Apuntes para una nueva Ley de Educación Superior[*]

Por Sebastián Artola

Movimiento Universitario Martín Fierro / UNR

1) El contexto político nacional y regional. El rol de la Universidad. Ley, proyecto y construcción política.

La nueva etapa política que atraviesa el país y la región, marcada por la tensión entre la presencia de gobiernos que intentan ampliar los márgenes de soberanía popular democrática a través del intento de reponer al Estado en su función social y comunitaria frente al poder del mercado, y la reacción de los sectores dominantes tradicionales en alianza con los grandes medios de comunicación privados, plantea en el seno de nuestras sociedades una batalla cultural e ideológica que ha asumido un carácter estratégico de cara a las posibilidades ciertas de avanzar en la transformación de la estructura social y económica legada tras décadas de políticas neoliberales.

En este marco, atravesado por fuertes desafíos culturales e ideológicos y la necesidad de profundizar el diseño de un modelo de desarrollo integral y nacional, la Universidad pública tiene un rol fundamental por cumplir en dos dimensiones que hacen a su misma naturaleza institucional. Por un lado, en su condición de institución educativa y cultural. Por el otro, en tanto productora de conocimientos.

En el primero de los casos, el desafío será revertir la matriz histórica que ha hecho de la Universidad una productora de profesionales individuales y ascéticos con la mirada puesta sólo en las opciones del mercado, para pasar a la formación de profesionales ciudadanos con clara conciencia pública y nacional cuya realización personal se inscriba en el interés común.

Por el otro, la necesaria superación del “economicismo privado” presente en el vínculo que define la relación entre la Universidad y sus conocimientos con la estructura económica a través del diseño de políticas que abonen la elaboración de un concepto de desarrollo integral y nacional para nuestro país a partir de pensar el mismo desde sus dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales e históricas.

Está claro, por lo antes expresado, que si de una “crisis” podemos hablar respecto a la problemática de la Universidad pública, lejos está de cerrarse sobre la problemática financiera-presupuestaria, como afirman el grueso de los diagnósticos “interesados” procedentes de la propia universidad, por el contrario, se vincula a una cuestión mucho más profunda que nos lleva al sentido mismo de la educación superior. 

Cabe aclarar, también, que los dos planteos realizados no se agotan en una nueva ley para la Educación Superior, sino que hacen a algo que la excede y contiene como es la definición misma de un Nuevo Proyecto de Universidad Pública. Es en esta noción de proyecto donde una política de transformación asume el carácter estratégico y planificado que otorga a la misma la necesaria consistencia y continuidad para la tarea de concretar los objetivos propuestos.

Por supuesto que la sanción de una nueva ley constituye un paso necesario y fundamental, más teniendo en cuenta que la vigente se aprobó durante el “menemismo neoliberal”, pero la misma, para avanzar en la reformulación de la institución universitaria como tal, debe inscribirse en una política estratégica de transformación que no es otra cosa que partir de la afirmación de un nuevo modelo de Universidad a través de la construcción de nuevas respuestas a sus preguntas fundantes: ¿Qué Universidad, para qué país? ¿Qué conocimiento, para qué necesidades? ¿Qué profesionales, para qué intereses?

Si como sostuvimos, la ley conforma el marco normativo necesario pero su posibilidad de cambio se encuentra en la definición de un nuevo proyecto de Universidad, agregamos ahora, que esta tarea como toda estrategia es una construcción política que, por supuesto, involucra al Estado, a la decisión de gobierno manifiesta en las políticas públicas para la educación superior, pero que también debe encontrar encarnadura social en los más amplios sectores de la comunidad universitaria.

Sabida es la contradictora historia de la Universidad en relación a los proyectos políticos populares, más aún en un presente donde la lógica empresarial y eficientista heredada de los ’90 moldea desde su funcionamiento administrativo y organizativo, pasando por los contenidos curriculares y la construcción de conocimientos, hasta la dinámica de su vida política y el concepto dominante sobre lo público, reasegurando así la hegemonía de corporaciones académico-partidarias que la gobiernan, al menos, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días.

En consecuencia, tenemos por delante el no menor desafío de construir desde el seno de la comunidad universitaria un nuevo protagonismo político que haga carne una política pública de cambio para la educación superior, apropiándose de la misma en la práctica cotidiana e, incluso, superándola desde la experiencia otorgada por la redefinición del lugar de la política en la vida universitaria.

Partiendo, siempre, de reconocer la dinámica singular que presenta la Universidad, propia de la historia cultural y social que la constituye, para evitar así “reduccionismos” que nos hagan perder su especificidad.

Sin esta construcción será muy difícil avanzar en un cambio posible para la Universidad. Al menos así aleccionan las mejores páginas de la historia política de la Universidad pública argentina.

2) El debate sobre la autonomía. Universidad, Estado y Nación. “Autonomía responsable”.

Un primer aspecto que nos parece decisivo a la hora de profundizar una política para la educación superior y afirmar un nuevo proyecto de Universidad es la necesaria redefinición del concepto de autonomía. La pregunta será acá por cómo pensar una nueva noción. Si bajo esta bandera la Universidad durante la Reforma del ’18 se libró de la tutela eclesiástica y las castas oligárquicas de docentes, también es cierto que, con el correr de los años y tras clausurarse la experiencia reformista, bajo el mismo concepto se delineó una educación superior fragmentada del sistema educativo en su conjunto y desentendida de su inscripción en las políticas públicas del Estado nacional.

Bajo la defensa a rajatabla de la autonomía se produjo de hecho una privatización y apropiación particular del espacio público universitario por un puñado de docentes que estructuraron una de las instituciones más jerárquicas, excluyentes y desigual del Estado argentino.

Por supuesto que hubo en los años ’90 una política desde el gobierno nacional en este sentido, pero lo que venimos diciendo no se circunscribe a los saldos de esta década, más bien, lo que nos interesa señalar es que, precisamente, esta condición previa de la Universidad hizo que fuera “vulnerable” a la feroz reconversión neoliberal. Su frágil pertenencia al Estado nacional la hizo, por un lado, maleable a los gobiernos de turno y, por el otro, permeable a los intereses del sector privado.  

Y acá una primera definición: la Universidad debe ser autónoma del gobierno, pero no del Estado nacional, ni del sistema educativo, ni de las políticas públicas de desarrollo científico.

La pérdida, durante el ciclo neoliberal, de políticas estratégicas de desarrollo nacional disolvieron las diferencias entre las nociones de gobierno y Estado, domesticando éste último a manos de la economía de mercado. Lo que redundó, a la vez, en nuevas formas de dependencia de nuestro país impuestas por la globalización neoliberal.

La posibilidad de un nuevo modelo de acumulación de desarrollo nacional, de una democracia participativa y de formas plenas de ciudadanía para el conjunto de nuestros compatriotas, son inherentes a la reposición del Estado en la vida pública nacional.

Porque a diferencia del desarrollo histórico de los países europeos donde el Estado nacional constituye el punto de culminación en la conquista de derechos tras un proceso de movilización social ciudadana, nuestra historia latinoamericana encuentra en éste un actor performativo tanto de la construcción democrática y ciudadana, como de los sujetos públicos y las hegemonías políticas.            

La Universidad debe acompañar decididamente la recomposición del Estado, tarea desde la cual podrá redefinir su condición autónoma a partir de un nuevo concepto que le permita desplegar todo su protagonismo al participar activamente del diseño de políticas estratégicas inscriptas en un modelo de desarrollo integral de la nación.

Para lo cual tenemos por delante el desafío de redefinir el sentido de la autonomía universitaria en función de emancipar la Universidad de sus ataduras al mercado a través de una noción de “autonomía responsable” que nos permita conjugar derechos y libertades con obligaciones y compromisos.

Sólo así la comunidad universitaria dejará de objeto de la colonización  neoliberal para constituirse en sujeto, desde la educación, la ciencia y la cultura, de la construcción de un proyecto de nación moderno, democrático y con justicia social.

3) Modelo de acumulación, ciencia y política. Un nuevo paradigma científico.

Un segundo aspecto nos parece central es la pregunta por cómo definir la necesaria relación entre la educación superior y el sistema productivo o el modelo de acumulación. Para una respuesta que dé cuenta del concepto de desarrollo integral y nacional debemos partir de reponer la politicidad del saber, la ciencia y la técnica.

Más aún en países como los nuestros atravesados por el desafío de ampliar los márgenes de soberanía política y económica, los que siempre van de la mano de la independencia científica, técnica y cultural.

En palabras de Perón: “En lo científico-tecnológico, se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible” (Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, 1974).

También Arturo Jauretche da una definición que nos interesa retener: “El país necesita una Universidad profundamente politizada; que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación de las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas, y que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional" (Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica, 1968)

Afirmar la inherencia de los vínculos entre ciencia, técnica, política, poder y cultura, nos permite sortear los “desarrollismo a-críticos” y los conocidos paradigmas modernizantes que ven en los avances científicos un valor en sí mismo sin interrogarlos en relación a las propias particularidades del lugar de aplicación, y, fundamentalmente, sin pensarlos en función de las necesidades concretas del proceso de desarrollo de cada nación.

Y acá otra apreciación. La afirmación de un modelo de desarrollo integral supone, de la mano de las consideraciones antes realizadas, el desafío de formular un nuevo paradigma científico que constituya su fundamento teórico.

En este sentido, debemos superar las dicotomías entre las ciencias naturales y sociales a partir de interpelar el concepto más estrecho de ciencia que legitima un tipo de saber por encima de otros en función de supuestos métodos de validación universal.

Un nuevo paradigma debe fundarse sobre la estrecha relación entre ciencia y cultura, partiendo de cuestionar los límites de la ciencia occidental y la “disciplinarización del saber”, en términos no de eliminar las “disciplinas” sino de superar los “enfoques disciplinarios”.

Desde una perspectiva que, si por un lado, debe ser autónoma y particular a partir de superar el eurocentrismo y pensar la región desde sí misma, por el otro, debe permitirnos la aprehensión de totalidades socio-históricas sobre la base de un nuevo diálogo entre saberes y culturas, donde diálogo, signifique precisamente, el reconocimiento de que el otro tiene algo por enseñarnos.

De este modo será posible establecer una nueva relación de complementariedad entre las llamadas ciencias “duras o exactas” y las ciencias humanas y sociales, decisiva para la definición de un modelo de desarrollo nacional.

3) Una nueva Ley para democratizar la Universidad. Masividad, conocimiento crítico, extensión y co-gobierno.

A partir de las referencias conceptuales realizadas en los apartados anteriores, a modo de aportes para definir un nuevo proyecto de Universidad, marco sobre el cual debe inscribirse el debate respecto a la nueva ley para la educación superior si aspira a ser efectivamente transformadora, nos interesa señalar ahora algunas cuestiones concretas que entendemos importantes para la misma.

La democratización de la universidad debe constituir el objetivo central de la nueva ley, dado que la misma conforma la piedra de toque para su posible transformación. Está claro que la noción de democratización no puede cerrarse sólo sobre alguno de los aspectos de la vida universitaria, como por ejemplo, aquellas posturas que la circunscriben a la composición de los órganos de co-gobierno. Por el contrario, una democratización integral hace a un problema más complejo que necesariamente implica la reformulación de la institución como tal.

La mencionada lógica empresarial, privada y eficientista en la Universidad pública habla las claras de la inercia neoliberal en su administración y en la definición de sus políticas, a contramano de los cambios que se expresan en la política nacional.

Esta realidad en buena parte se explica por la presencia de corporaciones que instituyen la vida política universitaria y que sin dudas conforman el obstáculo decisivo para cualquier política de cambio de la educación superior.

En este sentido, la democratización de la Universidad debe plantearse en los planos burocráticos, académicos y políticos, tanto en sus dimensiones cuantitativas como cualitativas.

a) Calidad académica es masividad estudiantil.

En primer término, es necesaria una nueva noción de calidad académica no contradictoria con la de cantidad. Sobre una realidad estadística donde sólo el 20% de los ingresantes finalizan sus estudios y sólo el 4% en relación a los estudiantes de grado sigue estudios de postgrado, debe ser prioritario la definición de una política pública que abra la Universidad al conjunto de la comunidad a través de políticas para el ingreso, la permanencia, el egreso, el postgrado y la investigación.

Para lo cual proponemos las siguientes iniciativas:

-Gratuidad e ingreso irrestricto a la Universidad pública. Eliminar todo artículo que abra las puertas a la restricción del ingreso, la permanencia o al cobro de aranceles, como son los actuales arts. 50 y 59, inciso c, de la LES. Vale recordar que estas conquistas fueron decretadas por Juan D. Perón en el año ’49 y ’52 respectivamente.

-Presupuesto universitario definido en términos de un % mínimo en relación al PBI. Hoy un salto estructural sería establecer un 2 %, tomando en cuenta que el actual presupuesto raya el 1%.

-“Plan Nacional de Becas” fijando que el 10% del presupuesto universitario se destine a financiarlo.

-Gratuidad de los Post Grados garantizados por el Estado a través de un % en el presupuesto universitario.

b) Redefinición de la CONEAU.

Es central para avanzar sobre la colonización de la Universidad a manos del mercado, el tecnicismo y el profesionalismo individual que, como mencionamos, atraviesa desde su funcionamiento interno (organización, burocracias, prácticas, jergas y lenguajes) pasando por la “meritocracia cuantitativa” (la determinación del “papers” en el currículum para cualquier beca, concurso o financiamiento) hasta las formas de construcción del conocimiento.

En este sentido, su reformulación debe darse en los siguientes planos:

En primer término, en el replanteo del “criterio meritocrático” con que se realizan las evaluaciones docentes, se ejecuta el Plan de Incentivos o se aprueban nuevas carreras de grado o post grado.

En segundo lugar, debe quedar bajo la órbita exclusiva del Estado nacional, a través de un control conjunto entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Universidad pública.

En tercer lugar, en lo que concierne a su composición:

-Miembros seleccionados por concurso público.

-Egresados de Universidad pública.

-Incompatibilidad de cargo con la pertenencia a algún organismo internacional supraestatal o privado.

c) La construcción de conocimiento crítico.

Interrogarnos por el qué, cómo, porqué y para qué estamos estudiando o investigando es un primer paso necesario para reorientar la construcción de conocimiento. Precisamente, en esto consiste el ejercicio efectivo de la crítica que se despliega a través de un doble movimiento que va de la autorreflexión, revisando en sus posibilidades y limitaciones los problemas, temas, conceptos y métodos que definen un tipo de pensamiento, a la intervención creadora y transformadora sobre la sociedad concreta en la cual se constituye, para después volver sobre sí mismo e ir estableciendo el mejor modo de dar cuenta de la realidad social existente.

            Una reorientación de las formas de construcción del conocimiento debe redefinirse en dos planos: por un lado, la relación entre teoría y práctica; por el otro, la relación pedagógica docente y alumno.

Para lo cual debemos avanzar hacia formas de elaboración del conocimiento más colectivas y democráticas en el seno de la propia comunidad universitaria pero también en su necesaria inscripción socio comunitaria e histórica que permita formar definir un nuevo perfil profesional con conciencia pública, nacional y latinoamericana y, a la vez, con capacidad de aplicación práctica de sus conocimientos.

            - Reforma de los Planes de Estudio:

 a) a partir de “núcleos problemáticos” por año que articulen las diferentes materias como método para superar las fragmentación disciplinar.

b) definición de ejes o materias transversales común a todas las carreras de la Universidad pública nacional: “Derechos Humanos”, “Historia Argentina y Latinoamericana”, “Economía Política Nacional” y “Realidad Política Argentina y Regional”.

c) realización de prácticas pre-profesionales como materia curricular de todos los programas de estudios.

d) Nueva política de extensión.

Promoción activa de una política de extensión renovada e institucionalizada en las carreras de grado y postgrado como “obligación y deber” de la ciudadanía estudiantil y docente.

Una nueva definición debe pensarse en tanto aporte de la Universidad a la sociedad pero también como presencia de esa realidad social y comunitaria en la formación profesional, en un necesario ida y vuelta que permite articular conocimientos y saberes desde la integración de la Universidad con la realidad social concreta.

Entendiendo la extensión como acción que se orienta a redefinir el vínculo con la comunidad y los sectores populares, y, a la vez, como parte del proceso de aprendizaje, a partir de revalorizar la sabiduría existente en las prácticas cotidianas de nuestro pueblo.

e) Reforma del sistema político de la Universidad.

En la mayoría de las universidades nacionales existe una modalidad feudal de funcionamiento del co-gobierno universitario, a través de una lógica de mayoría y minoría, como en el senado nacional, que permite sólo a las dos primeras fuerzas políticas tener representación universitaria.

Proponemos:

-Representación de los 4 claustros (docentes, graduados, estudiantes y trabajadores de la universidad), con igualdad docente-estudiantil. Ésta aspiración no es caprichosa. La disminución de la representación de los estudiantes en los órganos de co-gobierno en la vigente LES se fundó sobre diagnósticos del Banco Mundial que lo aconsejaban por la excesiva “politización” de los mismos y su “perniciosa” influencia para la Universidad.

-Homogeneidad del mismo co-gobierno y su composición para todas las universidades nacionales.

-Voto directo ponderado para decanos y rector.

-Prohibición de más de una reelección en todos los cargos.

-Incompatibilidad de cargo entre ser representante en los órganos colegiados y ser funcionario de la Universidad.

Una nueva Ley de Educación Superior

para una Universidad nacional, popular y latinoamericana

movimiento

MARTIN FIERRO

Universidad Nacional de Rosario

martinfierro_rosario@yahoo.com.ar

www.movimientomartinfierro.blogspot.com.ar