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“No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad” Jorge Taiana, mayo de 1973
Rol de la Universidad
Ante la crisis de un Estado destruido a partir de la dictadura militar y la entrega menemista, perforado profundamente en su legitimidad social, cuestionado duramente en diciembre de 2001, y mellado en cada uno de sus niveles, los sectores populares pusieron de manifiesto su capacidad y su potencialidad creativa ante la crisis a través de la organización social.
Muestra cabal fueron las fábricas y empresas recuperadas, la búsqueda de soluciones solidarias ante situaciones críticas como los comedores populares, la organización de los trabajadores desocupados, los jardines comunitarios, etc.
La Universidad –salvo en casos aislados- no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica, dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad, muestran una de las principales características de la crisis de la educación superior actual.
En palabras de Daniel Filmus, la Universidad debe reconstruir su sentido y superar las tensiones entre excelencia académica y responsabilidad social.
La Universidad debe recuperar su rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad que la sostiene .En este sentido, entendemos que la búsqueda de áreas de trabajo debe darse a través de una doble articulación: con las políticas públicas y con las organizaciones sociales.
Es urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y la participación popular para encaminarse en este sentido resulta no sólo fundamental sino que es un imperativo.
La Universidad pública debe concebirse como parte de los instrumentos con que el Estado cuenta para garantizar una efectiva redistribución de la riqueza.
La posibilidad que se nos presenta de debatir una nueva Ley de Educación Superior, debe ser aprovechada para dar este debate y en definitiva, discutir el marco jurídico para desarrollar un nuevo proyecto que convoque al protagonismo de docentes, estudiantes, graduados y no docentes, tanto como al resto de la sociedad, cada uno expresando sus ideas y propuestas desde sus distintos canales de representación, pero sin perder de vista la centralidad de la discusión: cómo pueden contribuir las instituciones universitarias a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.
Nuestro aporte para trabajar en la reconstrucción de un Estado que nos contenga a todos como herramienta del Proyecto Nacional en marcha implica por una parte la democratización del Estado y por otra, tomar al Estado como herramienta de democratización en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular de liberación de nuestro pueblo
Esto se traduce en lo universitario en:
La verdadera democratización de la universidad está en relación con la construcción de un sistema nacional de educación superior con calidad, equidad y pertinencia social en el marco de un proyecto de país inserto en el escenario latinoamericano.
El mantenimiento y mejora de la calidad va indisolublemente unido al de su pertinencia social, que se mide por el impacto social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentidos que se producen objetivamente en la sociedad de su entorno.
Autonomía, autarquía y financiamiento:
Se debe garantizar explícitamente la gratuidad y establecer la responsabilidad indelegable del Estado en el sostenimiento financiero de la universidad pública
La asignación de los recursos debe ser el resultado de un debate marcadamente político que no debe darse solamente entre docentes, estudiantes o no docentes, sino que por el contrario, debe introducir a todos y cada uno de los actores sociales, económicos y políticos que financian y dan sentido a la Universidad. De este debate debe surgir una planificación que en línea con las políticas públicas nacionales debe indicar claramente la contribución de las instituciones universitarias para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.
Funciones de la Educación Superior
Extensión
La extensión debe ser re-jerarquizada y las políticas que la reimpulse deben priorizar problemáticas nacionales y regionales en pos de la creación de programas de intervención social dirigidos a dar respuestas a las múltiples problemáticas, promover la cultura local, nacional, regional, fomentar la educación integral de los estudiantes y favorecer las transformaciones socioculturales comunitarias, alentando una visión integral de cultura que incluya, entre otras, las dimensiones científica y tecnológica.
Se debe además democratizar el ámbito de discusión y desarrollo de Programas y Proyectos, teniendo en cuenta las demandas de las organizaciones sociales a quienes se debe asignar un lugar en el proceso de formulación de los mismos, para tratar las posibles vinculaciones entre la Universidad y las necesidades productivas, sociales y culturales de la Nación.
Investigación
Debe fomentarse la participación de las organizaciones sociales en el impulso de la investigación para acercarla a las necesidades de desarrollo del país y propender a institucionalizar su participación en órganos asesores o consultivos para el otorgamiento de becas y/o subsidios para la implementación de la política de investigaciones científicas y tecnológicas.
La participación de las organizaciones sociales posibilita partir de las necesidades populares con un criterio estratégico cual es construir un sistema productivo capaz de satisfacer esas necesidades sin despilfarrar recursos ni estropear las condiciones del entorno en que deberán vivir las próximas generaciones.
Gobierno y administración del sistema de educación superior
La participación de las organizaciones sociales debe institucionalizarse constituyéndolas en copartícipes del proceso de planificación. En términos teóricos, deben incluirse desde la etapa del diagnóstico participativo[i] para avanzar en la construcción de ciudadanía y como garantía de legitimidad de las políticas del sistema de educación superior
La democratización al interior del sistema universitario se verá favorecida incorporando herramientas para la tomas de decisiones que amplíen la base legitimante (iniciativas popular universitaria, presupuesto participativo, etc.). consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones sociales.
La instancia superior de coordinación del sistema universitario debe tener una estructura equivalente al cogobierno.
Condiciones de ingreso, permanencia y egreso de alumnos, docentes, no docentes y personal administrativo y técnico
Estudiantes: el ingreso irrestricto es condición necesaria pero no suficiente.
El acceso a la enseñanza superior debe seguir estando abierto a toda persona que haya finalizado satisfactoriamente la enseñanza secundaria o estudios equivalentes o que reúna las condiciones necesarias sin distinción de edad y sin ninguna discriminación. Sin igualdad de oportunidades la desigualdad es un descarado reflejo de los privilegios de los que más tienen la simple reproducción de los estratos sociales.
Pero esta democratización en el ingreso no es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Debe ser explicitada la necesidad de construir herramientas para atender a la deserción, equilibrar la calidad y valoración de las distintas carreras, así como mecanismos que faciliten la nivelación tomando en cuenta diversidades y heterogeneidades para elaborar propuestas pedagógicas que compensen las desigualdades articulando calidad con igualdad, (ampliación del cupo de becas, horarios acordes a la situación laboral de los estudiantes).
Docentes: Garantizar la realización de concursos públicos para el ingreso y mecanismos de evaluación para la promoción y permanencia en los cargos.
Establecer mecanismos que sostengan la capacitación y perfeccionamiento gratuita y en servicio.
Universidades Privadas:
La creación de las mismas debe hacerse por Ley. Estas, además, deben cumplir con las mismas funciones que le compiten a las Universidades Públicas.
El ingreso de los docentes, también deben hacerse por concurso público y garantizar la autonomía académica en relación con las entidades mantenedoras.
Evaluación y Acreditación:
Deben integrar un sistema nacional que dependa del Ministerio de Educación Nacional.
Debe ejercerse controles de titulación de maestrías y doctorados.
Prácticas Profesionalizantes:
Las prácticas profesionalizantes deben desarrollarse en espacios comunitarios para que los estudiantes puedan involucrarse en las realidades sociales.
Institutos Superiores:
Jerarquizar la formación de los institutos terciarios para permitir a sus egresados la posibilidad de acceder al nivel universitario complementando su carreras. Esto permitiría el acceso a la capacitación en postgrados, maestrías y doctorados. Evitando la discriminación de los egresados de terciarios a los circuitos de capacitación.
FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. ROL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Edgardo Depetri Diputado nacional
La destrucción del Estado
En nuestro país, el modelo neoliberal estalló política, económica y socialmente en diciembre de 2001 marcando el final de dos etapas políticas combinadas. La primera, que se abre a partir del golpe militar del 76 y la segunda, que continuó con las políticas neoliberales de los 90.
Fue el final de una crisis que se inició en 1955 cuando se empezó a derrumbar el proyecto nacional, popular y de transformación social del peronismo que, nutrido por diversas vertientes ideológicas provenientes del anarquismo, el socialismo, el comunismo, el cristianismo y el sindicalismo, generó un proyecto sindical, económico y cultural de liberación nacional hegemonizado por la clase trabajadora y el pueblo argentino, modelando una sociedad que ponía el acento en el desarrollo del mercado interno con justicia social. [1]
Partimos entonces de un Estado estructurado a partir de la dictadura militar y la entrega menemista. Un Estado perforado profundamente en su legitimidad social, que tuvo como pico de cuestionamiento las jornadas de 2001. Un Estado mellado en cada uno de sus niveles por el neoliberalismo y su consecuente criterio de administración continua de la crisis
Hoy atravesamos una etapa de transición donde se abren opciones para discutir otra sociedad y tenemos la responsabilidad de continuar desmontando el orden que se estableció en la dictadura y en los 90 y construir herramientas para profundizar la distribución del ingreso, consolidar la soberanía nacional, avanzar en democracia y participación, por la efectiva vigencia de los derechos humanos, por la verdad y la justicia.
El Estado nacional impulsa una serie de políticas que limitan la acción de los sectores concentrados de la economía, y estimula algunas actividades necesarias para desarrollar una estrategia de crecimiento con equidad. Son importantes avances en un proceso de reconstrucción del Estado, recomponiendo su legitimidad e incrementando sus posibilidades de autonomía a partir de la generación de superávit fiscal y de haber superado la crisis de financiamiento.
El Estado en disputa y como herramienta de transformación
Sin embargo, la intervención creciente del Estado resulta aún insuficiente, no sólo porque su capacidad se halla todavía extremadamente limitada como efecto de las decisiones políticas que caracterizaron la etapa anterior, sino porque el Estado es hoy el terreno de disputa más claro entre los distintos actores de la sociedad.
Así, en el Estado subyace una tensión constante de poder entre el movimiento popular y los grupos económicos por el control de las decisiones estatales y el fortalecimiento de su rol de garante de derechos y, por tanto, la disputa entre aquellos que apuestan a emprender el camino hacia la consolidación de un proyecto nacional y popular y quienes pretenden retener los resortes institucionales que les aseguren la perpetuación de los privilegios.
Pero el Estado es también una herramienta fundamental para cambiar las relaciones de fuerza existentes en la sociedad[2] y debe repensarse a sí mismo.
En palabras de Germán Abdala, “El Estado es una herramienta que, según en qué manos esté, puede servir para liberar o para someter. En las sociedades dependientes en las que estamos sometidos a reglas de intercambio que nos plantean los países desarrollados, determinados por la división internacional del trabajo, la única herramienta en la que se puede acumular poder en forma real y planificar políticas sociales con cierta hegemonía popular es en la esfera estatal. Esto no quiere decir defender teorías corporativistas o defender un capitalismo estatista. Necesitamos un Estado que resuelva problemas, un Estado con rol social, un Estado popular, un Estado que esté al servicio de las mayorías”.
En esta disputa apostamos entonces a la reconstrucción de un Estado al servicio de los intereses nacionales y populares y sabemos que esta cuestión no se resuelve por decreto ni con el mero voluntarismo de quienes tienen funciones en el aparato estatal.
Para ello es necesario aumentar la participación popular en el Estado para que cumpla con su función de guardián de los bienes públicos, pero también de custodio de la efectiva vigencia de los derechos de los sectores populares.
Esto requiere la institucionalización de la participación comunitaria y social en la toma de decisiones, control y ejecución de las políticas públicas para permitir el tránsito de los sectores populares de meros “beneficiarios” a pueblo organizado que ejercita sus derechos y, paralelamente, para que el Estado pueda superar las políticas de asistencia y reparación -aún indispensables- para erigirse en garante y promotor de los derechos individuales y colectivos.[3]
La Universidad y su rol
Ante la crisis consignada de un Estado destruido a partir de la dictadura militar y la entrega menemista, perforado profundamente en su legitimidad social, cuestionado duramente en diciembre de 2001, y mellado en cada uno de sus niveles, los sectores populares pusieron de manifiesto su capacidad y su potencialidad creativa ante la crisis a través de la organización social.
Muestra cabal fueron las fábricas y empresas recuperadas, la búsqueda de soluciones solidarias ante situaciones críticas como los comedores populares, la organización de los trabajadores desocupados, etc.
La Universidad –salvo en casos aislados[4]-no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica, dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad, muestran una de las principales características de la crisis de la educación superior actual.
La Universidad debe reconstruir su sentido y superar las tensiones entre “excelencia académica” y “responsabilidad social”. [5]
En este sentido, entendemos que la búsqueda de áreas de trabajo debe darse a través de una doble articulación: con las políticas públicas y con las organizaciones sociales.
Es urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y la participación popular para encaminarse en este sentido resulta no sólo fundamental sino que es un imperativo.
La Universidad debe recuperar su rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la sociedad que la sostiene: “no se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad”[6]
Articulación con los sectores populares. Integración
Para facilitar la articulación debemos hacernos cargo de que el recurso “conocimiento” no es sólo el conocimiento técnico-académico sino el potencial que alcanza cuando se articula con los saberes sociales y culturales que vienen de la experiencia, de los conocimientos históricos, etc.
Por otra parte, entre las formas de relación también debe considerarse la integración que se construye desde la participación y desde las necesidades.
Articulación e integración no sólo son posibles sino necesarias y señalaremos posibilidades para impulsarlas en distintas esferas.
Extensión
En este ámbito, durante gran parte de los ’90, se produjo una fuerte caída de proyectos al tiempo que se evidenciaba un fuerte aumento en los ingresos de recursos propios y un notable crecimiento de la investigación, lo que fue configurando un nuevo patrón de Universidad, despojada de sus perfiles sociales, y la extensión comenzó a deslegitimarse hasta convertirse en una actividad prácticamente residual.
La extensión debe ser re-jerarquizada y las políticas que la reimpulse deben priorizar problemáticas nacionales y regionales en pos de la creación de programas de intervención social dirigidos a dar respuestas a las múltiples problemáticas, promover la cultura local, regional, nacional, fomentar la educación integral de los estudiantes y favorecer las transformaciones socioculturales comunitarias, alentando una visión integral de cultura que incluya, entre otras, las dimensiones científica y tecnológica.
Se han registrado avances en este aspecto, entre ellos el Convenio Nº 643/03 celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional y refrendado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para otorgar financiamiento a proyectos de extensión universitaria orientados a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y económica.
Pero además debe entenderse el concepto de “extensión” -que remite a una concepción de un conocimiento superior, jerárquico, que se traslada a la sociedad- como “vinculación”, lo que necesariamente convoca a la participación.
Se debe democratizar el ámbito de discusión y desarrollo de Programas y Proyectos, teniendo en cuenta la voz de las organizaciones sociales a quienes se debe asignar un lugar en el proceso de formulación de los mismos, para tratar las posibles vinculaciones entre la Universidad y las necesidades productivas, sociales y culturales de la Nación.
Investigación
Debe fomentarse la participación de las organizaciones sociales en el impulso de la investigación para acercarla a las necesidades de desarrollo del país[7] y propender a institucionalizar su participación en órganos asesores o consultivos para el otorgamiento de becas y/o subsidios para la implementación de la política de investigaciones científicas y tecnológicas.
La participación de las organizaciones sociales posibilita partir de las necesidades populares con un criterio estratégico cual es construir un sistema productivo capaz de satisfacer esas necesidades sin despilfarrar recursos ni estropear las condiciones del entorno en que deberán vivir las próximas generaciones.[8]
Programas ministeriales
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación ha elaborado Programas que promueven la articulación entre Universidad y sociedad.
Así, desde el Programa Nacional de Educación Solidaria, estimula prácticas solidarias en la educación superior desde 2004. En ese marco se abre, cada dos años, una convocatoria a proyectos que participan de un concurso y se reconoce a los mejores con el Premio presidencial "Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior".
En el año 2006 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lanzó el Programa de Voluntariado Universitario, que tiene como objetivo promover y fortalecer la participación de los estudiantes del nivel superior en actividades voluntarias, generando una conciencia de servicio a la comunidad de parte de los estudiantes, en la inteligencia de que “la universidad es una herramienta para el desarrollo y el crecimiento del país dentro de un modelo de sociedad que permita que el conjunto de los argentinos pueda recibir los bienes que ella misma produce”.[9]
El programa de voluntariado tiene entre sus propósitos: facilitar desde las comunidades universitarias recursos humanos calificados para actuar sobre las diferentes problemáticas existentes; promover el compromiso social en los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función social del conocimiento, la ciencia y la tecnología; y favorecer la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
En este año, y tras la experiencia obtenida en la primera convocatoria, se identificaron ciertos ejes temáticos prioritarios con el propósito de impulsar y fortalecer prácticas de voluntariado universitario comprometidas en la atención de problemáticas en torno a las cuales la articulación concreta Universidad– Comunidad ha sido menos frecuente.
Estos ejes son: vivienda, infraestructura y servicios sociales básicos; medioambiente y recursos naturales; economía social (micro créditos, producción, comercialización, etc.); prestaciones alimentarias; diseño de circuitos turísticos locales; promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; acceso público a la información y comunicación; educación; participación ciudadana; promoción y atención de la salud; promoción comunitaria del deporte y la recreación; y promoción de derechos (civiles, políticos y del consumidor).
Fortalecer la participación activa
Para fortalecer estas iniciativas de vinculación a través de la extensión universitaria, la investigación y los programas de servicios y voluntariado impulsados desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y fortalecer la calidad[10] debemos también, como en todos los ámbitos estatales, avanzar en niveles de participación activa de las organizaciones sociales dentro del aparato del Estado y en procesos de pensamiento critico y acción concreta que permitan ir creando un nuevo Estado, que dé cuenta de las necesidades de las mayorías populares.
Uno de los objetivos específicos del Programa de Voluntariado es facilitar la articulación de las instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, priorizando proyectos que requieran la colaboración de las mismas en su diseño e implementación. Pero, dado que el voluntariado también debe entenderse como una estrategia de participación social, favoreciendo la horizontalidad en la relación con los destinatarios de las políticas públicas, se debe posibilitar un rol activo de las organizaciones sociales.
Por otra parte, los proyectos también requieren contar con el compromiso manifiesto de terceros interesados en su implementación, entendiendo por terceros a gobiernos provinciales, municipios, entidades intermedias, cooperativas, asociaciones civiles, organismos del sector público y/o privado y empresas.
En este marco, la participación de las organizaciones sociales debe institucionalizarse de modo que puedan articularse las demandas sociales con las prácticas de intervención, intercambiar saberes para su diseño e implementación y enriquecer la evaluación de la intervención como parte de un proceso que permita mejorar la tarea.
De esta manera las organizaciones sociales se constituyen en copartícipes del proceso de planificación. En términos teóricos, deben incluirse desde la etapa del diagnóstico participativo[11] para avanzar en la construcción de ciudadanía y como garantía de legitimidad de las políticas.
Los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a las necesidades de las comunidades, ofreciendo soluciones de manera metodológica, tomando en consideración los planes de desarrollo municipales, provinciales y nacionales. Resulta interesante analizar la posibilidad de que se abra la presentación de los proyectos, admitiendo que las iniciativas surjan también de las organizaciones sociales.
Una forma de posibilitar esta participación sería la realización de convenios como alianzas realizadas entre el Ministerio, las instituciones de educación superior, las instituciones y organizaciones del sector público y privado y las organizaciones sociales para la ejecución de este servicio comunitario.
A modo de conclusión
Ante la necesidad de reformular las relaciones que tradicionalmente se han presentado, debemos trabajar en la reconstrucción del Estado que en lo universitario implica:
Es imprescindible entonces fortalecer el vínculo entre las políticas educativas y de investigación y la producción científica y tecnológica con un proyecto económico-político de efectiva democratización de la sociedad que supere la dinámica que reproduce y tiende a ampliar la desigualdad en todos los ámbitos de la vida social.
Los objetivos institucionales de la Universidad deben articularse con las necesidades sociales establecidas como prioritarias por el conjunto de la comunidad, a través de los diversos modos en que se constituye y se expresa democráticamente el interés común. Todo esto resalta la importancia de la participación de las organizaciones sociales en el diseño, seguimiento y control de las actividades que han sido señaladas.
Entendemos que la Universidad está llamada a impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social, haciendo los aportes necesarios para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales.
Y para reforzar la articulación de la universidad con los sectores populares es fundamental que se tome conciencia del papel que tienen que cumplir, establecer un diálogo con las mayorías sociales más golpeadas, que ante la crisis han demostrado grandeza, talento, creatividad, inteligencia, a través de respuestas colectivas construidas sobre los valores de solidaridad, cooperación, reciprocidad y pensamiento colectivo. [13] [1] Documento Político del Tercer Congreso del Frente Transversal, Nacional y Popular, 14 de julio de 2007
[2] EL ESTADO COMO TERRENO DE DISPUTA SUJETO A LAS RELACIONES DE FUERZA SOCIALES Y A SU VEZ EL ESTADO COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LAS RELACIONES DE FUERZA EXISTENTES “...Entendemos que al Estado hay que pensarlo desde una doble perspectiva. La primera es considerarlo como el terreno de disputa más claro entre los distintos actores de la sociedad. Así, en él subyace una tensión constante de poder entre el movimiento popular y los grupos económicos para el control de las decisiones estatales y su rol de garante de derechos. La segunda es entender al Estado como una herramienta fundamental para cambiar las relaciones de fuerzas existentes en la sociedad. Es decir, si esta al servicio de la causa nacional, podrá, además de garantizar una distribución más justa de la renta, alentar además procesos de democracia participativa a través de plebiscitos y consultas populares, la indispensable libertad sindical (personería para la CTA), como así también institucionalizar la participación comunitaria y social en la toma de decisiones, control y ejecución de las políticas públicas ... EL ESTADO COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LAS RELACIONES DE FUERZA EXISTENTES El gobierno de Kirchner hoy gestiona un Estado estructurado a partir de la dictadura militar y la entrega menemista. Perforado profundamente en su legitimidad social, que tuvo como pico de cuestionamiento las jornadas del 2001, y mellado en cada uno de sus niveles por el neoliberalismo y su consecuente criterio de administración continua de la crisis. Del 2003 al presente el presidente Kirchner conduce al Estado en base a una férrea decisión política de servir a los intereses populares y de reconstrucción nacional y ha avanzado en paradigmas fundamentales de institucionalidad y políticas publicas ( renovación de la Corte Suprema, verdad y justicia y reparación en el ámbito de los derechos humanos, reactivación del empleo y lucha contra la pobreza y marginalidad, recuperación de la soberanía económica y algunos resortes financieros , progresos claros en el rediseño de las fuerzas de seguridad, entre tantas otras.) Todo esto indica avances en un proceso de reconstrucción del Estado, recomponiendo su legitimidad, e incrementando sus posibilidades de autonomía a partir de haber superado la crisis de financiamiento y la generación de superávit fiscal. Sin embargo este Estado continua siendo en general un estado neo liberal en su estructura e institucionalidad, no sólo no ha sido reformulado de raíz sino que no se piensa a sí mismo”. (Documento Comisión nº 8: “Rol del Estado”, Tercer Congreso del Frente Transversal, Nacional y Popular)
[3] “EL ESTADO NECESITA DE LA PARTICIPACION DEL PUEBLO ORGANIZADO PARA LA EFECTIVA DEMOCRATIZACION DE LAS RELACIONES POLITICAS, ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA NACION
Creemos que las organizaciones sociales y los trabajadores no hemos podido avanzar demasiado en niveles de participación activa dentro del aparato del Estado ni en procesos de pensamiento critico y acción concreta que permitan ir creando un nuevo Estado que de cuenta de las necesidades de las mayorías populares Los sectores populares no debemos asumirnos como “beneficiarios” de políticas públicas sino como pueblo organizado que ejercita sus derechos. En paralelo, el estado popular debe tender a superar las políticas de asistencia y reparación (aún indispensables) para erigirse en garante y promotor de los derechos individuales y colectivos. En este sentido, hay que ampliar la mirada y elaborar propuestas efectivas de políticas públicas de carácter popular y asumirlas como propias. En esta tarea consideramos que los trabajadores del Estado también deben participar activamente no solo con más organización gremial sino asumiéndose como parte del Movimiento Nacional y aportar, en conjunto con las organizaciones sociales, al debate de qué Estado queremos y necesitamos construir. Así, también es una tarea pendiente avanzar con decisión sobre los diferentes campos de la política pública. No limitarnos al acceso parcial a políticas sociales, de salud y educación sino orientar nuestra perspectiva a la discusión de la economía, infraestructura, justicia, recursos naturales y la representación política institucional. Tenemos que tomar conciencia que nuestro objetivo principal no debe ser solo reclamarle al Estado sino construir poder popular, para en conjunto, darle cuerpo, color y dirección política a un Estado que nos contenga a todos como herramientas del Proyecto Nacional en marcha. Democratizar el Estado y tomar al Estado como herramienta de democratización es, quizás la síntesis posible a encarar en esta etapa por los gobiernos populares y conjunto de organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular de liberación de nuestro pueblo”. (ídem)
[4] Mencionamos a título ejemplificativo el desarrollo de Plantas Productoras de Medicamentos Genéricos (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán) – cuyo antecedente se encuentra en la Planta desarrollada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en 1973-, los Programas de Huertas comunitarias (Universidad de Mar del Plata), las propuestas económicas surgidas en el marco del Plan Fénix (Universidad de Buenos Aires), la propuesta de los Decanos de Derecho para trabajar y realizar una presentación conjunta en contra de la Deuda Externa, los trabajos sociales de extensión y promoción de salud.
[5] “Queremos una universidad con excelencia académica y decimos que no hay excelencia académica si no hay una preocupación social” (Palabras del Ministro Daniel Filmus en el acto de lanzamiento del Programa de Voluntariado Universitario, 14 de marzo de 2006)
[6] Palabras de Jorge Taiana, mayo de 1973, en Vázquez, Silvia Andrea. La Universidad Nacional y popular. Un espacio alternativo para la vinculación entre los intelectuales y el pueblo. Proyecto APPEAL, Buenos Aires, marzo de 1987, citado en Recalde, Artiz e Iciar. Universidad y liberación nacional. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007, pág. 252
[7] Una experiencia interesante fueron los Centros Piloto de Investigación aplicada creados en la UBA en julio de 1973, entre cuyos objetivos estaba investigar el grado de satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollaban su actividad los centros, investigar si la formación proporcionada por la universidad se ajustaba a la plena satisfacción de las necesidades populares de las zonas investigadas, proporcionar asistencia complementaria a la población de las zonas investigadas, investigar cuáles son los cambios estructurales que se podían proponer a las autoridades estatales para el mejoramiento y perfeccionamiento de los servicios prestados por el Estado, etc. Resulta evidente la importancia de la participación de las organizaciones populares en iniciativas de este tipo.
[8] Expresa al respecto el Dr. Oscar Varsavsky: “Se empieza definiendo – con participación popular-, cuales son las necesidades populares, materiales, culturales y políticas, que la sociedad debe atender, con sus prioridades y urgencias para cada grupo social. El grandioso objetivo de Justicia Social se expresará no sólo anteponiendo las necesidades básicas de las mayorías al consumo de cúpula, sino también dando normas cualitativas elementales, como quitar prioridad a la diversificación de modelos, a la terminación y envase, y en general, al “consumismo”.El sistema productivo entonces debe hacerse capaz de satisfacer estas necesidades populares, que constituyen su única demanda legítima. Ellas determinan no sólo qué y cuánto se debe producir, sino cómo, pues entre ellas figuran las condiciones de trabajo, la participación administrativa y técnica, la desalienación, el ahorro de recursos, la protección del ambiente, etc”. Oscar Varsavsky. Ponencia “Bases para una política nacional de Ciencia y Tecnología”, Jornadas de Política Científica y Política Tecnológica para la Reconstrucción y Liberación Nacional”, organizadas por: UBA, UTN, INTI, INTA con el auspicio de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación, Facultad de Ingeniería de la UBA, diciembre de 1973
[9] Palabras del Ministro Daniel Filmus en el acto de lanzamiento del Programa de Voluntariado Universitario, 14 de marzo de 2006.
[10] La calidad deben entenderse como indisolublemente unida a la pertinencia, que es la adecuación entre lo que la sociedad espera de las universidades y lo que estas hacen en el marco de normas éticas, compromiso con el proyecto de desarrollo nacional, capacidad crítica y una mejor articulación con la problemática social, en término de objetivos y necesidades, así como el respeto a las diversidades culturales y la protección del medio ambiente
[11] Discurso de Alicia Kirchner: “Los pobres investigados”, en http://www.desarrollosocial.gov.ar
[12] Documento Espacio Universitario del Frente Transversal, Nacional y Popular
[13] "Muchos expertos hablan de pobreza y lo hacen como aquel sacerdote y escriba en la parábola del buen samaritano como un fenómeno externo y en tercera persona. Los que tenemos la responsabilidad de conducir las políticas sociales debemos ser capaces de aprender y asumir la experiencia vital y cotidiana de los que menos tienen para que concretamente, seamos capaces de hacer". Discurso de Alicia Kirchner, op. cit.
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