El Poder Ejecutivo ha enviado al Poder Legislativo, el proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial, que tuvo su ingreso en la H. Cámara de Diputados el 8 de julio de 1999 bajo el Nº 54-P.E.-99 (T.P. Nº 95/99).

El mismo, ha sido formulado por la Comisión Honoraria integrada por notables Juristas designados por el Poder Ejecutivo: los doctores Hector Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, María Josefa Mendez Costa, Julio César Rivera y Horacio Roitman.

Antecedentes:

En los largos años de vigencia del actual Código Civil, obra del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, desde el 1º de enero de 1871, varios han sido los intentos de reforma total, entre los que se puede mencionar el Decreto 12.542 del 2 de julio de 1926 del Presidente Alvear designando una Comisión de Juristas presidida por el Dr. Repetto e integrada por Rivarola, Lafaille, Martínez Paz, Tobal, Rey y Juan Antonio Bibiloni, quien formuló el anteproyecto en 1929, que fue considerado y reformulado por la comisión que lo entrega al Poder Ejecutivo en 1936; y el de 1954 formulado por Joaquín Llambías.

Es evidente que el motivo que impulsaba esas iniciativas era, a pesar de su valor incuestionable, la desactualización de muchos de sus preceptos causados por el paso del tiempo.

Muchas leyes parciales fueron agregando y modificado el cuerpo original como modo de dar respuestas específicas a las nuevas demandas, en particular en las últimas decadas.

La más importante de ellas, por su volumen, fue la reforma efectuada por el Dr. Guillermo Borda y sus colaboradores - siendo Ministro del Interior de la dictadura militar de Onganía - que tuvo vigencia a partir del 1º de julio de 1968.

Pero, es a partir de 1986 que comienza en el ámbito legislativo la tendencia para unificar la legislación civil y comercial - inicialmente las obligaciones - que había sido ya analizada en el ámbito nacional y extranjero y en la legislación de algunos paises como Suiza e Italia.

El Código de Comercio que rige desde octubre de 1862 - fue elaborado por Eduardo Acevedo y también en este caso por Dalmacio Vélez Sarsfield - y con el correr del tiempo ha tenido una creciente inaplicabilidad.

Es así que el Diputado Osvaldo Camisar, acompañado por el Diputado Carlos Espina en junio de 1986, presenta un proyecto de resolución en donde se propone la creación de una comisión especial encargada de proyectar la unificación de la legislación civil y comercial en materia de obligaciones y contratos y dice en sus fundamentos que la propuesta de unificación ha sido recomendada en el Congreso de Derecho Civil de Córdoba de 1961, en el de Derecho Comercial de Rosario de 1969 y en muchos otros eventos científicos - jurídicos. Cabe destacar tambien el proyecto de ley de esa misma fecha del Diputado Alberto Natale, que proponía tambien un Código Unico de Obligaciones y Contratos.

Finalmente, la Cámara de Diputados el 30 de julio de 1986 aprueba una resolución por la cual crea una comisión especial encargada de proyectar la unificación de la legilación civil y comercial. Dicha comisión, asesorada por los doctores Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, Miguel Araya, Francisco de la Vega, Horacio Fargosi, Sergio Le Pera y Ana Isabel Piaggi, formula un dictamen un año despues por el cual propone una reforma integral al Código Civil incorporando normas del Código de Comercio y Derogando éste último.

Ese dictamen tuvo aprobación de la Cámara de Diputados el 28 de julio de 1987 y fue aprobado en la Cámara de Senadores cuatro años despues, el 27 de noviembre de 1991, dando lugar a la Ley 24.032 que lamentablemente fue vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1991.

Sin embargo, a pesar del veto que volvía todo a cero y desatendía tanto trabajo efectuado en el parlamento, la necesidad de modernización era cada vez más necesaria, motivo por el cual distintos legisladores, presentan proyectos para retomar la tarea. Es así, que el Diputado Rodolfo Parente y otros presentan un nuevo proyecto de resolución a los efectos de crear una comisión bicameral para el estudio de la unificación; el diputado Many con idéntico objetivo propone una comisión pero solo en el ámbito de la Cámara de Diputados, tambien el Diputado Aguado en este caso para unificar los contratos civiles y comerciales y por último el Diputado César Arias propone crear una comisión especial y asesora dependiente de la Comisión de Legislación General para arribar a un dictamen sobre unificación.

Finalmente la Cámara de Diputados en agosto de 1992 resuelve crear en el seno de la Comisión de Legislación General una subcomisión asesora encargada de proyectar las reformas y la unificación civil y comercial. El anteproyecto fue elaborado por una comisión de juristas a la que se dio en llamar "Comisión Federal", formada por los doctores Hector Alegría, Jorge Alterini, Miguel Araya, María Artieda de Duré, Alberto Azpeitía, Enrique Banchio, Alberto Bueres, el diputado mandato cumplido Osvaldo Camisar, Marcos Córdoba, Rafaél Manóvil, Luis Moisset de Espanés, Jorge Mosset Iturraspe, Juan Carlos Palmero, Ana Isabel Piaggi, Efraín Richard, Néstor Solari, Felix Trigo Represas y Ernesto Wayar.

La Comisión de Legislación General emite un dictamen impreso el 28 de julio de 1993 al que la Cámara de Diputados da Sanción en noviembre de 1993 y que el Senado nunca trató.

También el Poder Ejecutivo envió un proyecto en agosto de 1993 cuyos autores fueron los doctores Augusto César Belluscio, Salvador Daría Bergel, Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le Pera, Julio César Rivera, Federico N. Videla Escalada y Eduardo Antonio Zannoni, que ingreso al Senado y tampoco fue tratado.

 

Propuesta para el estudio del proyecto:

 

Entre los aspectos positivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que tenemos a consideración, se pueden destacar la preocupación por actualizar el tema; haber recurrido a juristas que habian trabajadop en proyectos anteriores y receptado buena parte de las conclusiones de los proyectos anteriores.

Asimismo, la metodología con una parte general, partes generales para cada institución combinando con normas particularizadas se inscribe coherentemente con nuestros antecedentes de reforma.

Sin embargo, muchas de sus disposiciones difieren parcialmente con leyes sancionadas recientemente por nuestro parlamento. Tampoco recepta muchas iniciativas propugnadas por legisladores que quedaron pendientes de tratamiento a la espera de la oportunidad del debate sobre una reforma integral.

Asimismo, no contiene consultas a las Asociaciones de Magistrados, Colegios Profesionales (abogados, escribanos, contadores, martilleros, etc.), Universidad Notarial, Facultades de Derecho y Academias de Derecho.

En verdad, es una positiva iniciativa del Poder Ejecutivo y un trabajo excelente de un notable grupo de juristas, pero claramente no es la opinión de toda la comunidad jurídica donde se formula, se ejerce, se practica y se enseña cotidianamente.

Es un inmejorable punto de partida.

Una iniciativa que debe ser recibida con las mejores disposiciones. Pero solo un punto de partida que tenemos el deber de mejorar por medio de la consulta, el estudio y el tratamiento colectivo.

La intervención de todos los sectores a través de sus trabajos y la coordinación y armonización del parlamento mejorará necesariamente la formulación legal pero además logrará un imprescindible concenso.

No es imaginable una reforma tan vasta e importante sin acuerdos y concesons generalizados.

Esta elaboración sin duda no alcanzará unanimidad, ni deberá tener la pretensión de acallar las naturales discrepancias, pero deberá sostenerse en una generalizada aceptación.

El acierto del método es imprescindible para jerarquizar el trabajo con sentido constructivo.

Por otra parte si se repara en los antecedentes inmediatos se advierte que la incomprensión o la falta de comunicación a la carencia de trabajo en común dentro del parlamento y con respecto al Poder Ejecutivo han frustrado las anteriores iniciativas; en un caso por el veto total del Poder Ejecutivo, en otro porque una de las Cámaras no volvió a sancionar la media sanción de Diputados tal vez por no haber participado originalmente en la elaboración del trabajo.

Penosamente debemos reconocer que la última reforma importante proviene de una dictadura, en cambio las instituciones republicanas no han logrado un método de trabajo que les permita coincidir para alcanzar la sanción legislativa.

Estos duros antecedentes y la creciente necesidad de modernización constituyen en fin un verdadero desafío.

Por este motivo los diputados José Gabriel Dumon, Miguel Angel Alterach, Ernesto Loffler, Gustavo Cardesa, Alfredo Villalba, Oscar Sat, Juan Pablo Cafiero, María Graciela Pereyra de Montenegro, Carlos Caballero Martín, Orlando Aguirre, Javier Mouriño, Pedro Duffou, Arnaldo Estrada y Horacio Pernasetti, ,, miembros de la Comisión de Legislación General propusieron a la Honorable Cámara una resolución que fue votada por unanimidad por el cuerpo el 4 de agosto de 1999, en la que se autoriza a designar una comisión integrada con diputados de las distintas expresiones políticas para lograr un dictamen en el plazo de 180 días. Se faculta además a crear subcomisiones por los temas específicos, por títulos y capítulos que contendrá el futuro código. Por la misma resolución se invita al Honorable Senado a designar representantes para integrar esa comisión.

Los autores del proyecto de resolución desechamos la idea de formar una comisión bicameral en virtud de que el proyecto ya tenía entrada en una de las Cámaras, pero, a los efectos de no repetir los errores anteriores, nos pareció imprescindible invitar al Senado a integrar esa Comisión.

Si bien ella estará compuesta por ocho diputados, se pretende que formen subcomisiones con otros disputados pertenecientes a comisiones que tienen competencia específica sobre los temas a tratar.

Esta Comisión deberá ponerse en contacto con las facultades, academias, colegios de profesionales y magistrados y en algunos temas, en los que hay intensos debates sociales, deberá convocar audiencias públicas como uno de los medios para receptar el pensamiento mayoritario de la sociedad.

Nos hemos dado un plazo de 180 días, que nos impone el deber de concluir la labor en ese término, pero si la conclusión no se logra en ese lapso la Comisión de Legislación General deberá rendir cuenta de los avances logrados a la Cámara y pedir prórroga hasta lograr un dictamen válido para ambas Cámaras que no deberá eliminar el debate pero que sí estará excento del riesgo de la reforma apresurada e inconsulta.

En rigor el logro de un moderno Código Civil es una prueba difícil pero ineludible puesta al funcionamiento de nuestras instituciones.

 

José Gabriel Dumon

Diputado Nacional