LA EDUCACIÓN SUPERIOR

por Hugo Ricardo Arreghini

Lo que sigue es la opinión, estrictamente personal, de un docente ya retirado de las funciones que directamente ponen en contacto con la realidad más próxima a la generalidad.

En consecuencia, en la visión del que está más cerca del quehacer cotidiano, pueden mostrarse teñidas con un color utópico.

Por eso, y tal vez porque poner en práctica esos conceptos requiere la energía y el coraje que es patrimonio de los jóvenes, su expresión está hecha en lenguaje condicional.

Aun así, la acompaña la esperanza que pueden ser apreciadas y tenidas en cuenta para conseguir la transformación social que todo el mundo anhela.

Si se pretende asegurar la educación, toda la población debería disponer los medios para conseguirla en niveles que permitieran su acceso al escalón superior.

Tener lo necesario significa no sólo los establecimientos y personal preparados para impartirla. Hasta cumplir la etapa de lo que se denomina enseñanza secundaria, el individuo debería estar preparado económicamente para que ello sea posible.

Sólo la equidad que proporciona una justa distribución de la riqueza asegura la perspectiva de la igualdad de oportunidades. Este es un requisito fundamental para aspirar a la educación para todos.

Así como el volumen de riqueza crece con su mejor repartición en el conjunto de la sociedad, la educación acrecienta sus efectos sociales cuando esa asignación apropiada de los recursos facilita la introducción de la población en el ámbito que le permite educarse.

El Estado resigna esta función cuando no es capaz de conseguir el objetivo del bienestar social que se compadece, únicamente, con que cada individuo disponga lo que exige su subsistencia digna con suficiente alimentación, indumentaria, vivienda, servicios de seguridad, de salud y educación que le permita una competencia mínima para proyectarse con su propio esfuerzo.

La incorporación del individuo al nivel superior de enseñanza tendría, sólo de ese modo, la posibilidad de un ingreso irrestricto y debería afirmarlo demostrando haber asimilado lo que se le ha brindado sin limitaciones en la etapa anterior en la que el Estado le proporcionó todo lo que su preparación adecuada exigía.

Esto significa que la demostración de haber aprovechado ese esfuerzo que la comunidad ha realizado para su instrucción básica, compete ya al propio interesado en su educación superior.

El nivel de excelencia que ella exige, justifica que se compruebe si ha habido, por parte del interesado en iniciar estudios superiores, el uso debido de los recursos de que dispuso y es capaz de demostrar que ha obtenido capacidad suficiente para ello y tiene la aptitud para incorporarse a ese tramo de su desarrollo humano.

El Estado, en este punto, no quedaría liberado de su responsabilidad en la educación, buscaría, en esa instancia, hacer una selección que le permita ser más eficiente en la gestión que le compete a partir de ella. Implica que podría obtener, con el mismo costo insumido, beneficios sociales mayores.

Que se logre una buena relación, sobre todo numérica, entre profesores y alumnos en las casas de altos estudios, no debería depender exclusivamente de la cantidad de los educandos que hayan logrado superar las pruebas a que son sometidos para ingresar y luego para transitar hacia la consecución de su graduación, también de la disposición suficiente de los encargados de guiar el curso de ese camino.

Hasta ahora esa proporción se ha demostrado inconveniente, con un número de alumnos que no puede ser atendida eficazmente por los profesores, lo que ha quitado seriedad al desarrollo de los cursos y confiabilidad plena a la evaluación que se hace del conocimiento asimilado por los alumnos.

Al desinterés que promueve en los graduados la falta de una retribución que los motive para intervenir en la docencia superior se agrega que la Universidad no alienta, de manera sistemática, su preparación para la carrera docente.

Mientras no se entienda la necesidad de fomentar, permanentemente, la renovación de los cuadros de profesores de una manera orgánica, que prepare a los graduados otorgándoles las condiciones pedagógicas que son necesarias para desempeñar una tarea de esa jerarquía, se irá paulatinamente degradando su calidad.

Una manera de revertir esa tendencia sería instalar, en cada Universidad, la carrera docente que, a partir de los graduados, impulse la formación de grupos de ellos dedicados, específicamente, a la enseñanza, de manera que tengan asegurada con esa actividad la base de su sostén económico y garanticen su retiro digno.

El docente tendría siempre, mientras dure su vinculación activa con la Universidad, que responder periódicamente a pruebas que garanticen el mantenimiento de sus dotes para cumplir la función y una actualización permanente del conocimiento que debe transmitir.

El sistema a emplear con ese propósito podría ser el que actualmente es utilizado, concursando en competencia con otros aspirantes a los cargos que se deban proveer pero considerando, igualmente, los antecedentes que acrediten su actuación anterior en la carrera que desempeña, de tal modo que ellos representen una parte importante de los argumentos para retener su cargo y garantizar con ello el arraigo que los une a la institución donde actúan.

Independientemente del seguimiento que cada profesor haga sobre los avances de la disciplina que tiene a su cargo enseñar, la Universidad haría reuniones en las que impulse el intercambio de ideas sobre esos permanentes cambios y motivaría la relación con otras para que sus profesores estén obligados a mantenerse en permanente acción informativa y de elaboración de trabajos que afirmen su capacitación sobre los temas de incumbencia de sus cátedras.

La tarea educativa debería desvincular a los docentes en posiciones de conducción (titulares, directores, consejeros, secretarios académicos, decanos, etc.) de cualquier otra actividad profesional privada o pública afín con su gestión, para que la dedicación de ellos a la Universidad sea completa.

En contra de esa exclusividad se argumenta entendiendo que con ella el profesor pierde profesionalismo porque no realiza el ejercicio práctico de la actividad que concierne a las asignaturas que tiene a cargo. Se sostiene que la afirmación de sus conocimientos requiere el contacto con la actividad que desarrolla el graduado después de concluir su carrera porque sólo esa actuación proporciona integralmente la experiencia que da capacidad plena.

Para resolver este inconveniente, antes de otorgar el grado, debería imponerse una adiestramiento intensivo que diera al estudiante, próximo a obtenerlo, suficientes elementos que garantizaran que está preparado para profesar (en el sentido de ejercer y también de enseñar). Esto debería complementarse obligando a que tal ejercicio sólo pueda ser independientemente realizado después de haber actuado el graduado por lo menos dos años bajo la dirección de otro profesional o cuerpo ejecutor debidamente habilitado.

La misma Universidad podría hacerlo, porque ella debería contar con un departamento ocupado de la prestación de los servicios profesionales ejecutados por sus profesores, que debería ser un testigo de comportamiento de los que se dedican a ello.

Se trataría de influenciar la actividad profesional desde lo académico y no, como actualmente ocurre en dirección inversa, y de poner más fuertemente en duda si la educación, la seguridad, la salud, pueden considerarse objeto de lucro.

La acción de la Universidad fortalecería, de tal modo, su relación con la comunidad, trasladando desde su ámbito, no sólo el conocimiento más reciente, también recordando las reglas básicas para la convivencia social armónica.

El motor natural del avance científico y tecnológico debe estar en la Universidad, para que ello no sea una simple declamación que consigue frutos reducidos y esporádicos; la instalación de institutos de investigación dotados de los medios necesarios es imprescindible.

El empuje debería venir desde el aprendizaje de los alumnos y la investigación ser obligatoria también como materia de cualquier Facultad. Se trataría de despertar en los jóvenes una cultura en ese sentido, que facilite luego su participación en el desarrollo orgánico de una tarea que impone la acción racional porque ayuda a pensar ordenadamente con base sólida y objetivos firmes. También sería el último servicio que los profesores deban prestar a la Universidad cuando su edad hace más difícil su contacto con los estudiantes.

La educación, si en sus contenidos se respetan los principios fundamentales de armonización social, es el único instrumento capaz de modificar el caos que gobierna al planeta y detener la destrucción a que parece estar sometido inexorablemente.

Puede todavía confiarse en ella porque aun es factible lograr el cambio cultural para que ello no ocurra. No será un proceso sencillo que requiere ser medular y demandará mucho tiempo incorporarlo, pero es igualmente axiomático que sólo puede impulsarse desde los niveles más altos de la educación superior que debería ser la que proporcione los dirigentes sociales confiables.

En esa dirección, los componentes de cualquier programa de acción no deberían omitir las normas a que se ha aludido anteriormente que son ineludibles para conseguir el bienestar general.

Las que se destacan claramente tienen que ver con la defensa de la ética, de la moral, de los derechos humanos, de la competencia, con la protección del medio ambiente, la equitativa distribución de la riqueza, la cooperación para resguardo del consumidor, la transparencia del mandatario y su rendición de cuentas sobre la representación delegada.

Entender que de tal modo será más fácil aspirar a obtener mayor seguridad, mejores índices de salud, superiores resultados económicos comunes, no demanda esfuerzos especiales.

La educación superior aplicada inteligentemente está aún en condiciones de ser la herramienta hábil para modificar el triste destino a que se encamina hoy la humanidad.