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Aportes por Dr. Alfredo Salibián*
La Autonomía y la Autarquía de las Universidad Nacionales deben ser intocables.
De la misma forma, el Financiamiento debe ser provisto por el Estado y los Organismos específicos que auxilian a las UU NN en el logro de sus finalidades, objetivos y programas.
No obstante, se deben diseñar estrategias que aseguren la formación “homogénea” de los profesionales de grupos de carreras “críticas”, las que hacen a la seguridad de las personas (por ejemplo: medicina, ingeniería agronómica). Para ello se requiere de Organismos planificadores específicos con la misión de articular esas carreras radicadas en las diferentes Instituciones del sistema nacional (y auditar permanentemente las del sector privado).
Eliminar los mecanismos centralizadores vigentes (por ej., Programa de Incentivos) que interfieren y deforman el funcionamiento de las UU NN con estímulos económicos “en negro” (con lo cual el Estado actúa en este aspecto de manera ilegal) y “estimulando” actividades sin suficiente arraigo intelectual y/o institucional.. La solución a esta observación demandará una re-estructuración de los presupuestos universitarios, por una revisión de los criterios que determinan los mismos (que no pueden limitarse o preferenciar a las dimensiones de la matrícula).
Por haber impactado de manera adversa sobre el nivel universitario (debido a la fragmentación-descentralización intencional que la afectó), es necesario promover la restauración en el nivel preuniversitario (polimodal) de las características que se le reconocían en el pasado, especialmente en lo referente a la formación uniforme de sus alumnos, esto último sin ataduras a los establecimientos educativos o a la localización geográfica.
La LES debería asegurar la dedicación de los docentes-investigadores a sus funciones específicas, evitando estimularlos para la búsqueda de alternativas (mal llamadas “genuinas”) de financiamiento para sus tareas de docencia e investigación, o para ver aumentados sus ingresos, con los riesgos que acompañan a ese tipo de iniciativas.
A nivel general: que el Estado retome la activa función de proteger y desarrollar el sistema nacional como alternativa que asegure la igualdad de oportunidades para acceder a la Educación Superior de calidad uniforme (por encima de los intereses sectoriales de diverso carácter).
Revisar críticamente los aspectos de las política universitaria caracterizados por su fuerte incidencia centralizadora, que impactan a las UU NN y lesionan su autonomía y autarquía (por ej. la CONEAU tal como actuó hasta la fecha) y que fueron también demandadas por los Organismos Internacionales; por el contrario, el Estado debería -a través de su LES- ser la instancia promotora de estrategias y procesos integradores consensuados (y no fragmentadores sobre supuestos de excelencia difusos).
Se considera necesario reprensar el gobierno de las UU NN revisando su estructura de tal forma que sea factible separar las discusiones político-académicas de las estrictamente administrativas. La experiencia indica que ambos ámbitos en un mismo escenario, permanentemente compartido, no en un encuentro fructífero en todos los casos.
Algunos aspectos del sistema de gobierno de las UU NN merecen ser revisados en profundidad a la luz de la experiencia acumulada. Uno de ellos es la participación de los no docentes: el acceso activo de ese sector de la comunidad universitaria al Gobierno de la Institución puede brindar importantes contribuciones, pero ellas pueden concretarse por sendas y espacios diferentes de los actuales.
El Estado debe retomar el ejercicio del control periódico y regular sobre la habilitación, ofertas académicas, auditorias y estructura de las UU Privadas.
Un aspecto crítico ineludible es todo lo referente a la normativa para la creación de nuevas Universidades públicas, que debería requerir estrategias y mecanismos completamente diferentes de las que se están aplicando en los últimos tiempos.
En el sistema de UU NN pueden apreciarse también –al menos- dos situaciones graves tanto para los alumnos como para las Instituciones y que la legislación normativa de la futura LES debería contemplar: a) elevada “mortalidad académica”, especialmente en los tramos iniciales de los estudios, y b) permanencia de los alumnos por un lapso de tiempo mucho más allá del correspondiente a la duración prevista para sus carreras. Todo parece indicar que ambos problemas están ligados al ingreso asegurado por el principio del acceso irrestricto a la educación superior pública y gratuita (un valor que es necesario custodiar con el agregado de algunas iniciativas tendientes a su perfeccionamiento). Por otra parte, la permanencia prolongada parece tener una consecuencia socio-económica perversa: disminuye el índice de desocupación. Además, mencionamos otra consecuencia igualmente perversa: después de una permanencia prolongada en la Universidad egresan, especialmente los graduados de carreras científico-tecnológicas, con un peligroso grado de desactualización de sus saberes debido, principalmente a la elevada tasa de renovación y cambios en el conocimiento que muchas veces los obsoletiza dentro mismo del período de duración de la carrera cursada. En otras palabras, la Universidad corre el riesgo de estar proveyendo a la sociedad profesionales desactualizados o en riesgo de serlo en breve tiempo. Esto requiere un urgente abordaje promoviendo acciones complementarias de la LES (principalmente de índole económica) creando las condiciones para que el tránsito de los alumnos a través de sus Planes de Estudio sea factible en los tiempos previstos y razonables.
La Universidad se vería beneficiada con el restablecimiento de la “docencia libre” y una estrategia de erradicación de la docencia ad honorem.
La LES debería considerar el papel de las UU NN en nuestra sociedad asegurando, especialmente, que ellas sean visualizadas como ámbitos democráticos y democratizadores. Posiblemente ésa sea la función de “extensión” más importante y beneficiosa para la sociedad que la sostiene.
La LES debe regular la función de la Institución universitaria bajo la premisa irrenunciable de que la educación es un derecho y su gratuidad debe ser su característica relevante.
Es necesario adoptar todas las precauciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades primarias de la Universidad. En cuanto a la investigación se la deberá promover en un marco de completa libertad académica, bajo la inspiración de un principio básico: la Universidad es el ámbito por antonomasia para la creación de conocimientos válidos.
La extensión, en cambio, puede ser un espacio con dinámicas más variadas y flexibles.
La gestión está vinculada a la Autonomía en tanto ella significa disponer y utilizar su capacidad para diseñar el modelo que considere más apropiado para la Institución.
Urge promover una LES “propia”. La existencia de las Leyes que regulan la Educación en nuestro país así como la normativa derivada de ellas conllevan aspectos operativos y concepciones acerca de la educación, la sociedad y el estado que es necesario revisar críticamente a la luz de la realidad actual, luego de casi dos décadas de su aplicación. Conviene recordar que la existencia de esas Leyes fue una condición impuesta del Banco Mundial para otorgar créditos (que avanzó tanto como para proponer la privatización del CONICET)
Es necesario revertir esa situación. Para poder desprender al sistema de Educación Superior de ese tipo de dependencia se requerirán –además- ajustes presupuestarios acordes en los recursos educativos, y permanentemente actualizados mediante mecanismos ágiles.
22 de mayo 2008.
*Profesor Titular Emérito, Universidad Nacional de Luján.
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