Juicio Politico a la Corte - Dip. Ocaña - 10/10/2002 

Sr. Presidente (Britos).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Ocaña.- Señor presidente: ayer leí en el diario "La Nación" una encuesta que informaba que el 81 por ciento de los argentinos entendía que los miembros de la Corte debían ser enjuiciados. Esto me hizo reflexionar acerca de lo que ocurrió con la Justicia argentina en los últimos dieciocho años.
Recuerdo que con el advenimiento de la democracia -al respecto el señor diputado Rodríguez formuló algunas reflexiones que comparto? la Justicia tenía una de las más altas consideraciones de parte de la sociedad. Empecé a preguntar qué fue lo que pasó en medio de aquella alta consideración de la que gozaban la Justicia y otras instituciones como el Congreso y los partidos políticos. El señor diputado preopinante señaló algunos de esos hechos.
Por ejemplo, el aumento de los miembros de la Corte Suprema y esa sesión realmente escandalosa que recordara el señor diputado Rodríguez contribuyeron mucho al deterioro de la imagen de la Justicia. También estoy convencida de que la conducta de los magistrados cuyo juicio político hoy estamos solicitando tuvo mucho que ver con esa caída de la consideración pública.
Asimismo influyeron los pocos minutos utilizados por la Comisión de Acuerdos del Senado para cubrir cinco cargos en la Corte, porque además de los cuatro jueces que era necesario designar como consecuencia del aumento del número de miembros debió cubrirse la vacante del doctor Bacqué, quien hastiado de la forma en que se había manejado este tema oportunamente presentó su renuncia como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Creo que los cinco o siete minutos que tardó la Comisión de Acuerdos en esa sesión secreta quizás se debieron a los escasos antecedentes que muchos de estos magistrados tenían, algunos de ellos vinculados más al mundo del deporte que al derecho.
En un libro muy conocido, que reflexiona claramente sobre lo que sucedió en la Corte durante la década en que gobernó el doctor Menem -me refiero al libro de Horacio Verbitsky titulado Hacer la Corte?, en el caso del doctor Nazareno menciona sus antecedentes; y en la página 59 de este libro, el autor señala: "Julio Salvador Nazareno, catamarqueño, radicado en La Rioja, durante muchos años compartió el estudio con Carlos, Eduardo y Munir Menem. Esta antiquísima amistad estuvo a punto de convertirse en parentesco cuando Eduardo Menem, de quien llegó a ser el más íntimo amigo y que tiene fuerte ascendiente personal, era novio de su hermana Mirta Nazareno. Sin pretensiones intelectuales y sociales nunca ocultó que sólo en el gobierno del hermano de su amigo podría haber ocupado un asiento en la Corte Suprema de Justicia."
"Los otros antecedentes del doctor Nazareno, como ministro de gobierno de la intervención federal bajo la dictadura de Onganía, pasan porque el hermano Eduardo también había designado a Buby Nazareno director de Municipalidades, jefe de Policía e intendente de la ciudad capital de su provincia adoptiva. En su primera gobernación en La Rioja, en 1973, Carlos Menem no pudo hacerlo juez de la Cámara de Apelaciones porque en esos años el peronismo aún consideraba un demérito haber prestado servicios bajo gobiernos militares. Pero una década después ya ubicó a Nazareno en el Superior Tribunal de la provincia."
Estos son algunos de los antecedentes de este juez que como muy bien señala también Horacio Verbitsky en este libro no tiene ningún antecedente de publicaciones en temas de derecho y su gran especialidad era jugar al paddle.
También creo que puede haber influido en esa desconsideración pública de la Justicia la forma y el sistema de selección de los jueces. Al respecto es interesante recurrir a dos libros, como el citado de Verbitsky Hacer la Corte y también el de Moreno Ocampo llamado En defensa propia.
Vale señalar una reflexión del entonces senador Adolfo Gass, que -según cuenta- invitado a participar de una mesa redonda que organizó Poder Ciudadano en octubre de 1996, confesó los mecanismos de discusión de los acuerdos secretos con los cuales la Comisión de Acuerdos del Senado seleccionaba a los magistrados.
En esa mesa Adolfo Gass dijo: "Soy senador desde diciembre de 1983. Estoy a un paso de culminar mi mandato -esto ocurría en 1992?, y debo confesar mi culpa y mi vergüenza, yo he puesto la firma en varios pliegos de jueces de los cuales no estoy arrepentido, sino que estoy avergonzado. Si yo hubiera obrado bien no estaría avergonzado ni tampoco habrían tantos pedidos de juicio político a jueces en ambas Cámaras del Parlamento."
También señala que "más de una vez tuvimos que negociar -y lo digo con todas las letras? "negociar" jueces o diplomáticos por leyes, y lo hacíamos a conciencia sucia."
Creo que esta declaración señala claramente y nos hace entender por qué ha caído tanto...

Sr. Figueroa.- ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia?

Sra. Ocaña.- No voy a conceder interrupciones, señor presidente.

Sr. Figueroa.- ¡La señora diputada está mintiendo!

Sra. Ocaña.- Creo que se puede entender cómo son muchos de los magistrados que tenemos hoy en la Justicia argentina y no sólo en la Corte Suprema de Justicia. En el día de ayer, con sorpresa muchos de nosotros nos enterábamos mientras estábamos aquí, en la sesión, que el juez Oyarbide había decidido declarar la falta de mérito del doctor Menem en una causa que le sigue por omisión maliciosa en su declaración jurada de una cuenta en el exterior. Esta forma de selección de los jueces explica qué es lo que ha pasado aquí.

- Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Ocaña.- Quizá se deba también a la inconducta de muchos de estos magistrados que este Congreso no haya podido juzgarlos ante la presentación de más de 150 pedidos de juicio político. Muchos de ellos fueron rechazados in limine por otras conformaciones de la Comisión de Juicio Político.
En ese sentido, es muy importante revalorizar el trabajo que han hecho los miembros de la Comisión de Juicio Político, que con toda seriedad han analizado más de veintiséis pedidos de juicio político, hechos por diputados y particulares.
Por eso, me parece inaceptable alguna argumentación que he escuchado en este recinto, y que he visto en algún dictamen de minoría, en el sentido de que se habla de una supuesta conjura electoral. Sinceramente creo que los integrantes de la Comisión de Juicio Político, hombres y mujeres de distintas corrientes políticas, quizás quieran tener una conjura: la de defender el derecho que tenemos los habitantes de este suelo de gozar de una justicia independiente.
Más allá de estas consideraciones, quisiera puntualizar dos temas que tienen que ver con dos pedidos de juicio político, que son de mi autoría y están contenidos en los expedientes 7.634 y 7.976-D.-01. Estos expedientes figuran citados como antecedentes en el Orden del Día N° 395.
Me voy a referir ahora a la causa Stancanelli. No voy a dar demasiadas precisiones, porque el señor miembro informante del dictamen de mayoría ha explicitado claramente la gravedad de esta sentencia en lo institucional, ya que significó que se terminara con una causa que había sido llevada adelante durante más de cinco años, posibilitando la libertad de todas las personas procesadas.
La Corte Suprema de Justicia, en menos de diez páginas, prácticamente destruyó una causa cuyo procesamiento y confirmación de la Cámara llevó más de doscientas cincuenta fojas.
No quiero hablar sobre los excesos de atribuciones que figuran en el Considerando 10 del fallo de la Corte, ni de la intervención de la Corte en este expediente, forzando su fallo. Tampoco quiero hablar del tratamiento de aspectos vinculados con sentencias que nunca fueron puestas en consideración en el recurso de queja, como ocurrió con el tratamiento de la falsedad ideológica, que posibilitó que claramente efectuara una interpretación para que el doctor Carlos Menem pudiera recuperar su libertad. Quiero hablar de la intervención indebida de los doctores Nazareno y Vázquez en ese expediente.
Todos sabemos que el artículo 55 del código de forma establece claramente que los jueces deben inhibirse o excusarse cuando se trata de asociación, comunidad con alguno de los interesados en la causa, amistad íntima, y si hubiesen recibido beneficios de importancia de algunos interesados.
Claramente, el doctor Nazareno se encuentra dentro de estas causales, por lo que debió excusarse. Junto con los señores diputados Carrió y Mario Cafiero pedimos a los doctores Vázquez y Nazareno su excusación. Ese pedido no fue tenido en cuenta, dado que fue rechazado sin considerar el fondo de la cuestión. La Corte no consideró nuestra solicitud.
Todos hemos tenido la oportunidad de ver las fotos del estudio que el doctor Menem compartía con el doctor Nazareno en la calle Catamarca, en la ciudad de La Rioja. Esto también fue probado por la comisión.
Por otro lado, el diputado Iparraguirre habló de una misión política, llevada a cabo por el gobierno nacional que por ese entonces estaba a cargo del doctor de la Rúa. Eso fue así, e incluso me atrevería a ampliar el concepto para hablar de complicidad política. Digo esto porque ante la respuesta que en aquel entonces nos dio la Corte, al negarnos la posibilidad de considerar el pedido de excusación, y por no ser parte de la causa -la querella estaba a cargo del Estado nacional, a través del Ministerio de Justicia?, decidimos pedir al Estado que solicitara la excusación de esos dos ministros. Lamentablemente, el doctor Jorge de la Rúa, que estaba a cargo de la cartera de Justicia, también nos negó esa posibilidad. Además, estos ministros desconocieron hasta la propia jurisprudencia de la Corte respecto de este tema.
Por otro lado, quiero referirme a la arbitrariedad puesta de manifiesto en la valoración de las pruebas. Ayer nos comentaba el señor diputado Tanoni que le llevó tres meses leer el expediente de la causa de la Embajada de Israel, que tenía 15.000 fojas. Creo que él tendría que pedirle consejo a los integrantes de la Corte Suprema, dado que en su momento leyeron en menos de una semana más de 30.600 fojas, que se repartían en 150 cuerpos y 300 anexos. Por eso, creo que estos ministros habían tomado la decisión de favorecer a Emir Yoma y a Carlos Menem antes de leer la causa. Incluso, los periódicos de la época informaban a través de los periodistas que seguían el tema, que el 20 de octubre la Corte ya estaba dispuesta a beneficiar al señor Emir Yoma y al doctor Carlos Menem.

Sr. Presidente (Britos).- La Presidencia recuerda a la señora diputada que el tiempo de que dispone su bloque es compartido con otros dos legisladores de su bancada, y ya lleva quince minutos haciendo uso de la palabra.

Sra. Ocaña.- Voy a ir redondeando mi exposición, señor presidente, para que también puedan hacer uso de la palabra los otros dos integrantes de mi bloque.
La rapidez con la que los miembros de la Corte leen los expedientes les ha impedido tener en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es la llamada "ruta del dinero". En su momento se presentaron las cuentas de Hayton Trade y de una serie de sociedades -solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el detalle de esas sociedades?, pero las pruebas jamás fueron consideradas por el alto tribunal. Es más, en su fallo la Corte señala que el supuesto pago de sumas de dinero a funcionarios nunca fue probado. Esto es mentira, y si la Corte hubiese leído el expediente habría visto que eso estaba claramente probado y acreditado.
Ayer, el señor presidente de la comisión manifestó que toda crisis nos da una oportunidad. Personalmente, creo que esta Cámara tiene hoy la oportunidad de otorgar a los argentinos la posibilidad de refundar este país sobre la base de una Justicia independiente. Si hoy votáramos favorablemente el inicio de la acusación a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estaríamos dando un paso muy importante en tal sentido.

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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - Dip.Rodriguez

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del interbloque del ARI al proyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura.

Nos parece que con la reforma que se propone se estaría sentado un antecedente grave. Si tomáramos de manera aislada algunas de las reformas que están contenidas en el proyecto quizás no lo serían tanto; pero el mecanismo en su conjunto poco hace en pos de la transparencia y de la imparcialidad en la designación de los jueces.

En realidad, debemos admitir que para muchos el Consejo de la Magistratura ha presentado algunas deficiencias que quizás no tuvimos en cuenta cuando impulsamos la creación de esta institución. Más aún, esto es algo que ha sucedido en otros países de la región, que están revisando esta institución de manera de poder dotarla de mayor eficiencia y transparencia.

La propuesta pone en el balance la rapidez en la designación vis à vis la transparencia y la idoneidad del procedimiento. Se vuelca por la rapidez pero a costa de restar transparencia y de no proveer un mecanismo adecuado para designar a quienes sean más idóneos para la administración de Justicia.

Sr. Presidente (Camaño).- Señores diputados: pido que escuchen a la oradora porque, si no me equivoco, van a hacer falta 129 votos afirmativos. Quiero saber cómo va a votar el ARI. Entonces, presten atención a la oradora porque en función de eso tendremos que ver cómo resolvemos el Orden del Día que está en tratamiento.

Continúe, señora diputada.

Sra. Rodríguez.- Uno de los problemas que se presentan en el procedimiento actual, y que ha sido observado por distintos académicos, es la falta de especialidad de los jurados. Este es un problema que no se resuelve en la propuesta, y estamos perdiendo la oportunidad de avanzar en este sentido. Por el contrario, se debilita el tema de la especialidad de los jurados. En este momento tienen que contar, por ejemplo, con quince años de ejercicio en la profesión. A partir de ahora ni siquiera éste será un requisito, y puede llegar a designarse a alguien recién recibido.

Por otra parte, actualmente, la parte más importante del mecanismo recae en el jurado. Ahora, se resta importancia al jurado y se pasan sus facultades al comité de selección, que justamente es donde hay mayor proclividad a presiones e intereses políticos y menos transparencia.

En este momento es el jurado quien evalúa los antecedentes, quien prepara el orden de méritos y lo eleva al comité de selección. Según la iniciativa, el jurado simplemente va a tomar el examen y todo lo demás va a quedar a cargo del comité de selección, que va a ser el órgano que evalúe los antecedentes y determine el orden final de méritos.

Además, las impugnaciones a lo que haga el comité de selección van a ser resueltas por este mismo órgano, con lo cual terminaría siendo juez y parte en el procedimiento. Así, el comité de selección va a terminar definiendo quiénes son los que irán a la entrevista del plenario, independientemente de que éste pueda pedir a otros; además, va a resolver las impugnaciones, va a decir cuál va a ser el orden de méritos, y el jurado simplemente se va a limitar a tomar el concurso.

Este procedimiento tiene un reaseguro: el plenario debe expedirse en forma fundada y dar publicidad a sus razones. Ahora, sacamos el requisito de esta publicidad. Realmente, estamos destrozando el mecanismo previsto; éste tenía falencias pero ahora las agravamos mucho más, y ni siquiera pensamos en otras formas para transparentar el procedimiento.

Por ejemplo, nosotros propusimos en la comisión que la audiencia pública en la que los postulantes se presentan ante el plenario -que lo único que tiene de pública es la presencia de la gente-, se convirtiera en una verdadera audiencia, en la que los distintos actores de la sociedad civil tuvieran una participación más efectiva. Por ello, sugerimos que existiera una especie de registro en el que la gente pudiera presentar sus observaciones y preguntas a los distintos postulantes. De esta manera, las organizaciones que trabajan en esta materia podrían desempeñar un papel importante en esas audiencias. Sobre esto existen muchos ejemplos en distintos países del mundo, en los que el sistema funciona correctamente.

Existe mucha doctrina sobre esta materia, pero sólo voy a citar la opinión de la doctora María Angélica Gelly, quien señala: “La modificación de lo decidido por el jurado quitará claridad y consistencia a todo el procedimiento de selección.” Más adelante agrega: “La facultad que tiene el Consejo de mudar el orden de mérito establecido por el jurado y aún de revisar de oficio los resultados de las pruebas del concurso revelan, o bien deficiencias notorias en la integración de los jurados, o bien excesiva discrecionalidad por parte del Consejo de la Magistratura. Ambos supuestos deterioran la credibilidad del organismo y las expectativas que despertó.”

Por ello, reitero que las modificaciones que se proponen, en lugar de reparar esa situación, la profundizan.

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Proyecto de Declaración de Emergencia por la pcia.Santa Fé

Dip. Alicia Gutierrez

Proyecto de Ley: DECLARAR EN EMERGENCIA SANITARIA A LA PROVINCIA DE SANTA FE.
Discurso de la Diputada de la Nación ALICIA V. GUTIÉRREZ - ARI Santa Fé.

Sr. Presidente, quiero adelantar el voto positivo al Proyecto que proviene del Senado
Los datos son más que elocuentes para ilustrar la catástrofe que representó para el pueblo santafecino la inundación producida el 28 de abril, cubriendo la mitad de la ciudad de Santa Fé: con el resultado de más de 20 personas fallecidas, alrededor de 20.000 evacuados, miles de personas autoevacuados y los aún no cuantificados daños materiales tanto en los bienes de los particulares como en la infraestructura pública.
Basta como ejemplo el corte de la autopista Santa Fe - Rosario por el desmoronamiento de una de las bases del puente sobre el Río Salado o el Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé, también en riesgo de derrumbe y que es hoy el único nexo vial utilizable - con restricciones.
Es necesario aportar algunos datos técnicos para ayudar a comprender la magnitud de la tragedia.
El Instituto Nacional del Agua (INA) cuenta con un Sistema de Alerta del Paraná mediante el cual se monitorea la información hidromética que recaban los distintos nodos provinciales que trabajan en relación con las Direcciones de Hidráulica provinciales. El Sistema de Alerta del Paraná monitorea la cuenca del Plata que está conformada por los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay.
El río Salado es un afluente del río Paraná de orden menor. El río Paraná cuenta con un caudal medio de 18.000 m3 por segundo, mientras que el caudal del Salado no supera los 30m3 por segundo. El monitoreo del río Salado le correspondería a la autoridad provincial.
Luego en marzo de 2003, el INA realizó un informe en el cual se pronosticaban lluvias crecientes en la zona con un río Salado ya crecido.
Las lluvias producidas sobre la cuenca baja del Salado durante el mes de abril, y sobretodo entre el 22 y 24 de abril, dieron lugar a la catástrofe que provocó decenas de muertes. En abril las precipitaciones acumuladas sobre la cuenca inferior del río Salado alcanzaron a triplicar el valor normal del mes.
Además del INA, expertos del Conicet, el INTA, de la Universidad Nacional del Litoral y otros organismos advirtieron que la cuenca del Salado estaba saturada y que podía haber lluvias extremas. Si alguien hubiera escuchado las alertas, las pérdidas humanas y materiales habrían sido menores.

Este análisis tiene dos componentes:

El primero de subestimación de los diagnósticos que predicen cambios climáticos y mayores lluvias o sequías y el segundo de diagnóstico de la capacidad de absorción de las cuencas de esas mayores lluvias (falta de obras) y de los efectos de las inundaciones sobre las poblaciones (los habitantes y las viviendas).

El segundo análisis tiene que ver con la capacidad de evacuación rápida de la población tratando de salvar vidas humanas y la creación de condiciones mínimas de alimentación, higiene y salud que eviten enfermedades en la población evacuada.

En santa Fe no existió un plan de contingencia para la emergencia hídrica que se avecinaba la responsabilidad política del gobernador Reutemann , sus Ministros y el Intendente de Santa Fé son evidentes, estaríamos aquí ante un caso de incumplimiento de los deberes de funcionario publico.
Las fallas del gobierno santafesino dirigido por Reutemann se dan en toda la cadena.
No alcanza con la destitución del Director Provincial de Obras Hidráulicas, Ing. RICARDO ANGEL FRATTI.
Esta catástrofe ambiental y humana podría haberse previsto con menores pérdidas humanas y materiales de mediar un gobierno activo preparado para adelantarse a los acontecimientos a través de un Comité técnico-político dirigido por el Gobernador encargado de estudiar y observar las diferentes amenazas (riesgos tecnológicos mayores, cambio climático, epidemias, etc.) que recaen sobre las poblaciones de su jurisdicción.
La inexistencia de un sistema de alerta que hubiera permitido la evacuación de la zona, salvando la vida de numerosas personas, es una grotesca muestra de los resultados de la falta de Estado.
Cuando las imágenes de Santa Fe inundada dejen paso a otras tragedias u otras invasiones imperiales, quienes tenemos la responsabilidad de legislar debemos seguir pidiendo respuestas para las victimas y los evacuados de Santa Fe.
Nos queda la maravillosa sensación de la solidaridad del pueblo con las víctimas de esta tragedia, pero sería muy conveniente que los gobernantes pudieran dar mejores respuestas a las necesidades de la gente y asumieran con total responsabilidad su pretendida vocación de servicio o el mismo pueblo deberá requerir públicamente la revocatoria de sus mandatos.

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Discurso de Elisa Carrió en sesión del Congreso Nacional sobre la nulidad de las leyes de impunidad. 

12 de Agosto del 2003.

Declarar la nulidad de una ley que me parece que es la cuestión central. Pero lo primero que tendríamos que aclarar es a quien corresponde el control de constitucionalidad de las leyes en la Argentina porque lo que dijo el diputado Capelleri y el diputado Breard es lo que también se siente en la calle y muchas veces se repite y repiten los alumnos cuando rinden un examen de derecho constitucional, en el sentido de que los únicos, el único órgano encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes es el Poder Judicial y esto no es así, esto no es así.
Es cierto que ya los federalistas hablaban del control de constitucionalidad antes de la constitución americana pero también es cierto que en la constitución americana no hubo una sola cláusula que dijera a quien le compete el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad nació por el juez Marshall, que había sido secretario de Estado tenía que sacarse una causa de encima, y entonces a partir de la sentencia Marbury vs Madison estableció que los tribunales, cuando interpretan las leyes para aplicarlas a un caso concreto, pueden
declarar inaplicable al caso concreto una ley si ésta es inconstitucional. A
partir de allí, se estableció lo que se llama el sistema de contralor de
constitucionalidad difuso. Lo puede hacer cualquier juez en una causa
concreta y con efectos interpartes, nunca implica la nulidad de la ley,
nunca, es sólo el control de constitucionalidad y sólo el argumento retórico
utilizado por los jueces en el caso concreto para no aplicar la norma
tildada de inconstitucional. Nuestro sistema copió exactamente el sistema
norteamericano y después si quieren podemos hablar de la constitución del
'94 porque nosotros somos los redactores de algunas de esas cláusulas.
Perola pregunta que queda pendiente es si los otros órganos del Estado controlan o no la constitucionalidad de las normas y claro que lo controlan, lean Sagüés, lean Bidart Campos, lean el que quieran, cuando nosotros estamos en una comisión en este congreso y vamos a sancionar una norma y estamos trabajando un proyecto, estamos haciendo análisis de constitucionalidad o no cualquiera de estos diputados dice no podemos sancionar esto porque es inconstitucional. Esto se llama control preventivo de inconstitucionalidad, lo que hacemos nosotros cuando argumentamos incluso en el recinto.
También podemos derogar una norma tildada de inconstitucional, por ejemplo, si afirmáramos que la tenencia de droga para consumo personal es inconstitucional, hay muchísimos proyectos derogatorios de la norma porque es inconstitucional. Aquí, el efecto, obviamente, es genérico, es para todos los casos.
Lo último que nos queda es, si puede, el Poder Legislativo cuando
analiza el contralor de constitucionalidad de una norma, declarar su
nulidad. Y este es un problema complejo, lo reconocemos, es absolutamente complejo.
Y no estoy haciendo una argumentación política, acá estoy jugando
veinticinco años dedicada a la ciencia del derecho constitucional. En
principio, no lo puede hacer, es cierto, salvo que la norma en la cual se
confronta, con la cual se confronta, sancione bajo pena de nulidad. Qué
quiero decir, si la norma que está analizando el congreso, en este caso, las
leyes de obediencia debida y punto final, su violación constitucional, está
dada porque violan el 29 de la constitución nacional y es el propio 29 de la
constitución nacional el que sanciona con nulidad absoluta e insanable todos los actos, ahí corresponde, si además le agregamos otro recaudo más,
violación al 29 con sanción de nulidad absoluta insanable y que se trate de
delitos de lesa humanidad por violación al derecho de gentes establecido en
el 118. Lean el fallo del juez Cavallo y no es cierto que el fallo del juez
Cavallo pueda anular, el juez Cavallo al declarar la nulidad lo que hace es
no aplicar la norma al caso concreto, cuando nosotros bajo los mismos
argumentos declaramos la nulidad absoluta e insanable, lo que hacemos es una declaración de invalidez por el órgano destinado por el órgano competente para dictar la norma y es plenamente factible.
Yo creo que hay otros problemas mucho más complejos que voy a analizar ahora, pero nadie puede desconocer como primer argumento central que este congreso no tenga competencias. Lo que no tiene competencia es para un caso concreto, lo que nunca podría hacer este congreso es tomar una causa judicial y sacar una ley que diga: a tal causa judicial, no se aplica la ley. Pero con criterio general, lo puede hacer bajo estas dos condiciones, violación al 29 y violación al derecho de gentes.
Yo lamento mucho, cuando por ejemplo Capelleri dice que, en realidad, en la sanción de la ley de obediencia debida y punto final no hubo ninguna causal de nulidad. Y lo lamento porque más allá de entender el momento que se podría haber vivido, es claro que no tiene que analizarse la nulidad de la ley en base a si tuvo iniciativa, aprobación en las cámaras o promulgación, lo que debe analizarse es si los diputados de entonces podían sancionar una norma que violaba el 29 de la constitución nacional y no lo podían hacer, no lo podían hacer ayer, no lo podemos hacer hoy, no lo podemos hacer nunca y no lo podemos hacer, precisamente, a la luz del tratado que quiero ratificar. Ni para atrás ni para adelante porque habría que decir que por encima de la cosa juzgada, por encima está el derecho construido por una humanidad como es el derecho de gentes, claro que no es usual esto pero si no es usual en nazismo. Por eso no es usual el tribunal de Nüremberg . No es usual esto en la Argentina porque no fue usual el terrorismo de Estado, la tortura sistemática y la desaparición forzada.
Y en consecuencia, el deber de los pueblos, cualquiera sea el momento de la historia, hayan pasado 10, 20, 30 o 40 años, siempre van a estar habilitados para volver sobre sus propios actos y declarar insanablemente nulos aquellos actos que impliquen violación al
principio de justicia en materia de delitos de lesa humanidad. Que no tiene
efectos, es mentira que no tiene efectos, esto significa desconocer primero
la dimensión histórica del derecho, este reconocimiento que hoy hace el
congreso es el reconocimiento histórico más importante de los últimos veinte años.
Yo les quiero preguntar si el caso llega a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, si van a decir que el pronunciamiento de un Congreso,
reconociendo lo que sucedió en la Argentina y declarando esa nulidad, cuando muchas veces pidió que la legislación se adecue al juzgamiento va a decir que es una payasada, lo que va decir la Corte Interamericana es que el congreso reconoció la coacción bajo la cual fueron dictadas esas normas, la violación de derechos humanos fundamentales como el derecho de la justicia de esas normas sancionadas porque quizás, si viéramos de afuera podríamos ver mejor lo que de adentro parece no verse, no es aquí quien tuvo razón o quien no tuvo, es cuestión de reparar y es cierto que en un extremo está la venganza y en el otro la impunidad pero lo que tiene que estar ahora es la verdad, es la justicia, es la condena y es la nulidad insanable y absoluta.
El segundo argumento, más complejo todavía, y el verdadero problema no es la declaración de nulidad, el problema más complejo que habrá que analizar es qué pasa cuando melló un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en su momento declaró la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y que a todo el mundo, de alguna manera, se le escapa, este es un problema, este es un problema real y ese problema real sólo puede ser analizado, analizando aquella vieja sentencia de la Corte, tanto es así que nosotros no es este oportunismo que todo el análisis de esa sentencia está hecha en un libro nuestro de hace más de diez años pero, en realidad, si ustedes analizas el fallo de la Corte se van a dar cuenta que hay tres votos el de Beluscio, el de Severo Caballero y cómo se llamaba el otro, y Fayt, perdón, los tres primeros que, en realidad, no ingresan a considerar la inconstitucionalidad la norma sino que, por el contrario, utilizan lo que se llama un argumento retórico que es el self restraint, dicen: yo no me meto, yo no tengo competencia como Poder Judicial para revisar lo decido por otras instancias de producción jurídica, agrega Fayt, cuando está en juego la supervivencia misma de la Nación.
Lo que les quieren decir esos jueces es que no estaban en condiciones políticas de fallar porque no se podían hacer cargo de las consecuencias políticas y sociales de una decisión invalidante y hay que recordar entonces, tenía libertad Alfonsín, no tenía libertad Alfonsín, digámoslo, no tenía plena libertad Alfonsín cuando manda las leyes de obediencia debida y punto final, lo dicen ellos, tenía libertad el congreso, no tenía plena libertad congreso, estaban coaccionados, lo dicen todas las declaraciones de los diputados, que pasa cuando llega a la Corte, cuando llega a la Corte estos jueces dicen: no nos metemos, self restraint porque está en juego la supervivencia de la Nación pero el más claro de todos, el fallo, el voto que expresa de una manera impresionante el conflicto que se vivía en ese momento es el del juez Petracchi. Petracchi hace 34 considerandos, 34, 33 considerandos diciendo que la ley es inconstitucional y termina diciendo, literalmente, la ley es inconstitucional y en el considerando 34 dice: pero no podemos dejar de analizar la ley en el contexto de una transición democrática, por eso ahora voy a contestar los argumentos de Breard, en el marco de que no podría el Poder Judicial, no alcance, de alguna manera, las consecuencias políticas y sociales de una decisión invalidante.
Qué quiere decir esto, está muy claro que salvo el juez Bacqué, que habla claramente de esto, estos jueces no se pronunciaron pero si dijéramos que estaban coaccionados, pero aun así, en ningún caso analizaron la violación al articulo 29 de la constitución nacional. Entonces, no es que las transiciones, como dice el diputado Breard frenan los procesos, las transiciones, a veces, significan algunos pasos en este proceso, por eso, acá hay una razón histórica, una razón política y una razón jurídica porque algunos podrán pensar que en ese tiempo se podía, como lo dice Petracchi en otro considerando, seguir con los proceso de juzgamiento. Y otros habrían dicho por evaluación política no podíamos seguir porque se caía la democracia.
Pues bien, ninguno de esos argumentos vale ahora. Hoy estamos en el tiempo histórico de reconocimiento político de que el juzgamiento por los derechos humanos es la gran causa pendiente de la Argentina y esas normas eran, son y serán insanablemente nulas. En consecuencia, se habla del principio de que van a volver a los tribunales. No es así, las leyes de obediencia debida y punto sólo implican juicios de hecho que en realidad implicaban un avance sobre el Poder Judicial, lo que decían las leyes es que la gente había actuado, como supuesto de hecho no controvertible, bajo el principio de obediencia debida, que quiere decir, que era lo único que se retira, que se levanta es esa presunción de hecho indiscutible que paralizaba al proceso que era la obediencia debida, no es cierto, queda como está.
Ahora, supongamos, el primero como reconocimiento histórico, el
segundo, como reconocimiento de la nulidad absoluta e insanable, en ninguno de los dos casos nadie te puede controvertir esto porque nadie puede impedir al congreso hacer un reconocimiento histórico, nadie puede impedir al congreso dictar una norma declarativa en materia de nulidad.
Los efectos jurídicos, nosotros creemos que tiene efectos jurídicos, que tiene absolutos efectos jurídicos que hay que reabrir las causas y acá pueden pasar tres cosas señor presidente, muy claras, que no es ningún escándalo.
Que puede hacer un juez como último contralor de constitucionalidad de las leyes, puede tener el caso y decir: bueno, miren la ley de congreso es inconstitucional y la obediencia debida es constitucional, un solo acto y en consecuencia cerrar el proceso y esto va a la comisión interamericana y a la corte interamericana que va a decir, en realidad, las partes tienen razón, hay que abrir el proceso y hay que juzgar, años.
Segundo, qué puede hacer un juez, miren, la declaración del congreso es inconstitucional, es irrelevante, punto, no declara nada, declara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final, en ese caso, puede servir la declaración del congreso como argumento de hecho para sustentar la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y punto final. Puede hacer otra cosa, puede declarar la constitucionalidad de nuestra ley y la inconstitucional de la obediencia debida y el punto final, entonces, reabre el proceso.
Cuál es el problema. En realidad, lo que nadie va a poder borrar es esta declaración histórica, nadie, ni en la instancia nacional ni en la instancia internacional. Por eso yo lamento mucho que algunos compañeros diputados no me acompañen, todos sabemos que el proceso ha sido enormemente difícil pero todos sabemos que siempre hay tiempo para sanar y para curar las heridas.
Yo no voy a estar más en esta cámara de diputados de la nación pero voy a poder defender en cada aula universitaria y en cada lugar la validez de esta declaración hecha por el congreso, como juicio histórico y como juicio jurídico, yo no se si todos vamos a poder decir dentro de veinte años que no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando.
Así se construye la Paz, mientras no haya verdad, justicia y condena, no va a haber Paz y es mentira que esto haya sido caprichoso, hay muchos pronunciamientos de este congreso a lo largo de este tiempo, diputados de distintos bloques fueron pidiendo la verdad, es mentira que sea la primera vez que llevamos a jerarquía constitucional, que le tenemos que agradecer a Barra, esto de paso hablando.
El tratado sobre imprescriptibilidad porque cuando estábamos con Juan Pablo Cafiero en la convención constituyente y allá hay otra convencional, lo que llevamos a jerarquía constitucional los tratados internacionales, Barra nos quiso sacar un montón de tratados, entre ellos los que están. Entonces ideamos esta cláusula para zafar y esta cláusula era que el congreso podía elevar a jerarquía constitucional los tratados con los dos tercios. Vieron que hasta los malos sirven a las buenas causas en algún momento de la historia. Entonces, acá también, acá también, no estaba fuera del núcleo (¿?) básica por eso salió. Acá también se declaró la jerarquía constitucional del tratado sobre desaparición forzada, lo hicimos en el año '96 y lo votó Rico y lo votaron un montón de militares que estaban allá atrás porque no se dieron cuenta, así como votamos recién, otra de las maravillas de la historia. También vino el pedido de declaración de nulidad y se avanzó en la derogación, también tuvo media sanción para que el proyecto para que las cámaras puedan buscar la verdad, es un largo proceso, se dan cuenta, no es un proceso de hoy, no es un capricho.
Yo agradezco profundamente al Presidente de la Nación que haya tenido la energía y la decisión de poner las cosas en su lugar para que la base de la verdad y la justicia sea posible en este país y quiero, en nombre de todo mi bloque, dedicar esto a Alfredo Bravo, que incansablemente estuvo sentado acá muchos miércoles pidiendo la nulidad de la obediencia debida y punto final. Ojalá que hubiera estado con nosotros porque la Paz también se construye reconociendo a los que lucharon.
Muchas gracias señor presidente.

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Discurso de Alicia Gutierrez en sesión del Congreso Nacional sobre la nulidad de las leyes de impunidad. 

No voy a explayarme sobre las implicancias legales de la anulación efectiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final mejor conocidos como las leyes de impunidad. Quisiera, como en todas las ocasiones que hemos tratado la cuestión en el recinto, extenderme sobre la conveniencia política de tomar medidas en tal sentido.
Nuestro país ha sufrido durante estos últimos 27 años las consecuencias del Terrorismo de Estado en todas las esferas de su vida social: la violación a los derechos humanos fundamentales no sólo se produjo a través de la violación del derecho a la vida, crimen por demás demostrado y repudiado por la inmensa mayoría del pueblo argentino; si no también a través, y he ahí el fundamento último de la última dictadura, de la entrega del patrimonio público, la trasnacionalización de la economía, la conculcación de los derechos de los trabajadores, y la concentración brutal de la riqueza llevada a límites inéditos en la historia de nuestro país.
Represión física y políticas neoliberales, han seguido un camino paralelo pero convergente a partir de marzo de 1976, camino que denunciara proféticamente el periodista y militante Montonero Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas, y que, lamentablemente, los sucesivos gobiernos constitucionales han profundizado pretendiendo echar un manto de olvido sobre los crímenes de la última dictadura: desde la desaparición forzada de militantes políticos y sociales, hasta la estatización de una deuda externa ilegítima y fraudulenta.
Pero ni unos, ni otros crímenes, han sido olvidados por el pueblo argentino. Hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del país han mantenido viva la memoria de lo que la democracia vergonzante ha querido olvidar. Me voy a permitir nombrar a dos de ellos: la primera, Olga Aredez, única Madre de Plaza de Mayo que semana a semana marcha sola en la plaza principal de Libertador General San Martín, desafiando el poder del ingenio Ledesma, empresa cuyos dueños son responsables del tristemente célebre "Apagón de Ledesma"; el segundo, Alejandro Olmos, incasable luchador en la denuncia de una Deuda Externa que el pueblo argentino no contrajo, quien falleciera poco antes conocerse el fallo ejemplar del Juez Ballestero, donde se demuestra la veracidad de aquellas denuncias.

Nuevos vientos políticos soplan en la política argentina. Mal haríamos en adjudicarnos alguno de los presentes la paternidad exclusiva sobre un nuevo tiempo, sin desmerecer trayectorias en la lucha por la vigencia de los derechos humanos y sociales, y sin olvidar, por otro lado, trayectorias fundadas en la traición al mandato popular y a los más mínimos valores democráticos, de las que no faltan ejemplos en esta cámara. Digo que nuevos vientos soplan, y esta posibilidad cierta de anulación de las leyes de impunidad es una muestra de ello, producto de la incansable lucha del pueblo argentino por Verdad y Justicia, a través de sus organizaciones y particularmente de los organismos de derechos humanos (Madres, Abuelas HIJOS), que han sabido persistir en el tiempo con aquellas banderas en alto.
Decía entonces, que más allá de las individualidades, es la madurez y la decisión de un pueblo, que ha sabido expresarse por dar una vuelta de página al modelo de país abierto por la dictadura, lo que nos insta a ponernos a la altura de las circunstancias, y dar cuenta en los hechos, lo que muchos hemos sostenido en el discurso durante años. No podemos separar de ninguna manera, por todo lo dicho anteriormente, las consecuencias de un modelo económico de hambre, miseria e indignidad nacional, de los crímenes de la última dictadura militar. Estos últimos se cometieron para ello. De aquellos dolores, estos padeceres. De aquellos crímenes, estas consecuencias. Y con esto pretendo señalar la vigencia del reclamo, basado no sólo en intereses personales, es decir el derecho que nos asiste a quienes hemos perdido a nuestros familiares y nuestros compañeros por el accionar del Terrorismo de Estado; si no, asimismo, basado en la necesidad política de comprender y remediar los males que nos aquejan como Nación.
Por ello, quienes pretenden recusar este intento de lograr justicia de una vez por todas, señalando la supuesta anacronía del reclamo, sólo pueden hacerlo desde la cobardía, desde la complicidad, o desde una clara intención de tapar las propias responsabilidades.
Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Pero no podemos aceptar que Luis Patti, denunciado en el caso del asesinato de los compañeros Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, nos aleccione sobre la vigencia o no del reclamo. No podemos aceptar que el profesor Mariano Grondona, periodista servil y cómplice del Terrorismo de Estado, nos dé clases sobre la pertinencia de remover o no, la historia reciente de nuestro país.
Decía que no iba a explayarme sobre la implicancias legales de la anulación; no sólo porque algunos de mis colegas de Bloque se expresaron en tal sentido a lo largo de este debate, sino también, porque creo que esta debe ser una decisión fundamentalmente política de esta cámara, que dé señales claras e inequívocas de estar a la altura de las circunstancias. El actual gobierno ha expresado públicamente su voluntad de avanzar en el juzgamiento de los responsables, en este sentido, la señal más clara que puede dar este cuerpo, es el de la anulación de las leyes de impunidad, que abran una posibilidad cierta de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Cualquier salida de corte formal, para salir del paso y superar disidencias internas de los bloques partidarios, puede empujarnos a callejones legales, que terminarán por hacerle el juego a quienes quieren garantizar la impunidad.
El pedido de extradición del Juez Garzón, resultado de la impunidad reinante, que ha bloqueado toda posibilidad de justicia en nuestro país, nos pone en la disyuntiva del juzgamiento o la extradición. NO hay alternativa intermedia, ni argucia legal que pueda escapar a esta disyuntiva. Si pretendemos ser un país que no resigne su derecho a juzgar y castigar directamente a los responsables de crímenes de lesa humanidad, anulemos pues las leyes que consagran la impunidad, y hagámonos cargo, con valentía, de juzgar nosotros mismos a nuestros verdugos.
Para cerrar, me voy a permitir citar a un intelectual y hombre de acción, quien también ocupó una de estas bancas, como diputado peronista, y fuera ejemplo de miles de jóvenes que nos volcamos a la acción política durante la década del '70, muchísimos de los cuales hoy se encuentran detenidos-desaparecidos, pero que aún viven en los recuerdos de la militancia compartida. Decía John William Cooke en referencia a los crímenes de dictaduras pasadas, y valga la mención para dar cuenta de la disyuntiva de esta hora:
"Hay miles y miles de hombres que sólo conocieron la derrota, pero lo que no conocieron fue el deshonor, y por eso no podemos llegar a compromisos eclécticos en que lo mismo valgan los verdugos que los inmolados."

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Discurso s/Carta Org.BCRA y Ley Entid.Finan(26-8-2003)

Sr. Presidente (Camaño).- Por Secretaría se dará cuenta del resto del Plan de Labor.
Sr. Secretario (Rollano).- Dice así: "Proyectos acordados por la Comisión de Labor Parlamentaria para su tratamiento.
- 40-S.-03 Proyecto de ley en revisión de modificaciones a la ley 21.526 de entidades financieras y a la ley 24.144, orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: voy a fundar el voto negativo del bloque del ARI. Nosotros concordamos con la necesidad de saneamiento y recuperación del sistema financiero. Queremos contar con una normativa eficaz que lo regule.
No coincidimos con que la herramienta que se está proponiendo vaya a ser idónea para esa recuperación y saneamiento, menos aún en la actual situación. Esto lo creemos por los criterios que se propugnan, como por los actores que van a llevar a cabo estas reformas.
En realidad, por medio de este proyecto se propone dotar de mayor independencia, impunidad y discrecionalidad a quienes fueron partícipes de la crisis financiera, sin que haya existido un análisis de sus actos ni un deslinde de responsabilidades ni una rendición de cuentas.
Por un lado, el proyecto habla de la reforma de la ley de entidades financieras, que es una normativa de la dictadura, como aquí se ha dicho. Nosotros proponemos no incorporar parche sobre parche, porque la democracia tiene una deuda pendiente con esta ley que fue el instrumento que posibilitó el avance de la regulación financiera por sobre la productiva; también posibilitó un sistema financiero cuyo objetivo no era colocar el ahorro al servicio de la producción, sino que sólo contribuyó a la especulación y, en algunos casos, lisa y llanamente a la delincuencia económica.
Consideramos que esta ley debe ser derogada, asumiendo el desafío de sancionar una nueva ley de entidades financieras, que básicamente se funde en los principios que voy a enunciar.
En primer lugar, que las políticas monetarias y financieras sirvan al funcionamiento de políticas anticíclicas y de promoción del crecimiento. En segundo lugar, que el Estado no siga comprometiendo su solvencia, haciéndose cargo de más deuda privada.
Por otra parte, habrá que evitar que se adopten medidas indiscriminadas, dado que las distintas entidades registradas atraviesan situaciones muy disímiles y no podemos abordarlas con el mismo enfoque homogéneo.
Asimismo, que los eventuales apoyos se hagan con límites estrictos, exigiendo garantías y compromisos

efectivos de capitalización, considerando las particularidades de cada entidad y de los directivos, sobre todo en aquellos casos de maniobras de dudosa legalidad.
Finalmente, esto implica una revisión de todo lo actuado hasta aquí, fundamentalmente a los fines de identificar maniobras dolosas y los procesos que han llevado a estas crisis financieras.
En realidad, el desafío es establecer un nuevo modelo de regulación y supervisión, exigiendo la mayor transparencia en el manejo de las entidades, la máxima idoneidad a dueños y gerentes, así como la efectiva verificación del origen de los capitales.
En cualquier caso, lo que sí debe quedar claro es que no se pueden discutir medidas financieras aisladas de un programa macroeconómico, que el actual gobierno no explicitó durante la campaña y tampoco ha sido presentado hasta el momento.
Esto es particularmente importante en este caso, porque se trata de dar mayores facultades para actuar de un modo discrecional tanto a funcionarios del Banco Central como del Ministerio de Economía.
Para pasar al análisis en particular del articulado, voy a referirme brevemente a los puntos más salientes, solicitando que se inserte el resto en el Diario de Sesiones. El artículo 35 bis ha sido cuestionado por gran parte de la doctrina en cuanto a su funcionamiento vigente.
Ahora encontramos que profundizamos el error que supone esta facultad discrecional de exclusión de activos y pasivos sin requerir la autorización judicial previa. Así se otorga una serie de privilegios al sector financiero, los que no están presentes en otros sectores de la vida económica del país y violentan el orden público concursal.
Este caso, además, es más grave, porque se permite ajustar la valuación contable de los títulos públicos al valor neto de realización, según las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina, que no conocemos en este momento. Incluso, los títulos se pueden transferir mediante fideicomisos.
El proyecto tampoco contempla el problema de la falta de ejercicio del poder de policía financiero que debe ejercer el Banco Central.
Otra cuestión se vincula con la intervención judicial. El miembro informante ha señalado que tendremos intervenciones judiciales más rápidas. En realidad, lo que ocurrirá es que la Justicia pasará meramente a ratificar lo que disponga el Banco Central, violentando las que deberían ser facultades propias de los jueces respecto de este tipo de procesos.
Cabe aclarar que en relación a la designación de interventores judiciales, continúa manteniéndose un procedimiento aleatorio sobre un padrón conocido. Esto no resuelve los problemas actuales, y tampoco se prevé un sistema ordenado, ágil y transparente de la propia tarea del Banco Central en la designación de los interventores.
Otro punto cuestionable es la limitación del reclamo de daños y perjuicios, que en el caso vigente no sólo se constriñe a los acreedores, socios y

administradores, sino que ahora se extiende a los asociados, a los accionistas y a los representantes; es decir que se amplía la ausencia de legitimación activa. Ello se relaciona con el artículo 35 ter, que ya ha sido cuestionado porque establece impunidad.
En realidad se trata justamente de confundir. Se mezclan distintos tipos de situaciones. Es sabido que el Estado tiene dos formas de actuación: la actividad discrecional y la actividad reglada. Acá se confunden estas dos situaciones. Es cierto que la oportunidad, el mérito y la conveniencia es algo que ya la Justicia considera que no debe ser analizado cuando se trata de actividad discrecional; lo que sucede es que aquí se hace referencia a distintos artículos que combinan actividad reglada y actividad discrecional. El problema es que la discrecionalidad no siempre aparece con claridad en una norma, y muchas veces se confunde un concepto jurídico indeterminado con lo que es la actividad discrecional.
Por otra parte, ningún sentido tiene hablar de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas; lo que es ilegal es la arbitrariedad o la irrazonabilidad sin importar cuál sea el modo o el grado de manifestación. Al respecto podría traer bastante jurisprudencia, pero sólo me limitaré a hacer algunas citas a fin de no abundar.
Rafael Bielsa ha dicho que cuando la administración pública procede sin sujeción en sus procedimientos a normas expresas, ella ejerce un poder discrecional; pero aun entonces debe obrar dentro de su competencia con arreglo a formas legales y sin contrariar la ley o el fin de la ley.
En el mismo sentido García Oviedo sostiene que obrar discrecionalmente equivale a obrar libremente, si bien acomodando la conducta a un bien público específico: fin fiscal, fin de policía, etcétera. La diferencia entre el acto discrecional y el acto arbitrario se percibe ahora claramente: es una diferencia teleológica. El acto discrecional se convierte en acto arbitrario cuando la administración no ajusta su conducta al fin en vista del cual la ley lo autorizó.
La Corte Suprema, en distintas causas, también ha señalado que la circunstancia de que la administración obre en el ejercicio de facultades discrecionales no puede dejar de lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza jurisdiccional a que obliga el principio de separación de poderes, ni tampoco puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria.
Para estos funcionarios estamos creando un régimen de privilegio que no tienen otros funcionarios de la administración pública, y además violentamos el principio de división de poderes.
Por otro lado, llama poderosamente la atención y no tiene explicación alguna la desaparición del inciso d) del artículo 49. En el nuevo texto no se reproduce el privilegio de los depositantes en relación con los fondos que la entidad liquidada tuviera depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo. Es decir que se quita el privilegio especial que los depositantes tenían sobre los encajes, que supuestamente deberían estar integrados en efectivo pero que en realidad se empapelaron con títulos, y por lo tanto se rebaja a los acreedores a un privilegio general sobre el resto de los activos. Por lo tanto, no coincidimos en que se preste mayor confianza y mayor seguridad a los ahorristas, pues estamos licuando sus privilegios.
Respecto de la segunda parte de este proyecto de ley -es decir, lo relativo a la Carta Orgánica del Banco Central?, entendemos que dada la gravedad de la crisis es necesario crear un ente más autónomo, independiente de las autoridades de organismos que manejan la coyuntura. Es necesario definir una arquitectura financiera y normas de regulación que atiendan los problemas del sistema financiero a largo plazo; no se puede dar discrecionalidad y falta de transparencia, y mucho menos se deben concentrar funciones.
En realidad, hay que crear una unidad independiente que aclare las responsabilidades de las entidades financieras en la crisis, que permita discriminar

los comportamientos y que exija compromisos de forma independiente de los criterios coyunturales de la política oficial.
En particular, nos merece graves objeciones el artículo 14, fundamentalmente el agregado que se hace en el inciso q), por el que se atribuye al directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar, o reducir cargos. En realidad esto blanquea algo que ya está haciendo el Banco Central, condonando cargos, o sea eximiendo el pago de multas y penalidades.
Eso violenta un principio fundamental, que es el de igualdad ante la ley. Se necesitan criterios claros para que ante una sanción se persiga hacer efectiva su aplicación, y que haya transparencia en los criterios de aplicación de multas y en su cobro.
Dejar toda esa tarea librada al arbitrio del directorio no tiene ningún justificativo y permite que aquellos directivos vinculados con poderes económicos utilicen esto de una manera absolutamente discrecional, como ha venido sucediendo.
También coincidimos con las críticas que se han hecho a la otra parte del artículo 14. No tiene ningún sentido lo que ha sancionado el Senado, disponiendo que la aprobación de gastos sea dominio de esa Cámara y no del Congreso de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta las especiales facultades que tiene la Cámara de Diputados en materia presupuestaria. Creemos que esto es algo que no puede ser perdonado por esta Cámara.
Además hay que tener en cuenta que se limita la aprobación de gastos a los no financieros, con lo cual estamos acotando las facultades porque en la ley vigente no existe una limitación.
Se plantea una situación compleja respecto del artículo 15, consistente en establecer una política macroeconómica que atienda a necesidades del ciclo de la economía, que no va a funcionar si no se coordina con la política monetaria y fiscal.
La experiencia argentina nos muestra claramente los límites de un Banco Central actuando de un modo independiente a las necesidades de la economía. La crisis del sistema terminó con medidas de virtual nacionalización de depósitos y masivos redescuentos, que en realidad fueron destinados a solventar un sistema que estructuralmente era insolvente. Esto no invalida la necesidad de un Banco Central con cierta independencia, pero también pone en claro los límites y sobre todo énfasis en la necesidad de independencia de los intereses corporativos.
Lo anterior apunta a ver cuál es la perspectiva sobre la solicitud de aprobar un incremento de las facultades del Banco Central para otorgar adelantos del Tesoro. Es evidente que en la actual coyuntura requiere de mayores flexibilidades, pero también se requiere explicar de forma precisa los destinos de esos fondos y cómo van a impactar en la economía. Lo que no puede permitirse es que legislemos para la coyuntura de una eventual salida de una emergencia, para hacer frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Queda en claro una vez más que no están explicitadas las políticas en materia de deuda y política cambiaria. También coincidimos en la falencia existente en relación con el artículo 16, vinculada con las asistencias que pueda prestar el directorio del Banco Central. El problema es que los redescuentos han sido diseñados para resolver situaciones de iliquidez transitoria, y lo que se ha venido haciendo es utilizar esta asistencia para atender problemas de solvencia, superando esta asistencia muchas veces el propio patrimonio de los bancos.
Esto ha ocasionado que muchas veces nos encontremos con subvenciones a la delincuencia económica. Para esto basta recordar lo que sucedía con los

redescuentos que se daban al Banco Mayo, que terminaban en el Gran Caimán vía Mayflower, o los redescuentos que se daban al Banco Feigin cuando el juez de la causa decía que se trataba de la cueva de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones.
Esto es lo que ha hecho hasta el momento el Banco Central en materia de redescuentos. Peor aún: lo que va a lograr esta norma es dar una puerta de salida de escape a aquellos directivos que ahora están enfrentando procesos penales justamente por haber dado redescuentos en violación a la propia normativa del Banco Central. Y solamente profundizamos estos errores.
En realidad, si quisiéramos dar una asistencia financiera seria tendríamos que efectuar los verdaderos controles que debería ejercer el Banco Central como poder de policía financiera, hacer un efectivo control de los instrumentos que se dan en garantía, cosa que no se ha hecho ni se hace. Muchas veces estas garantías son en verdad papeles "basura", y no se han dado sobre la cartera líquida sino sobre cualquier instrumento.
Por otra parte, tampoco han funcionado las inspecciones. En muchos casos se ha otorgado asistencia a entidades en las cuales no hubo una inspección en un año o año y medio.
Para ser breve, solicito la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Nuestra propuesta apunta a que el Banco Central recupere su función de prestamista de última instancia, pero ello se debe hacer en un contexto de reglas claras, de contraprestaciones por parte de las entidades del sistema y de un programa monetario sustentable.
Con respecto a esto creo que hay principios claros que deben regir la reestructuración. En primer lugar, que la conducción sea efectivamente independiente de los intereses a los que debe orientar, supervisar y controlar; en segundo término, crear nuevas instituciones de supervisión del funcionamiento del sistema financiero que tengan capacidad para fiscalizar integralmente cómo funciona dicho sistema; y tercero, constituir para ello una unidad especial que evalúe la situación patrimonial de las entidades del sistema no sólo en la coyuntura sino también proyectada con un criterio dinámico.
En síntesis, criticamos el modo en que se plantea coordinar la política monetaria con la fiscal, un planteo que no se reduce al tema de la independencia de la institución porque la realidad es mucho más compleja que la cuestión de la independencia. En este caso sigue siendo confuso cuál va a ser el rol de la Superintendencia y la autonomía del Banco Central, y este articulado no va a permitir avanzar en la consolidación de un sistema financiero más consistente que recomponga la confianza de la sociedad.
La sanidad del sistema financiero requiere más control y no menos control, requiere criterios claros y transparentes y no discrecionalidad e impunidad.
Recordemos que la regulación de la economía dirigida por el capital financiero en un contexto de amplia apertura económica ha favorecido la especulación sobre la producción. La Argentina ya ha pagado un precio muy alto por adoptar un sistema basado en la especulación y en la provisión de divisas y de seguro de cambio gratuito por parte del Estado.
Lo que queda pendiente es el desafío de reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero que desaliente la especulación financiera y permita recuperar lo máximo posible las funciones de la moneda nacional.
Por las razones expuestas adelanto nuestro voto negativo al proyecto en consideración.

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Disc s/Carta Org.BCRA y modif.Ley Ent.Finan.- insercion

Expediente 0040-S-03

Modificación de la Ley de Entidades Financieras
y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Inserción diputada Marcela Rodríguez

Honorable Cámara:
El Bloque del ARI concuerda con los objetivos de saneamiento y de recuperación del sistema financiero y la necesidad de contar con una normativa eficaz que lo regule, como prioridad en la problemática de reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero. En lo que no acordamos, es en que la sanción de esta normativa podrá hacer efectiva la recuperación y saneamiento del sistema financiero conforme lo requiere la actual situación del país
Las razones son múltiples y apuntan tanto a criterios como a los actores que implementarán la reforma.
En primer lugar, se plantea la modificación de la ley 21.526 de entidades financieras. Estaríamos de acuerdo con algunas de las propuestas de modificación porque es necesario ejercer mayor control sobre el proceso de reestructuración de las entidades financieras, mientras que, actualmente, se observan movimientos de fusiones, absorciones y ventas de entidades sin criterios y adecuados controles. Pero no apoyamos el segundo capítulo de la iniciativa, que aborda las modificaciones a la ley 24.144 sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina
Sobre el Proyecto de Ley: Capitulo I Entidades Financieras
Este proyecto de ley no implica un mero ordenamiento de procedimientos , sino un cambio en las reglas para la toma de decisiones y la definición del funcionamiento del mercado financiero. El ARI entiende que esta ley debería ser reemplazada por otra. Esta ley fue dictada en tiempos de la dictadura militar y ha sido el instrumento por el cual se permitió el avance de la regulación financiera por sobre la productiva y la construcción de un sistema financiero cuyo objetivo no es colocar el ahorro al servicio de la producción, sino que ha contribuido a la especulación y en muchos casos, llanamente a la delincuencia económica. Más aún, es la principal responsable de la construcción de una arquitectura financiera durante la década del noventa sin los debidos resguardos prudenciales y preventivos de crisis sistémicas como las que sufrió el país. Para decirlo claramente: la democracia está todavía en deuda con la sanción de una ley de entidades financieras acorde a una estrategia de desarrollo alternativa a la que primó desde la dictadura y de la que el país todavía carece. Las sucesivas modificaciones que se han ido implementando a esta ley, incluyendo la que aquí se propone, no resuelven esta carencia. La primera reflexión que surge del proyecto en tanto modificación de la ley de entidades financieras es que mantiene intacta la filosofía que inspirara su dictado. Nos encontramos poniendo parche sobre parche en lugar de encarar la tarea de dotar de una herramienta idónea para el funcionamiento y control del sector financiero.
Conforme se explicitó en el programa de gobierno del ARI hecho público en la reciente campaña presidencial, nuestra propuesta apunta a la reorganización del sistema financiero derogando la Ley de entidades financieras dictada por la dictadura y reemplazándola por una nueva ley que incluya los principios que hemos explicitado con anterioridad en nuestras bases programáticas. Ellos son, en forma breve
1. que las políticas monetarias y financieras sirvan al funcionamiento de políticas anti-cíclicas y de promoción del crecimiento;
2. que el Estado no siga comprometiendo su solvencia haciéndose cargo de más deuda privada;
3. que se eviten medidas indiscriminadas dado que las distintas entidades registran situaciones patrimoniales muy diferentes;
4. que los eventuales apoyos se hagan con límites estrictos, exigiendo garantías y compromisos efectivos de capitalización, considerando los antecedentes de entidades y directivos en maniobras de dudosa legalidad.
5. todo lo anterior implica la revisión de lo actuado hasta aquí en la materia, a los efectos de identificar eventuales maniobras dolosas y responsabilidades en los procesos que llevaron a la crisis económica y financiera cuyas consecuencias continúa pagando toda la población.

Para el conjunto del sistema financiero, el compromiso es establecer un nuevo modelo de regulación y supervisión, exigiendo la mayor transparencia en el manejo de las entidades, la máxima idoneidad a dueños y gerentes, así como la efectiva verificación del origen de sus capitales.
Asimismo, es necesario aplicar severas medidas para evitar que el sistema financiero siga siendo utilizado como mecanismo de evasión y lavado de dinero ilegal.
También, y en línea con la política aplicada recientemente por el Poder Ejecutivo, debería continuarse con la implementación de una política que regule el movimiento de capitales, pero mejorando los mecanismos de selectividad para garantizar que los mismos no atenten contra el normal funcionamiento de la política cambiaria y no sean fuente de desestabilización macroeconómica. Entre otras medidas, debería realizarse una calificación del riesgo de las entidades que ingresan capitales al país y establecer encajes diferenciales para capitales especulativos y de inversión.
En cualquier caso, debe quedar claro que no pueden discutirse medidas financieras aisladas de un programa macroeconómico consistente y coordinado. Ese programa no fue presentado por el oficialismo con motivo de la campaña electoral y lamentablemente el gobierno todavía no lo ha explicitado. Esto es particularmente importante porque en el proyecto de ley bajo discusión se está solicitando mayores facultades para actuar de modo discrecional por parte de los funcionarios de turno del Banco Central y del Ministerio de Economía.
El saneamiento y mejor funcionamiento del sistema financiero es de incumbencia pública, tal y como quedó expuesto en la reciente inculcación de depósitos de los privados y las medidas arbitrarias de pesificación asimétrica, licuación de pasivos y endeudamiento del Estado. Por lo tanto, es de interés del conjunto de la población y de sus representantes legítimos tener incumbencia directa en la formulación de las nuevas reglas que han de regir el funcionamiento de la política monetaria y financiera del país.
Sobre el proyecto de ley
CAPITULO I: LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS

Uno de los puntos más cuestionables de este capítulo es continuar y profundizar el cuestionado artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. La permisividad que se consagra en relación con la disposición absoluta de los pasivos y activos a transferir se traduce en una serie de privilegios que violentan el orden jurídico o público concursal. En este sentido, se privilegia al sector financiero respecto de otros sectores de la vida económica del país. Así, se dejan a salvo de actos de ejecución judicial forzada activos cuya exclusión de la quiebra hubiera autorizado el BCRA, salvo créditos hipotecarios o juicios laborales. Por otro lado, no se requiere autorización judicial previa a los fines de que los funcionarios del BCRA puedan ordenar las transferencias de activos y pasivos en el marco de la reestructuración de una entidad financiera.
Tampoco el proyecto reconoce cuál ha sido el poder de policía y control que el BCRA hubo de tener antes de este proyecto sobre las entidades financieras y cuáles han sido las consecuencias del ejercicio o la falta de ejercicio de dicho poder y las consecuentes responsabilidades.
Ya hemos escuchado con anterioridad como se han atribuido a efectos externos determinados quebrantos de entidades financieras cuando, más allá de tales efectos, lo que en verdad se observaba era que las crisis obedecían a situaciones de vaciamientos, manejos turbios violatorios de la normativa del BCRA y que las denuncias sobre tales hechos eran realizadas en forma tardía y deficiente por parte de los funcionarios encargados de su control.
Con relación a la intervención judicial prevista en el apartado III del artículo 35 bis que se propone modificar (en el artículo 2 del proyecto), la propuesta debería haber contemplado que la solicitud del BCRA debería ser acompañada tanto por la acreditación de los extremos invocados así como el peligro en la demora de no tomar la medida solicitada en plazo breve. Del mismo modo, se tendría que permitir la apelación de las autoridades estatutarias a fin de permitir un mayor contralor judicial y la garantía de defensa en juicio de los derechos.
Cabe agregar que la designación del interventor judicial continua siendo un procedimiento basado en una selección aleatoria, sobre un padrón conocido. En este sentido, la propuesta no resuelve los problemas actuales ni preve un sistema ordenado, transparente y ágil dentro de la propia tarea del B.C.R.A.. EL BCRA continúa manejándose con un amplio margen de discrecionalidad, al que no se contrapone el contralor judicial que corresponde.

Por otra parte, el articulo 3º. impide reclamar por daños y perjuicios las decisiones del directorio del BCRA no sólo a la propia entidad objeto de liquidación, quiebra o reestructuración, sus acreedores, socios, y administradores, que antes era impuesto en el artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, sino que ahora se extiende a los asociados, accionistas y representantes. Asimismo, amplía la ausencia de legitimación activa a los supuestos previstos por el propio artículo 35.
Esto se relaciona con la propuesta prevista en el artículo 5 del proyecto en cuanto incorpora un artículo 35 ter. , que nos parece sumamente cuestionable.
En efecto, el artículo 5 dispone el agregado del Art. 35 ter es uno de los puntos relevantes de la reforma, en tanto instrumenta la declarada pretensión de "preservar a dichos organismos (se trata del Banco Central y de la Superintendencia de Entidades Financieras, con notorio error, como si se tratara de personas jurídicas distintas) de eventuales impugnaciones o demandas indemnizatorias derivadas de actos adoptados en los procesos de saneamiento, reestructuración o liquidación de entidades".
Dice el texto sancionado por Senadores:
"La oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, en ejercicio de las competencias y funciones adjudicadas por los Artículos 49 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y 34, 35 bis, 44, 45 de la Ley de Entidades Financieras y normas concordantes y complementarias de las anteriores, sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiere mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas. El mismo régimen alcanzará a los actos complementarios de los anteriores adoptados por otros órganos de la Administración Pública Nacional."
Cabe aquí referirnos a la doctrina y jurisprudencia elaboradas con relación a la actividad administrativa del Estado.
Sabido es que el Estado posee dos grandes modos de actuación: la actividad reglada y la actividad discrecional.
"Hoy es un valor incorporado al Estado de Derecho, la consideración de la discrecionalidad como un margen de apreciación conferido normativamente a la actuación administrativa como una posibilidad de elección doblemente juridizada: primero, en tanto toda potestad, incluso la discrecional, presupone la existencia de la norma atributiva y, segundo, en cuanto el propio despliegue de la potestad discrecional debe sujetarse a límites jurídicos impuestos por el ordenamiento "
Se ha definido a la discrecionalidad como "una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a quien desempeña la función administrativa" para que, mediante una "apreciación subjetiva del interés público comprometido, complete, creativamente, el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas"
Es de la esencia de la discrecionalidad que el funcionario llamado a decidir pueda elegir entre actuar o no actuar y, en el primer caso, elegir entre varias alternativas.
Pero no siempre la discrecionalidad aparece con absoluta claridad. Si consideramos la norma en su estructura lógica, tanto en el antecedente como en la cópula y el consecuente, pueden combinarse actividades regladas y discrecionales y, aun más, la inclusión en la norma de conceptos jurídicos indeterminados puede llevar a la confusión de que sean interpretados como presupuestos de discrecionalidad. La integración del concepto jurídico indeterminado es un proceso reglado , por ende controlable y sustituible en su revisión judicial.
Un tema que cobra aquí relevancia es el de la llamada "discrecionalidad técnica", que ha sido negada como tal entre nosotros por Marienhoff, con el argumento que en tanto el acto haya de basarse en informes científicos o técnicos incontrovertibles, su contenido es reglado y no discrecional.
Sin embargo, en la medida que los dictámenes técnicos no obligan al funcionario competente para dictar la resolución pertinente, siempre habrá una cuota de discrecionalidad, que, como veremos no se sostendrá si tornara en arbitrariedad.
Veamos ejemplos en la Ley de Entidades Financieras cuya modificación se propone.
El artículo 34 establece que: "La entidad que no cumpla con las disposiciones de este título (se refiere a liquidez y solvencia) (concepto indeterminado en el antecedente) deberá presentar (facultad reglada en la cópula) un plan de regularización y saneamiento... . cuando: a) Se encontrara afectada su solvencia o liquidez, a juicio del B.C.R.A (discrecionalidad técnica en el consecuente); b) Se registraran deficiencias de efectivo mínimo... (actividad reglada en el consecuente.
En el penúltimo párrafo del mismo artículo puede leerse: "La falta de presentación, el rechazo o el incumplimiento de los planes de regularización y saneamiento (concepto indeterminado en el antecedente), facultará al B.C.R.A. (facultad discrecional en la cópula) para resolver, habiendo sido oída o emplazada la entidad y sin más trámite (facultad reglada en el consecuente) la revocación de la autorización para funcionar como entidad financiera, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la presente (actividad discrecional en el consecuente en tanto permite la opción de aplicar sanciones, y reglada en lo referente a las sanciones en sí.)
Sirvan estos breves comentarios para señalar que cuando el proyecto se refiere a oportunidad, mérito o conveniencia, solamente se está refiriendo a la actividad discrecional que las normas de la Ley de Entidades Financieras acuerdan al B.C.R.A
Ahora bien, la doctrina está conteste en que el concepto de discrecionalidad posee límites precisos. Así para Bielsa, "... cuando la Administración pública procede sin sujeción -en sus procedimientos- a normas expresas, ella ejerce un poder discrecional. Pero aun entonces debe obrar dentro de su competencia, con arreglo a formas legales y sin contrariar la ley o el fin de la ley". En el mismo sentido García Oviedo sostiene que "... obrar discrecionalmente equivale a obrar libremente, si bien acomodando la conducta a un bien público específico: fin fiscal, fin de policía, etc. La diferencia entre el acto discrecional y el acto arbitrario percíbese ahora claramente: es una diferencia teleológica. El acto discrecional se convierte en acto arbitrario cuando la Administración no ajusta su conducta al fin en vista del cual la ley lo autorizó..."
Cabe aclarar que poco se avanza en relación con la disposición que excluye la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos discrecionales, toda vez que es jurisprudencia pacífica que los tribunales no entran a analizar este tipo de cuestiones en relación con la actividad administrativa.
Distinto es el caso de situaciones de arbitrariedad o irrazonabilidad, que de ningún modo pueden quedar ajenas de la revisión judicial, más allá de su grado o forma de manifestación.
Definidos estos conceptos corresponde entrar al análisis de las notas de arbitrariedad e irrazonabilidad y su calidad de manifiestas. Resulta técnicamente incorrecto hablar de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas como lo hace el artículo en análisis. Lo ilegal es la arbitrariedad, y no su manifestación o grado.
"La arbitrariedad es la negación del derecho en cuanto a su forma, por eso sólo puede hablarse de arbitrariedad frente a un ordenamiento jurídico o, más propiamente dicho, en un estado de derecho. La irrazonabilidad está referida, como la injusticia, a la virtud o mérito de la decisión, no al procedimiento de aplicación del derecho... y es entonces elemental la exigencia de un deber de actuar en forma correcta, eficaz, oportuna." "Lo razonable, en el sentido jurídico político, supone equilibrio, moderación, armonía"
La Corte Suprema de Justicia ha hecho reiterada aplicación de estos principios. En el precedente de fallos 308: 727, haciendo suyas las palabras del Procurador General, ha dicho:
"La circunstancia de que la Administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia"

También ha establecido:
"La razonabilidad con que se ejercen las facultades discrecionales de la administración es el principio que otorga validez a los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia"
En otro caso dijo:
"La circunstancia de que la Administración obre el ejercicio de facultades discrecionales, no puede dejar de lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza jurisdiccional a que obliga el principio de separación de poderes, ni tampoco puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria"
Por eso, no corresponde calificar de manifiesta la forma que adquiera el vicio de arbitrariedad o irrazonabilidad.
Veremos ahora las normas a que hace referencia este mismo artículo que cuestionamos.
En relación con el Art.35 bis propuesto, cabe acotar que el apartado IV (Responsabilidad) extiende a los representes, asociados y accionistas de las entidades financieras, la negación del derecho a reclamar daños y perjuicios al Banco Central o al Estado Nacional.
El texto coincidente del giro empleado por este apartado y por el Art.. 35 ter, pareciera reconocer en el nuevo texto, inspiración directa en él. Dicho en otros términos: todo indica que el agregado (Art. 35 ter), está fundamentalmente dirigido a este primer párrafo del 35 bis.
Por otra parte, el Art. 44 de la Ley de Entidades Financieras regula un caso en el que no estamos en presencia de una actividad discrecional que pueda ser ejercitada en virtud de un juicio de oportunidad, mérito o conveniencia. En efecto, todos los incisos de artículo se refieren a conceptos indeterminados en el antecedente de la norma, de modo tal que, aunque la cópula se refiera a una actividad discrecional (El B.C.R.A podrá resolver la revocación), el Banco Central está impedido de revocar la autorización si no puede verificar el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los incisos respectivos: (a) que lo hayan pedido las autoridades de la entidad; (b) que hayan acaecido los supuestos de disolución previstos en las normas respectivas; (c) que se encuentre afectada la solvencia y/o liquidez de la entidad que no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento y (d) que se hayan dado los casos previstos en la propia ley). Adviértase que si bien el B.C.R.A dispone a su sólo juicio la posibilidad de resolver la cuestión por medio de un plan de regularización y saneamiento, ello importa un claro caso de discrecionalidad técnica, ajena a la discrecionalidad en sentido propio.
Igualmente , con relación al Art. 45 de la Ley de Entidades Financieras: en este caso, la única facultad discrecional del B.C.R.A es prestar o no la conformidad para que las autoridades de la entidad financiera que solicitara su propia revocación de la autorización para funcionar puedan administrar el proceso de cese de la actividad.
Con relación a los Artículos 8°, 9° y 10°, señalamos que reestructuran el 49 y lo hacen con un criterio que denota mayor tecnicismo.
Lo que llama poderosamente la atención y no tiene explicación alguna es la desaparición del inc. d), que si bien luego se incorpora en parte en el inciso e), en el nuevo texto no se reproduce el privilegio de los depositantes con relación a los fondos que la entidad liquidada tuviera depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo.
CAPITULO II CARTA ORGANICA BCRA
En relación con la propuesta del artículo 13 se pretende resaltar la "independencia" del BCRA.
Sin embargo, no es la forma correcta de hacerlo. En lugar de hacer excepciones absolutamente vagas, es necesario fijar los criterios generales en los cuales se juega esta independencia.
Nosotros entendemos que la gravedad de la crisis implica la necesidad de crear un ente más autónomo e independiente de las autoridades de los organismos que manejan la coyuntura, con el objetivo de definir una arquitectura financiera y normas de regulación que atiendan los problemas de largo plazo del sistema financiero argentino. No se puede dar discrecionalidad y falta de transparencia y mucho menos concentrar funciones. Hay que crear una unidad independiente que aclare las responsabilidades de las entidades financieras en la crisis, discrimine comportamientos y exija compromisos de forma independiente de los criterios coyunturales de la política oficial.
También nos merece objeciones lo propuesto en el artículo 14 en tanto su agregado inciso q): atribuye al Directorio del Banco Central la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos.
Dice el texto sancionado por el Senado:
Artículo 14°:
"Incorpórase como inciso q) del artículo 14 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el siguiente:
"q) Eximir, atenuar o reducir cargos en casos excepcionales, cuando se den circunstancias atenuantes, generales y/o particulares y ponderando las causales que originaron el cumplimiento.
Sustitúyese el inciso e) del artículo 15 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por el artículo 1º de la Ley Nº 24.144 y sus modificaciones, por el siguiente:
"e) Elaborar y remitir para conocimiento del PODER EJECUTIVO NACIONAL y para la aprobación del Honorable Senado de la Nación antes del 30 de septiembre de cada año el plan de acción y el presupuesto anual de gastos no financieros, el cálculo de recursos y los sueldos del personal, tanto para el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA como para la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS."
La factura del texto es doblemente defectuosa.
En primer término modifica dos artículos de la ley dentro del artículo 14, lo que induce a confusión.
En primer lugar con relación a la posibilidad de eximir, atenuar o reducir cargos, debemos recordar que es conocida la experiencia heredada del pasado donde funcionarios del BCRA, al igual que en otros poderes públicos, en realidad responden a intereses particulares de ciertos grupos y al poder político de turno. Hoy no existe garantía de independencia de criterio, más allá de los cambios de algunos funcionarios que se hicieron atendiendo a decisiones políticas. Lo que estamos criticando es a los responsables de establecer la falta, los criterios y la forma de sanción frente a incumplimientos de las entidades financieras. Por otra parte, ante la ausencia de sanciones, puede verse conculcado un principio constitucional fundamental como es el de la igualdad ante la ley.
Por otra parte, el inciso q del Art. 14: presenta un segundo defecto. Si existen circunstancias atenuantes, corresponde atenuar o reducir los cargos, nunca eximir. La eximición sólo procede cuando concurren circunstancias eximentes.
En realidad, nos vamos a encontrar con lo que ya sucede, como es la condonación de cargos sin criterio alguno que lo sustente, al mero arbitrio del BCRA. Ahora vamos a reconocer que el directorio del BCRA va a tener una voluntad omnímoda para eliminar cargos, que son las sanciones por las faltas que cometen las entidades financieras, lo que hace perder al sistema de objetividad, transparencia y equidad. En realidad, teniendo en cuenta la experiencia sobre este tema, lo que debemos es tener criterios muy claros y firmes que impongan una clara aplicación de las reglas y que cuando exista una violación a la normativa la consecuencia previsible sea la aplicación de la sanción.
En cuanto al inciso e) del Art. 15: cambia el destinatario de la aprobación del presupuesto del B.C.R.A. Sustituye en esa función al Poder Ejecutivo por el Senado de la Nación. En el proyecto enviado por el Ejecutivo se preveía la aprobación por el "Poder Legislativo" lo que se ajustaba con mayor precisión al texto vigente del Art. 10° inc. i) de la misma ley. No se observa razón alguna para que sea solo el Senado y no ambas Cámaras quienes aprueben el plan de acción y el presupuesto, máxime teniendo en cuenta el rol privilegiado que la Constitución Nacional depara a la Cámara de Diputados en cuestiones de presupuesto.
Además, la complejidad del Art. 15º. -esta dada por establecer una política macroeconómica que atienda las necesidades del ciclo de la economía si no se coordina la política monetaria y fiscal. La experiencia pasada muestra claramente los problemas que sobrevienen cuando hay divergencias de criterios entre las autoridades monetarias y las económicas. Por lo tanto creemos conveniente que se habiliten mecanismos para esa coordinación pero los mismos no pueden ser
Las relaciones entre política fiscal y monetaria son muy complejas. No sólo porque impactan en el funcionamiento de la economía sino porque la demanda y la oferta monetarias se expanden y se contraen junto con la actividad fiscal del Estado.
La experiencia argentina reciente expone claramente los límites de un Banco Central actuando de modo independiente a las necesidades de la economía. La realidad es contundente: la crisis del sistema terminó en medidas de virtual "nacionalización" de depósitos y masivos redescuentos para sostener un sistema que era estructuralmente insolvente, aunque los economistas habitualmente opinadores en la materia señalaban que sus relaciones técnicas garantizaban su solvencia.
Esto no invalida la necesidad de un Banco Central con cierta independencia, pero pone en claro sus límites y sobre todo pone énfasis en la necesidad de independencia de intereses corporativos. Pero necesariamente debe ser un Banco Central dispuesto a coordinar medidas con la autoridad fiscal, de forma tal de trascender el estrecho objetivo de control de la cantidad de moneda.
Lo anterior apunta a colocar en perspectiva la solicitud de aprobar un incremento de la facultad del Banco Central para otorgar adelantos al Tesoro Nacional. Es evidente que la actual coyuntura requiere de mayores flexibilidades pero deben explicarse de forma precisa los destinos de esos fondos para que se pueda evaluar de forma clara como han de impactar en la economía. Lo que no puede hacerse es legislar para la coyuntura de una eventual salida de emergencia frente a las negociaciones con el FMI.
En cualquier caso, queda claro que esto se vincula estrechamente con la política en materia de deuda y la política cambiaria, que no están explicitadas.
Con relación al inciso a) del artículo 16: a partir de ahora le permite al Directorio del Banco Central otorgar asistencia por motivos de solvencia a las entidades financieras.
El problema radica en que en principio, los redescuentos están hechos para atender problemas de iliquidez y no problemas de solvencia de las entidades. Fundamentalmente se trata de problemas de iliquidez transitoria. Sin embargo, los redescuentos no han sido diseñados a los fines de resolver los problemas reales de solvencia de las entidades financieras. En los casos de problemas de solvencia las entidades deben adoptar otras acciones, o bien los accionistas deberán capitalizar esa entidad o, eventualmente, deberán recurrir a SEDESA que es quien tiene facultad incluso para hacer aportes de capital.
Ya tenemos historia suficiente de las violaciones que han hecho los directivos del BCRA en materia de redescuentos. En más de una ocasión hemos señalado que la asistencia prestada en materia de redescuentos ha sido una verdadera subvención a la delincuencia económica. Ejemplos sobran, basta recordar como los redescuentos otorgados al Banco Mayo se fueron a Gran Caimán vía Mayflower, o como se otorgaron redescuentos al Banco Feigin que el mismo juez de la causa había calificado como la cueva de Ali Baba y los cuarenta ladrones. No podemos olvidarnos que así ha funcionado el régimen de redescuentos en el país. No podemos olvidarnos que el dinero del BCRA es de la gente y no podemos entonces prestarlo a entidades que tienen problemas de solvencia, no tienen capacidad patrimonial suficiente para devolverlo y ni siquiera presentan las garantías necesarias para el resguardo correspondiente.
Respecto de las responsabilidades del BCRA, citamos las siguientes conclusiones, extraídas del Informe Minoritario: Carrió-Ocaña-Vitar-Gutiérrez, Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de H. Cámara de Diputados de la Nación.
"5.9. El rol del B.C.R.A. en cuanto a la misión de contralor, seguimiento y vigilancia del sistema financiero.
No obstante el despliegue de controles y pretendida eficiencia, el modelo de supervisión implementado por el BCRA demuestra sus graves falencias con las fraudulentas caídas de los Bancos Integrado Departamental C.L., Austral S.A., Feigín S.A., Basel S.A., Multicrédito S.A., todos en un breve lapso y con consecuencias nefastas para el erario público y para los ahorristas con más de $400 millones y $ 500 millones de perjuicio para unos y otros respectivamente, para todos lo cuales existen causas penales radicadas en distintos juzgados federales donde se ventila la responsabilidad de las autoridades del B.C.R.A. por las omisiones de control que permitieron que las citadas entidades fueran vaciadas y por el otorgamiento de redescuentos que resultaron irrecuperables. Hacemos hincapié en estos antecedentes porque, lamentablemente los hechos se repitieron al año siguiente con los Bancos Platense S.A. y de Crédito Provincial, casi con los mismos modus operandi tanto del lado de los bancos privados como del lado del B.C.R.A y con los mismos perjudicados ahorristas y erario público. Toda esta serie de irregularidades cometidas por el BCRA tienen antecedente repetitivo y retrospectivo en cuanto a indebida manera de actuar y perjuicios ocasionados, en los casos de los bancos analizados."
Respecto del inciso b), este le permite al Directorio del Banco Central autorizar la integración de los requisitos de reserva, los encajes- con otros activos financieros distintos de los previstos en el artículo 28 de la ley. Lo que se està haciendo es flexibilizando lo que se heredó de la convertibilidad, pero lo no se aclara es con qué activos se pueden construir esos encajes.
Lo cierto es que si se han dado redescuentos a bancos que eran insolventes, no se trataba de iliquidez transitoria sino de bancos en cesación de pagos. Esto se vincula con los límites que deben fijarse a los montos de asistencia. Si estamos dando asistencia por un monto equivalente a dos, tres o más veces el patrimonio de la entidad, evidentemente no se trata de liquidez transitoria sino de bancos insolventes.
Lo que tendríamos que hacer si queremos verdaderos controles dentro del BCRA es permitir un efectivo control de los instrumentos que se dan en garantía, lo que no se hace ni se ha hecho y ha provocado que los instrumentos que se han dado sean basura. Debemos lograr que los instrumentos que se den en garantía sean los de la cartera líquida y no cualquier instrumento.
Asimismo, es necesario que se realicen inspecciones integrales, al menos una vez por año en entidades financieras que reciben asistencia, porque hay casos ha transcurrido un año y medio sin control alguno.
La moneda nacional es un instrumento fundamental para la integración nacional y el ejercicio de la autoridad pública. Recuperar la confianza en la moneda no es sólo un problema de reservas, sino de un sistema de pagos recíprocos que establezca relaciones consistentes entre deudores y acreedores mediante la coordinación de la reforma fiscal, la renegociación de la deuda pública y la política cambiaria.
La emisión de cuasi moneda atenta contra la soberanía monetaria del Estado nacional y con ello contra la integración social. También, contra mínimos principios monetarios que establecen que la moneda debe valer igual para todos los ciudadanos.
Acordamos con el agregado de las intervenciones de la Auditoria Gral. de la Nación y la Sindicatura Gral. de la Nación.
Por los supuestos antedichos, nuestra propuesta apunta a que el Banco Central recupere su función de prestamista de última instancia, pero ello debe hacerse en el contexto de reglas claras, de contraprestaciones por parte de las entidades del sistema y de un programa monetario sustentable.
1. Su conducción será efectivamente independiente de los intereses a los que debe orientar, supervisar y controlar.
2. Se crearán nuevas instituciones de supervisión del funcionamiento del sistema que tengan capacidad para fiscalizar integralmente el mismo.
3. Se constituirá una Unidad Especial para evaluar la situación patrimonial de las entidades del sistema, no solo en la coyuntura sino proyectada con un criterio dinámico.
Podemos acordar como medianas las modificaciones a la ley de entidades financieras. Pero respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, criticamos los modos en que se plantea coordinar política monetaria con la fiscal, planteo que no reduce la critica al tema de la independencia de la institución, pues su realidad es mucho más compleja que la independencia misma. Sigue siendo confuso el rol de la Superintendencia y la autonomía del Central, por lo cual este articulado que no permitirá avanzar en la consolidación de un sistema financiero más consistente, que recomponga la confianza con la sociedad.
Finalmente, recordemos que la regulación de la economía dirigida por el capital financiero, en un contexto de amplia apertura económica, ha favorecido la especulación por sobre la producción. Argentina ha pagado un precio muy alto por adoptar un sistema basado en la provisión de divisas y de seguro de cambio gratuito por parte del Estado.
El desafío es reconstruir un sistema monetario, cambiario y financiero que desaliente la especulación financiera y permita recuperar lo máximo posible las funciones de la moneda nacional.
Por las razones expuestas, rechazamos la aprobación del presente proyecto de ley

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