresas del Estado Federal, su asentamiento en las provincias en donde realizan su principal actividad y la participación de éstas en la dirección y explotación de aquéllas.

4.      4.        La federalización del sistema financiero, a fin de asegurar la inversión productiva local del ahorro provincial.

5.      5.        La concertación de regímenes de coparticipación impositiva.

6.      6.        La compatibilización de las acciones que en el ámbito económico, social y cultural realicen entes públicos nacionales con las de igual carácter que cumplen los organismos del Estado Provincial.

7.      7.        El acceso y participación de la Provincia en estudios, planes y decisiones de la administración federal, cuando se encuentren comprometidos sus legítimos intereses.

8.      8.        La concreción de acuerdos en el orden internacional con fines de bienestar social y progreso para el pueblo de la Provincia, sin perjuicio de las facultades del gobierno federal en esta materia.

 

Art. 7º - Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres, independientes o iguales ante la ley y tienen perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad.

Nadie puede ser privado del goce de estos atributos y bienes sino por sentencia de juez competente fundada en la ley anterior al hecho del proceso.

 

Art. 8º - La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley o expropiación por causas de utilidad pública o de interés social, la que en cada caso debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada en efectivo. El derecho de propiedad no podrá ser ejercido en oposición con la función social y económica de la misma o en detrimento de la seguridad, libertad o dignidad humanas. En este sentido la ley lo limitará por medidas que encuadren en la potestad del gobierno provincial.

 

Art. 9º - La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas.

 

Art. 10. - Todo habitante de la Provincia es libre de pensar, de escribir, de imprimir o de difundir, por cualquier medio sus ideas, en la medida que no ejercite estos derechos para violar los otros consagrados por esta Constitución, o para atentar contra la reputación de sus semejantes No podrán tampoco fundarse exclusiones e interdicciones de ninguna clase, en diferencias de opiniones o creencias.

 

Art. 11. - La libertad que antecede comprende el libre acceso a las fuentes de información. Prohíbese el monopolio de la información gubernativa y el funcionamiento de oficinas de propaganda de la labor oficial.

 

Art. 12. - Están exentos de toda clase de impuestos y gravámenes los elementos necesarios para la difusión de las ideas.

 

Art. 13. - Las instalaciones, talleres, locales, destinados a la publicación de, diarios, revistas y otros medios de difusión de Ideas con fines científicos, literarios políticos o artísticos. no podrán ser clausurados: confiscados, decomisados, ni expropiados.

Tampoco sus labores podrán ser suspendidas, trabadas ni interrumpidas actos o hechos de los poderes públicos que impidan o dificulten, directa o indirectas mente, la libre expresión y circulación de pensamiento.

En los procesos a que dieren lugar las causas de responsabilidad por abusos de: esta libertad, no podrán secuestrarse dichos elementos.

 

Art. 14. - El monopolio del papel, máquinas, empresas periodísticas, etc. será severamente penado por la ley dentro del territorio de la Provincia.

 

Art. 15. - Cualquier persona que se considere afectada por una publicación, podrá recurrir a la justicia ordinaria para que ella por medio de un procedimiento sumario, ordene al autor responsable o a la empresa publicitaria la inserción en sus columnas, en el mismo lugar y con la misma extensión, la réplica o rectificación pertinente, sin juicio de las responsabilidades de otro orden (Civil, Penal, etc.) que, correspondieran.

 

Art. 16. - Los abusos de la libertad de prensa serán juzgados por los tribunales ordinarios de acuerdo a la ley especial que la Legislatura sancionará dentro de los seis meses de promulgada esta Constitución, si no configuran un delito del Derecho Penal. Si la Legislatura no lo hiciera dentro del plazo señalado, el Poder Ejecutivo deberá establecer las sanciones mediante decreto, dictado en acuerdo de ministros, que regirá hasta que se apruebe la ley respectiva.

 

Art. 17. - La libertad de asociación, trabajo, industria y comercio es un derecho garantizado a todo habitante de la Provincia, siempre que su ejercicio no ofenda ni perjudique a la moral y a la salud pública, ni sea contrario a las leyes del país o al derecho de terceros y será limitado para evitar el dominio de los mercados, la eliminación de la competencia o el aumento abusivo de los beneficios.

 

Art. 18. - Queda asegurado a todo habitante de la Provincia el derecho de petición, individual y colectivo, ante las autoridades, como así mismo el de reunirse para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no se turbe el orden público, previo aviso a la autoridad policial. En ningún caso, una reunión popular podrá atribuirse la representación de los derechos del pueblo ni peticionarios en su nombre.

 

Art. 19. - Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerzas armadas o de una reunión realizada en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior, es nula y no podrá tener efecto alguno.

 

Art. 20. - Todo habitante de la Nación tiene derecho a entrar y salir del territorio de la Provincia y transitar por él; traer y llevar sus bienes, sin perjuicio de terceros.

 

Art. 21. - Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a las cargas públicas, con sujeción a las leyes que las establezcan, las que deberán someterse a los principios de la justicia social.

 

Art. 22. - Las acciones humanas que no ofendan a la moral y al orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas al juicio de Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie estará obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe.

 

Art. 23. - El domicilio es inviolable y no podrá allanarse sin orden escrita de autoridad competente, determinada y motivada, haciéndose responsable el ejecutor en caso contrario.

 

Art. 24. - Las comunicaciones privadas de cualquier clase que fueran, son inviolables y no podrán ser interceptadas ni secuestradas sino en los casos legalmente previstos.

Tampoco serán admitidas en juicio y aceptadas como prueba sin autorización de su autor o destinatario.

 

Art. 25. - La ley reputa inocente a los que por sentencia no hayan sido declarados culpables.

 

Art. 26. - No se dictarán leyes que importen sentencia, que empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores a las mismas o que priven de derechos adquiridas.

 

Art. 27. - Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado ni investigado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.

 

Art. 28. - Ninguna manifestación obtenida por medios ilícitos podrá hacerse valer enjuicio, ni servirá de base para fundar procedimiento alguno.

 

Art. 29. - Queda establecida la libre defensa y representación en toda clase de procedimiento, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. En ningún caso, los defensores pueden ser molestados ni allanados sus domicilios o locales profesionales con motivo del ejercicio de su ministerio.

 

Art. 30. - En causa criminal nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni le es lícito hacerlo contra sus ascendientes o descendientes, cónyuge, hermano o afines dentro del segundo grado. tutores o pupilos recíprocamente. Esta prohibición no comprenda la denuncia por delito ejecutado contra el denunciante o contra una persona cuyo parentesco con el denunciante sea igual o más próximo que el que lo ligue con el denunciado.  Nadie puede tampoco ser compelido a deponer en contra de sus demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive.

 

Art.31. - Nadie puede ser perseguido judicialmente más de una vez por un mismo delito, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de nuevo pleitos fenecidos salvo en materia criminal cuando la revisión sea favorable al reo y el caso esté autorizado por la ley.

 

Art. 32. - Nadie podrá ser arrestado sin que proceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de responsabilidad por la existencia de un delito que merezca pena corporal, ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de Juez competente, salvo caso de ser sorprendido in-fraganti. En este caso el delincuente puede ser detenido por cualquier persona quien deberá conducirlo inmediatamente a presencia de un juez o de la autoridad inmediata.

 

Art. 33. - Ninguna detención o arresto se hará en la cárcel pública destinada a los penados sino en otro local que se habilitará con ese objeto.

 

Art. 34. - Ningún arresto podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas o por el mayor término correspondiente a las distancias sin darse aviso al juez competente, poniéndose al reo a su disposición con los antecedentes del hecho que lo motiva y, desde entonces, tampoco podrá el reo permanecer más de tres días incomunicado de un modo absoluto.

 

Art. 35. - A todo aprehendido se le notificará por escrito la causa de su arresto o prisión dentro de las primeras veinticuatro horas.

 

Art. 36. - Será excarcelable todo procesado que diere caución suficiente para responder por los daños y perjuicios, fuera de los casos en que, por la naturaleza del delito, merezca pena privativa de libertad cuyo monto exceda del que fije la ley procesal, o se impute el delito de hurto de ganado mayor.

 

Art. 37. - Las cárceles son destinadas para seguridad y no para mortificación de los presos. Las penitenciarias creadas por la ley, serán reglamentadas de manera que constituyan centros de moralización, de instrucción y de trabajo.

Todo rigor innecesario hace directamente responsable a las autoridades o funcionarios que lo autoricen o ejerzan.

 

Art. 38. - Todo responsable de la guarda de presos, al recibirse de alguno deberá exigir y conservar en su poder la orden original, o en copia autorizada, a que se refiere el artículo 32, así como el mandamiento de excarcelación o libertad en su caso, so pena de hacerse directamente responsable de prisión o soltura indebida.

Igual obligación de exigir la primera de dichas órdenes, y bajo la misma responsabilidad, incumbe al ejecutor del arresto o prisión.

 

Art. 39. - Todo habitante de la Provincia tiene derecho a utilizar un procedimiento judicial efectivo contra actos u omisiones de la autoridad o de terceros que violen, menoscaben, enerven o amenacen hacerlo, sus derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución o por las leyes dictadas en su consecuencia. Si el mismo no estuviera instituido o reglamentado, los jueces arbitrarán las normas necesarias para ponerlo en movimiento y resolver sin dilación alguna.

 

Art. 40. - Contra todo acto, decisión u omisión de los agentes administrativos que violen, amenacen o menoscaben derechos garantizados por esta Constitución o por las leyes sancionadas en su consecuencia, y que ocasionen un gravamen irreparable por otro medio, procederá al amparo, que se sustanciará judicialmente, por procedimiento sumario y sin necesidad de reglamentación previa.

 

Art. 41. - La Provincia como persona jurídica puede ser demandada ante los tribunales ordinarios: si fuera condenada al pago de alguna suma de dinero, no podrá ejecutarse sentencia de inmediato en la forma ordinaria, ni embargarse sus rentas ni sus bienes del dominio privado.

Dentro de los tres meses de notificada la sentencia que condene a la Provincia, la Legislatura arbitrará los medios para verificar el pago, el que deberá hacerse efectivo dentro de los treinta días de dicha fecha, caso contrario, podrá embargarse de inmediato cualquier bien del dominio privado que no se encuentre afectado al servicio público del Estado.

Las rentas podrán no obstante ser embargadas hasta en un veinte por ciento si estuvieran afectadas por sanción legislativa al pago de la deuda.

 

Art. 42. - Todos los actos públicos del gobierno y de la administración provincial, y en especial los que se relacionan con la renta pública y sus inversiones, serán publicados periódicamente en la forma y tiempo que la ley reglamente.

 

Art. 43. - Quedan suprimidos y prohibidos los tratamientos honoríficos para los poderes y funcionarios públicos de toda clase y jerarquía.

 

Art. 44. - No se admitirán proscripciones ni discriminaciones por razón de raza, color, religión, etc., ni otras inhabilitaciones e interdicciones que las que esta Constitución o las leyes establezcan, y en este caso no se aplicarán sin las garantías del debido procedimiento legal establecidas para la aplicación de sanciones por los artículos que anteceden. La Ley no podrá prohibir la actividad política de los empleados públicos fuera del ejercicio de sus funciones.

 

Art. 45. - Ninguna autoridad o agente del Poder Público podrá ejercitar atribuciones ni ordenar o ejecutar decisiones particulares válidas fuera de los límites fijados por una disposición general preexistente.

 

Art. 46. - Son especialmente limitadas todas las atribuciones de los funcionarios y empleados provinciales.  En ningún caso podrán ejercer facultades extraordinarias aunque les fueren concedidas por ley, u otras funciones extrañas a su cargo y jurisdicción.

 

Art. 47. - Todos los funcionarios y empleados de la Provincia son individualmente responsables de las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus cargos, no pudiendo excusar su responsabilidad civil, penal y/o administrativa en la obediencia debida ni en el estado de necesidad.

 

Art. 48. - No obstante la responsabilidad personal del agente, la Provincia responde subsidiariamente por el daño civil ocasionado por sus empleados y funcionarios en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio prestado.

 

Art. 49. - Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución otras restricciones que las que la misma permite, o priven a los ciudadanos de las garantías que ella asegura, serán nulos y no podrán, ser aplicados por los jueces.

 

Art. 50. - El ejercicio del derecho de propiedad privada debe ajustarse a los principios de la justicia social, que la ley determinará de acuerdo a la categoría, naturaleza y destino de los bienes.

El mayor valor que adquieran los mismos sin el esfuerzo del propietario, lo percibirá progresivamente la Provincia mediante los impuestos.

 

Art. 51. - La Provincia promoverá el acceso de todos sus habitantes a la propiedad inmueble, urbana y rural, a fin de asegurarles vivienda y medios de vida dignos. La ley dispondrá la distribución de la tierra pública o de la que adquiera por compra o expropiación, entre familias campesinas y quienes optan por radicarse, en el agro, y la ejecución de planes crediticios e inversiones presupuestarias de carácter permanentes.

 

Art. 52. - La distribución de la tierra se hará preferentemente por medio de colonización que reglamentará la ley, sobre las siguientes bases:

1.      1.        Explotación directa y racional por el adjudicatario y su familia.

2.      2.        Otorgamiento de créditos a largo plazo y bajo interés para la adquisición y acondicionamiento de las unidades económicas, de elementos de trabajo y producción y la construcción de viviendas.

3.      3.        Inenajenabilidad de la tierra durante el término que fije la ley.

4.      4.        El propietario, arrendatario o aparcero en zonas de colonización y cuyas tierras fueran expropiadas, tendrán derecho a un mínimo de una unidad económica.

5.      5.        Un sistema que contemple las indemnizaciones necesarias para evitar la subdivisión por razones de herencia.

6.      6.        El asesoramiento permanente a los agricultores y ganaderos por el organismo que creará la ley.

 

Art. 53. - La Provincia propenderá a la eliminación del arrendamiento y a la aparcería, como forma de explotación de la tierra, mediante recargos impositivos y otras medidas que tiendan a convertir al arrendatario o aparcero en propietario.

 

Art. 54. - No podrá adjudicarse tierras fiscales a sociedades anónimas que no contraigan previamente la obligación de colonizar con sujeción a las disposiciones de esta Constitución y de la ley de la materia, salvo que se trate de parcelas destinadas a la Instalación de industrias de transformación de los productos del agro.

 

Art. 55. - El Estado garantiza la iniciativa privada armonizándola con los derechos de las personas y la comunidad. Promueve en todo su territorio el desarrollo económico integral y equilibrado como factor base de bienestar social.

Asegura la radicación y continuidad de las industrias como fuentes genuinas de riqueza y fomenta todas las actividades productivas: agropecuarias, mineras, forestales, turísticas, artesanales, de comercialización y servicios, mediante créditos de fomento, desgravaciones, exenciones impositivas, adjudicación de tierras fiscales, subsidios en tarifas públicas y demás incentivos idóneos para ese fin.

Con iguales instrumentos, la Provincia promueve el desarrollo de las zonas de frontera, de las más despobladas. con infraestructura económica insuficiente o de menor desarrollo relativo y las unidades económicas familiar, cooperativa y de pequeña Y mediana empresa.

 

Art. 56. - La Provincia completará el relevamiento catastral de su territorio dentro del Plazo de cinco años, y la ley reglamentaria dispondrá lo necesario para el saneamiento de los títulos de propiedad.

 

Art. 57. - Los habitantes de la Provincia tendrán derecho, como consumidores, al justo precio de los bienes de consumo. La usura y la especulación serán severamente reprimidas dentro del territorio provincial. pudiendo eximirse de impuestos y de cualquier clase de contribución a los productores que, con el fin de abaratar los precios, eliminen a los intermediarios. El control de precios compete, en cada municipio. a la autoridad local respectiva.

 

Art. 58. - La comunidad catamarqueña se funda en la pluralidad y la solidaridad. El Estado auspicia su organización libre e integral mediante el sistema de Instituciones sociales, económicas, políticas y culturales que el pueblo constituye para participar en las decisiones y realizar la justicia social.

La Provincia garantiza la constitución y funcionamiento de:

1)      1)        La familia como base fundamental de la sociedad y responsable primaria de la crianza y educación de los hijos. El Estado promueve las condiciones necesarias para su unidad y afianzamiento, garantiza la patria potestad y el derecho de los cónyuges a procrear y, de acuerdo a la Ley, fomenta el acceso a la vivienda propia, la unidad económica familiar y la compensación económica familiar, fomenta la adopción de los menores abandonados y facilita el funcionamiento de los hogares sustitutos que contarán con el aporte económico del Estado.

2)      2)        Los gremios, asegurándoles dentro del ámbito de las competencias provinciales los derechos de recurrir a la conciliación y al arbitraje; de huelga; de constituir comisiones paritarias y celebrar convenios colectivos para regular los salarios y condiciones de trabajo, aumentar la producción o impulsar medidas que aseguren el fin social de la economía provincial; el fuero sindical, estabilidad, licencia especial y demás medios para el cumplimiento de la gestión de sus representantes. La Ley reglamentará una acción de amparo especial en garantía de este derecho.

3)      3)        Las cooperativas y mutuales. Dentro de sus competencias, la Provincia las fomenta, registra, fiscaliza en su funcionamiento de acuerdo a la Ley, apoya para su afianzamiento y desarrollo y difunde la educación cooperativista y mutualista y la capacitación de sus dirigentes.

4)      4)        Los colegios profesionales, a los que el Estado puede conferir el gobierno de la matrícula bajo condiciones que garanticen los derechos de sus miembros y el bien común.

5)      5)        Las entidades intermedias de carácter social, económico, profesional o cultural cuyo fin principal sea la promoción del bien común, asegurándoles la plena libertad de los asociados para constituirlas y mantenerlas y el funcionamiento autónomo dentro de sus estatutos, la Ley y las facultades jurisdiccionales de los poderes públicos.

 

Art. 59. - El trabajo goza de la protección especial del Estado que garantiza el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de las normas convencionales del trabajo, ejerciendo todas las facultades no delegadas por la Provincia al Gobierno Federal.

La autoridad administrativa del trabajo tendrá a su cargo el ejercicio del poder de policía y seguridad laboral y propenderá a la solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo por los procedimientos de conciliación y arbitraje que las leyes determinen.  'nene a su cargo el asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores y a las asociaciones profesionales, tanto en sede administrativa como judicial.

 

Art. 60. - La Provincia organiza el fuero laboral especializado integrante de la justicia letrada.

La interpretación de las normas laborales se ajustarán a los siguientes principios: en caso de duda sobre la aplicación de las normas o sobre la interpretación de los hechos se estará a la más favorable al trabajador: los jueces no pueden homologar acuerdos que versen sobre créditos reconocidos o firmes del trabajador y en ningún caso los tribunales entenderán que existe consentimiento tácito que implique pérdida del derecho o cambio en las condiciones de trabajo perjudicial al trabajador.

El Código Procesal del Trabajo se ajustará a los principios de celeridad o inmediatez y asegurará al trabajador la gratuidad de su participación en juicio.

 

Art. 61. - Los ríos y sus cauces y todas las aguas que corran por cauces naturales, trascendiendo los límites del inmueble en que nacen, son del dominio público de la provincia, y las concesiones que ésta hiciera del goce y uso de esas aguas no podrán ser cedidas, transferidas o arrendadas sino con el fundo a que fueran adjudicadas y serán válidas mientras y en tanto el concesionario haga uso útil de las mismas, ajuicio de la concedente. La ley reglamentará esta disposición y creará el organismo de aplicación.

 

Art. 62. - Compete a la Provincia reglar el aprovechamiento de las aguas de los ríos interprovinciales que atraviesan su territorio mediante tratados con las provincias vecinas.

 

Art. 63. - La Provincia fomentará la creación de entes corporativos libres los que se declaran de interés público y eximirá de impuestos a los que no persigan fines de lucro.

 

Art. 64. - La Provincia promoverá la salud como derecho fundamental del individuo y de la sociedad.  A tal fin legislará sobre sus derechos y deberes, implantará el seguro de salud, y creará la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas.

 

Art. 65. - Sin perjuicio de los derechos sociales generales reconocidos por esta Constitución, dentro de sus competencias propias, la Provincia garantiza los siguientes derechos especiales:

I.                    I.           Del trabajador:

      Al salario mínimo, vital y móvil y a una retribución justa e Igualitario por igual tarea. A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario.

      A una jornada limitada. Al descanso y vacaciones pagos.

      A condiciones dignas de trabajo.

      A la protección contra el despido arbitrario y a la estabilidad en el empleo.

      A la capacitación y perfeccionamiento profesional.

      A la defensa de los legítimos intereses profesionales y a la libertad sindical.

      A la participación en las ganancias y la cogestión y autogestión en la dirección de las empresas.

      A la salud, vivienda, educación y seguridad social integral propia y de la familia.

      A la participación en la dirección de las instituciones de seguridad social de las que son aportantes.

II.                 II.         De la mujer:

      Al ejercicio pleno de sus derechos, la igualdad de oportunidades y al acceso efectivo a la capacitación profesional.

      A condiciones especiales en el ejercicio de su trabajo.

      A la protección y asistencia integral de la maternidad. A la compatibilización de su misión de madre y ama de casa con su actividad laboral.

III.               III.        De la niñez:

      A la vida. desde su concepción.

      A la nutrición suficiente y a la salud.

      A la protección especial, preventiva y subsidiaria del Estado, en los casos de. desamparo.

      A su formación religiosa y moral.

      A la educación integral, al esparcimiento, la recreación y el deporte.

IV.              IV.      De la juventud:

      A la participación en la actividad social, política y cultural vinculada con el bien común de la Provincia.

      A la orientación vocacional para el desarrollo pleno de sus aptitudes físicas. intelectuales y morales.

      A la educación integral, los deportes, el sano esparcimiento, la ocupación constructiva del tiempo libre y el conocimiento directo de la geografía de la Provincia.

      A la capacitación profesional, acceso efectivo al trabajo y protección especial de los menores en su ejercicio.

V.                 V.        De la ancianidad:

      A las condiciones sociales, económicas y culturales que permitan su natural integración a la familia y la comunidad.

      Al haber previsión al justo y móvil y a la inembargabilidad de parte sustancial, del mismo.

      A la asistencia, alimentación, vivienda, vestido, salud física y moral, ocupación por la laborterapia productiva, esparcimiento y turismo, a la tranquilidad y respeto. La Provincia protege especialmente la ancianidad en casos de desamparo.

VI.              VI.      De los disfuncionados:

      A obtener asistencia integral de la Provincia que comprende la prevención, tratamiento, rehabilitación, educación, capacitación e integración laboral y social.

      A la promoción de políticas que desarrollen la conciencia social y los principios de solidaridad respecto de ellos.

Una ley especial regula la problemática integral de las disfunciones limitantes y asegura la operatividad de los derechos reconocidos en este artículo.

 

Art. 66. - Los minerales y las fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, pertenecen al dominio público de la Provincia. La exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, de los minerales fisionales y de las fuentes de energía hidroeléctrica, no podrán ser objeto de ninguna clase de concesión, salvo a una entidad autárquica nacional que no podrá ceder o transferir el total o parte de su contrato.

Las sustancias minerales que por ley de la Nación pertenecen al propietario de la superficie y se encuentren en terrenos fiscales de la Provincia, pertenecen al dominio privado de ésta.

La ley podrá conceder a las municipalidades o cooperativas de usuarios, la explotación de las fuentes de energía hidráulicas.

 

Art. 67. - El gobierno propenderá obligatoriamente a la extracción de los minerales y establecimiento de plantas de concentración e industrialización mineral en las zonas estratégicas y económicas convenientes.

 

Art. 68. - Las tarifas, el canon, las regalías o la contribución a percibir por la Provincia, serán fijados por ella o de común acuerdo con la Nación y por la ley se asignará una participación en los mismos al departamento donde se encuentre situado el yacimiento minero.

La ley reglamentaria establecerá sanciones para el caso de minas abandonadas inactivas o deficientemente explotadas.

 

Art. 69. - Los extranjeros gozan en el territorio de la Provincia de todos los derechos del nativo y de las garantías que amparan a los mismos.

 

Art. 70. - Las declaraciones, derechos y garantías enumeradas en esta Constitución no serán interpretadas como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumeradas o virtualmente retenidas por el pueblo y que nacen del principio de la soberanía popular o que correspondan al hombre en su calidad de tal.

 

 

SECCION SEGUNDA - Poder Legislativo

CAPITULO I - De la Legislatura

 

Art. 71. - El Poder Legislativo será ejercido por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la Ley de la materia.

 

 

CAPITULO II - De la Cámara de Diputados

 

Art. 72. - La Cámara de Diputados de la Provincia se compondrá de cuarenta y un (41) Diputados elegidos directamente por el pueblo mediante el sistema proporcional que la ley determine.

 

Art. 73 - Los Diputados durarán cuatro años en el ejercicio de sus mandatos y podrán ser reelegidos.

La Cámara se renovará por mitad cada dos años, a cuyo efecto los electos para la primera legislatura posterior a esta reforma, en su primera sesión, sortearán a los que deban renovarse en el primer período.

 

Art. 74. - Conjuntamente con los titulares se elegirán seis (6) Diputados suplentes que reemplazarán a aquellos, en caso de vacancia, en el orden en que fueron elegidos, hasta completar el período.

 

Art. 75. - Son requisitos para ser Diputados:

              Ciudadanía argentina en ejercicio y residencia inmediata de cuatro años para los que no sean nativos de la Provincia.

              Haber cumplido la edad de veinticinco años.

              Ejercer profesión, arte, comercio, industria o cualquier clase de actividad laboral en la Provincia.

 

Art. 76. - Es incompatible el cargo de Legislador:

              Con el ejercicio de funciones en el Gobierno Federal, de las Provincias o de los Municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple.

              Con el ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas beneficiarias de concesiones por parte del Estado.

Los agentes de la Administración Provincial o Municipal que resulten electos Legisladores titulares quedan automáticamente comprendidos por una licencia especial sin goce de sueldo por el tiempo que duren sus funciones.

 

Art. 77. - Compete exclusivamente a la Cámara de Diputados:

              Iniciar la discusión de sanción y las leyes sobre impuestos y demás contribuciones para la formación del tesoro provincial y del presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la Provincia.

              Las de los proyectos que versen sobre contratación de empréstitos, el crédito de la Provincia y las de los que reglamenten la administración del crédito público.

              Acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos al juicio político.

 

Art. 78. - Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra su persona sin que se solicite por el juez o tribunal competente se allane la inmunidad del acusado, a cuyo efecto se remitirán los antecedentes ante dicha Cámara, y no podrá allanarse la expresada inmunidad sino por mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes, quedando en tal caso el acusado suspenso, ipso facto, en el ejercicio de sus funciones.

 

Art. 79. - El funcionario que definitivamente fuese condenado por delito común quedará exonerado de su empleo.

 

 

CAPITULO III - Del Senado

 

Art. 80. - Esta Cámara estará compuesta por un senador por cada uno de los Departamentos actuales. En el mismo acto de elegir los titulares procédase a elegir un suplente por cada Departamento para reemplazarlo en caso de vacancia.

 

Art. 81. - Los Senadores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años a cuyo efecto los electos para la primera legislatura posterior a esta reforma, en la primera sesión, sortearán a los que deben renovarse en el primer período.

 

Art. 82. - Son requisitos para ser Senador:

              Ciudadanía argentina en ejercicio y residencia inmediata en el Departamento por lo menos de cuatro años.

              Haber cumplido treinta años de edad.

              Ejercer profesión, arte, comercio, industria o cualquier clase de actividad laboral en el Departamento.

 

Art. 83. - El Vicegobernador es el Presidente del Senado y no tiene voto sino en caso de empate.

 

Art. 84. - El Senado nombrará un Presidente Provisorio que lo presida en los casos de ausencia o impedimento del Vicegobernador o cuando éste ejerza las funciones de Gobernador.

 

Art. 85. - Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose, al efecto, en tribunal, y prestando sus miembros juramento especial para estos casos.

Cuando el acusado fuese el Gobernador o Vicegobernador de la Provincia, deberá presidir el Senado el Presidente de la Corte de Justicia, pero no tendrá voto si no en caso de empate.

 

Art. 86. - Presentada la acusación ante el Senado, éste resolverá previamente, con dos tercios de votos, si la acusación es o no procedente, quedando en el primer caso suspenso, ipso-facto, el acusado.

 

Art. 87. - El fallo del Senado, en estos casos no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia.

Ningún acusado puede ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de los presentes en sesión. Deberá votarse, en estos casos, nominalmente y registrarse en el Diario de Sesiones el voto de cada Senador.

 

Art. 88. - El funcionario que fuese condenado en la forma establecida quedará sujeto a acusación y a juicio ante los tribunales ordinarios.

 

Art. 89. - El fallo del Senado deberá darse dentro de cuatro meses, contados desde la Iniciación del juicio ante él mismo, prorrogándose las sesiones en caso necesario.

Vencido los cuatro meses sin haberse pronunciado el fallo definitivo, quedará absuelto de hecho el acusado.

 

Art. 90. - Corresponde al senado prestar acuerdo para el nombramiento de los miembros de la Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados inferiores, Fiscal de Estado, Presidente del Consejo de Educación y demás funcionarios que por esta Constitución o leyes especiales requieran para su designación de este requisito. Si dentro de los treinta días de solicitado el acuerdo la Cámara no se expediera, se considerará prestado el mismo.

 

 

CAPÍTULO IV - Disposiciones comunes a ambas Cámaras

 

Art. 91. - Las elecciones para la renovación de las Cámaras Legislativas se realizarán en día domingo del mes de marzo, y sí hubiera elecciones nacionales, se realizarán simultáneamente.

 

Art. 92. - Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde el 19 de mayo al 30 de noviembre.

Pueden prorrogar por sí mismas sus sesiones por no más de treinta días y ser convocadas a sesiones extraordinarias por el Gobernador de la Provincia con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 879 respecto al primer caso.

 

Art. 93. - Empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente y por sí mismas, reunidos en Asamblea que presidirá el Presidente del Senado. Invitarán al Poder Ejecutivo en el primer caso para que concurra a dar cuenta de la situación general del Estado; y en el segundo recibirán el informe previsto en el inciso 20 del Artículo 1089. Ninguna de ellas, mientras se encuentren reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días sin consentimiento de la otra.

En caso de prórroga de las sesiones ordinarias o de convocatoria a sesiones extraordinarias no podrán ocuparse sino del objeto u objetos para el que se haya dispuesto la prórroga o la convocatoria.

 

Art. 94. - Cada Cámara es Juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez; en estos caso, como en aquellos en que procedan como cuerpo elector, no podrán reconsiderar sus resoluciones.

 

Art. 95. - Para funcionar necesitan mayoría absoluta. pero en número menor podrán reunirse al solo objeto de acordar las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

 

Art. 96. - Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir a cualesquiera de sus miembros; podrá también excluir de su seno a cualesquiera de éstos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por inasistencia notable, por indignidad o por inhabilidad física o moral, sobrevinientes a su incorporación, con el voto de los dos tercios de sus miembros; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad para decidir de las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

 

Art. 97. - Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar el estado del tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que les conciernen; y podrá pedir a los Ministros y Jefes de reparticiones de la administración todos los informes que crea convenientes.

En las comisiones permanentes, cuyo número y composición determinará el reglamento, estarán también representadas las minorías.  Sus miembros serán designados por cada Cámara a simple pluralidad de sufragios, pudiendo por el voto de los dos tercios facultar a la Presidencia para hacerlo, previa consulta a los sectores políticos integrantes del cuerpo. en ambos casos.

 

Art. 98. - Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o de declaraciones, sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

 

Art. 99. - Pueden asimismo hacer venir a su sala a los Ministros del Poder Ejecutivo para pedirles las explicaciones o informes verbales que estimen convenientes, citándolos por lo menos con un día de anticipación, salvo casos de urgente gravedad y comunicándoles al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de informar.

 

Art. 100. - La Legislatura sancionará su presupuesto acordando el número de empleados necesarios, su dotación y la forma en que deben proveerse.

Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo, salvo que el veto se fundara en la insuficiencia de recursos, en tal caso el presupuesto deberá ajustarse a las posibilidades del erario público.

 

Art. 101. - Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará un presidente y un Vicepresidente a excepción del Presidente del Senado.

 

Art. 102. - Tendrán autoridad para corregir con arresto que no pase de veinte días, a toda persona que no perteneciera al Cuerpo y que durante las sesiones faltare a éste o a sus miembros el respeto, u observara conducta desordenada o inconveniente y aun a los que fuera de sus sesiones, ofendieron o amenazaren a algún Senador o Diputado en su persona o bienes, por su proceder en la Cámara, a los que ataquen o arresten algún testigo citado ante ella, o liberen alguna persona arrestada por su orden; a los que, de cualquier manera impidan el cumplimiento de las disposiciones que dictasen. pudiendo, cuando a su juicio fuese el caso grave, requerir el enjuiciamiento del autor por los tribunales ordinarios.

La aplicación de estas sanciones o correcciones se ajustarán a los principios básicos del procedimiento legal. establecido por esta Constitución.

 

Art. 103. - Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, a menos que un grave interés declarado por ellas mismas, exigiese lo contrario.

 

Art. 104. - Los Senadores y Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos.

Ninguna autoridad podrá interrogarlos, procesarlos, ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

 

Art. 105. - Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in-fraganti en la ejecución de algún delito, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información del hecho.

 

Art. 106. - Cuando se deduzca acción penal ante la justicia ordinaria, contra cualquier Senador o Diputado, examinado el mérito del sumario, podrá cada Cámara con dos tercios de votos de los presentes, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del Juez competente para juzgamiento.

 

Art. 107. - Los Senadores y Diputados gozarán de una dieta que será asignada en el presupuesto respectivo con el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara, y que no podrá exceder del sueldo que por todo concepto perciban los Ministros del Poder Ejecutivo.

Mensualmente se deducirá la parte proporcional de las inasistencias, no pudiéndosele acordar otra remuneración, excepto cuando actúen en representación del Cuerpo al que pertenecen.

 

Art. 108. - Al aceptar el cargo, los Diputados y Senadores prestarán juramento de desempeñarlo fielmente, de acuerdo a sus creencias, o por la Patria.

 

Art. 109. - Cuando vacase alguna banca de Senador o Diputado, el Presidente del Cuerpo llamará de inmediato a desempeñar el cargo al legislador suplente.

 

Art. 110. - Corresponde al Poder Legislativo:

              Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. La Ley respectiva no podrá contener, bajo pena de nulidad, disposición ajena a la materia.

              Establecer impuestos y contribuciones para la formación del Tesoro Provincial.

              Aprobar o desechar la cuenta de inversión de la renta pública del año fenecido.

              Autorizar al Poder Ejecutivo para contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Provincia, por dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

              Disponer la enajenación de las tierras públicas, por dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

              Dictar la ley sobre la administración del crédito público.

              Calificar los casos de expropiación por utilidad pública.

              Sancionar la Ley General de Policía y el Régimen Penitenciario.

              Dictar leyes sobre obras públicas necesarias para el desarrollo integral y armónico de la Provincia, debiendo prever su financiamiento.

10º  10º    Crear y suprimir empleos para la administración de la Provincia, siempre que no sean establecidos por esta Constitución, determinando atribuciones y responsabilidades.

11º  11º    Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias o entes públicos ajenos a la Provincia, y los convenios que necesiten homologación legislativa.

12º  12º    Legislar sobre previsión, asistencia y seguridad social.

13º  13º    Aprobar la cesión de bienes de la Provincia con fines de bienestar social.

14º  14º    Autorizar la cesión de parte del Territorio de la Provincia con el voto afirmativo de las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara, para objeto de utilidad pública, nacional o provincial y con unanimidad de votos de los miembros de cada Cámara, cuando dicha cesión importe desmembramiento del territorio o abandono de jurisdicción.

15º  15º    Legislar sobre promoción y radicación industrial, colonización de tierras, inversiones nacionales o extranjeras, inmigración y reforma agraria.

16º  16º    Legislar sobre otorgamiento de subsidios o recompensas a los productores mineros, agropecuarios y artesanos, especialmente a los que trabajen con su familia, para que adquieran vivienda y bienes de producción propia.

17º  17º    Legislar sobre la investigación y generación tecnológica autóctonas en todos los niveles y ramas de la ciencia, priorizando aquéllas consideradas de interés para el desarrollo provincial, regional y nacional.

18º  18º    Establecer normas de control sobre investigaciones y/o transferencias tecnológicas que puedan resultar de riesgo para la comunidad, el equilibrio ecológico y el patrimonio cultural.

19º  19º    Legislar sobre la preservación y protección del patrimonio arqueológico, arquitectónico y documental de la Provincia.

20º  20º    Recibir en Asamblea el informe de la gestión realizada por los Senadores Nacionales en el Honorable Senado de la Nación el día treinta (30) de noviembre de cada año.

21º  21º    Dictar la Ley General de Cultura y Educación con arreglo a esta Constitución.

22º  22º    Elaborar normas protectoras del medio ambiente, sistema ecológico y patrimonio natural, asegurando la preservación del medio, manteniendo la interrelación de sus componentes naturales y regulando las acciones que promuevan la recuperación, conservación y creación de sus fuentes generadores.

23º  23º    Dictar la ley Orgánica de Municipalidades, conforme a los principios previstos en ésta Constitución.

24º  24º    Reunidas ambas Cámaras en Asamblea, toma juramento al gobernador y Vicegobernador y admite o rechaza sus renuncias.

25º  25º    Dicta normas que promueven los asentamientos poblacionales y el desarrollo socioeconómico sobre zonas del territorio Provincial que observen un deterioro manifiesto en su desarrollo relativo.

26º  26º    Dictar el Código de Derechos Políticos de la Provincia con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.

27º  27º    Conceder al titular del Poder Ejecutivo licencia para ausentarse de la provincia por más de quince (15) días en el año. En ningún caso la licencia podrá exceder de dos meses. Para negar la autorización deberán expresarse sus causas y contar con el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

28º  28º    Dictar la Ley Orgánica y los Códigos de Procedimiento para los Tribunales de la Provincia con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución.

29º  29º    Fijar las divisiones territoriales, las que llevarán la denominación de Departamentos.

30º  30º    Legislar sobre el aprovechamiento integral de la energía en todas sus partes.

31º  31º    Conceder amnistías generales por delitos electorales cometidos en la jurisdicción Provincial.

32º  32º    Legislar sobre todo principio, atribución o facultad que reafirma la autonomía de la Provincia, en el marco de las facultades no delegadas expresamente al Estado Nacional.

33º  33º    Legislar sobre aquellas materias necesarias para el mejor ejercicio de las atribuciones precedentes y para todo asunto que haga al bien común y al interés general del pueblo de la Provincia.

 

Art. 111. - No podrá contraerse empréstitos para cubrir los gastos ordinarios de la administración.

 

Art. 112. - La Ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la administración general de la Provincia.

 

Art. 113. - Si la Legislatura no dictara la ley de presupuesto, regirá el últimamente sancionado sea cual fuere el tiempo transcurrido.

 

 

CAPITULO V - Procedimiento para la formación de las leyes

 

Art. 114. - Las leyes pueden tener origen en cualesquiera de las Cámaras, con excepción de las señaladas en el Artículo 759 que compete Iniciar a la Cámara de Diputados por proyecto presentado por cualesquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial en las materias previstas en el articulado de esta Constitución,

Podrán también ser iniciadas por petición suscriptas por el uno por ciento de los electores inscriptos en el padrón mediante propuesta de Ley, formulada o no, presentados a la Legislatura.

 

Art. 115. - Aprobado el proyecto por mayoría de votos en la Cámara de origen, pasará para su revisión a la otra, y si ésta también lo aprobase en igual forma, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

 

Art. 116. - Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniciación, y si ésta aprueba las modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora, pero si concurriese dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la Cámara de origen, la que necesitará igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes para que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.

 

Art. 117. - Ningún proyecto de ley rechazado por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones del mismo año.

 

Art. 118. - El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de los diez días de haberlos recibido, pero podrá devolverlos durante dicho plazo: y si una vez transcurrido éste no ha hecho la promulgación ni los ha devuelto con sus objeciones, serán Ley de la Provincia y deberán publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto por el Presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción definitiva.

En cuanto a la ley general de presupuesto, si fuese observada por el Poder Ejecutivo, sólo será reconsiderada en la parte objetada quedando en vigencia lo demás de ella.

 

Art. 119. - Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de origen, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.

 

Art. 120. - Observando en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, volverá con sus objeciones a la Cámara de origen: ésta lo discutirá de nuevo y si lo confirmara por mayoría de dos tercios de votos, pasará otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionaran por igual mayoría, el proyecto será ley y se remitirá al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en estos casos nominales, por sí o por no: y tanto los nombres de los sufragantes como los fundamentos que hayan expuesto y las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente en la Prensa.

Si las Cámaras difirieran sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones del mismo año.

El Poder Ejecutivo podrá proponer también la o las normas sustitutivas de las observadas en cuyo caso, si las observaciones no pudieran ser rechazadas por no contar con la mayoría requerida para ello, podrán las Cámaras sancionar por simple mayoría las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.

 

Art. 121. - Si un proyecto de ley observado volviese a ser sancionado en el período legislativo subsiguiente, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.

 

Art. 122. - Todo proyecto sancionado por una de las Cámaras y pasado a la otra para su revisión, seguirá los trámites de un proyecto nuevo si la revisión no tuviese lugar en el período en que ha sido sancionado o en el subsiguiente.

 

Art. 123. - En las sanciones de las leyes se usarán las siguientes fórmulas: El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, sancionan con fuerza de ley, etc.

 

 

CAPITULO VI - De la Asamblea General

 

Art. 124. - Ambas Cámaras sólo se reunirán en Asamblea para el desempeño de las funciones siguientes:

              Para la apertura de las sesiones.

              Para recibir el juramento de Ley al Gobernador o Vicegobernador de la Provincia.

              Para tomar en consideración la renuncia de los mismos funcionarios.

              Para verificar la elección de Senadores al Congreso Nacional, o para tratar la renuncia de los electos.

              Para nombrar anualmente la persona que ha de ejercer el Poder Ejecutivo en el caso previsto en el artículo 137.

 

Art. 125. - La elección a que se refiere el inciso 49 del artículo anterior deberá realizarse a pluralidad de votos de los miembros presentes en sesión. Si resultase empate se procederá a una nueva elección y en caso de subsistir aquél, decidirá el presidente.

 

Art. 126. - De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.

 

Art. 127. - Las reuniones de la Asamblea General, serán presididos por el Vicegobernador, en su defecto por el Presidente Provisorio del Senado y a falta de éste por el Presidente de la Cámara de Diputados.

 

Art. 128. - No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

 

 

CAPITULO VII - De la apelación al pueblo. Formas de democracia semi-directa

 

Art. 129. - Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular con excepción del presupuesto y la materia impositiva. La ratificación, reforma o derogación de normas jurídicas, convenios o leyes provinciales pueden ser sometidas a referéndum del pueblo de la Provincia. Una Ley especial determinará la oportunidad, condiciones y efectos de los actos electorales previstos en el presente artículo, con arreglo a esta Constitución y el Código de los derechos políticos.

 

 

SECCION TERCERA

CAPITULO I - De la naturaleza y Duración del Poder Ejecutivo

 

Art. 130. - El Poder Ejecutivo de la Provincia será ejercido por un Gobernador o en su defecto por un Vicegobernador, elegidos directamente por el pueblo de la Provincia.

 

131. - Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:

              Ser ciudadano argentino, nativo o por opción.

              Profesar el culto Católico Apostólico Romano.

              Haber cumplido 30 años de edad.

              Ejercer profesión, arte, comercio, Industria o cualquier clase de actividad laboral en la Provincia.

              Residencia inmediata de cuatro años en la Provincia para los nativos de ella y de diez años, para los que no lo fueren.

Exceptúase el caso de que la ausencia haya sido motivada por servicios públicos de la Nación o de la Provincia.

No causará residencia el desempeño de un cargo público.

              No haber ejercido funciones de Gobernador, Interventor Federal, Ministro del Poder Ejecutivo o Juez de la Corte de Justicia en gobiernos de facto.

 

Art. 132. - El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesarán en ellas el mismo día en que expire su período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación un día más, ni tampoco que se les complete más tarde, sea cual fuere la causa que lo haya interrumpido y la fecha de la misma o el día en que asumieron los cargos.

 

Art. 133. - El Gobernador y Vicegobernador podrán ser reelectos.

 

Art. 134. - Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del Gobernador, el Poder ejecutivo será ejercido por el Vicegobernador, en los tres primeros casos, hasta la finalización del mandato, siempre que faltare menos de un año para concluirlo; caso contrario deberá convocar a elecciones de Gobernador para completar el período legal.

 

Art. 135. - Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del Vicegobernador en los casos en que éste deba reemplazar al Gobernador, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente Provisorio del Senado o en su defecto por el Presidente de la Cámara de Diputados. En los tres primeros casos, tan solo mientras se proceda a nueva elección de Gobernador para completar el periodo legal, salvo que el tiempo que falte para cumplir el mandato no exceda de un año. En los tres últimos supuestos hasta que cesen las causases previstas.

 

Art. 136. - En caso de que el Gobernador, Vicegobernador, Presidente Provisorio del Senado y Presidente de la Cámara de Diputados no pudieren desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo, corresponden éstas al presidente de la Corte de Justicia, con las limitaciones establecidas en el artículo anterior.

 

Art. 137. - Cuando proceda nueva elección de Gobernador, en los supuestos del Artículo 134, se convocará dentro de los treinta (30) días y en la forma que la Ley Electoral determine.

 

Art. 138. - La Legislatura nombrará anualmente la persona que habrá de desempeñar provisoriamente el cargo de Gobernador, en el caso de que el Gobernador titular, el Vicegobernador, el Presidente Provisorio del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, y el de la Corte de Justicia no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.

La designación no podrá recaer en ninguno de sus miembros.

 

Art. 139. - El titular del Poder Ejecutivo no podrá ausentarse de la provincia sin permiso de la legislatura, por más de quince (15) días.

 

Art. 140. - En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas oportunamente.

 

Art. 141. - El Gobernador o Vicegobernador gozan del sueldo que la ley determine. La remuneración que perciba el Gobernador constituirá el sueldo máximo en la provincia. Durante su mandato no podrá ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

 

Art. 142. - Al tomar posesión del cargo de Gobernador y Vicegobernador, prestarán juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes: Juro por Dios, la Patria, por el Pueblo de mi Provincia, sobre estos Santos Evangelios. observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador (o Vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios, la Patria y el Pueblo de mi Provincia me lo demanden.

 

 

CAPITULO II - De la elección de Gobernador y Vicegobernador

 

Art. 143. - El Gobernador y Vicegobernador serán directamente elegidos por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios.

 

Art. 144. - El Poder Ejecutivo convocará para esta elección conjuntamente con la renovación de las Cámaras Legislativas del año que corresponda, en el término que la ley determine, pudiendo observar lo dispuesto por el Artículo 233º inc. 7º de esta Constitución, para el caso que hubiere elecciones nacionales. En caso de que el Poder Ejecutivo no cumpliera con esta obligación, hará la convocatoria el Tribunal Electoral, el que deberá remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados a los fines del Articulo 161º de esta Constitución.

 

Art. 145. - El Tribunal Electoral, reunido en sesión pública en el recinto de la Legislatura desde el día inmediato siguiente a la elección, dará comienzo al estudio de la misma y al escrutinio definitivo de votos cuya operación deberá quedar terminada dentro de los diez días sucesivos, o dentro de igual término de la realización de las elecciones complementarias si las hubiere.

 

Art. 146. - Practicado el escrutinio general y el de las elecciones complementarias, en su caso, el Tribunal Electoral comunicará Inmediatamente el resultado a los ciudadanos electos, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, y dentro de los cinco días siguientes procederá a proclamar en acto público Gobernador y Vicegobernador a aquellos ciudadanos.

 

Art. 147. - Cuando en el escrutinio practicado por el Tribunal Electoral, dos o más candidatos obtuvieran igual número de votos para Gobernador o Vicegobernador, se procederá a una nueva elección.

 

Art. 148. - Si el ciudadano elegido Gobernador, antes de tomar posesión de su cargo, falleciera, renunciara o por cualquier impedimento, no pudiere ocupa procederá también a una nueva elección, a cuyo efecto el Tribunal Electoral lo comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo para que proceda, dentro de los diez días, a la convocatoria con treinta días de anticipación. Si en este caso llegase el día en que debe cesar el Gobernador saliente sin que se haya hecho la elección y proclamación del nuevo Gobernador, el Vicegobernador electo ocupará el cargo, hasta que el Gobernador sea elegido y proclamado.

 

 

CAPITULO III - De las alusiones del Gobernador

 

Art. 149. - El Gobernador es el Jefe del Estado Provincial y tiene las siguientes atribuciones y deberes:

              Representa al Estado y al pueblo de la Provincia en sus relaciones oficiales con el Gobierno de la Nación, con otras provincias argentinas, Organismos Internacionales y Estados del mundo.

              Hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la Nación, teniendo a su cargo la coordinación y complementación de la acción en la Provincia de los entes Nacionales que actúen en la misma, con los Organismos provinciales que realicen funciones similares.

              Aprobar, promulgar, publicar y hacer ejecutar las Leyes de la Provincia, facilitando su cumplimiento por medio de reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu. Ejercer el derecho de veto. Las Leyes deberán ser reglamentadas dentro del tiempo que las mismas determinen. Si la Ley no hubiere fijado término, deberá hacerlo dentro de los noventa días de promulgada. En ningún caso y bajo ningún pretexto, la falta de reglamentación de una Ley podrá privar a los habitantes de la Provincia del uso de los derechos que ella consagra, ni de la facultad de recurrir a la vía jurisdiccional en demanda de los mismos.

              Dar cuenta a la Asamblea Legislativa y al Pueblo de la Provincia de la situación general de los asuntos del Estado.

              Concurrir a la formación de las Leyes con arreglo a esta Constitución, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras y de tomar parte en discusión directamente o por medio de sus Ministros.

              Antes de expirar el período ordinario de sesiones, presentará el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año siguiente, acompañado del Plan de Recursos, y dará cuenta del uso y ejercicio del Presupuesto anterior.

              Prorrogar las sesiones ordinarias de la Legislatura por el término de treinta días y convocarla a sesiones extraordinarias cuando lo exija el interés público.

              Indultar y conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial o disminuirla por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia. No podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos electorales ni aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. No podrá conmutar o indultar más de una vez a la misma persona.

              Convocar a elecciones en las oportunidades previstas en esta Constitución o en las leyes que así lo determinen, convocatoria que no podrá diferir por motivo alguno.

10º  10º    Fijar la política salarial en el área de su competencia.

11º  11º    Hacer recaudar la renta de la Provincia, decretar su inversión con arreglo a las Leyes y dispone la publicidad del estado de la Tesorería.

12º  12º    Proponer a la Legislatura la creación o liquidación de entidades financieras o crediticias pertenecientes al Estado Provincial y determinar la forma de su asociación con otras entidades financieras o crediticias nacionales, provinciales, privadas o mixtas así como la proporción y condiciones de su participación en las mismas.

13º  13º    Presta el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia y a los presidentes de las Cámaras Legislativas, a las Municipalidades y demás autoridades siempre que lo soliciten conforme a la ley.

14º  14º    Celebra contratos con personas del derecho privado cuanto tengan por objeto satisfacer una utilidad pública, siempre con sujeción a las normas previstas en esta Constitución y a las Leyes previstas en la materia.

15º  15º    Celebra y firma tratados con la Nación, las Provincias, Municipios de otra Jurisdicción, entes de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, y entidades internacionales para fines de utilidad común, los que deberán contar con aprobación legislativo, y en los casos previstos en el Artículo 107º de la Constitución Nacional, con conocimiento del Congreso Federal.

16º  16º    Cede gratuitamente bienes de la Provincia con fines de bienestar social ad-referéndum del Poder Legislativo.

17º  17º    Nombrar y remover en la forma prevista por esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten, a todos los funcionarios y empleados de la Administración. Ninguna disposición contractual ni las leyes reglamentarias podrán enervar esta atribución.

18º  18º    Nombra con acuerdo del Senado, los Magistrados y Funcionarios que requieren este requisito, de acuerdo a la presente Constitución o las Leyes que en su consecuencia se dicten.

19º  19º    En el receso de las Cámaras provee toda vacante que requiera acuerdo, por medio de nombramientos en comisión, debiendo solicitar de inmediato el mismo. Si el Senado no lo considera dentro del primer mes de sesiones ordinarias, se tendrá por prestado. Si por cualquier evento este Cuerpo no pudiera reunirse dentro de este plazo, el mismo no correrá sino desde el día que lo hiciere.

20º  20º    Remite a la Legislatura la sentencia firme que condena a la Provincia a los fines del Artículo 41º 2do. apartado de esta Constitución.

21º  21º    Establece en jurisdicción provincial la utilización del espacio aéreo en materia de telerradiodifusión y comunicaciones en el marco de sus competencias.

22º  22º    Adopta las medidas necesarias para conservar el orden público conforme a esta Constitución y a las leyes vigentes.

23º  23º    Transfiere los resultados de la investigación científica y la generación tecnológica del Estado, con fines de bien común, a todos los sectores demandantes de la sociedad, poniéndose especial énfasis en los de menores recursos.

24º  24º    Ejercita en plenitud los derechos, principios y atribuciones que reafirmen la autonomía de la Provincia en el marco de las facultades no delegadas expresamente al Estado Nacional. Su inobservancia deberá ser rectificada por la Legislatura.

25º  25º    Organiza el régimen y funcionamiento de los servicios públicos.

 

Art. 150. - No podrá expedir Decretos sin la firma del Ministro respectivo o del que lo reemplace conforme lo determine la Ley Orgánica de Ministerios pudiendo, no obstante, en caso de acefalía o ausencia de los Ministros, autorizar al Subsecretario del Área para refrendar sus actos, quedando éste sujeto a las responsabilidades inherentes al cargo de Ministro.

 

Art. 151. - Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta Constitución, a quien ejerce el Poder Ejecutivo le está prohibido:

              Ejercer funciones judiciales, abrogarse el conocimiento de causas pendientes, o restablecer las fenecidas.

              Imponer contribuciones.

              Tomar parte directa o indirectamente en contratos con el Gobierno Nacional, Municipalidades o cualquier otra repartición pública.

              Dar a las rentas una inversión distinta de la que se le está señalada por ley.

              Disponer del territorio de la Provincia ni exigir servicios no autorizados por la ley.

              Acordar goce de sueldo o pensión sino por las causas que las leyes expresamente determinen.

 

 

CAPITULO IV - De los Derechos Económicos Sociales

CAPITULO IV - De los Ministros Secretarios

 

Art. 152. - El despacho de la gestión administrativa estará a cargo de tres o más Ministros. La Ley Orgánica de Ministerios determinará su número, deslindará su competencia y las funciones inherentes a cada uno de ellos; debiendo también contemplar el funcionamiento de las Secretarías y Subsecretarias de Estado.

 

Art. 153. - Para ser nombrado Ministro se requiere la edad de 25 años y demás condiciones que esta Constitución determina para ser elegido Diputado.

 

Art. 154. - Los Ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador y refrendarán con su firma, las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Podrán expedirse por si solos en todo lo referente al régimen administrativo de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

 

Art. 155. - Los Ministros son solidariamente responsables con el Gobernador en los actos que refrenden.

 

Art. 156. - Los Ministros gozarán de un sueldo que no podrá ser disminuido durante el ejercicio de sus funciones.

 

Art. 157. - En los treinta días posteriores a la apertura del período Legislativo, los Ministros presentarán a la Legislatura la memoria detallada del estado de la administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ella, reformas que aconsejen la experiencia y el estudio.

 

Art. 158. - Los Ministros al recibirse del cargo, prestarán juramento ante el Gobernador de desempeñarlo fielmente, y los demás funcionarios lo harán ante los Ministros del Área correspondiente.

 

Art. 159. - Los Ministros podrán concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.

 

 

CAPITULO V - Del asesoramiento al Poder Ejecutivo

 

Art. 160. - El Gobernador será asesorado:

              Por el fiscal de Estado respecto de la defensa del patrimonio de la Provincia en todo trámite en que se encuentren controvertidos intereses o derechos provinciales en sede judicial.

              Por el Asesor General de Gobierno, quien asistirá al Gobernador sobre toda cuestión jurídica o técnica que interese al Estado Provincial y en todo lo relativo a las funciones colegislativas del Gobernador.

              Por el Consejo Asesor representativo de las organizaciones intermedias. Tiene carácter consultivo. La designación de sus miembros, su organización y funcionamiento serán materia de una ley.

              Por el Consejo de Partidos Políticos que tiene carácter consultivo. Una ley determinará la forma de su constitución y funcionamiento y precisará sus fines.

El Poder Ejecutivo a través de los distintos organismos y entidades autárquicas que de él dependen es asesorado, en su tarea de planificación, actuaciones administrativas y proyectos de ley, por Consejos representativos de aquellas entidades de nivel provincial o regional cuyas actividades sean correlativas del respectivo organismo estatal. Una ley reglamentará la integración, la forma de designar á los miembros y el funcionamiento de tales Consejos Asesores.

 

 

CAPITULO VI - De la responsabilidad del Gobernador y sus Ministros

 

Art. 161. - El Gobernador y los Ministros son responsables y pueden ser denunciados por cualquier habitante de la Provincia ante la Cámara de Diputados, por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo o por delitos comunes.

 

 

CAPITULO VII - Del Fiscal de Estado

 

Art. 162. - El Gobernador, con acuerdo del Senado, designará un Fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio de la Provincia, que será parte legítima en todos los juicios en que se comprometan intereses o derechos provinciales.  Deberá recurrir de toda ley, reglamento, decreto, contrato o resolución contrarias a esta Constitución o a los intereses patrimoniales y derechos de la Provincia, y será parte en todos los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas.

Es el superior jerárquico de todos los abogados de la Administración Pública Provincial que tengan a su cargo la defensa del Estado en cualquier instancia judicial.

 

Art. 163. - Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Ministro de la Corte de Justicia.

 

 

CAPITULO VIII - Del régimen administrativo y rentístico

 

Art. 164. - La administración pública provincial se organizará de acuerdo al sistema del mérito, a los métodos de la racionalización administrativa y a la mecanización, en cuanto fuera posible.

 

Art. 165. - El Código de Procedimientos Administrativos determinará la simplificación de los trámites internos de la administración provincial, sus términos y los recursos contra las decisiones de la misma, no pudiendo demorar la. resolución de las reclamaciones, más de noventa días corridos, contados desde su iniciación, la responsabilidad de los funcionarios y empleados, así como las obligaciones de cada uno de ellos durante la tramitación y la resolución de los asuntos administrativos.

 

Art. 166. - Todos los empleados públicos para los cuales esta Constitución no establezca la elección o una forma especial de designación, serán cubiertos por concursos de antecedentes y oposiciones, organizados por ley y con las excepciones que ésta establezca, de tal modo que aseguren la idoneidad de los agentes. La misma ley establecerá el escalafón y la carrera administrativa, de acuerdo al sistema del mérito. Todos los habitantes de la provincia son admisibles a los cargos públicos sin otra condición que Idoneidad en los casos que esta Constitución no requiera calidades especiales.

 

Art. 167. - Todos los funcionarios públicos, inclusive cada uno de los miembros de los tres Poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la Provincia, antes de tomar posesión del cargo y al dejar el mismo deberán hacer una declaración jurada de los bienes propios y de los de sus padres, hijos y cónyuges, que se inscribirán en un registro especial que será público, a fin de que, en cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, cualquier habitante pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del enriquecimiento del Gobernador o agente administrativo.

El Tribunal podrá decretar preventivamente el embargo de los bienes o valores señalados como Legítimamente adquiridos, por influencia o por abuso de sus funciones, y si ello fuera comprobado, la pérdida de los mismos, en provecho del fisco, y además la inhabilitación para ocupar cargos a sueldos de la Provincia. Quedan equiparados a los funcionarios públicos los directores y empleados de entidades autárquicas o sociales de economía mixta o entes para estatales, empresas o entidades públicas que administre bienes o servicios públicos.

 

Art. 168. - Ningún funcionario o empleado de la Provincia podrá ocupar otra función o empleo en la administración provincial, nacional o municipal con excepción de la docencia o de las comisiones eventuales y siempre que no exista, respecto a éstos, incompatibilidad en razón de la naturaleza de las mismas o superposición de horarios.

No podrán ocupar cargos en la administración provincia] los jubilados y pensionados de cualquier caja con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieron otros postulantes.

Los funcionarios y empleados de la Provincia no podrán ser contratados por ésta para otros cargos, funciones o actividades.

 

Art. 169. - Los funcionarios de los tres Poderes y los Jefes de Reparticiones serán personalmente responsables de la permanencia en los cargos de los agentes de la Administración que estuvieron desempeñando empleos en violación a lo dispuesto en el artículo precedente, cuando tuvieran o debieran tener conocimiento del caso. La Contaduría de la Provincia o el Tribunal de Cuentas formulará los cargos correspondientes al funcionario empleado que ocultare la acumulación de empleos.

 

Art. 170. - Ningún empleado público puede delegar sus funciones en otra persona, permanente ni transitoriamente, salvo los casos previstos por esta Constitución o la Ley.

 

Art. 171. - El Gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro provincial, formado por el producto de la venta y locación de propiedades fiscales, las regalías mineras, la venta de los productos de las industrias explotadas por la misma, los impuestos que se establezcan en forma permanente, aunque susceptible de ser actualizados anualmente, y de los empréstitos y operaciones de crédito autorizados por la Legislatura, para empresas de utilidad pública y bienestar social.

Ingresarán también al mismo los fondos provenientes de las coparticipaciones que correspondan a la Provincia en los Impuestos recaudados por la Nación dentro del territorio de aquélla en virtud de convenios celebrados con ésta.

 

Art. 172. - Ningún impuesto establecido o aumentado para la construcción de determinadas obras públicas, podrá ser aplicado, interina o definitivamente, sino a los objetos determinados en la Ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

 

Art. 173. - Toda ley que autorice la emisión de títulos o la contratación de empréstitos sobre el crédito de la Provincia, necesita la sanción de dos tercios de los votos de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras, la autorización deberá especificar los recursos especiales con que ha de hacerse el servicio de la deuda y su amortización, los que, en ningún caso, podrán exceder de un veinte por ciento de las Rentas efectivas de la Provincia en el quinquenio anterior.

Los títulos públicos que se emitan o el numerario que se obtenga por medio de empréstitos no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados por la ley de su autorización.

 

Art. 174. - Toda enajenación de bienes de la Provincia, compras, suministros y demás contratos realizados por la misma, se harán mediante subasta o licitación pública bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los funcionarios que autoricen, ejecuten, o consientan la transgresión de estas normas. Quedan exceptuados los casos que expresamente provea la ley de la materia.

 

Art. 175. - El régimen impositivo provincias se ajustará a los principios de igualdad, proporcionalidad y justicia social. No se establecerá ningún Impuesto sobre el producido del trabajo personal realizado bajo dependencia.  La vivienda económica ocupada por su propietario no podrá gravarse bajo ninguna forma, así como la tierra explotada personalmente por el dueño y su familia, con las excepciones que la ley establezca.  Estarán exentas de impuestos, las construcciones destinadas a viviendas económicas o de ventas a largo plazo.

 

Art. 176. - El Banco de Catamarca o cualquier Banco que se estableciera, oficial o en el que la Provincia tuviere acciones, fomentará especialmente la explotación agrícola - ganadera y minera de la Provincia, las industrias y la vivienda.

 

Art. 177. - Cada cinco años, a menos que una ley considere necesario hacerlo antes, se procederá a la revaluación de la propiedad inmobiliaria con fines impositivos.

 

Art. 178. - Cuando los servicios públicos provinciales fueran prestados por medio de concesiones, el contrato respectivo deberá contener bajo pena de nulidad absoluta, sendas cláusulas sobre 1º) La forma cómo se establecerán las tarifas. 2º) La participación de los usuarios en su fijación. 3º) La obligación de incorporar los progresos técnicos a la explotación de servicio a medida que se produzcan. 4º) El control permanente de la autoridad y de los usuarios sobre la forma cómo se presta el servicio y 5º) La participación del personal en el producido de la explotación.

 

Art. 179. - Los consumidores y los usuarios estarán representados respectivamente, en las Comisiones o Juntas de Abastecimiento que se organizarán de acuerdo a la ley para la fijación de los precios de artículos de primera necesidad y de las tasas o tarifas a los servicios públicos, que se organizarán de acuerdo a la ley con esos fines.

 

Art. 180. - La Ley organiza y garantiza el régimen de previsión social, el que deberá ajustarse a las siguientes pautas:

              Jubilación Ordinaria, con un haber igual al 82 % móvil de las remuneraciones de los cargos desempeñados en actividad.

              Jubilaciones por incapacidad sobreviniente, por disfuncionalidad, por edad avanzada, retiro voluntario, retiros policiales y pensiones.

              Las Prestaciones serán móviles y estrictamente proporcionales al tiempo trabajado y a los aportes realizados.

              Se asegura también la Jubilación para el Ama de Casa, promoviendo la inclusión de todas las mujeres que habiten el territorio Provincial y se desempeñen como tales.

              Administración autárquico del Organismo.

              Obligación de los Poderes Públicos bajo la responsabilidad personal del funcionario que omitiere hacerlo de efectuar los aportes correspondientes a la Provincia, antes de verificar el pago de los agentes en actividad o simultáneamente con el mismo.

              Prohibición absoluta de emplear los fondos del Organismo de previsión con destino no productivo, con excepción de los que se afecten a la asistencia y seguridad social de los afiliados.

              Intangibilidad e invariabilidad del destino de los fondos.

              Establécese con carácter obligatorio la enseñanza de la previsión social en todos los establecimientos educacionales de la Provincia.

 

Art. 181. - Cuando las condiciones sociales y económicas de la Provincia lo permitan, la Legislatura reemplazará el régimen de asistencia y previsión social para agentes administrativos y demás habitantes de la Provincia, por el sistema de los seguros sociales, no pudiendo reducir los beneficios que las leyes vigentes acuerdan a los actuales afiliados y beneficiarios del organismo de previsión de la Provincia.

 

Art. 182. - Las disposiciones o normas establecidas en esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se sancionaran, no podrán ser enervadas por la aplicación de otras leyes, o convenios colectivos de trabajo, aplicables a los empleados u obreros particulares con excepción de las que interesen a trabajadores de reparticiones autárquicas provinciales organizadas como empresas cuyos presupuestos integren el provincial.

 

Art. 183. - Los actos administrativos que realicen en la Provincia los Interventores Federales serán válidos solamente y en cuanto se ajusten a los preceptos de esta Constitución y a las leyes que en su consecuencia se sancionen o en, virtud de disposiciones distintas, fundadas en la Constitución Nacional y a las leyes provinciales.

Los nombramientos que ellos hicieren serán considerados en comisión o provisorios, y caducarán al terminar sus funciones.

Si los nombrados hubieran reemplazado a funcionarios o magistrados, inamovibles, éstos deberán ser reintegrados a sus funciones, si terminada la misión federal, no se promoviera su separación legal, dentro del plazo de treinta días, o en caso de iniciarse el pertinente procedimiento no se produjera aquella dentro de los noventa días subsiguientes.

 

Art. 184. - Los decretos dictados por el Gobernador en el receso legislativo y los decretos leyes, dictados por los Interventores Federales cuando no exista este último poder, conservarán su vigencia si no fueron derogados, total o parcialmente, por la Legislatura en el primer período ordinario subsiguiente.

 

Art. 185. - En ningún tiempo ni por ningún motivo, la Provincia reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del poder público, de acuerdo con las leyes respectivas, bajo pena de nulidad y de quedar responsable el funcionario que los reconociese o abonare.

 

 

CAPITULO IX - De la Contaduría, Tesorería y Tribunal de Cuentas de la Provincia

 

Art. 186. - El Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado designará un Contador General y un Tesorero de la Provincia. que serán los jefes y encargados de las respectivas reparticiones. Para desempeñar el primer cargo se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco años de edad y el título de Contador Público Nacional. Para el segundo las mismas condiciones de nacionalidad y edad y ser perito mercantil con diez años de servicios prestados en la administración.

 

Art. 187. - La Contaduría intervendrá previamente las órdenes de pago de las que autoricen gastos, sin cuyo visto bueno podrán cumplirse, salvo en lo que se refiere a los últimos, cuando hubiere insistencia por acuerdo de Ministros. La Contaduría, en caso de mantener sus observaciones, cumplirá con lo ordenado, dará inmediatamente a publicidad su resolución en el Boletín Oficial y dentro de los quince días subsiguientes, pondrá todos los antecedentes en el Tribunal de Cuentas, para que resuelvan en definitiva. La Contaduría no prestará su conformidad a pago alguno que no esté autorizado por la Ley General de Presupuesto o por Leyes Especiales que sancionen gastos.

 

Art. 188. - La Tesorería no podrá efectuar pagos que no estén autorizados por la Contaduría.

 

Art. 189. - El Tribunal de Cuentas cuyas funciones y deberes reglamentará la ley, tendrá a su cargo:

a)      a)        Fiscalizar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios y administradores de la Provincia.

b)      b)        Fiscalizar y vigilar todas las operaciones y cuentas de las haciendas para estatales, entendiéndose por tales aquellas entidades de derecho privado en cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado o a las cuales éste hubiera asistido garantizando materialmente sus solvencias o utilidad o les haya acordado concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento.

c)      c)        Examen y juicio de cuenta de los responsables.

d)      d)        La declaración de responsabilidad y formulación de cargos cuando corresponda.

e)      e)        Fiscalizar y controlar la percepción e inversión de los caudales públicos de las municipalidades y comisiones municipales.

f)        f)          Presentar directamente a la Legislatura la memoria de su gestión antes del treinta y uno de mayo de cada año.

Las acciones que dieren lugar los fallos del Tribunal de Cuentas serán deducidas por su presidente sin perjuicio de la atribución conferida al Poder Legislativo en el inciso 3º del artículo 110.

 

Art. 190. - EI Tribunal de Cuentas estará integrado por un presidente que deberá tener título de abogado con cuatro años de ejercicio en la profesión, y dos vocales con título de Contador Público y cuatro años de ejercicio profesional.  Serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta.

 

Art. 191. - Los miembros del Tribunal de Cuentas son enjuiciables en la misma forma y en los mismos casos que los jueces.

 

Art. 192. - La Ley Orgánica del Tribunal de cuentas garantizará:

a)      a)        La inalterabilidad de los sueldos de sus miembros.

b)      b)        La facultad de proyectar su propio presupuesto y la de remover y nombrar su personal.

 

Art. 193. - Los miembros del Poder Ejecutivo, magistrados y demás funcionarios públicos, prestarán ante el Tribunal de Cuentas la manifestación jurada de bienes a que se refiere el artículo 167.

 

Art. 194. - Todo funcionario que maneje bienes del patrimonio público o puede disponer de ellos, deberá por lo menos, semestralmente presentar rendición ante el Tribunal de Cuentas.

 

 

SECCION CUARTA

CAPITULO I - De la naturaleza y duración del Poder Judicial

 

Art. 195. - El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por una Corte de Justicia integrada por tres o más miembros y por los demás Tribunales y Juzgados inferiores que la Ley establezca, fijándole su jurisdicción y competencia. Los Magistrados e integrantes del Ministerio Público son inamovibles mientras dure su buena conducta, observen una atención regular de su despacho, no incurran en negligencia grave o desconocimiento inexcusable de derecho y hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años.

 

Art. 196. - La inamovilidad comprende el derecho de permanecer en la categoría y en el lugar para los cuales se prestó el correspondiente acuerdo, y de los que los jueces no podrán ser removidos, ascendidos o trasladados, sino por el debido procedimiento legal.

 

Art. 197. - Los miembros del Poder Judicial, recibirán por sus servicios una compensación que determinará la Ley, y no podrá ser disminuida mientras permanecieren en funciones sino por disposiciones legales de carácter general y transitorio, extensivas a todos los Poderes.

 

Art. 198. - Los sueldos de los Ministros de la Corte no podrán ser nunca inferiores a la retribución que, por cualquier concepto o denominación que se les dé, perciban los ministros del Poder Ejecutivo, ni entre los mismos y los demás magistrados inferiores y entre éstos y los jueces la diferencia de remuneración no podrá ser superior al diez por ciento.

 

Art. 199. - La Ley Orgánica podrá establecer la especialización por fueros de los tribunales de alzada, y especialmente, del tribunal que entienda en las causas contencioso - administrativo.

 

Art. 200. - El Ministerio Público, presidido por el Procurador General de la Corte e integrados por los Agentes Fiscales y Defensores, constituirá un cuerpo autónomo, que formará parte del Poder Judicial y gozará de sus garantías de independencia. Serán nombrados por el gobernador, con acuerdo del Senado y previa audiencia del Colegio de Abogados y de la Corte de Justicia, del mismo modo que los demás miembros del poder Judicial.

 

Art. 201. - Los miembros de la Corte de Justicia prestarán juramento por Dios y por la Patria o por la Patria, ante el Presidente del mismo Tribunal, de desempeñar fermente el cargo. Este, los demás jueces y los funcionarios del Ministerio Público lo harán ante la Corte de Justicia.

 

Art. 202. - Ningún miembro del Poder Judicial podrá Intervenir en política, frecuentar casas de juego o de dudosa moralidad, firmar programa, exposiciones, proclamas, protestas u otros documentos de carácter partidario, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad y dignidad de su cargo.

 

 

CAPITULO Il - Atribuciones del Poder Judicial

 

Art. 203. - Corresponde a la Corte de Justicia y demás Tribunales o Juzgados inferiores, el conocimiento y decisión:

              De todas las causas civiles, comerciales laborales, criminales y de manera según que las cosas y las personas caigan bajo la jurisdicción Provincial;

              De las causas acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución.

 

Art. 204. - La Corte de Justicia ejercerá su jurisdicción por apelación y demás recursos, según las reglas y excepciones que prescriba la Legislatura; pero decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso - administrativo, previa denegación expresa o tácita de la autoridad administrativa competente, del reconocimiento de los derechos e intereses legítimos que se gestionan por parte Interesada: originaria y exclusivamente en las siguientes:

              En las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los Jueces provinciales con motivo de su Jurisdicción respectiva.

              En las que se susciten, entre el Poder Ejecutivo y una Municipalidad, entre dos Municipalidad o entre los Poderes de una misma Municipalidad.

              En las recusaciones de sus vocales y en la de los miembros de los demás Tribunales Inferiores; en las causas de responsabilidad civil contra los Jueces de paz al solo objeto de su destitución.

              En los recursos de casación y de inaplicabilidad de la ley, en los casos que Legislatura establezca.

              En los casos previstos en el art. 167.

              En los recursos de Hábeas Corpus contra mandamientos expedidos por los poderes Ejecutivo o Legislativo.

              De los recursos de queja por denegación o retardada justicia de los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales Superiores.

 

Art. 205. - En los casos de jurisdicción privativa, enunciados en el artículo precedente, tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus providencias y sentencias.

 

Art. 206. - La Corte de Justicia tiene además las siguientes atribuciones y de deberes:

              Representar al Poder Judicial ante los demás Poderes del Estado.

              Nombrar el personal de Con-Jueces llamados a integrar Tribunal en el casó que la ley determina.

              Nombrar y remover los empleados subalternos de la Administración de Justicia a propuesta de los jueces o funcionarios respectivos.

              Dictar el reglamento Interno del Poder Judicial de la Provincia que debe atender a los principios de celeridad, eficiencia y descentralización.

              Elevar anualmente el cálculo de recursos, gastos e inversiones del Poder Judicial al Gobernador para su consideración por la Legislatura dentro del presupuesto General de la provincia, no pudiendo el primero ser modificado sin su efectiva participación.

              Proponer a la Legislatura la creación de empleos y la dotación que considere necesario para el buen desempeño de la Administración de Justicia.

              Informar anualmente al Poder Legislativo sobre la actividad de los Tribunales.

              Instituir las escuelas o Institutos de capacitación del Personal Judicial.

              Proponer a la Legislatura, en cualquier tiempo y en forma de proyecto la reforma de organización y procedimiento que sean compatibles con lo establecido esta Constitución.

Idéntico trámite dará a las iniciativas presentadas por la Asociación de Magistrados Funcionarios y por el Colegio de Abogados.

10º  10º    Ejercer las superintendencias de la Administración de Justicia sin perjuicio de la Intervención del Ministerio Público y de la delegación que establezca respecto de los Tribunales de mayor jerarquía de cada circunscripción o región Judicial.

11º  11º    Aplicar sanciones disciplinarias a magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales, de conformidad al régimen y procedimiento que se fije.

12º  12º    Promover el enjuiciamiento de sus miembros, y demás Magistrados y Funcionarios inferiores por causa de remoción, sin perjuicio de la acción pública.

13º  13º    Instituir la policía judicial y ejercer sobre ella la superintendencia, nombrando al personal de la misma, a propuesta de los Tribunales del fuero.

14º  14º    Remover a los Jueces de Paz.

15º  15º    Supervisar con los demás Jueces las Cárceles provinciales. La Corte de Justicia podrá delegar en un Presidente las atribuciones previstas en el lnc. 10 de este articulo.

 

Art. 207. - Los Jueces y demás Tribunales, cualquiera sea su jerarquía, resolverán siempre de acuerdo a la ley, y aplicarán la Constitución como ley suprema de la Provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución Nacional sobre la prelación de las leyes.

Las leyes procesales establecerán los recursos pertinentes para asegurar la unidad de interpretación y la igualdad de todos los habitantes ante los Tribunales.

 

Art. 208. - Toda resolución judicial debe ser motivada. Contra las que no lo sean procederán los recursos de nulidad y de inconstitucionalidad y las costas serán impuestas a quienes las suscriban.